¿Por qué renunció Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro, es decir, como el jefe de los abogados del Estado Nacional? Según el periodista Guido Carelli Lynch, de Clarín, el funcionario había avalado un dictamen en el que favoreció a una empleada del Ministerio de Justicia para percibir incentivos, a través de un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Resulta que el Gobierno había dado de baja ese beneficio. Pero la supuesta resolución fue firmada por el segundo de Barra, Marcos Serrano, y además según información de Clarín, eso no habría sucedido, sino todo lo contrario. Otras fuentes del gobierno aseguraron que fue porque el funcionario echado se pasó “40% del año fuera del país”, incluyendo viajes a Punta del Este.
El vago Barra
Los dictámenes firmados en la Procuraduría del Tesoro, desde el portal oficial del organismo, solo están presentes hasta los últimos días de octubre del año pasado. En base a un relevamiento que hizo Stripteasedelpoder.com, desde enero de 2024 hasta ese entonces, hubo 202 dictámenes emitidos en todo el año por parte de éste órgano superior que, se supone, hace trabajar a los letrados del Poder Ejecutivo.
En enero, hubo 18 dictámenes que contaron con la firma de Rodolfo Barra. En febrero, firmó 17. Después, no hay registros que haya trabajado en el mes de marzo. Para abril, puso su firma en 16 dictámenes. En mayo, lo hizo solo con 5, entre los días 20 y 24. En Junio siguió ausente. En julio, solo emitió 3 dictámenes. En agosto, solamente 1. En septiembre: 2. Y octubre: 4.
Quiere decir que, en total, solo elaboró 66 dictámenes, la tercera parte del total (33%). El resto se tuvo que hacer cargo su segundo, el subprocurador Marcos Serrano, lo cual abre la sospecha que los supuestos viajes le permitieron no concretar el trabajo al que se debe, por parte de una administración que dice combatir la casta.
Haciéndole la Barra al gobierno
Uno de los últimos dictámenes que aparece con la firma de Barra es del 15 de octubre. Allí concluye diciendo, acorde con las necesidades delo Gobierno en su enfrentamiento con las universidades y la educación en general que el:
“Sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521”.
Esto lo hizo a raíz de un pedido del gobierno nacional, de concretar auditorías a las entidades universitarias, para cuestionar sus supuestos curros, en el marco de la segunda marcha en defensa de la educación pública universitaria convocada en la semana anterior. No obstante estar prevista en la ley que ellas estarán a cargo de la AGN, Auditoría General de la Nación.
Otro dictamen interesante o interesado es del 23 de julio, luego de las incómodas conferencias de prensa, a cargo de Manuel Adorni, sobre la pregunta de los periodistas de “cuántos perros tiene” el presidente, invocando a la Ley Nacional N° 27.275, del Derecho al Acceso a Información Pública.
Esto se debe a las sospechas que el mandatario estaría empeorando su cuadro clínico, ante posibles alucinaciones sobre canes que no existirían físicamente, por el rumor del fallecimiento de una de esas criaturas. En cuanto se sabe que su perro original, Conan, falleció hace años y, sin embargo, lo sigue nombrando en tiempo presente.
Ante el hartazgo por la insistencia a la prensa sobre ese tema, se recurrió al procurador Barra, para que busque la manera de encontrar una interpretación legalista, para que la administración pública no se vea obligada a suministrar esa información.
Así Barra emitió el dictamen, donde señala que “la legislación respectiva no ampara la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando el pedido de información pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica.”
“La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”.
Ver El ataque de Milei al acceso a la información pública imitando la legislación inglesa
De esta manera, las interpretaciones antojadizas de Barra para ayudar al gobierno en temas espinosos, como las universidades y las mascotas del presidente hicieron su aporte, con su puño y letra. Sin embargo, no pudo esquivar en formar parte de la larga fila de funcionarios echados.
El pasado nazi
La Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios fue una agrupación estudiantil ligada al Movimiento Nacionalista Tacuara, con ideología falangista, católica, nacionalista, anticomunista y antisemita. Una de sus primeras acciones, a finales de los años 50, fue enfrentar a los estudiantes que se manifestaban por mantener la educación laica. Se identificaban con una estética y símbolos que rememoraban las corrientes fascistas europeas de Alemania e Italia.
La participación del joven Barra en esa organización fue revelada, entre otros medios, por la revista Noticias, en la edición del 22 de junio de 1996, en una investigación de Darío Gallo, que fue la nota de portada. Allí se expusieron fotografías donde integrantes de esa fuerza realizaban el famoso saludo romano, identificado contemporáneamente como una alabanza al nacionalsocialismo.
La indagación de Noticias se originó luego de una emisión del programa Almorzando con Mirtha Legrand, de noviembre de 1995. En la sobremesa, estuvo invitado Guillermo Patricio Kelly, ex integrante de la Alianza Libertadora Nacionalista. El personaje expuso ante las cámaras de televisión una fotografía de militantes de la UNES, cuando habían procedido a la toma del Cabildo de Buenos Aires.
Fue el 20 de noviembre de 1964, fecha que se considera hoy el Día de la Soberanía. Allí aseveró que el gobierno de Menem tenía personas ligadas a fuerzas “hitlerianas” y fascistas. No quiso dar nombres al aire, pero la cámara registró el nombre de Barra, pegado en el archivo que él mismo sostenía.
La emisión de ese programa se puede ver aquí. A la vez, Noticias aseveró haber recibido en el mes de mayo de 1996 unas cartas escritas por el ex embajador argentino en Chile, Oscar Espinoza Melo, enviada al ministro de Interior Carlos Corach, expresando entre otras cosas su molestia por su subordinado Barra, por haber sido “jefe de prensa de la UNES y conspicuo miembro de la organización nazi Tacuara”.
E incluso acotó: “Es muy fácil comprender por qué los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA son tan difíciles de investigar y sobretodo de encontrar a los culpables”.
La única respuesta que obtuvo Noticias en aquella época por parte de Barra, fue aportada mediante intermediación de su secretaria, donde le notificó que le dijera lo siguiente a la prensa: “Si fui nazi en mi juventud, me arrepiento”. Según otros medios, como Página/12, Barra habría participado activamente en atentados contra sinagogas, volcando alquitrán a los establecimientos de la comunidad judía.
Haciéndole sádicamente la Barra a Menem
Rodolfo Carlos Barra ocupó distintos cargos en la presidencia de Carlos Menem. Empezó en los inicios de ese mandato, en el área ligada a obra pública, en pleno inicio de las privatizaciones.
En julio de 1989, Menem decidió nombrar a Barra como viceministro de Obras y Servicios Públicos. Por arriba de él estaba el ministro Roberto Dromi, quien se hizo cargo de ejecutar el plan de privatizaciones de empresas estatales, bajo el lema “nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Luego el 18 de diciembre de ese año, ya iniciado los remates de activos públicos, Barra se hizo cargo de la Secretaría del Interior, bajo el mando de Carlos Corach.
En su libro Robo para la corona (1992), el periodista Horacio Verbisky define a Barra como “el intelectual orgánico de la Patria Contratista”. Esto se debe a que es mencionado como el autor de la doctrina jurídica llamada “intangibilidad de la retribución del co-contratante particular”.
Que la había explicado en sus libros de derecho, publicados en su época como Gerente de Legales de Sade SA. La constructora de la familia Pérez Companc, integrante del cartel que se benefició con las contrataciones del Estado en obra pública.
Ver Pérez Companc: de parasitar al Estado con el petróleo y las finanzas a zar de los alimentos (I)
Fuentes relacionadas con ese ámbito, aseguran que por entonces Barra se jactaba que su área era la mas rentable de esa empresa, en base al arte de renegociar permanentemente los contratos firmados con el Estado, hasta sacarle el máximo jugo.
Abuso corporativo que hizo finalmente que Milei denominara a la Cámara de la Construcción, Cámara de la Corrupción. Y que a Barra le caiga también además de nazi, el apelativo de sádico, por sus servicios prestados a Sade mediante torturar las arcas del Estado, con la complicidad de sus funcionarios. Tal como lo confesó el ex presidente Mauricio Macri, quien como ejecutivo de SOCMA sabe mucho de eso.
Lo que dice básicamente esa zarrapastrosa jerga tecnicista, es avalar la aplicación de un beneficio para las empresas contratistas, basado en eliminar al mínimo el riesgo empresario. Con ella, esta interpretación jurídica abrió la puerta a notables casos de corrupción detrás de las contrataciones del Estado. Así lo explica Verbitsky en su libro:
“Como el contratista privado al llevar a cabo una obra pública lo hace en vista al interés general, el Estado, como representante de ese interés general, debe soportar las consecuencias de todas las vicisitudes económicas susceptibles de alterar la fórmula económico-financiera, sostiene la doctrina. Los contratistas organizaron su relación con el Estado de modo de maximizar sus beneficios en forma arbitraria y a expensas de ese interés general que invocaron en el comienzo del razonamiento. La redacción de pliegos se convirtió en una tarea esencial (y completamente ilegal) para los grandes contratistas.
El arte reside en omitir en el pliego algún paso esencial para la conclusión de la obra. Cuando al promediar el trabajo esto se descubre el contratista solicita su pago como adicional. El Estado se niega. El contratista pide prórroga y mientras se discute, paraliza la obra. En ese momento agrega al reclamo el mayor costo por los gastos improductivos que le crea la permanencia del personal y el equipo más allá del plazo previsto. Con este método, el Estado termina dándole la razón al contratista y pagando aparte el paso omitido en forma mañosa en el pliego”.
El 25 de abril de 1990, Barra fue designado como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Así, integró la llamada “Corte menemista”, tras que el gobierno de Menem amplió el número de los integrantes del máximo tribunal del país, para poder controlarla. Originando lo que se denominó la “mayoría automática”.
Para que esta, con la intervención estelar de Barra, legitimara la legislación de supuesta “emergencia”, con la que se remató a vil precio los bienes del Estado a cambio de la deuda externa. Allí duró hasta el 20 de diciembre de 1993.
El 16 de junio de 1994 asumió como ministro de Justicia de la Nación. Desde donde propuso la desdichada “Ley Mordaza”, un proyecto de ley que proponía limitar la libertad de la prensa, como así también otra iniciativa para facilitar el cobro de los juicios contra el Estado. Lo cual generó una dura pelea contra el fiscalista ministro de economía Domingo Cavallo. Todo esto ocurría, mientras participaba como Convencional Constituyente para la redacción de la reforma de la Constitución Nacional.
El 10 de julio de 1996 presentó su renuncia como ministro luego del destape mediático sobre su pasado en la UNES. Luego durante la presidencia de Fernando de la Rúa, fue nombrado como presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), hasta su renuncia en febrero de 2002. En la primera década del presente siglo, fue denunciado, pero luego sobreseído, por supuestas irregularidades en su paso por la AGN por parte de los exempleados de la privatizada telefónica Entel.
Su abrupto final en la Procuración con el caso YPF
En abril de 2024, Milei, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el ministro de Infraestructura de ese entonces Nicolás Posse -también echado intempestivamente por Milei- firmaron el decreto 283. Con el cual aceptaron la excusación de Barra para hacerse cargo de la defensa del Estado, en la mega demanda que lleva adelante la jueza Loretta Prezka contra Argentina, por la expropiación de las acciones de YPF en el 2012, quizás el caso judicial más sensible para el país. Que por ahora, se mantiene en una sentencia condenatoria de 16 mil millones de dólares, imposible de pagar.
La causa caratulada “Petersen Energía Inversora S.A.U. and Petersen Energía S.A.U. vs. Argentine Republic and YPF SA” la lleva adelante el fondo buitre Buford. El que compró con 16 millones de dólares, en la quiebra del grupo del grupo Petersen propiedad de los Eskenazi, el derecho a litigar por la no expropiación de sus acciones, como se había hecho con REPSOL.
Los Esquenazi habían comprado a REPSOL el 25% de las acciones de la petrolera argentina, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Mediante créditos que abonaban con los generosos dividendos que extraían de YPF, junto con REPSOL, lo que la llevó a su desinversión y caída en su actividad.
Tras la apropiación del 51% de las acciones a REPSOL, ordenada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la nueva administración de YPF redujo a un mínimo la distribución de dividendos, y además el cepo impedía el giro de dividendos al exterior.
Según los Eskenazi, esto llevó a la quiebra de dos de sus filiales en España: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. En España, Barra había sido contratado para analizar el caso, con la emisión de un dictamen ofreciendo su mirada jurídica sobre el mismo.
Por esa razón, en su nuevo rol de Procurador del Tesoro, le solicitó al presidente Milei apartarse del caso, por ya haber intervenido como parte en el mismo. Con riesgo de ser acusado de “haber emitido una opinión técnica de experto”, según explica en los fundamentos el mencionado decreto, firmado por el mandatario y sus dos ministros.
El caso es que el caso de YPF se pudrió, tras obtener Buford una sentencia a su favor por USD 16 mil millones. Monto que pretende cobrar aunque sea en parte, a toda costa, mediante hacer un arreglo con el Estado, para evitar los riesgos que corre con su apelación. Dado lo desmesurado de su monto que no tiene proporción alguna ni con lo que invirtió, ni con el valor accionario de YPF.
Por eso en diciembre Buford emprendió un ataque frontal contra Argentina ante la jueza Prezka. Pretendiendo nada menos que articular a su favor la jurisprudencia del caso del Banco Markazi, el Banco Central de Irán. Que fue considerado un alter ego de Irán, razón por la cual tras el asalto la embajada de EEUU en Teherán en 1979, sus depósitos en bancos de EEUU fueron embargados completamente. También señaló como otros alter egos a YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, etc.
Por su parte la jueza Prezka, no admitió esa postura, pero si ordenó un discovery el 23 de enero, dos días antes de que Barra presentara su renuncia, obligando a Argentina a que descubriera sus bienes. Entre otras cosas dijera que había hecho el ministro Luis “Toto” Caputo con el oro del Banco Central, cuya información se negó a los argentinos.
Actitud que presuntamente, habría hecho caer la operación de REPO (Venta con pacto de retroventa) que pensaba concretar Caputo con él como garantía. Ante la posibilidad que cuando el gobierno quisiera recuperarlo, considerando que se trataba de una operación comercial fuera de la protección de la inmunidad soberana, la jueza Prezka decretara su embargo.
A cambio de ello se habría concretado la REPO con megabancos privados, por USD 1.000 millones, otorgando como garantía nada menos que USD 3.000 millones de BOPREAL. Margen de garantía que ha sido celosamente ocultado por el gobierno, porque exhibe el grado de insolvencia en que se encuentra.
Así la holganería de Barra, que buena parte de sus días lo pasaba plácidamente en Punta del Este, en una Procuración del Tesoro sin rumbo dejada a la buena de Dios, en la que solo firmó el 33 % de sus dictámenes, colmó el vaso, cuando apunto contra los tortuosos planes económicos de Milei y Caputo. Y así vino su intempestiva expulsión, con el clásico telegrama de Milei ¡Afuera!.-
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