El gobierno de Córdoba, a cargo del gobernador Martín Llaryora, logró colocar un nuevo bono de deuda con los lobos de Wall Street. Es la segunda vez que lo concreta en un año y bajo la jurisdicción de Nueva York, gracias a los acuerdos entablados con el gobierno nacional de Javier Milei.
Se trata del título de deuda llamado PDCAR35, por un capital de U$S 800 millones, a un plazo de nueve años y con interés anual del 8,6%, con amortizaciones para las fechas de 2033, 2034 y 2035. La realidad más allá de los maquillajes financieros que se emplean en estos casos, es que se colocó al 98 %, o sea que solo ingresaron USD 784 millones, con un rendimiento efectivo del 9,15 % anual.
Según medios locales, como otra parte del maquillaje, la demanda alcanzó el doble del capital colocado, la mayoría de los tenedores serían locales y según La Voz del Interior dentro de los internacionales aparecen inversores del Reino Unido.
Paralelamente, tal como estaba previstos en las resoluciones del ministerio de Economía y Gestión Pública 24 y 26 de este año, Comercio y Justicia informó que paralelamente se concretó la recompra del remanente de los bonos PDCAR27 por unos U$S 115 millones, sin dar mayores datos ni detalles de esta operación.
No obstante que representaba rescatar bonos por los que se pagaba un cupón de 6,875 % anual, con bono por los que se pagará el 8,6 % anual. De esta manera tortuosa, disimulando un canje de deuda parcial con una emisión de deuda, lo neto que ingreso al fisco cordobés solo habría sido de USD 669 millones.
Lo recaudado se destinará para solventar las obras de infraestructura. Principalmente, para la conversión en autopista de un tramo de la ruta Córdoba – San Francisco, que se suponía iba a ser una obra nacional, pero que con el ascenso de La Libertad Avanza se trasladó a la tutela provincial. El resto es para seguir pagando deuda vieja.
Sin embargo, en Córdoba la inveterada ampliación de su infraestructura mediante el endeudamiento en dólares, se realiza ahora en un contexto de recesión económica nacional, que generó una baja en la recaudación. Situación que se agrava por la falta de voluntad de la Casa Rosada de enviar recursos para solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones y concretar transferencias discrecionales. Finalmente, todo empeora con la caída de la coparticipación federal. Ante esa falta de fondos, persiste el riesgo de que Córdoba pueda caer en default, como ocurrió en enero de 2021.
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Pero además, habrá que ver si el caso puede llegar a una instancia judicial. Ya qué a mediados de febrero, nueve legisladores provinciales, de distintos partidos políticos, presentaron una solicitud al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que “declare la inconstitucionalidad” y “la nulidad de la resolución ministerial” que permitió la emisión de la nueva deuda.
El recurso cuenta con la firma de Gregorio Hernández Maqueda (ex-militante de Elisa Carrió y ahora un desesperado mileísta); el presidente del bloque UCR Matías Gvozdenovich; las radicales Alejandra Ferrero y Brenda Austin (ésta última distante del proyecto de Milei); el integrante del PRO pero de una línea alejada del macrismo Oscar Agost Carreño; Patricia Botta, del PRO pero alejado de Agost Carreño; el autopercibido libertario pero despegado de La Libertad Avanza, Agustín Spaccesi; el evangelista Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal; y el juecista de paladar negro Walter Nostrala.
La razón que invocan es porque el artículo 104, inciso 33, de la Constitución Provincial establece que: “Corresponde al Poder Legislativo (…) Autorizar al Poder Ejecutivo, con el voto de dos tercios de los miembros presentes, a contraer empréstitos”. Según los legisladores, el aval en la Legislatura para ese endeudamiento ocurrió en la Sesión Ordinaria número 21, realizada el 3 de diciembre de 2025, cuando se aprobó el Presupuesto provincial 2026.
Ese proyecto, que se convirtió en la Ley N° 11.088, tiene incluida el permiso para emitir deuda entre los artículos 33 y 40, luego impulsada específicamente por la Resolución 24 y 29/2026 de Economía, a cargo de Guillermo Acosta, pero que llevan la firma del médico y ministro de Salud de complicado apellido Ricardo Oscar Pieckenstainner.
Pues bien, los funcionarios legislativos rememoran que, durante aquella jornada en el interior del recinto, la ley solo se aprobó en primera lectura y con un total de votos positivos de 34, que está lejos de llegar a los dos tercios de los presentes en el recinto.
Po su parte el oficialismo provincial, sostiene que en realidad la Constitución habla de “empréstito” y no de un “crédito”, que financieramente según sostiene serían distintos. No obstante la RAE (Real Academia Española) lo contradice frontalmente, al definir el vocablo como: “Préstamo que toma el Estado o una corporación o empresa, especialmente cuando está representado por títulos negociables o al portador”, como es el caso en cuestión.
Definición que cualquier diccionario financiero convalida. Como es el caso de ISEFI -Instituto Superior Empresas y Finanzas- que lo define: “El empréstito es una forma de financiación utilizada por empresas o entidades públicas, que consiste en solicitar un préstamo a un gran número de inversores. Para ello, la deuda se divide en pequeñas participaciones representadas por títulos-valores, como bonos u obligaciones.”
Razón por la cual el cordobesismo liderado ahora por Llaryora se podría decir que está en serios apuros legales, pero de todas maneras el Tribunal Superior de Justicia será quien decida si el pedido es procedente a analizar y, si lo hace, sentenciar la constitucionalidad o no de la resolución ministerial.
No es un asunto menor, pero tiene a su favor que ese alto tribunal la integrado con propia tropa el cordobesismo en sus ya 27 años de mandato. Siendo además la primera vez que se presenta un recurso legal de ésta índole, contra las políticas de deuda al extranjero en Córdoba. Por ende, si prospera el afán de los opositores, lo dejaría una situación legal inusualmente incómoda. Aunque más allá del legalismo, la deuda externa cordobesa ya es por sí tiene esa cualidad.
Alto endeudamiento
El último dato oficial que se tiene del stock de deuda externa de Córdoba es de septiembre de 2025, con un monto que alcanzó los pesos a valores reales de $3.248 billones. Partiendo de la base del mismo mes, y con la actualización del Índice de Precios al Consumidor medido provincialmente, vemos que es el más alto de los últimos 19 meses. Que incluso, es impulsado por una suba del 28% a mediados del año pasado, que pasó de $2,46 billones en junio a $3,25 billones a julio.
Si se quiere medir en dólares, la deuda total sería el equivalente a U$S 2.353 millones, bajo el criterio de tomar el último día de cada mes con la cotización venta del oficial en el Banco Nación de esa misma fecha. Como vemos, el monto es el más elevado por lo menos desde enero de 2024, y por ende de toda la gestión de La Libertad Avanza.
La suba que ocurrió a partir del inicio de la segunda mitad del 2025 se debió porqué Córdoba se convirtió en la primera provincia en emitir deuda al extranjero en la era Milei, con bonos que se colocaron por un total de 500 millones de dólares. Se trata de títulos de deuda con vencimiento para el año 2032 y con tasas que superan el 9%. La última vez que la provincia logró tener como acreedores a los financistas de Manhattan fue en los años 2016 y 2017, en la época de Mauricio Macri como presidente.
Dentro de los $3.248 billones o U$S 2.353 millones de deuda, más del 82% está suscripto en dólares: $2.674 billones. Que a su vez, $1.000 billones están sujetos al Título internacional de vencimiento 2032, que emitió Llaryora el año pasado.
Ese título de deuda no solo es el que tiene mayor peso en cuanto al stock. Sino que dentro de la lista de deudas emitidas actuales, es la que tiene la mayor tasa de interés, al alcanzar el 9,75%, como se puede en esta sistematización de los principales bonos ordenados por tener la tasa base más elevada, lo que advierte del peligro de una situación de ahogo de endeudamiento, como casi le pasó a Juan Schiaretti en el año 2021, donde Córdoba casi se declara en default. Es cierto que en ese entonces, existían títulos de deuda que tenían tasas que llegaban a la escandalosa cifra del 12% anual, aunque no deja de ser un alerta ante un panorama complejo en el mundo de las finanzas.
En los últimos años, la deuda pública de Córdoba se caracteriza por tener un stock cuyo importe en dólares supera el 85%, con elevadas tasas de interés anual. A pesar de eso, el anterior gobernador Juan Schiaretti siempre defendió su política de endeudamiento, aseverando que fue para financiar la realización de obras de infraestructura: “Córdoba tiene como característica actuar siempre tomando deuda solo para hacer obra pública”.
Breve historia de la deuda externa cordobesa
“Así como en la década del noventa o durante 2016-2017, las provincias accedieron a financiamiento externo de la mano de programas nacionales de apertura financiera y ajuste, el actual endeudamiento provincial en dólares se inserta en el marco de la estrategia oficial de fortalecimiento de reservas, sin resolver las limitaciones estructurales de generación de divisas”, advirtió el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) cuando Córdoba volvió a meterse en la cueva de los lobos de Wall Street el año pasado. Por eso, conviene repasar cómo se llegó a esto.
Desde comienzos del siglo, la administración pública cordobesa provincial cuenta con una serie de agencias que orbitan a su alrededor, para meter mano en las políticas públicas sin ser sometido por el control de sus cuentas. Una de ellas es la ACIF (Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento), anteriormente llamada OCPIF (Organismo de Coordinación y Programación de la Inversión y el Financiamiento). La ACIF se encarga de gestionar los créditos internacionales para las obras del Gobierno. Cuando decimos crédito internacional, nos referimos a deuda externa. Al ser una agencia descentralizada, no rinde cuentas ante el Tribunal de Cuentas, ni publica sus resoluciones.
Los primeros en llevar a cabo esas gestiones fueron dos funcionarios porteños: Horacio Miró y Roberto Walter Poplawsky. El primero fue íntimo amigo del gobernador de ese entonces, José Manuel de la Sota. Ambos fueron denunciados por el entonces fiscal anticorrupción Luis Juez, por ser supuestos testaferros de este último.
En el año siguiente, 2003, Miró y Poplawski renunciaron a la OCPIF para dedicarse a la actividad empresarial como contratistas del Gobierno de Córdoba, a través de la constructora Britos Hermanos. La OCPIF pasó a llamarse ACIF y allí quedó, como si se tratara de un cargo nobiliario, Carmen Poplawsky, “Carmencita”, hermana de Walter, que antes había participado en la privatización del juego y tragamonedas en favor del Grupo Roggio, otra constructora que fue altamente beneficiada por distintos proyectos de infraestructura.
A partir de entonces, el rubro de la construcción se convirtió en la principal rama para la producción de empleo privado en Córdoba, por lo menos en las dos primeras décadas del presente siglo, previo a la llegada del coronavirus y la motosierra, achicando la participación del rubro industrial.
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Las empresas que se apoderaron de esos negocios de la construcción para el Estado financiados en gran parte con deuda externa, fueron las mismas que están involucradas en el escándalo de los Cuadernos, integrantes de lo que el presidente Javier Milei denomina la Cámara de la Corrupción. Más de uno de sus directivos confesó haber pagado coimas a funcionarios nacionales, en un esquema de cartelización de la de la obra pública, que tradicionalmente no tiene otro objeto que el cobro al estado de enormes sobreprecios.
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Tal como es el caso del mencionado Roggio, Eurnekián, Chediack, Electroingeniería, entre otros. Sin embargo, hasta el momento en el orden provincial no hubo ningún avance de la justicia provincial en casos similares, que fueron denunciados ante ella.
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Cuando no bastaban los fondos públicos presupuestados, el Estado cordobés mantuvo su política de emitir bonos de deuda a nivel internacional en dólares, con ruinosas tasas de interés. Según los manuales de finanzas públicas, se trata de impuestos futuros anticipados.
Uno de los momentos más bochornosos fueron los años 2009 y 2010, en el primer mandato de Schiaretti, cuando se lanzaron tres series de los BONCOR 2017, que le permitió contraer U$S 746 millones, pero a una tasa anual del 12% en dólares. Para colmo, esos fondos se destinaron para obras que según sus objetores, “no aumentan la capacidad productiva, ni exportadora de la provincia. Así, no generan nuevos recursos tributarios para poder pagar esa deuda”.
Tal como fueron el Nuevo Centro Cívico conocido como “El Panal”, tras la destrucción de la Casa de las Tejas, donde antirepublicanamente, manifestando el Unicato del cordobesismo, se integró la sede del Poder Ejecutivo con la de la Legislatura: el Faro del Bicentenario; el Estadio Kempes; y la Nueva Terminal de Ómnibus, etc. Eso lo había advertido la consultora extinta CIPPES, una de las pocas que investigó la espiral de deuda, como lo muestra este video de archivo.
Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), se generó una nueva apertura de los mercados financieros internacionales para las provincias. Cuando se inició ese nuevo período presidencial, la deuda de Córdoba era de USD 1.410 millones con un 72% denominado en dólares.
En 2016 y 2017, Schiaretti emitió cuatro nuevos bonos (COB21D, COB24D, COB26D y COB27D). Más o menos la tercera parte de ese dinero se usó para pagar las amortizaciones del BONCOR 2017, y el resto para obras públicas. Principalmente para el proyecto de los gasoductos troncales, donde cuatro de diez de sus ramales se la quedó la denostada empresa brasilera Odebrecht. Convertida en un sinónimo de corrupción por sus prácticas desarrolladas a lo ancho y largo de Latinoamérica.
Eso llevó a duplicar la deuda en U$S 2.740 millones, con un 98% en denominada en moneda extranjera. Monto que se alcanzó a mediados de 2018, cuando se inició el peor momento de la gestión económica de la era Macri, agravado por la recesión al haber tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional y sus recetas de esa índole.
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Tal es así que en febrero de 2020, el ministro de Economía del Frente de Todos, Martín Guzmán, cuestionó esas políticas nacionales de avales para el endeudamiento de las provincias: “Es insostenible que las provincias se endeuden en moneda extranjera y bajo ley extranjera. Ese es un problema que tenemos que resolver de forma permanente, eso no debería volver a ocurrir en la Argentina”.
Precisamente, al año siguiente, durante su último triple mandato, Schiaretti trató de evitar que la palabra “default” siguiera apareciendo como titular en los principales medios de comunicación como posible hecho inminente. Porque en enero de 2021 vencía el plazo del pago del servicio de capital e intereses de uno de los bonos emitidos durante el macrismo.
Logró anunciar su reestructuración en el primer día hábil siguiente al cierre de la fecha de vencimiento, que fue un sábado. Mediante un improvisado anuncio oficial a la tarde, el mandatario aseveró que se logró un pacto a último momento con los bonistas, quienes redujeron en un punto la tasa de interés, luego que los mismos rechazaron cinco ofertas anteriores.
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Así aparecieron tres títulos internacionales: los PDCAR21, los PDCAR24 y los PDCAR27, para pagar los bonos antiguos, incluyendo los BONCOR, e incluso seguir financiando la obra pública.
Por años, la contaduría del gobernador contador Schiaretti logró conseguir liquidez monetaria, en parte por lo estipulado anualmente en los informes de la Cuenta de Inversión. Que señalan que mediante feroces recortes en las partidas presupuestarias -violando la división de los poderes- lograron mantener abundantes subejecuciones de determinadas políticas públicas, aún con la inflación anualmente creciente.
La definición técnica es “ahorro corriente”, que implicó, entre otras cosas, la notable caída en el salario real de los empleados públicos, especialmente los docentes. Lo que explica el desencanto de gremios como la UEPC o el SEP, quienes a comienzos del milenio fueron los que lograron mantener indemne al oficialismo, del activismo sindical contra las gestiones peronistas.
La actual gestión de Martín Llaryora se jactó a mediados del año pasado que había logrado reducir la denominación de la deuda en moneda extranjera de un 99 % que tenía a principios del 2025, a un 85%. Pero igual que Schiaretti a comienzos del macrismo, sacó provecho el aperturismo del mileísmo para aceptar altas tasas de interés anual, que puede complicar el panorama de vencimientos.
Sumado a que mantiene la costumbre de patear los vencimientos de capital para la próxima gestión gubernamental. Al recurrir otra vez a los mercados neoyorquinos como principales acreedores, inició una nueva espiral de endeudamiento dolarizado en un mundo convulsionado en plena guerra económica global, con riesgo a que se convierta en bélica.
Y a ello se le suma la acción de la oposición, que se atrevió a cuestionar el crónico endeudamiento externo concretado por el cordobesismo, tachándolo de inconstitucional. Encendiendo seguramente semáforos rojos en los acreedores de Córdoba, cuya principal preocupación como financistas dedicados desde hace siglos a esto, es la “seguridad jurídica” formalmente impoluta, que les asegure que nada obstará para el cobro de sus acreencias.-
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