Hace más de un año que un grupo de vecinos, de la zona sur de la ciudad, sufre la usurpación de sus tierras y expresaron que al denunciar el hecho ante la justicia, esta actúa con total indiferencia. El predio tomado comprende unas 35 hectáreas al sur de la ciudad, pasando la Circunvalación ‘Agustín Tosco’ y Barrio Libertador, a la izquierda de la Ruta Provincial 5, que limita con el barrio ‘Ciudad Nuestro Hogar 3’ y con el barrio ‘Inaudi’.
Desde inicios de 2024, los vecinos presentaron denuncias ante la justicia y reclamaron al gobierno provincial, pero según contaron a este medio, nadie los escuchó y nadie hace absolutamente nada para ayudarlos. Los damnificados, dueños de los predios usurpados, indicaron que sienten cierta frustración ante el silencio de las autoridades pertinentes. De hecho, los propietarios advirtieron que sospechan de la existencia de cierta complicidad entre ambos poderes al no intervenir en esta cuestión.
Existe una relación directa entre pobreza y okupas. La pobreza ha crecido de manera casi exponencial y el costo altísimo de los alquileres —junto a los precios de servicios y alimentos que siguen en aumento, contrario a los salarios que se estancan— impacta directa y negativamente en el bolsillo de los trabajadores. Razón por lo que los sectores más vulnerables de la sociedad buscan alternativas para evitar que estos gastos no les consuma buena parte de los ingresos hogareños, lo que muchas veces lleva a que la alternativa sea justamente la toma de un terreno. Que para poder concretar el derecho a la guarida, sea la más elemental a la que tenemos derecho los sapiens y otras especies que habitamos este planeta, implica usurpar terrenos ajenos. Pero no es correcto que ello sea a costa de vulnerar los derechos de otros, estando supuestamente la justicia y los gobiernos de turno para preservarlos, que este caso evidencia haberse quedado atónito al nutrir lo ocupantes de esos terrenos su base electoral.
Es necesario recordar que la ‘Ciudad Nuestro Hogar 3‘ es un invento de ‘ciudades satélites’ del cordobesismo. Allí se trasladaban las villas que estaban asentadas en valiosos terrenos dentro de la ciudad de Córdoba, los que a su vez vendían a precio vil y en cómodas cuotas a desarrollistas urbanos. Desarraigando así a sus habitantes de su inserción social y por esto se han tornado en guetos donde la policía teme entrar y en vez de ‘El estado presente’ es el dealer el que está presente.
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Según los datos públicos del INDEC, los índices de pobreza e indigencia venían ascendiendo estrepitosamente en el Gran Córdoba. En 2021, el INDEC informó que el Gran Córdoba (conformada por la capital cordobesa y otras ciudades y comunas aledañas) pasó de la primera mitad del 2020 de un 40,7% de línea de pobreza a una primera mitad del 2021 de un 46,6%. La alarmante cifra significó que ya no solo una de cada tres cordobeses eran pobres sino que ahora la estadística lo trasladó a uno de cada dos.
Analizando la situación, el período del segundo semestre del 2021, contrastado con el segundo semestre de 2017, el número de pobres en el Gran Córdoba pasó de 485 mil a 642 mil. Lo que se traduce en un crecimiento de 157 mil pobres más en tan sólo cinco años (un 32%, representando al 38,2% de la población). Mientras que las personas en situación de indigencia pasaron de 70 mil en 2017 a 118 mil en el segundo semestre de 2021, con un aumento del 69%). Y como otro dato de referencia, a en el primer semestre de 2021 se alcanzó el punto más alto dónde 732 mil (un 46,6%) pasaron a ser pobres.
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A partir de allí las cifras se derrumbaron significativamente, a la par de que el Departamento de Estadísticas y Censos de la Provincia y el operativo ‘Monitoreo de Condiciones de Vida’, pasaron a concretar el relevamiento de las EPH (Encuesta Permanente de Hogares) que realiza el INDEC. Lo cual llaman la atención porque no coincide con lo que ve si se camina por los barrios más carenciados y su calidad de vida que, lejos de mejorar, empeora cada día.
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Dado este contexto económico-social, y con la sucesión de gobiernos que no hacen más que profundizar la crisis de la pobreza e indigencia, resulta más claro visualizar lo que sucede con las problemáticos conflictos que acarrean en Córdoba, los derechos a la vivienda digna y a la propiedad privada, consagrados en nuestra constitución.
Stripteasedelpoder.com acompañó a vecinos damnificados hasta los terrenos usurpados, para constatar la veracidad de los hechos, y estos fueron contundentes acorde con la documentación presentada por ellos , al mismo tiempo en que se observó el predio tomado y ya con viviendas y caras de pocos amigos. Por lo que se tomó registro en videos e imágenes.
Los damnificados
‘A septiembre de 2024, esa era la pequeña zona usurpada de mi inmueble. Un 15% aproximadamente. Viendo la foto, la línea de tu izquierda, era el límite con Nuestro Hogar 3. Fíjate, ampliando la foto, el bosque de diversas especies arbóreas (de 90 años) que había y estos hdp incendiaron todo’, expresó un vecino que no logra reponerse ante el abandono del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, como el silencio de los medios de comunicación que reciben pauta oficial del gobierno.
Juan Carlos Egea, contó que siendo dueño de un terreno con posesión de toda la documentación correspondiente que acredita ser propietario, no recibe respuesta del gobierno ni de la justicia. Según este vecino, para él hay total impunidad de todo un sistema de poder político y judicial que opera como una especie de ‘asociación ilícita de narcos’ junto con un grupo de ‘inmigrantes delincuentes’ y que ‘desde hace más de un año que reciben el acoso’ de todo este entramado.
Por otro lado, Egea apuntó contra el fiscal José A. Mana tildándolo de ‘ineficiente’ como a ‘todos sus ayudantes que directamente no hacen nada y parecen favorecer a toda esta banda de delincuentes’. Y que de no frenar esto ahora, se le daría vía libre a los usurpadores para seguir delinquiendo, por lo que advirtió: ‘no sé cómo los van a detener, seguirán usurpando todo lo que ellos quieran’. Afligido, agregó: ‘No sé dónde está la justicia de Córdoba, no la encuentro’.
Finalmente, Egea vuelve a reclamar a las autoridades ‘competentes’: ‘Espero que esto se solucione’, aunque ‘el ministro de Seguridad no hace nada tampoco. Espero que cambie la justicia y que cambien estos fiscales que no hacen nada’.
Ricardo Mazzocchi, un vecino de los tantos que cuenta cómo le robaron su terreno, sobre las promesas incumplidas de la dirigencia política y la violenta respuesta de los usurpadores cuando sus dueños intentan llegar a sus lotes, además, de la desidia por parte del gobierno y del Poder Judicial. ‘Estamos renegando con nuestro campo, nos tiran pedradas y los políticos que tenemos hoy en día les han prometido el oro y el moro a quienes están ahí viviendo con tal de que les den un voto’, aseveró.
Mazzocchi, también denunció que los delincuentes ‘para limpiar el campo, prendieron fuego, quemaron toda la vegetación (algarrobos, acacias) y fauna autóctona que había en el lugar’. Y remarcó nuevamente: ‘El fiscal nunca intervino, nunca hace nada. Ya no sabemos qué hacer en la zona con la usurpación’, descargó.
Otro ciudadano estafado es el abogado Fabián Moscovich, quien acudió inmediatamente ante los fiscales ‘competentes’ para intervenir en el hecho delictivo. Por lo que el día 03 de octubre de 2024, decidió formular una Denuncia Penal ante la Unidad Judicial Nº 23 correspondiente a la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 3 a cargo del Fiscal Dr. José A. Mana.
La denuncia presentada ante el Fiscal Alejandro Mana, el Fiscal General Juan Delgado y el Adjunto Alejandro Pérez Moreno
Moscovich, se presentó en la causa en carácter de ‘víctima directa y querellante particular en las actuaciones SAC 13242599 y tramitadas ante la Fiscalía de Instrucción del D1 T3 a cargo del Fiscal José Alejandro MANA’, dirigiéndose a las ‘autoridades del Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba’. Además, el perjudicado aseguró que ‘el Fiscal Mana tiene pedido de Jury, es decir, un pedido de destitución en el jurado de enjuiciamiento y una denuncia penal, y otra demanda civil multimillonaria ingresada por mí’. Aunque remarcó expresamente que ‘sí fue recibido por el Fiscal General Juan Delgado y el Adjunto Alejandro Pérez Moreno’.
En noviembre pasado, tras haber transcurrido un año del aviso de la toma a las autoridades pertinentes, Moscovich enfatizó que se había presentado ante la oficina de Pérez Moreno, requiriendo la inmediata actuación de los responsables de impartir justicia y dar respuesta a las demandas legales de los ciudadanos y remarcó lo siguiente en el texto presentado:
‘Han ocasionado a mi parte como víctima directa, querellante particular y letrado, un daño de gravísima entidad que al día de la fecha resulta de imposible reparación. Y es que, las «consecuencias ulteriores del delito» que fácil, evidente e imperativamente desde el mandamiento legal vigente se debían prever por el Fiscal Mana en función de la naturaleza misma de los hechos ilícitos, las pruebas existentes y el más elemental concepto que del sentido común y la lógica pueda entenderse que debe ostentar un funcionario judicial de tan alta responsabilidad funcional, social y jurídica como lo representa el ejercicio funcional de cualquier Fiscal de Instrucción Penal, justificaba plenamente que mi persona, sea recibida tanto por el FISCAL GENERAL y asimismo por el FISCAL GENERAL ADJUNTO’.
Como subraya el letrado en dicha denuncia, no puede dejar ‘»pasar por alto» el mandato constitucional provincial y de suyo la propia ley orgánica que gobierna la estructura y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, que en el ámbito del territorio de nuestro estado provincial, rige plenamente la Ley Nº 7098 que «adhiere expresamente y dispone la inmediata ejecución práctica» de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Así, bien vale recordar al Dr. Juan Manuel Delgado y al Dr. Alejandro Pérez Moreno, que en su art. 2º dicha normativa provincial, establece: «El Gobierno de Córdoba adoptará de inmediato las medidas conducentes al cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativas a las materias que correspondan a la jurisdicción de la Provincia»’ .
Asimismo, acusó de manera enfática a estos representantes del cuerpo judicial de romper los tratados, que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional han firmado con organismos tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el respeto y resguardo de los derechos y las garantías de todas las personas así también del Derecho a la propiedad privada.
Moscovich, precisó en su denuncia: ‘Soy propietario del inmueble asentado ante el Registro General de la Pcia. de Córdoba, bajo la Matrícula Nº 157.776 Capital (11) y que tiene una superficie de 78.000 metros2 (equivalente a la superficie de casi 8 manzanas unidas)’
Y agregó: ‘Que en cuanto a la usurpación, se hizo saber que los usurpadores habían colocado una serie de carpas elementales y abiertas, construidas con ramas que sostenían nylon que hacían las veces de techos y que, además, los usurpadores previamente, habían destruido el bordo y con esa tierra, habían procedido a usar maquinaria para desparramar y alisar la superficie. Igualmente, la denuncia anotició que, aparte de las carpas, los delincuentes habían realizado una especie de demarcación elemental de lotes, que denotaban la intencionalidad de asentarse definitivamente y en gran número en el lugar, siempre dentro de mi propiedad’.
Según indicó el propietario denunciante, los asentamientos fueron iniciados por hombres y que al ver las tiendas precarias levantadas por ellos, con la intencionalidad de establecerse allí, se acudió rápidamente a la policía y la justicia siendo el momento justo para que intervinieran, ya que, aún no habían construido nada con materiales como ladrillos y cemento.
Algunos de los damnificados coinciden en que al no ser atendido su reclamo, tanto por el gobierno como por el Poder Judicial, todo pareciera indicar que los responsables de intervenir para frenar este hecho completamente delictivo, están decididos a dejar impunes a los delincuentes que han tomado estos terrenos, que a la fecha ya son parte de un ‘barrio en el que se han abierto calles, con un crecimiento de edificaciones de viviendas y hasta tiene instalado un sistema de alumbrado público’, mientras que los verdaderos dueños aseguraron son ‘amenazados por los delincuentes y desconocidos por las autoridades en las que buscaron auxilio como ciudadanos propietarios que pagan sus impuestos’, según manifestaron.
¿Entonces el Estado presente donde está?
‘Nuestro Hogar 3’ está después de ‘Villa El Libertador’, que tradicionalmente era considerado el barrio pobre de Córdoba. Lo que evidentemente sucedió es la explosión de esa villa y de esa ciudad satélite hacia sus márgenes, para evitar el hacinamiento familiar por parte de personas y familias que no pueden afrontar el costo de alquilar. Situación en donde aparecen los vivos de siempre, haciendo sus negocios inmobiliarios informales, igual que sucede en otros tantos lugares, especialmente en el saturado conurbano bonaerense.
Paralizados, el estado cordobés encabezado por Llaryora y su justicia dependiente, no actúan, porque se trata de su misma base electoral. Ni tampoco ha brindado alguna mediación entre partes, ni intervino de alguna u otra manera. Por su parte, el Poder Judicial que debe garantizar la aplicación de una ley, tampoco avanzó en las investigaciones correspondientes, según cuentan los propietarios que presentaron su caso ante el órgano estatal que administra y ejerce justicia.
Los dos grupos de ciudadanos, los que tomaron los terrenos y sus dueños, seguirán a la espera de que el Estado resuelva tanto garantizar el acceso a la vivienda, y de evitar las usurpaciones garantizando el derecho a la propiedad privada. Dos derechos relacionados que están establecidos en nuestra Constitución Nacional y las convenciones internacionales firmadas por nuestro país.
El derecho a la propiedad privada en los arts. 14 y 17 de ella, mientras que el 14 bis garantiza el acceso a una vivienda digna. Por su parte el Código Penal dispone en el artículo 181 que el delito de usurpación tiene pena de prisión de seis meses a tres años. A su vez en 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció el derecho a la vivienda en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que Argentina suscribió entre otros tantos países.
Acorde con sus antecedentes, resulta casi evidente que el cordobesismo actúa, dejando que la urbanización ilegal madure. Para luego seguramente en una circunstancia electoral, expropiar esos terrenos a sus legítimos dueños por una cifra ínfima, obligando a estos a litigar largamente en la justicia cómplice para obtener un valor satisfactorio.
De esta manera, el asunto se patea para adelante lo más posible, lo que parece ser el estilo político de la democracia renga que reapareció en 1983, cargando el peso de la deuda externa de la dictadura militar, con la consecuente injerencia del FMI y otros organismos internacionales, que ha llevado al país a su debacle actual. En la cual durante su interregno, lo único que creció sostenidamente, no es el PBI, ni el PBI per cápita, sino la pobreza estructural y multidimensional. Que según el el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (Universidad Católica Argentina) alcanza actualmente al 67 % de la población argentina.-
Antecedentes de usurpaciones de tierras y asentamientos, el gran problema habitacional:
- En el 2012 se empezaban a asentar las primeras familias en las tomas de Cabildo.
- En 2015, una enorme cantidad de familias, cerca de las 300, tomó posesión del predio de 15 hectáreas de lo que terminó siendo el barrio 12 de Septiembre (entre los barrios Angelelli I y Angelelli I).
- Para 2020, (según el relevamiento del diario La Voz) este asentamiento ya albergaba a más de 130 familias. Y en Cabildo Anexo A vivían entonces unas 110 familias. Cabildo 2, sumaba otras 100 familias.
- La zona sur de la ciudad concentraba la mayor cantidad de ocupaciones, como era el caso de Villa Capullo que contiene a 200 familias.
- En el barrio Villa Pigüé, 80 familias fueron contrayendo sus precarias viviendas.
- En Villa La Tablita, se instalaron 50 familias.
- En Villa El Chaparral, que limita con barrio Colón, eran 130 familias las que se afirmaron sobre la avenida Malagueño, viviendo entre un canal y las vías del ferrocarril.
- Cercano al barrio José Ignacio Díaz Tercera Sección, emerge el barrio El Asentamiento, denominado así por sus ocupantes siendo allí unas 40 familias.
- Por su parte, en el Barrio Darío Santillán Sur ya vivían 90 familias.
- Al fondo de Ituzaingó Anexo, el barrio Beatriz Caminos, se habían asentado 90 familias construyendo allí sus viviendas.
- Al noroeste, se encuentra el barrio Zepa B, donde para entonces se establecieron unas 200 familias.
- Villa El Nilon es otro de los asentamientos más antiguos, aunque se ubica sobre terrenos fiscales, al lado de Alta Córdoba.
PRESUPUESTO II: Revela que Milei desconoce enteramente la historia argentina 1900-2001
PRESUPUESTO III: Revela que Milei ignora la historia económica argentina – Resumen
