Jessi, el enfoque es que se trataría de un fenómeno de pobreza y okupas, por el altísimo costo de los alquileres que buscan alternativas para evitarlos para que no les consuma buena parte de los ingresos hogareños. La «Ciudad Nuestro Hogar 3» es un invento de «ciudades satélites» del peronismo, donde trasladaban a villas que estaban asentadas en valiosos terrenos de la ciudad de Córdoba, que vendían a precio vil y en cómodas cuotas a desarrollistas urbanos. Desarraigando a sus habitantes de su inserción social, y por eso se han tornado en ghetos donde la policía teme entrar y en vez del estado presente esta presente el dealer. El tema lo hemos tratado si lo buscas en nuestra web.
«Nuestro Hogar 3» esta después de Villa El Libertador, que tradicionalmente era considerado el barrio pobre de Córdoba. Lo que sucedió es la explosión de esa villa y de esa ciudad satélite hacia sus márgenes, para evitar el hacinamiento familiar, junto con otros desesperados por gambetear el alquiler. En donde aparecen los vivos de siempre, haciendo sus negocios inmobiliarios informales, igual que sucede en el conurbano boanerense. Paralizados Llaryora y su justicia dependiente no actúan, porque es su misma base electoral. Los niveles de pobreza en el Gran Córdoba también lo hemos tratado en nuestras notas, últimamente el cordobesismo que hace la recolección de datos de la EPH del INDEC, se ha encargado de suavizarla cuando antes figuraba en el tope.
El gobierno de Llaryora y el Poder Judicial hacen silencio absoluto ante la usurpación de 35 hectáreas de tierras privadas en Córdoba
Ya hace más de un año que un grupo de vecinos, de la zona sur de la ciudad, padece la usurpación total de sus tierras y al denunciar el hecho la justicia actúa, pero con total indiferencia.
El predio tomado comprende unas 35 hectáreas al sur de la ciudad, pasando la Circunvalación Agustín Tosco, más precisamente, a la derecha de la Ruta Nacional 36 que limita con el barrio ‘Ciudad Nuestro Hogar 3’ y con el barrio ‘Inaudi’.
Quienes se apropiaron de los terrenos no fueron sólo personas de sectores sociales vulnerables sino que también se observan grupos de personas que podrían ser categorizadas como de una clase social no vulnerable, ya que, son dueños de vehículos como camionetas 4×4. Además, cuentan con la capacidad de conseguir rápidamente todos los materiales para construir viviendas de extensos metros cuadrados que se ven de ladrillo y cemento. A diferencia de las vulnerables mencionadas que pudieron construir viviendas bastante precarias.
Desde inicios de 2024, los vecinos presentaron denuncias ante la justicia y reclamaron al gobierno provincial, pero nadie los escuchó, no hicieron absolutamente nada. Y la frustración de los estafados es aún mayor ante el silencio total, de hecho, ellos sospechan de la existencia de cierta complicidad entre ambos poderes con quienes usurparon las tierras.
El abandono sufrido por los dueños de las hectáreas mencionadas por parte del gobernador, Martín Llaryora y al mismo tiempo del Poder Judicial, demuestra la falta total de planificación de viviendas por parte de la Provincia de Córdoba para los sectores más vulnerables y de clase trabajadora como también indica que aquí el derecho a la propiedad privada realmente no existe.
Desde este medio de comunicación independiente, se acompañó a vecinos damnificados hasta los terrenos usurpados para constatar la veracidad de los hechos y estos fueron contundentes debido a la documentación presentada por ellos —como todas las escrituras correspondientes— al mismo tiempo en que se observó el predio tomado y ya con viviendas. Por lo que se tomó registro en videos e imágenes.
Los testimonios de las víctimas, contados en primera persona:
‘A septiembre de 2024, esa era la pequeña zona usurpada de mi inmueble. Un 15% aproximadamente. Viendo la foto, la línea de tu izquierda, era el límite con Nuestro Hogar 3. Fíjate, ampliando la foto, el bosque de diversas especies arbóreas (de 90 años) que había y estos hdp incendiaron todo’, expresó un vecino que no logra reponerse ante el abandono del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, como el silencio de los medios de comunicación que reciben pauta oficial del gobierno.
( video)
Juan Carlos Egea, contó que siendo dueño de un terreno con posesión de toda la documentación correspondiente que acredita ser propietario, no recibe respuesta del gobierno ni de la justicia. Según este vecino, para él hay total impunidad de todo un sistema de poder político y judicial que opera como una especie de ‘asociación ilícita de narcos’ junto con un grupo de ‘inmigrantes delincuentes’ y que ‘desde hace más de un año que reciben el acoso’ de todo este entramado.
(¿SE AGREGA EL AUDIO CON CADA TESTIMONIO?)
Por otro lado, Egea apuntó contra el fiscal Dr. José A. Mana tildándolo de ‘ineficiente’ como a ‘todos sus ayudantes que directamente no hacen nada y parecen favorecer a toda esta banda de delincuentes’. Y que de no frenar esto ahora, se le daría vía libre a los usurpadores para seguir delinquiendo, por lo que advirtió: ‘no sé cómo los van a detener, seguirán usurpando todo lo que ellos quieran’. Afligido, agregó: ‘No sé dónde está la justicia de Córdoba, no la encuentro’.
Finalmente, Egea vuelve a reclamar a las autoridades ‘competentes’: ‘Espero que esto se solucione’, aunque ‘el ministro de Seguridad no hace nada tampoco. Espero que cambie la justicia y que cambien estos fiscales que no hacen nada’.
Ricardo Masochi, un vecino de los tantos que cuenta cómo le robaron su terreno, sobre las promesas incumplidas de la dirigencia política y la violenta respuesta de los usurpadores cuando sus dueños intentan llegar a sus lotes, además, de la desidia por parte del gobierno y del Poder Judicial. ‘Estamos renegando con nuestro campo, nos tiran pedradas y los políticos que tenemos hoy en día les han prometido el oro y el moro a quienes están ahí viviendo con tal de que les den un voto’, aseveró.
Masochi, también denunció que los delincuentes ‘para limpiar el campo, prendieron fuego, quemaron toda la vegetación (algarrobos, acacias) y fauna autóctona que había en el lugar’. Y remarcó nuevamente: ‘El fiscal nunca intervino, nunca hace nada. Ya no sabemos qué hacer en la zona con la usurpación’, descargó.
Otro ciudadano estafado es el Dr. Fabián Darío Moscovich (abogado), quien acudió inmediatamente ante los fiscales ‘competentes’ para intervenir en el hecho delictivo, sin embargo, al presentarse ante ellos tampoco recibió respuesta. Por lo que el día 03 de octubre de 2024, decidió formular una Denuncia Penal ante la Unidad Judicial Nº 23 correspondiente a la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 3 a cargo del Fiscal Dr. José A. Mana.
El texto de la denuncia, está dirigido al Fiscal General, Juan M. Delgado y al Fiscal General Adjunto, Alejandro Pérez Moreno.
Moscovich, se presentó en la causa en carácter de ‘víctima directa y querellante particular en las actuaciones SAC 13242599 y tramitadas ante la Fiscalía de Instrucción del D1 T3 a cargo del Fiscal José Alejandro MANA’, dirigiéndose a las ‘autoridades del Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba’, quienes desde 2024 a la fecha siguen sin dar una respuesta.
La víctima enfatizó en que ninguna de las autoridades mencionadas, ‘nunca jamás procedió a dar la más mínima respuesta a mi petición; esto es, procedió a resguardarse en el silencio más absoluto y dejando así a las más absoluta deriva mis derechos’.
En noviembre pasado, tras haber transcurrido un año del aviso de la toma a las autoridades pertinentes, Moscovich enfatizó que se había presentado ante la oficina Pérez Moreno, requiriendo la inmediata actuación de los responsables de impartir justicia y dar respuesta a las demandas legales de los ciudadanos y remarcó lo siguiente en el texto presentado:
‘Han ocasionado a mi parte como víctima directa, querellante particular y letrado, un daño de gravísima entidad que al día de la fecha resulta de imposible reparación. Y es que, las «consecuencias ulteriores del delito» que fácil, evidente e imperativamente desde el mandamiento legal vigente se debían prever por el Fiscal Mana en función de la naturaleza misma de los hechos ilícitos, las pruebas existentes y el más elemental concepto que del sentido común y la lógica pueda entenderse que debe ostentar un funcionario judicial de tan alta responsabilidad funcional, social y jurídica como lo representa el ejercicio funcional de cualquier Fiscal de Instrucción Penal, justificaba plenamente que mi persona, sea recibida tanto por el FISCAL GENERAL y asimismo por el FISCAL GENERAL ADJUNTO. Sin embargo y pese que por Secretaría del Fiscal Adjunto (Pérez Moreno) constaban mis datos -expresamente quedó constancia-, tampoco recibí respuesta alguna ni fui recibido por dicho alto funcionario del Ministerio Público Fiscal recientemente puesto en dicho cargo «Adjunto»’.
Como subraya el letrado en dicha denuncia, no puede dejar ‘»pasar por alto» el mandato constitucional provincial y de suyo la propia ley orgánica que gobierna la estructura y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, que en el ámbito del territorio de nuestro estado provincial, rige plenamente la Ley Nº 7098 que «adhiere expresamente y dispone la inmediata ejecución práctica» de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Así, bien vale recordar al Dr. Juan Manuel Delgado y al Dr. Alejandro Pérez Moreno, que en su art. 2º dicha normativa provincial, establece: «El Gobierno de Córdoba adoptará de inmediato las medidas conducentes al cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativas a las materias que correspondan a la jurisdicción de la Provincia»’
Acusando de manera enfática a estos representantes del cuerpo judicial de romper los tratados que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional han firmado con organismos tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el respeto y resguardo de los derechos y las garantías de todas las personas así también del Derecho a la propiedad privada.
Moscovich, indicó en su denuncia: ‘Soy propietario del inmueble asentado ante el Registro General de la Pcia. de Córdoba, bajo la Matrícula Nº 157.776 Capital (11) y que tiene una superficie de 78.000 metros2 (equivalente a la superficie de casi 8 manzanas unidas)’
Y agregó: ‘Que en cuanto a la usurpación, se hizo saber que los usurpadores habían colocado una serie de carpas elementales y abiertas, construidas con ramas que sostenían nylon que hacían las veces de techos y que, además, los usurpadores previamente, habían destruido el bordo y con esa tierra, habían procedido a usar maquinaria para desparramar y alisar la superficie. Igualmente, la denuncia anotició que, aparte de las carpas, los delincuentes habían realizado una especie de demarcación elemental de lotes, que denotaban la intencionalidad de asentarse definitivamente y en gran número en el lugar, siempre dentro de mi propiedad’.
Según indicó el vecino denunciante, los asentamientos fueron iniciados por hombres y que al ver las tiendas precarias levantadas por ellos, con la intencionalidad de establecerse allí, se acudió rápidamente a la policía y la justicia siendo el momento justo para que intervinieran, ya que, aún no habían construido nada con materiales como ladrillos y cemento.
Moscovich, reprochó (como el resto de los vecinos damnificados) el desinterés de quienes deberían velar por proteger los intereses de los ciudadanos y enfatizó que ‘aun teniendo a su disposición temporáneamente desde haberse producido la misma denuncia, un amplísimo abanico probatorio aportado por mi parte (consistente entre otras, por videos sobre filmaciones aéreas desde un dron, fotografías, variada documental, instrumentos públicos tales como escrituras, actas notariales, planos del inmueble, planos catastrales, testimoniales, etc)’, no consigue respuesta alguna.
Las víctimas coinciden en que al no ser siquiera escuchados, tanto por el gobierno como por el Poder Judicial, todo parece indicar que los responsables de intervenir para frenar este hecho completamente delictivo, están decididos a dejar impunes a los delincuentes que han tomado estos terrenos los que, a la fecha, ya son parte de un ‘barrio en el que se han abierto calles, con un crecimiento de edificaciones de viviendas y hasta tiene instalado un sistema de alumbrado público’, mientras que los verdaderos dueños son amenazados por los delincuentes y desconocidos por las autoridades en las que buscaron auxilio como ciudadanos propietarios que pagan sus impuestos.
Este pareciera ser el mundo del revés en el que aquellos que tienen todo en regla son destratados y amenazados cuando les roban, mientras que los delincuentes cuentan con absoluta impunidad para cometer delitos. Daría la sensación de que no sólo se trata de votos asegurados sino que esto podría convertirse en un sistema de apropiación ilegal de la propiedad privada para asegurarse grandes extensiones de tierra a futuro. Sistema del que se beneficiarían solamente aquellos que cuentan con el poder para resguardar su impunidad en detrimento de los ciudadanos trabajadores que, además, pagan con gran esfuerzo cada impuesto, valga la redundancia, impuesto por quienes no protegen a los ciudadanos .
