El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora tiene menos de un año y medio para preparar el andamiaje judicial provincial y federal para cubrir su retirada, en caso de perder las elecciones a gobernador de 2027; o blindarse si logra ser reelecto.
Con la Justicia provincial copada de la mano del flamante juez Electoral Guillermo Arias; y del fiscal General, Carlos Lescano -está en duda su continuidad-; además del poder del Jury de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial para domesticar funcionarios incómodos; ahora Llaryora decidió operar también en la Justicia federal.
La mayor apuesta del gobernador de Córdoba fue la designación de Ignacio Segura como reemplazante del polémico juez federal Ricardo Bustos Fierro, titular del estratégico Juzgado Federal N°1 de Córdoba, vacante desde el 26 de enero de 2023, cuando fue pasado a retiro de facto por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Caída esa posibilidad, Llaryora insistió para que el ex presidente del Colegio de Abogados de Córdoba desembarcara como camarista federal en reemplazo de Ignacio Vélez Funes en la Sala A; o de Luis Roberto Rueda en la Sala B. La primera vacante se dio en agosto de 2021, por el fallecimiento de Rueda; mientras que el otro sillón de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se dio a partir de julio de 2023, cuando Vélez Funes renunció. Luego de haber sido denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) por violencia laboral, maltrato, acoso laboral y acoso sexual contra empleados y empleadas de su dependencia. Sin embargo, la candidatura de Segura no prosperó y nació fallida.
Esta semana, María Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo, candidatos del Poder Ejecutivo Nacional para cubrir las vacantes de las salas A y B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, recibieron el visto bueno de la Comisión de Acuerdos del Senado y quedaron a un paso de ser designados, completando así el cuerpo. La sala A está presidida por Graciela Montesi y el vocal es Eduardo Avalos, completándose con Mancini. Mientras que la sala B está presidida por Abel Sánchez Torres y la vocal es Liliana Navarro, completándose con Cortés Olmedo.
Desde principios de 2026, el gobernador Llaryora intentó nuevamente poner un pie en la Justicia federal, esta vez en su pago chico: los Tribunales federales de San Francisco, donde fue intendente y construyó su capital político. Para ello tiene a dos operadores, a su propio hijo, Francisco “Pancho” Llaryora Crivello, prosecretario en ese Juzgado federal; y a Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y miembro del Consejo de la Magistratura desde marzo pasado.
Llaryora tiene a dos candidatos para el Concurso 517 que se tramita en el Consejo de la Magistratura de la Nación y debe resolver la vacancia de Pablo Montesi en San Francisco, fallecido en agosto de 2024. Uno es Federico Robledo, actual secretario de Coordinación del Ministerio de Justicia de la Provincia, quien también fue uno de los candidatos de Llaryora para suceder a Marta Vidal en el Juzgado Electoral provincial.
La otra es Agustina Felizia, secretaria penal del Juzgado de San Francisco, apadrinada y palanqueada por Llaryora hijo; y pareja del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. Quién en la Asociación de Magistrados, donde se dirime la interna judicial nacional, milita en la Lista Bordó junto al juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y consejero de la Magistratura de la Nación, Diego Berroetaveña.
La candidata Agustina Felizia, que había quedado sexta en orden de mérito en el concurso, ingresó a la Justicia federal en 2014 como escribiente auxiliar recomendada por el abogado Llaryora Crivello y el juez federal Mario Eugenio Garzón. Cuatro años después, en 2018, el juez federal subrogante Pablo Montesi -reemplazó a Garzón, que se jubiló- la designó secretaria Penal. Recién en mayo de 2023, Montesi rindió y asumió como juez titular de San Francisco, cargo en el que estuvo hasta su fallecimiento 15 meses después, en agosto de 2024.
Con el caballo del comisario
El periódico Bambacoop de Villa Carlos Paz publicó el pasado jueves 6 de agosto que los tres Juzgados federales de la llamada Ruta del Mercosur -San Francisco, Villa María y Río Cuarto- podrían quedar en manos de una misma pareja; ya que Ochoa es titular del Juzgado federal de Río Cuarto, pero subrogaba en Villa María. Y desde el martes 18 de agosto, por dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, dejó de subrogar en Villa María y comenzó a subrogar en San Francisco y Córdoba.
Si su pareja, la actual secretaria penal logra quedarse con la poltrona de jueza federal de San Francisco, Ochoa y Felizia podrían convertirse en los nuevos Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi; los camaristas federales de Córdoba que son pareja y están imputados por diversos delitos como peculado y abuso de autoridad. Graciela Montesi es hermana del fallecido juez Pablo Montesi, cargo que quedó vacante por su fallecimiento.
La publicación de Bambacoop donde se advertía sobre las operaciones del llaryorismo para imponer a Felizia ocurrió sólo 48 horas después de que el martes 4 de agosto, el gobernador Martín Llaryora recibiera en su despacho a su operador Molea.
El Concurso 517 que se tramita en el Consejo de la Magistratura de la Nación debe resolver la vacancia de Montesi en San Francisco. Ese jueves 6 de agosto, los consejeros de la Subcomisión A, la jueza María Alejandra Provítola y Santiago Viola, secretario de Justicia de la Nación y apoderado de La Libertad Avanza, citaron a doce postulantes para someterse a las entrevistas personales para cubrir la vacante del juez Pablo Montesi y así conformar la terna que quedaría en competencia, ya que en el examen escrito la nómina había quedado conformada de la siguiente manera:
- Santiago Díaz Cafferata, Santiago (172,80 puntos)
- Andrés Agustín Da Rold, (161,50 puntos)
- Federico Robledo (155,40 puntos)
- Luciano Andrés Covelli (154,80 puntos)
- Juan Manuel Vicente (148,15 puntos)
- Agustina Leonor Felizia (147,05 puntos)
- Elías Germán Grafeuille (145,90 puntos)
- Adriana Mabel Quinteros (143,70 puntos)
- Carolina María Ludueña (140,70 puntos)
- Ezequiel López Messio (140,25 puntos)
- Débora Evelia Lastau (137,95 puntos)
- Diego Oscar Mirkousk (136,75 puntos)
Tras las entrevistas personales, de menos de cinco minutos cada una, como se puede ver y comparar en el siguiente video, la terna de los tres primeros candidatos para cubrir el Juzgado federal de San Francisco cambió radicalmente. Quedó conformada por Santiago Díaz Cafferata, Agustina Felizia, y Carolina Ludueña. Los tres candidatos ya cumplen funciones en San Francisco, Díaz Cafferata es secretario Civil; Felizia, secretaria Penal; y Ludueña, jefa de Despacho.
Fueron votados por el secretario de Justicia, Santiago Viola; el diputado mileísta cordobés Gonzalo Roca; las juezas María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, hija de una de las juezas que intervino en el interminable juicio de la quiebra del Correo Argentino de los Macri, quien ¿por eso? durante la presidencia de Mauricio Macri fue asesora del ministro de Justicia Germán Garavano; el abogado Alberto Maques, de estrecha relación con el operador macrista Daniel “Tano” Angelici; y los camaristas Alberto Lugones y Diego Berroetaveña, jefe político de la Lista Bordó en la que participa el juez Ochoa, pareja de Felizia.
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Barroetaveña además, en esta justicia en concubinato que está tan de moda, está en pareja con la jueza federal de Córdoba María Noel Costa, y no le hace asco intervenir en causas en que ella se ha pronunciado previamente, para confirmarla. Perfeccionando así el concubinato sexual con el jurídico.
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Sin embargo, en la reunión de la Comisión de Selección de Magistrados, el consejero Hugo Galderisi, secretario del Rectorado de Lomas de Zamora que responde a Molea, operó a favor de Llaryora. Al proponer, en un dictamen por minoría, la terna de Díaz Cafferata, Robledo y Felizia, dejando fuera de competencia a Ludueña.
La terna que incluye al llaryorista Robledo fue votada por los consejeros María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, que preside la Comisión de Selección de Magistrados, y responde al rector Molea, alineado con Llaryora. Pero que además tiene sintonía fina con el camarista Abel Sánchez Torres, el secretario Galderisi, y la diputada camporista Vanesa Siley. En tanto que el consejero César Grau de la agrupación “Abogacía Federal”, cercana al rector Molea, se abstuvo.
Ascenso meteórico
En sólo cuatro años, la abogada Felizia pasó de escribiente auxiliar a secretaria Penal; y ahora, en competencia para cubrir la vacante para jueza federal de San Francisco, quedó en la terna, dejando atrás a muchas mujeres que con más antecedentes y trayectoria en la carrera judicial.
Quienes conocen los vericuetos del Poder Judicial federal en Córdoba, señalan que además del hijo del gobernador Llaryora; otro lobbista para que Felizia escale en la lista de candidatos a cubrir la vacancia de Pablo Montesi es el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, que a su vez subroga en el Juzgado Federal de Villa María, y en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba. En reemplazo de su par, Alejandro Sánchez Freytes, quién ocupó el puesto transitoriamente en simultáneo con su cargo en el Juzgado N° 2 de esta Capital.
Un maltratador vuelve a rendir pese a estar sancionado
En San Francisco es vox populi que la única con antecedentes para concursar el cargo sin operadores detrás es Carolina Ludueña. Además, Santiago Diaz Cafferata y Agustina Felizia habrían tenido alguna colaboración mutua en el examen escrito. Por otra parte, cuando el fallecido Pablo Montesi quedó como juez titular, además de efectivizar a Felizia como secretaria Penal; hizo ingresar al Juzgado federal a Romina Pignata. Quien es esposa de un hermano de Agustina Felizia, violando el reglamento que establece la incompatibilidad de ingreso de un familiar directo de un funcionario, donde éste ejerce funciones.
Tampoco sorprendió en los Tribunales Federales de San Francisco la capacidad para operar de Díaz Cafferata, quién logró rendir para cubrir el cargo de juez federal, pese a que en mayo de 2020 el Consejo de la Magistratura lo había excluido del mismo concurso por tener una sanción por maltratar en junio de 2015 a una empleada dependiente directa:
“Me hacés quedar como un pelotudo”, le gritó Díaz Cafferata a esta empleada, delante de cuatro testigos, entre ellos, una mujer policía, quién declaró: “Lo vi muy exaltado y pensé que le iba a pegar porque estaba muy nervioso, exaltado, entonces me acerqué porque creí que iba a ser necesaria mi intervención. Se vivió como una situación violenta por el ámbito en que transcurrió. (La víctima) se asustó y se largó a llorar”, declaró la policía.
Otra empleada declaró que Díaz Cafferata reaccionó insultando a su víctima, porque esta le había advertido: “Santiago, deberías tratar mejor a los empleados”. También declararon otros trabajadores dependientes del secretario Civil, quienes coincidieron en que el funcionario utilizaba malos tratos y modos habitualmente. Y que en el caso de la denunciante “la invitó a dormir una siesta”, lo cual fue rechazado por la empleada y de allí comenzó el hostigamiento. Igual que en el caso de Ignacio Vélez Funes, que renunció como camarista federal por denuncias de maltratos y acoso sexual, la denunciante de Díaz Cafferata contó con el apoyo gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
Hace seis años, los integrantes del Consejo de la Magistratura entendieron que la sanción por violencia laboral que había recibido en 2016 por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba constituía un antecedente incompatible con el perfil de juez que se buscaba cubrir. También quedó expuesto que Díaz Cafferata no informó a los consejeros cuando esa sanción quedó firme por parte de la Corte Suprema de Justicia, como señaló con claridad la abogada Marina Sánchez Herrero:
“No es el perfil de juez que yo considero y muchísimo menos en razón de todo lo que hemos venido hablando y trabajando en cuestiones de género. Es un mensaje que tenemos que dar pero básicamente es qué jueces queremos en la República Argentina. Yo no quiero acosadores de ningún tipo”.
La sanción de la Cámara Federal ocurrió en pleno gobierno de Cambiemos, y el veto del Consejo de la Magistratura que le impidió a Díaz Cafferatta de concursar, fue en 2020. El diputado y consejero macrista Pablo Tonelli justificó su negativa: “La sanción fue por molestar a una empleada del Juzgado. Hay un claro tema de género que me parece que tiene que ser considerado de una manera particular”. Mientras que la diputada de La Cámpora, Vanesa Siley, que ahora también integra el Consejo de la Magistratura y debe decidir quién ocupará la vacante en San Francisco, había dicho en 2020:
“Fue un caso explícito de acoso y de violencia de género. Además, fue en el ámbito laboral y Díaz Cafferatta era el jefe de la persona a quien acosó”. Seis años después, la situación pervive, Díaz Cafferata sigue siendo funcionario en San Francisco. Rindió nuevamente el concurso para juez federal; mientras que la denunciante sigue trabajando en los mismos tribunales federales; por lo que en pleno 2026 la representante cristinista debería volver a rechazar la participación del candidato.
En 2026 y 2020 la pregunta vuelve a incomodar al poder: ¿Por qué Díaz Cafferatta pudo llegar a la última instancia del concurso para cubrir la vacante en San Francisco cuando la sanción fue de 2016?
Un consejero detalló a StripteasedelPoder.com que una sanción no es impedimento para presentarse para ser juez federal, pero que al ser confirmada por la Corte Suprema en octubre de 2020, se cayó la posibilidad de ser revocada. Con la sentencia de la Corte, habría un impedimento ético y moral para presentarse a concursar, y más aún a desempeñarse como juez federal.
En 2016, frente a la Cámara Federal de Apelaciones, Díaz Cafferatta había negado las acusaciones, aseguró que nunca se dirigió a las mujeres en doble sentido, y sobre la denuncia en su contra declaró que le contestó a su víctima de “modo duro, frío y seco, pero con respeto, sin palabras soeces ni amenazas”.
En su resolución contra Díaz Cafferata, la Cámara Federal le impuso una sanción de tres días de suspensión sin goce de sueldo, y una recomendación de mantener las formas en el trato para con las y los empleados a su cargo. Aunque morigeró la acusación, al sostener que el funcionario “actuó de manera indebida, desmesurada y desproporcionada al levantarle la voz a una empleada de menor jerarquía, utilizando además vocabulario inapropiado y soez dentro del ámbito de trabajo”. Pero no hubo acoso sexual ni laboral, sino un comportamiento “a toda luces inadecuado, incorrecto, irrespetuoso y absolutamente reprochable para un funcionario del Poder Judicial”.
Luego de la sanción, la víctima de Díaz Cafferata fue derivada a la secretaría Penal a cargo de Agustina Felizia, medida que se dispuso para protegerla, como explicó a los medios la secretaria Gremial de Protección Individual de la UEJN, Rocío Herrera: “Es una situación muy compleja porque en San Francisco el Juzgado es la única dependencia del Poder Judicial, de donde ella es empleada. Ir a otro lugar de trabajo implicaría irse a otra ciudad, hacer un cambio de vida”.
La tapada del gobernador
Agustina Felizia es la tapada del gobernador Martín Llaryora. Si bien públicamente el mandatario cordobés hizo lobby con el consejero y rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea a favor de su secretario de Coordinación del Ministerio de Justicia de la Provincia, Federico Robledo; la candidata del gobernador para quedarse como jueza federal de San Francisco es la secretaria Penal Agustina Felizia, impulsada por su hijo Francisco Llaryora Crivello.
El aliado de Llaryora hijo para que Felizia ocupe el sillón vacante por fallecimiento de Pablo Montesi, es el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, pareja de la joven Felizia y operador de la Lista Bordó de Diego Berroetaveña. En “La Torre”, como se conoce a los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, señalan que esta candidata estaba en el puesto 30 de orden de mérito, subió al 12, luego al 6, y finalmente quedó en la terna, tras la entrevista personal del pasado jueves 6 de agosto.
En su carrera judicial en San Francisco, Felizia contó con la palanca del hijo del gobernador cordobés, actual prosecretario del Juzgado de San Francisco. Quién hasta hace poco fue prosecretario en el Consejo de la Magistratura junto a la consejera Fernanda Vázquez, que responde a Molea y es la presidenta de la Comisión de Selección Magistrados.
Al ascender Felizia a jueza, su cargo en la Secretaria Penal queda vacante y le pavimenta la llegada a Francisco Llaryora Crivelli. De esta manera, el gobernador tendrá pleno control en la Justicia federal de todo el departamento fronterizo de San Justo, con sus causas complejas de narcotráfico, delitos tributarios y trata de personas.
Además, el juez federal riocuartense, también está haciendo lobby junto a Berroetaveña para que su secretaria Lucía Storani se quede con el Juzgado federal de Villa María, tras la jubilación de Ramón Roque Rebak en julio de 2024.
De esta manera, el cordón judicial federal de la Ruta del Mercosur, entre San Francisco, Villa María y Río Cuarto, quedaría en manos de la pareja Ochoa Felizia. Replicando el modelo de Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Si no hay acuerdo para elegir entre los candidatos de las dos ternas aprobadas la semana pasada por el Consejo de la Magistratura, la discusión sobre la vacante en San Francisco volverá al plenario del Consejo, sin fecha confirmada aún. La única certeza que hay es que quieren eliminar del concurso a Carolina Ludueña, la candidata de carrera que no cuenta con padrinos que la respalden.-
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