Héctor Horacio Martínez Sosa. Nombre ordinario si los hay. No tanto como su sobrenombre: “Jicky”. Este hombre ligado a las finanzas y los seguros está casado con María Cantero, quien fue por más de dos décadas la secretaria privada del ahora ex-presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Y Héctor es el nombre que conforma un nudo gordiano que compromete a este mandatario saliente, al unir sus dos grandes escándalos.
Por un lado, la denuncia por violencia de género por parte de la ex-pareja del mandatario Fabiola Yáñez, cuyas polémicas y mediatizadas fotografías con sus ojos morados fueron hallados en el celular de Cantero. Y por el otro: las sospechas de Fernández de haber recurrido a Martínez Sosa como testaferro para el negocio de los seguros contratados por organismos estatales.
A toda esta ciénaga que compromete al presidente saliente, se le suma otra sospecha: la existencia de empresas offshore, que figuran a nombre del propio “Jicky” Martínez Sosa. En la que participan otros supuestos brókers, que podrían empalagar aún más este cambalache.
Los pasos seguros hacia el negociado de los seguros
A Alberto Fernández no le resultó ajeno el problemático manejo y teje de relaciones con las aseguradoras. Apenas asumió Carlos Menem la presidencia, fue designado para dirigir la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo creado para el control de estos negocios. Se desempeñó entre 1989 y 1995.
En 1997, Roberto Guzmán publicó el libro “Saqueo asegurado: la corrupción en el negocio de los seguros y el caso Salta”. Allí expuso que el entonces superintendente Alberto Fernández, operaba como lobista de las grandes compañías aseguradoras, que pretendían una liquidación a su favor de 1.200 millones de pesos-dólares, cuando su monto real no sobrepasaba los 500 millones de dólares.
Esto llevó a la publicación de una resonante nota del columnista Julio Nudler en Página/12 en el 2004 en los albores del kirchnerismo, titulada “De títeres y titiriteros”. Nudler mencionó “la siniestra trayectoria” de Claudio Moroni, quien ocupó el segundo cargo de la Superintendencia en la gestión de Alberto, y luego fue su sucesor. Treinta años después, se convertiría en su ministro de Trabajo en la Casa Rosada en 2019. En Página/12 señaló a Moroni como un “títere del no menos corrupto jefe de Gabinete, Alberto Fernández”. El artículo fue censurado por orden del director del medio Ernesto Tiffenberg.
A pesar de todo, Alberto se “aseguró” en la gobernación bonaerense de Eduardo Duhalde. Allí estuvo como vicepresidente del Grupo Bapro, entre 1996 y 2000, presidente de Gerenciar SA, de Génesis Seguros de Retiro, y de Provincia Salud. Sin olvidar que fue tesorero de la campaña Duhalde Presidente 1999. En ese entonces, se sospechaba que hubo aseguradoras que concretaron aportes financieros; en particular, aquellas que recibieron algún beneficio en la era albertista de la Superintendencia. Fernández también fue acusado de haber vaciado al Bapro, por el otorgamiento de enormes préstamos desaprensivos.
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De los seguros a las fotos
En la primera semana de marzo, el saliente director de ANSES, el “cordobesista” Osvaldo Giordano, había advertido de la existencia de un contrato que tenía súper agencia con la empresa Nación Seguros SA. Y que, a su vez, los seguros tomados por esta se habrían tercerizado o reasegurado con aseguradoras privadas..
Resulta que en el año 2021, Alberto Fernández había firmado el decreto 823/21, por el cual dispuso que todos los entes de la administración pública nacional solo podían contratar como aseguradora a Nación Seguros, que funciona como subsidiaria del Banco Nación. Dicho banco, además, tiene una fundación propia del mismo nombre, cuya presidenta honorífica era Fabiola Yáñez, esposa del presidente de la Nación.
De ahí que Nación Seguros contrató a Martínez Sosa como gestor de esos reaseguros, a cambio de determinadas comisiones. Según un comentado artículo de Clarín, escrito por Ricardo Roa, esas comisiones serían mucho más abultadas que las que se ofrecen en los mercados. La respuesta que había dado Fernández, ya desde su rol como ex-presidente, fue que él no había pedido “por nadie” para esos negocios. “Si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, sentenció.
Según informó El Cohete a la Luna, en un artículo de su director Horacio Verbitsky, desde el año 2008 Alberto Fernández mantiene una deuda de 20.000 dólares con el bróker Martínez Sosa. Y que incluso, desde el año 2020, “el esposo de María Cantero es una de las cien personas que encabezan la lista de quienes compraron dólares al precio oficial durante el gobierno de su deudor y los sacaron del país”.
A partir de lo expuesto por Giordano, distintos funcionarios actuales presentaron denuncias por ese escándalo. Todas ellas se unificaron en el juzgado de Julián Ercolini, quien se ordenó el peritaje de los teléfonos celulares, tanto de “Jicky” como de su pareja Cantero. Allí se originó la sorpresa que en el dispositivo de la segunda, estaban las famosas fotografías de Fabiola, con el ojo morado y los mensajes que intercambiaba con la mismísima secretaria de su pareja, Alberto Fernández, informando sobre los golpes que recibía vía Whatsapp.
La exposición mediática de esas imágenes, desencadenaron una nueva causa judicial a partir de la voluntad de la “primera dama” de denunciar a Alberto, a pesar que ella era reticente a hacerlo. Tras una tapa dominguera de Clarín que en base una filtración del juzgado de Ercolini daba cuenta de ello, dando así la patada inicial al culebrón de Alberto y Fabiola. Ante esto, quien fue el Presidente del Frente de Todos quedó involucrado en estos dos casos judiciales, con un nombre o una “cantera” en común.
El juez Ercolini, que era adjunto de la catedra de Fernández que ahora se quedó sin alumnos, es el mismo del viaje al famoso y recoleto Lago Escondido del inglés Lewis, financiado por el grupo Clarín. Y no obstante haber propuesto fraguar pruebas y testimonios para zafar al respecto, continua ejerciendo como juez federal.
Y mediante filtraciones de pruebas y otras yerbas, se ha convertido en un artífice para que la instrucción de las causas resonantes en su juzgado, sean precedidas por la condena social, como consecuencia del tratamiento dado a ellas por los grandes medios. Y así el evidente suicidio del fiscal Nisman, se convirtió en un magnicidio, en donde por descarte Ercolini parece analizar la guía telefónica para averiguar quien no fue, para así llegar a quien presuntamente lo hizo.
Y en el caso de Fernández, se las ingenió incluso para quedarse arteramente nada menos que con los celulares de un ex presidente caído en desgracia. Bajo el supuesto que pese a la prohibición que le había decretado, se había puesto en contacto con Fabiola, hecho que esta negó. De la misma forma que se había quedado con la instrucción de la causa “Los Sauces” contra CFK, que luego las instancias superiores unificaron con Hotesur.
Ver Los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens, comprobaron la existencia del lawfare
El cual seguramente se convertirá en un manantial de filtraciones, qué por el accionar de los grandes medios “serios” Clarín y La Nación, convertidos a su vez ahora en prensas cholulas “del corazón”, mantendrán a Fernández por largo tiempo como el Enemigo Público N° 1. Para disimular tras una nube de humo los desastres del gobierno de Milei.
Ahora sí, las offshore
Héctor Horacio Martínez Sosa tiene, hasta donde se sabe, dos offshores creadas en Florida, Estados Unidos, considerado un distrito como guarida fiscal. La primera se llama EBENEZER POR GRACIA LLC. Fue registrada en diciembre de 2015. En todos los reportes anuales, incluyendo el de febrero de este año, un mes antes de que se destapara el escándalo de los seguros, siempre figuró como el único gerente de ella, en ausencia de otros miembros. Esto es porque las LLC, el equivalente a las SRL en nuestro país, cuando se tipifica el título de MGRM, quiere decir que el administrador trabaja en la firma tanto como manager como miembro único, como ocurre en este caso.
Según el Registro Público de Florida, el bróker Héctor o “Jicky”, anotó como su domicilio personal la avenida Orkney al 4017 en Orlando. En el Google Street View, se puede contemplar una cálida vivienda, que incluye no solo cochera, sino también un vehículo color negro estacionado. Se habría mudado allí alrededor del año 2019; cuando registró la compañía, su supuesta casa estaba en otra ciudad, Belle Isle, pero también dentro de la jurisdicción del estado de Florida.
La segunda empresa offshore se llama KADERY S.A. CORPORATION. Se creó el 26 de junio de 2023. Casualidad o no, ella la parió tan solo un par de días después de que se anunciara que la fórmula Sergio Massa – Agustín Rossi, sería la fórmula del oficialismo nacional de ese entonces, para competir en las elecciones presidenciales, como así también el cierre total a toda posibilidad de que Fernández pueda ir por su reelección. Como si esto pudiera marcar el fin de las jugosas comisiones con la Nación Seguros.
En este caso, Héctor figura como presidente, y un tal Roberto Eichin como su vice. Ambos anotaron, en este caso, sus domicilios coincidentes en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, en la calle Zabala 1.372, en la oficina 43. El país oriental rioplatense también está señalado por ofrecer onerosos beneficios impositivos, lo que le habilita a funcionar también como un “paraíso fiscal”. Esa calle, repleta de departamentos, ha sido utilizada con frecuencia por distintas empresas, que a la vez, se apoderan de las acciones de otras compañías, para despistar a sus verdaderos dueños.
El vicepresidente de KADERY SA sería Roberto Eichin Bangerter, quien habría utilizado esa misma dirección uruguaya, con la misma oficina, para armar otras firmas sospechosas. Una de ellas es Media Consulting Uruguay SA, una polémica empresa de servicios, que brinda contenidos de distintos medios de comunicación, que los obtiene con una única suscripción en ellos, y “revende” los contenidos a sus propios clientes vía email.
El portal periodístico uruguayo Brecha hizo un relevamiento de los Panamá Papers y advirtió que Eichin, además de Media Consulting, creó también Inversora Peterban SA, Epatl SA, Casitown SA, Luxulian SA y Ritzan International SA. Todas terminan conectadas con GUAN INVEST GLOBAL SA, ubicada en Panamá, también a nombre de Eichin.
Sin embargo, para el 13 de mayo de 2024, cuando avanzaba la causa de los seguros contra Alberto Fernández, y previo a la exposición de las fotos de Fabiola, tanto Martínez Sosa como Eichin Bangerter cambiaron sus domicilios, manteniendo la misma ciudad capital charrúa, pero esta vez en la calle Luis Alberto Solari a la altura del 6.000.
Todo esto indica que este socio uruguayo trabaja como una suerte de asesor que, en el caso de Martínez Sosa, le ha dado una mano para crear esta flamante empresa oriental llamada KADERY SA. De dudoso uso y en el contexto de un panorama político electoral de impensadas consecuencias, y con una frenética carrera judicial penal que ha anonadado toda una Nación.
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