Advertencia para Milei y Bullrich: los derechos laborales son constitucionales y supranacionales

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Javier Milei es la mas notable expresión de la decadencia de la “clase” política argentina. No habría aparecido un Milei sin los fracasos e inconsistencias de quienes le precedieron desde medio siglo atrás. Entre ellos la ex montonera Patricia Bullirch, que ahora oportunísticamente expresa una total sintonía con Milei.

En dicho periodo se enmarca la debacle socioeconómica de Argentina, al compas del dólar negro y el empleo en negro, mientras que la pobreza paso de un 6/8 % hasta mas del 40 %. A la par que mucho de los hijos de la clase media optan por irse del país, ante la falta de oportunidades que encuentran por aquí. Salvo la de dedicarse a la política, y con un poco de habilidad y otro poco de obsecuencia, se puede tener no un empleo digno, sino meramente una retribución digna, y nada más.

Ante el problema del desempleo y el empleo en negro, la única idea que se le cayó de la cabeza a la “clase” política, fueron los hoy cuestionados “subsidios” palabra que suena parecida a suicidio. Acorde con las recetas de principios de siglo del Banco Mundial y FMI, de que hay que contener a los pobres –sin sacarlos de la pobreza- para que los ricos disfruten de sus riquezas. Y asi están ahora, al encontrarse que el límite de receta es el aumento del tan cuestionado déficit fiscal.

Y en consecuencia aparecen los Milei y Bullrich, que con una motosierra en la mano dicen que vienen a resolver el problema a su manera. Como si los derechos laborales no contaran con un respaldo legislativo constitucional y supranacional. Pero estos modernos bárbaros de la política, superando aun a los gobiernos militares, dicen que van a solucionar todo a sangre y fuego, no en los primeros 100 días de su prometido gobierno, ni en 10 días, sino en 10 horas del mismo. A esta altura, ante la envargadura del problema, surge claramente dos premisas:

1) En indispensable echar abajo todo impedimento para acceder al empleo formalizado, que también  debe incluir la seguridad social, la seguridad sanitaria, la protección contra el desempleo, y la inclusión financiera. Y considerar a la par que el empleo en negro es una lacra social, lindante con la trata de personas.

2) El estado con los aportes privados, debe ser el principal artífice de ello, incluyendo todo eso en el concepto de seguridad social a cargo integralmente del Estado. Para que sea un sistema de reparto de bienestar, lo que además con la multiplicación del empleo formalizado, le permitirá enjugar el déficit fiscal. De hecho ya lo esta haciendo, pero de la manera mas torpe y desordenada posible. A la par que devanea para la tribuna sobre un salario básico universal, que sería una forma extrema de la política del subsidio, que no tiene sustento fiscal. Sin la dignidad que otorga el trabajo y el ganarse el pan, como una forma de autorealización, en un país en el que está todo por hacer.

Ver Las castas, la sarasa del gasto público y el déficit (1) y sus soluciones heterortodoxas

Claro que esa “reforma laboral” no puede consistir en la que hizo la actual oposición cuando era gobierno en el año 2018, junto con la reforma del ajuste jubilatorio. En la cual, para obtener el beneplácito de los jerarcas o “gordos” sindicales, se preveía que lo recaudado para un fondo de desempleo no fuera a la ANSES, sino a los sindicatos.

Apelando así a un soborno parecido al que hizo el dictador Gral. Juan Carlos Onganía, con la creación de las obras sociales sindicales, para lograr el apoyo de estos al golpe militar. Dando esto origen a los gremialistas “gordos” y la corrupción sindical, dado que a partir de allí ningún jerarca o “gordo” sindical quiso dejar el queso que representaba esa enorme masa de contribuciones, y pasaron a eternizarse en sus mandatos como seudo empresarios de salud, lo cual también le requiere continuas componendas con el gobierno de turno.

Ver Reforma laboral: la MEGA BANELCO del Gobierno para que los gordos de la CGT la apoyen

Ante esta problemática es indispensable tener en cuenta los límites que enfrenta la política, como consecuencia de las normas constitucionales y supranacionales, que para los nuevos bárbaros como Milei, parece que no existen. Tal como lo advierte en la siguiente nota el ex juez federal, abogado constitucionalista cordobés, y periodista columnista de opinión Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
Redacción

Derecho al trabajo, dignidad en él y protección contra el desempleo

El capitalismo neoliberal globalizado, financiero y tecnológico, se ocupa de hacer aparecer que es necesario precarizar cada vez más al mundo del trabajo y prefieren la especulación financiera, a la producción comprometida y responsable.

Asimismo, la Era Digital ha traído mucho desempleo, subempleo y reconversión de tareas, con las nuevas tecnologías que avanzan y potencian las posibilidades con mucha rapidez y/o hacen bajar los costos. Ello, si bien ha mejorado la calidad de vida de las personas y permite hacer más rentables a las empresas, producen el llamado “desempleo tecnológico”. Particularmente, en los ámbitos agrícolas y de servicios, pronto las máquinas irán sustituyendo rápidamente al trabajo del ser humano, mientras dichos sectores han tenido y tienen grandes ganancias, muchas de ellas imprevistas, sin embargo, pretenden pagar menos impuestos, desentendiéndose del aspecto humano de la cuestión, en una sociedad que debe asumirse con destino común.

También, se vive con la intranquilidad de tener que reciclarse a cada momento y depender que, por cuestiones económicas, se elimine el puesto porque a la empresa, con lógica de maximización de la utilidad, sin miramientos éticos de ningún tipo, se traslade a otros países donde pueden pagar salarios más bajos.

A su vez, hay que eliminar el criterio por el que los trabajos, “peligrosos, sucios y degradantes o exigentes” sean mal remunerados y destinados socialmente a los más débiles (trabajadores poco calificados, del sector informal, refugiados, migrantes, etc.). Resulta necesario garantizar para los trabajadores condiciones laborales decentes y dignas y superar la “economía de la exclusión social” en la que, son tenidos como sobrantes o desechables, ahora mencionados como “los nadies”.

También es importante, no permitir que por Internet se generen empleos sin leyes y derechos, como los que propone la “economía de plataforma”. Tal es el caso del sistema “Uber”, “Rappi”, “Glovo”, “PedidosYa” y otras aplicaciones digitales similares, que trabajan con la modalidad por la cual se entiende que los trabajadores son simples contratistas independientes y las empresas de plataforma no se consideran patronales de dichos trabajadores. De esa manera crean verdaderos “jornaleros digitales”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que es grave ese tipo de empleos, sin un piso de protección social ni derechos laborales mínimos.

Hay que introducir conceptos como el de la “rentabilidad social”, para evaluar los costos humanos del desempleo y la influencia negativa en el tejido social y trabajar vectores que equilibren el daño. Nadie puede sentirse bien sólo, mientras otros caen en la miseria por falta de trabajo o con ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

Además, se tiene que superar como sociedad, la cultura individualista del máximo rendimiento del dinero, en la cual se busca lo más barato y rápido, sin meritar si para ello, en muchos casos, el menor costo o la velocidad implica la explotación laboral indigna, tanto en el menor monto de su salario como en la exigencia de más velocidad prestacional. Al respecto, en California, U.S.A., en el año 2021, se aprobó una ley que impide que empresas diversas, como “Amazon”, castiguen a los trabajadores por no cumplir con ciertas métricas de productividad. En 2018, James Bloodworth, periodista inglés del diario “The Guardian”, trabajó encubierto en “Amazon”, y publicó una investigación donde reveló las condiciones inhumanas bajo las que trabajan los empleados de los almacenes. Allí describía que algunos de sus compañeros se veían obligados a orinar en botellas o renunciar a sus descansos para ir al baño, porque las exigencias de rendimiento eran demasiado altas .

Lo referido merece reflexiones serias y profundas en la temática, que hacen al derecho humano que implica y se debe cuidar, con particular responsabilidad por los gobiernos. Claramente lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional en Argentina (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.), que indica, que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” y “tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. Además, agrega que, “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”, (artículo 23).

Razonamiento que complementa nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice: “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario”.

En el tema hay que privilegiar a las personas, repárese aún más, que en materia de remuneraciones o jubilaciones no necesariamente se las actualiza en función de la inflación y cuando se da un reajuste a período vencido, (que no siempre compensa la desvalorización monetaria producida), se paga en cuotas hacia adelante y en dicho tiempo no se computa tampoco la nueva inflación que va dándose. La gravedad de este modo de realizar ajustes inflacionarios injustos en materia salarial y previsional, se vuelve más grave si tenemos en cuenta que, conforme al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al capital se le garantiza que la tasa de interés sea positiva o sea siempre mayor que la inflación.

Lo antes referido, aún más doloroso, cuando el trabajo y sus implicancias en la dignidad de las personas es atacado, últimamente, por planteos políticos inaceptables, que desmerecen las obligacines del derecho laboral constitucionalmente aseguradas.

La Constitución Nacional incluso, ordena la necesidad de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos”, ( inc. 23 del art. 75).

Razones por las cuales, hay que articular políticas que permitan generar empleos con dignidad y evitar el desempleo y compensar adecuadamente las remuneraciones o jubilaciones conforme a la inflación. Así también, cubrir la falta de empleo con la existencia de un “Ingreso Básico Universal”.

El respeto a los derechos humanos de las personas es fundamental en un país a compartir y asumir, desde una humanidad fraterna.

Ver también con el mismo autor:
13 años sin Defensor del pueblo frente las castas política, judicial, y económica
Rosatti de imputado por enriquecimiento ilícito a imputador y la crisis institucional inaceptable

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Miguel Rodriguez Villafane
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