“Achicar el Estado es agrandar la Nación”, decían 40 años atrás durante la dictadura militar, “Joe” Martínez de Hoz y sus Chicagos Boys. Hoy Javier Milei va bizarramente más allá, y dice algo así como “aniquilar al Estado traerá el estado de bienestar”. Aunque este no sea para todos, y menosprecie el Estado-Nación, que aún sigue vigente en el mundo. Pero si uno va al grano, y al gasto Público Total del Estado Nacional le resta el gasto Previsional, se encuentra como resultado que el gasto Total es de alrededor del 18 % del PBI, igual al existente 40 años atrás durante la dictadura militar, en los tiempos de “Joe” Martínez de Hoz.
Pero las sorpresas no acaban allí, porque también se verifica que uno de los gastos más importantes después del gasto Público Social, es el de Servicio de la Deuda, a favor de la casta de los banqueros. Le sigue el gasto Público en Servicios Económicos, a favor de la casta de los petroleros, vinculados íntimamente con Milei. Y la casta de la Big Pharma de Salud, que mucho antes de la pandemia aumento notablemente.
Todos esos gastos superan al de casta política con el Funcionamiento de Estado, que incluso es un tercio inferior al de la casta militar existente 40 años atrás. También descuella la casta la judicial, que multiplicó cuatro veces sus ingresos, no obstante la morosidad de las causas judiciales, y ser la institución más desprestigiada del país, seguida de los políticos. Pudiéndose apreciar un primera pantallazo de esto en el siguiente gráfico, con el detalle de gastos acumulados en % del PBI por rubros e ítems durante la última década.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gasto_publico_nacional_1980-2020.xls
El gasto del Gobierno Nacional neto de Previsión Social
En el siguiente gráfico, confeccionado con los datos del Mecon para el periodo 1980 – 2020, se detalla el gasto Total del Gobierno nacional, neto del gasto de Previsión Social, contrastado con el gasto en el Servicio de la deuda. En él se puede apreciar que el gasto Público Total (línea azul) en el año 1982 de la guerra de Malvinas llegó a un pico de 18,32 % del PBI, que fue superado en el año electoral del 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, con un pico de 18,42 del PBI, superior al año 2020 de la pandemia, que llegó a un 17,43 % del PBI. No obstante ahora dicho ex presidente y su partido el PRO, afín a la prédica de Javier Milei, se presenta como el adalid en contra del gatos público y la presión impositiva.
También se observa en el gráfico que durante la convertibilidad de “Mingo” Cavallo, dicho gasto Total cayó a alrededor de un 10 % del PBI. Por efecto de la magia de las privatizaciones; y el traslado a las provincias del gasto de educación del nivel secundario, y de una veintena de hospitales públicos nacionales, con los efectos en ellas que se detallaran en una próxima nota, sin mencionar la privatización de las jubilaciones con las AFJP. Llegando así a un nivel mínimo de un 8,61 % del PBI en el año 2004, tras las salida abrupta de la convertibilidad.
Conforme se aprecia en él, el mismo está compuesto por el gasto Público Social neto de gasto Previsional (línea verde) que oscila entre un 4 y un 5 % del PBI. El que a partir del 2008 comienza a crecer, hasta llegar a un máximo del 7,45 % del PBI en el 2015, 2017. Para luego en el 2018 – 2019, FMI de por medio, caer a un mínimo del 6,35 %, y seguidamente subir en el 2020 con motivo de la pandemia, a un 9,32 % del PBI.
Le sigue en incidencia el gasto Público en Servicios Económicos (línea celeste) que en el año 1988 llega a un máximo de 6,69 % del PBI, y seguidamente con la convertibilidad se derrumbó hasta un mínimo de 0,43 % del PBI, por efecto de las privatizaciones a ultranza. Para luego comenzar a crecer hasta llegar a un pico de un 6,23 % del PBI en el año 2015; seguidamente derrumbarse hasta un 2,59 % del PBI por efecto de los megatarifazos del gobierno de Macri; y luego ascender a un 3,75 % del PBI en el 2020. Más adelante se detalla la enorme incidencia que tiene en este gasto el precio de la energía internacional dolarizada, no relacionada con sus costos por efecto de las privatizaciones.
Finalmente aparece el tan criticado gasto de Funcionamiento del Estado (línea violeta) o sea la casta política a la que se refiere el nuevo gurú de la economía del disparate, Javier Milei. El que por contrario a lo que era de suponer, fue bajando con altibajos en un rango de entre un 2 y 3 % del PBI. Partió de un máximo de un 2,93 % en 1980, y llegó a un mínimo de 2,06 % en el 2019 y 2020. Cifra que se repite en 1984, 1990, y entre 2004 y 2008.
La casta de los banqueros
Finalmente a los fines comparativos, en el gráfico se incorporó el gasto en los Servicios de la Deuda Pública (línea roja). Llegando la contraída por “Joe” Martínez de Hoz a un pico del 6 % del PBI en 1982 en 1982; a un 4,37 % en el 2001; y un 4,30 % en el 2019; años en los que Argentina se declaró en default, aunque en forma disimulada en este último caso.
Ver Los responsables de la Deuda pública externa y Fuga de divisas según el INDEC
En los periodos intermedios este gasto se ubicó alrededor del 2 % del PBI, lo que en términos acumulados hizo que el Servicio de la Deuda Pública superara al gasto total del Funcionamiento del Estado, tal como se puede observar con la superposición de las líneas roja y violeta. Su suma en esos 40 años arroja que la casta de la banca con un 102,8 % del PBI se impuso a la casta política, que registró un 99,7 % del PBI.
El gasto del Funcionamiento del Estado
En el siguiente gráfico se detalla el gasto del Funcionamiento del Estado, contrastado con el gasto de los Servicios de la Deuda Pública. Pudiéndose observar más claramente como este haciendo agudos zigzag, se superpone con los del Funcionamiento del Estado Total, llegando a picos que más que duplican el nivel de este en las crisis de deuda de 1982, 2001, y 2019.
El gráfico se aprecia que el gasto en Defensa y Seguridad (línea violeta), cae casi a la tercera. De 2,93 % del PBI en 1980, a 0,90 en el 2020, siendo este el nivel mínimo junto con el del año 2008. Contrapuesta con esta caída aparece el aumento del gasto de la Administración general, o sea de la casta política (línea celeste), que de 0,45 del PBI en 1980, llegó hasta 1,18 del PBI en 1999 y 2009, para seguidamente declinar hasta un nivel de 0,77 del PBI en el 2020, pero manteniéndose siempre inferior al gasto de Defensa y Seguridad.
La casta judicial
Por su parte el gasto en Justicia (línea ocre) no obstante ser el menor de todos, es el que tuvo mayor crecimiento relativo. Pasó del 0,10 % del PBI en 1982, a 0,39 % del PBI en 2020, un aumento de casi cuatro veces, no obstante ser el poder o casta más desprestigiada de todas, seguido por la casta política. La que no obstante contar con las más altas remuneraciones y jubilaciones del país, que no pagan impuestos a la ganancia, demora décadas en sus fallos.
Ver Democratizar el Consejo de la Magistratura
Y recientemente hizo aspavientos respecto la lucha contra el narcotráfico, no obstante tener varios jueces y fiscales condenados o imputados por su complicidad con este flagelo. Mientras que otros han sido evidentemente cooptados para la lucha política, enteramente ajena a la administración de justicia. Poniendo esto en evidencia que sus altas y desmedidas remuneraciones que no tienen nada que ver con las del ciudadano común, no aseguran la independencia de los jueces y magistrados. Sino que por contrario al estar encerrados en una jaula de oro de la que no quieren salir, son susceptibles dentro de ella a todo tipo de presiones y extorsiones.
Pero de cualquier manera si se engloban amabas castas, la política y la judicial, su gasto apenas llega al 1,16 % PBI, por lo que la predica de Milei no parece ser muy acertada en relación con la solución del déficit fiscal. Lo que no obsta que para evitar desvíos como los de la casta judicial, se sancione una ley fijando topes a las remuneraciones a percibir por quienes desempeñan altos cargos públicos.
El Gasto Público Social
En el siguiente gráfico se detalla cómo está compuesto el gasto Público Social, en el que a los fines ejemplificativos se incluye también el Gasto Previsional perteneciente al mismo rubro, y su contraste con los Servicios de Deuda. En el mismo es notable como el gasto Previsional (línea azul) sube rápidamente de un nivel 2,78 % del PBI en el año 1983, hasta un nivel de 6,58 % del PBI en 1991. A partir de allí, con la convertibilidad y la privatización del sistema jubilatorio con las AFJP, dicho gasto se mantuvo alrededor de ese nivel, para desplomarse tras la salida de la convertibilidad a un nivel de 4,26 % del PBI en el 2005, por efecto del congelamiento de ls jubilaciones.
A partir de ese año este gasto creció vertiginosamente, por efecto de los aumentos con suma fijas; del otorgamiento de las jubilaciones denominadas popularmente de “ama de casa” o “moratoria” (PIP – Plan de Inclusión Previsional), que se otorgaron primeramente en forma universal, sin reparar en el nivel socioeconómico de los beneficiarios; y por los ajustes retroactivos dispuestos por los fallos judiciales validados por la Corte Suprema.
De esa manera en el 2017 ese gasto llegó a un nivel pico del 9,6 % del PBI, con la engañosa Reparación Histórica a los Jubilados del gobierno de Macri, que traía otras cosas bajo el poncho, que le permitieron blanquear el dinero negro de su familia. Seguidamente el mismo bajó un punto con la reforma jubilatoria de fines de ese año, y en el 2020 volvió a ese nivel cercano al 10 % del PBI, siendo en definitiva el mayor rubro en el gasto presupuestario, con las implicancias que se verán seguidamente.
Ver El engaño de la reparación histórica a los jubilados (I) para ocultar dos gravísimos affaires
Ver El engaño a los jubilados (II) para robar las acciones de la ANSES
Ver El engaño a los jubilados (III) que esconde una amnistía ultra secreta para los súper ricos
Ver El engaño a los jubilados (IV) con el sebo puesto a los gobernadores famélicos
La casta de la Big Pharma
Bastante más abajo le sigue el gasto en Salud (línea violeta), que se superpone en bastantes periodos con el del Servicio de la Deuda (línea roja). El cual llegó a un nivel de 2,5 % del PBI en 1981 y 1987, y se mantuvo más o menos en ese nivel durante la convertibilidad, no obstante el traspaso que se hizo durante ella de los hospitales nacionales a las provincias.
Tras la salida de la convertibilidad ese gasto cayó por debajo de los dos puntos, para en el 2009 pegó un notable respingo con la aparición del actual jefe de Gabinete Juan Manzur en el ministerio de Salud, acompañado de Carla Vizzotti. Quienes con el negocio de la multiplicación de la vacunación obligatoria, sin evaluación posterior alguna de la eficacia de ellas, le dieron paso a la casta de la Big Pharma, liderada por el grupo Sigman. Llevando ese gasto en el 2009 a un 3,05 % del PBI, que alcanzó en el 2015 un pico el 3,63 %, superior al 3,60 % del PBI que se registró en el 2020 con motivo de la pandemia.
Ver VACUNAS: vidas paralelas de Sigman y Vizzotti (2) con U$S 683 millones
Al respecto el CEO de ese grupo al ser cuestionado por sus negocios con el Estado, afirmó que ellos solo representaban del 1 % de su facturación, cifra que en realidad parece estar referida al PBI. En este rubro también tiene incidencia las Obras Sociales sindicales, que duplicaron su gasto de 1,05 % del PBI en el 2004, a un pico del 2,08 % en el 2017, como una forma de tener contentos a los sindicalistas “gordos”, ubicándose en el 2020 con la pandemia en 2,06 % del PBI.
Seguidamente, siempre por debajo del dos porciento del PBI, aparece el gasto de Educación, Cultura, Ciencia, y Técnica, al que de un nivel de 1,53 % del PBI en 1987, Menem y Cavallo lograron llevarlo por debajo del 1 % del PBI, tras el traspaso de los colegios secundarios a las provincias. Cayendo así tras la salida de la convertibilidad en el 2004 a un nivel de 0,79 % del PBI, año en que comenzó a recuperarse hasta duplicar ese gasto en el 2015, con un 1,68 % del PBI, con el aumento del “Incentivo docente”, y el aumento del gasto en las universidades nacionales, Ciencia y Técnica, Conicet, etc. A partir del allí el mismo declino constantemente hasta estabilizarse en un nivel de 1,20 % del PBI en el 2020, no obstante que a la par se declama que la educación es la salida de la pobreza, y la necesidad de jerarquizar la labor docente.
Por contrario el anterior gobierno eliminó las paritarias docentes nacionales, con el argumento que en la correspondiente al año 2016 se había determinado que no podían ser inferiores al 20 % por sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, que generalmente está lejos de superar la línea de la pobreza. Y ahora en vez de aumentar las remuneraciones a los docentes, como se ha hecho en otros países de la región y del mundo, para mejorar sustancialmente el desempeño del sistema educativo, propone en la práctica prohibir las huelgas, declarando a la educación un “servicio esencial”.
Ver CONFLICTO DOCENTE: Vidal y Bullrich incumplen con las leyes para cumplir con los banqueros
Ver CONFLICTO DOCENTE: no se cumple con el 6 % del PBI y Buenos Aires tiene el presupuesto más bajo
Ver CONFLICTO DOCENTE: El “Plan Maestr@” de Macri para legalizar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo
Que si fuera así -igual que el de la salud- debería basarse en el bienestar laboral y no en el continuo malestar laboral de sus “efectores”. Que ha llevado a que si antes Sarmiento importaba maestras desde EEUU para elevar su nivel, ahora esta profesión junto con la de policía, se ha constituido en la salida laboral de la clase media baja, con las carencias culturales que ello impica.
A continuación se puede observar que a partir de la convertibilidad, el gasto en Trabajo (línea naranja) que estaba en torno el 0,5 % del PBI, se acercó al de Educación, en un nivel de alrededor de un 1 % del PBI, con un pico que llegó a 1,59 % del PBI tras la salida de esta en el 2003, como producto del plan Jefas y Jefes de Hogar. Para caer luego al nivel previo y seguidamente volver a subir hasta alcanzar en el 2017 el 1,38 % del PBI, y tras una leve caída con la aparición del FMI, remontó a un 2,1 % del PBI durante la pandemia del 2020.
https://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/macroeconomica/gastopublicoconsolidado
Al mismo nivel del 2,12 % del PBI llegó ese año de la pandemia el Gasto en Promoción y Asistencia Social (línea verde claro) tras haber caído a menos del 0,5 del PBI durante la convertibilidad. Tras la salida de esta comenzó a trepar continuamente, hasta llegar a un pico del 0,74 % del PBI en el año electoral del 2017 ganadas por el macrismo, que ahora denosta contra ese gasto atribuyéndolo a “choriplaneros. Finalmente más abajo aparecen en forma casi insignificante hasta el 2005, los gastos en Agua Potable y Alcantarrillado, Vivienda y Urbanismo, y Otros Servicios Urbanos, que sumándolos llegan a un pico en el año electoral del 2015, que no supera el 0,5 del PBI.
El crítico gasto Previsional y su solución heterortodoxa
Como se pudo ver en los gráficos precedentes, el gasto previsional es el rubro primordial en el gasto total. Pero el mismo no se solventa enteramente con impuestos, sino que buena del mismo proviene de los aportes y contribuciones a la seguridad social. Al respecto como se puede observar en el siguiente gráfico, a partir de 2017 se registró una notable caída en la recaudación de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social.
El Total cayó de un máximo de 7,05 % del PBI, a 5,63 % en el 2020, con una caída de 1,32 % del PBI. De la cual correspondió 0,82 % a las Contribuciones de los Empleadores, y 0,47 % a los Aportes de los Empleados. Mientras que el Aporte de los autónomos cayó 0,42 % del PBI desde 2007 al 2020. Cuya suma respecto los valores máximos, representa una pérdida de 1,74 % del PBI, o sea una merma de nada menos que un 25 %.
https://www.argentina.gob.ar/economia/ingresospublicos/recaudaciontributaria
Esto caída se debió principalmente a la política de reducción de Contribuciones a favor del Empleador, que se implementó desde el 2018 y llegó hasta el 2021, para supuestamente favorecer el empleo. Lo cual fiscalmente es el drama tonto de la frazada corta, dado que lo que no viene de Aportes y Contribuciones, será de impuestos o déficit fiscal, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, que coteja el déficit Previsional con el déficit Financiero final.
https://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/Reducciondecontribucionespatronales.pdf
El gráfico muestra como el gasto Previsional (línea roja) pasó de 4,58 % del PBI en el 2004 a un máximo de 9,60 % en el 2020, para caer en el 2021 a 7,95 %. Siendo este el nivel más bajo desde el año 2012, lo que por si habla de la baja del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. Por su parte los Aportes Previsionales (línea verde) pasaron de un 2,8 % en el 2004 a un máximo de 7,05 % del PBI en el 2013, como consecuencia de la estatización de las AFJP, para caer a 5,10 % en el 2021.
Esto da como resultado un Déficit Previsional (línea violeta) de – 1,78 % del PBI en el 2004, que llegó a un máximo de – 3,96 % en el 2020 durante la pandemia, para ubicarse en el 2021 en – 2,84 %. Por su parte el déficit Financiero pasó de un superávit de 2,4 % en el 2004, cruzó la línea de equilibro o cero en el 2009 / 2010; en el 2017 aumento hasta – 5,9 %; volvió a un nivel cercano a – 4 % con la reforma jubilatoria y la aparición del FMI en el 2019; llegó a -8,5 % del PBI en el 2020 con la pandemia; y en el 2021 se ubicó en – 4,5 % del PBI.
La caída de los Aportes y Contribuciones Previsionales, y su incidencia en el déficit Financiero final que se precipitó a partir del 2011, se puede apreciar en el siguiente gráfico. En el que se visualiza que en el 2011 los Aportes y Contribuciones Previsionales solventaban el 92 % del gasto Previsional, y a partir de ese año registran una continua caída, hasta cubrir un nivel mínimo del 59 % en el 2020, para recuperarse levemente en el 2021 hasta un 63 %.
Como consecuencia de ello, el déficit Previsional paso a ser el 38 % del déficit Financiero en el 2011, y seguidamente en el 2013 se elevó a un 60 %, para caer seguidamente y volver en el 2015 y 2016 al 38 %. A partir de este año comenzó a crecer nuevamente, por la incidencia de la tortuosa “Reparación histórica a los jubilados”, hasta llegar en el 2019 con el gobierno de Macri a un pico máximo del 69 % del déficit Financiero, no obstante la reforma jubilatoria de fines del 2017. Luego en el 2020 esa participación cayó a un 47 %, en el marco de la suspensión del régimen de ajuste y los aumentos por decreto, y en paralelo con el notable aumento del déficit Financiero de ese año por efecto de la pandemia, para quedar en el 2021 en el 63 % del déficit Financiero final.
O sea dos tercios del tan cuestionado déficit Financiero, son actualmente producto del déficit Previsional. Lo que es producto de que un régimen jubilatorio de reparto resulta inviable, si la mitad o el 40 % de la fuerza laboral está en negro, ya sea cuentapropista o empleado informal, máxime con el alargamiento de las expectativas de vida promedio de la población. Y esta altura la receta ortodoxa de aumentar la edad jubilatoria y disminuir los haberes jubilatorios, ha llegado a un límite.
En consecuencia integrar en la formalidad a esa población que se desempeña en la informalidad, es la única salida genuina que existe para eliminar el déficit previsional. Y no la continua reducción del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, como han llevado a cabo este y el anterior gobierno, hasta hundirlos a niveles de indigencia, violentando la tan declamada justicia social.
Violentación que también se ve plasmada con la existencia de una clase trabajadora “VIP”, sindicalizada y formalizada, que cobra sus haberes en los bancos y goza del crédito de estos, y cuenta además con obras sociales y seguro de accidentes laborales. Y una amplísima clase trabajadora informal, con niveles de remuneración mucho menores, y que no cuenta con ninguno de esos beneficios. Por lo cual al llegar a la edad jubilatoria, como no se la puede dejar en la total intemperie, presiona para aumentar el déficit en el gasto Previsional, que debe solventarse con impuestos.
A esta altura resulta evidente que indispensable derribar todas las barreras y poner graves sanciones para eliminar la informalidad laboral, que es la verdadera causante del déficit provisional. Y como dicen los chinos, no importa si el gato es blanco o negro, sino que cace ratones.
Una de las principales razones de la informalidad laboral, quiérase o no, es el pasivo eventual o contingente que carga el empleador al contratar un empleado, del que solo se libera cuando este se jubila, y pasa a ser clase pasiva. Y la forma de tratar de evitar esto es paradojalmente su contratación en negro, sin concretar aporte alguno, obstaculizando así su jubilación. O fingiendo la inexistencia de una relación laboral, mediante el monotributo, que como se vio, cada vez tributa menos, seguramente por su alta morosidad.
No existen estadísticas al respecto, pero todo el mundo conoce algún hecho de muerte infantil de muchos mini emprendimientos, por juicios laborales a los que por una razón u otra están incapacitados de enfrentar. O el estancamiento de las empresas familiares, que optan por no tener empleados por temor a la acechanza de los juicios laborales. O las demandas judiciales caídas contra familias de clase media por el empleo doméstico o de cuidado, que alteran su situación familiar no solo económicamente.
Al socaire de una industria del juicio y de estudios dedicados enteramente a profundizar los conflictos laborales. Actividad que recientemente brindó un claro ejemplo con la multimillonaria indemnización que pagó el Estado al ex panelista de 6, 7, y 8, Orlando Barone, no obstante haber sido empleado de una productora privada, por supuestamente un despido sin causa. Anunciándose que detrás de ella vienen otras demandas que superan los 100 millones de pesos.
Así hay un notable desnivel de una clase laburante formal que goza de ese y otros muchos beneficios, y una clase laburante que carece de todos ellos. Situación que en beneficio del bienestar general y el equilibrio fiscal es indispensable equilibrar, derogando la ley de despidos sancionada 90 años atrás, cuando no existían los sistemas de Seguridad Social, y la que ni siquiera es de origen justicialista. Reemplazándola por un seguro de desempleo con una contribución menor al 10 % sobre el salario o remuneración, a favor de la ANSES.
La que además de recibir los aportes del empleado formalizado y la contribución del empleador, ante el caso de despido del empleado pasado cierto tiempo, debe sostener su supervivencia con un haber mínimo y un procedimiento de capacitación laboral. Lo que en realidad está haciendo ahora el Estado con la asistencia social y los planes trabajar. Dejando obviamente consolidados a la par los derechos adquiridos por los laburantes formales, hasta la derogación de dicha ley.
Pero abriendo además una nueva era para obligar a la formalización de los laburantes informales, mediante sancionar penalmente al trabajo en negro como delito de trata de personas. Fomentando a la par el espíritu solidario mediante “si puedes, da trabajo a otro argentino”, y el menosprecio social al que emplee en negro.
Se trata de una salida políticamente en diagonal, dado que una parecida propuesta de reforma laboral hizo la actual oposición mientras era gobierno en el año 2018, junto con la reforma del ajuste jubilatorio. En la cual, para obtener el beneplácito de los jerarcas o “gordos” sindicales, se preveía que lo recaudado por el fondo de desempleo no fuera a la ANSES, sino a los sindicatos. Apelando así a un soborno parecido al que hizo el dictador Gral. Juan Carlos Onganía, con la creación de las obras sociales sindicales. Lo que dio origen a los gremialistas “gordos” y la corrupción sindical, dado que a partir de allí ningún jerarca o “gordo” sindical quiso dejar el queso que representaba esa enorme masa de contribuciones, eternizándose en sus mandatos.
Ver Reforma laboral: la MEGA BANELCO del Gobierno para que los gordos de la CGT la apoyen
El gasto en Servicios Económicos
Para finalizar en el siguiente gráfico se detalla el gasto en Servicios Económicos (línea azul) contrastado también con los Servicios de Deuda (línea roja). Como ya se dijo, el mismo llegó a un pico de 6,69 % del PBI en 1998 y de un 6,23 % del PBI en el 2015, cayendo ínterin a un mínimo de 0,43 % del PBI a la salida de la convertibilidad, a la par que los Servicios de la Deuda se disparaban un 4,37 % del PBI.
El principal ítem de este rubro es el gasto en Energía y Combustibles (línea violeta) que de un máximo de 3,02 % del PBI en 1982, cayó casi a cero durante la convertibilidad entre 1996 y 2003. Y a partir de allí comenzó a crecer sostenidamente, hasta llegar a un pico máximo de 4,19 % del PBI en el 2015. A partir de allí mediante los megatarifazos de Macri, que junto con la inflación por el acuerdo con FMI le costaron a Juntos por el Cambio la derrota electoral de 2019, el mismo se derrumbó a un 1,09 % del PBI en el 2019, para subir a 1,78 % del PBI en el 2020 durante la pandemia.
El gasto que le sigue en importancia es el de Servicios (línea anaranjada), que llegó a un máximo de 2,4 % del PBI en 1988, para derrumbarse durante la convertibilidad hasta llegar a solo el 0,19 % del PBI en el 2002 a la salida de ella. Y seguidamente igual que el gasto en Energía y Combustibles, comenzó a crecer sostenidamente hasta llegar a 2,17 % del PBI en el 2013, para seguidamente bajar a 1,32 % del PBI, en el 2020, ubicándose estos dos rubros por debajo del Servicio de la Deuda de ese año, que importó el 2,3 % del PBI. Este gasto está compuesto esencialmente desde la convertibilidad por el ítem Transporte, razón por la cual aparece con el mismo color con la línea punteada, pegada a la de Servicios.
Mucho más abajo vienen los gastos en Producción Primaria e Industria. Este último llegó a un máximo del 0,51 % del PBI en 1983, para derrumbarse seguidamente a niveles cercanos a cero hasta el 2019, para subir puntualmente en el 2020 durante la pandemia a un 0,5 % del PBI. Por su parte la Producción Primaria que venía en niveles cercanos a cero, en el 2008 subió a un 0,44 % del PBI, para seguidamente ir descendiendo hasta un nivel cercano a cero en el 2020.
El crítico gasto en Energía, Combustibles, y Servicios y su solución heterortodoxa
Como se vio, el núcleo de gastos en Servicios Económicos esta en Energía y Combustibles y Servicios con el ítem Transporte. A los que erróneamente se los presenta como subsidios al consumidor o la demanda, cuando en realidad actualmente son subsidios al productor o sea a la oferta. Y por ello no son “pro-ricos” en referencia a como los presenta el Estado y el ministro de Economía Martín Guzmán, aludiendo así a sectores pudientes beneficiados con bajas tarifas.
Sino “pro-megaricos”, que son concretamente los petroleros y los generadores de la energía privatizada, casta a la que casualmente pertenece Javier Milei, y por eso nunca habla de ella. Al haberse desempeñado en el grupo Eunekian, como ejecutivo de Proden SA´, la inmobiliaria del grupo; y de Helport, la constructora del mismo. Apareciendo así de refilón otra casta que vive del Estado, la de los contratos de obras públicas, que la causa Cuadernos puso crudamente en evidencia.
Ver El mafioso cartel de constructoras fue denunciado en 1981 y estaban los Macri, Rocca, Pérez Companc, y otros
Ver Eurnekián, y su batallón de irregularidades, invade Córdoba
La casta petrolera
En la siguiente imagen se puede ver al polémico despotricador contra la casta Milei y su patrón Eduardo Eurnekian. Y entre ellos a la ex senadora, ex diputada, y actual secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Quien desde el 2011 hasta antes de asumir su último cargo, se desempeñó como ejecutiva de Aeropuertos 2000, la empresa insignia del grupo Eurnekian junto con Corporación América.
Quien se hizo de ella desde su modesto rol de empresario textil, por su amistad con el presidente Carlos Menem, y la actividad calificada de delictual del ex jefe de Gabinete menemista Jorge Rodríguez, y su secretario de Control Estratégico, Miguel Solé. Quienes junto a abogados de Aeropuertos2000 y otros funcionarios, entre ellos el secretario de Transporte Armando Canosa, fueron imputados y procesados penalmente por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Por concretar acuerdos “espurios” con dicha empresa, para favorecerla en la concesión para la explotación de los aeropuertos.
La casta judicial se cuidó de meter en esa bolsa al capitalista compinche beneficiado, Eurnekian. Quien no obstante fue luego procesado junto todo el directorio de Aeropuertos 2000, por el muy actual delito de lavado de activos y fuga de divisas a una offshore del mismo grupo, radicada en Panamá. Habiendo ambas causas sucumbido en el obsceno laberinto de la justicia penal de Comodoro Py. Al respecto Maquiavelo decía que aquel que aparece con una súbita fortuna, esconde un fraude en su pasado.
Corporación América emplea el método muy americano de capitalismo compinche, de contratar políticos, quienes de esa manera saltan de un lado al otro del mostrador. Tal como sucedió con el ex concejal y diputado Guillermo Francos; el ex Defensor del Pueblo y candidato a presidente Eduardo Mondino; el ex canciller, diputado, y actual embajador en Chile Rafael Bielsa, país que el grupo Eurnekian pretende unir con Argentina con un corredor bioceánico y un túnel cordillerano; la mencionada Ibarra, etc.
Las enormes ganancias obtenidas por el grupo Eurnekian con esa más que dudosa concesión aeroportuaria, no solo le permitieron expandirse para operar otros aeropuertos en el mundo, y a la construcción y la actividad inmobiliaria, sino que además le permitió adquirir a la tradicional CGC – Compañía General de Combustibles, La que originalmente fue propiedad del grupo Soldatti, y llegó a estar presidida por el famoso ex canciller durante la guerra de Malvinas, Nicanor Costa Méndez.
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En tal sentido, el siguiente gráfico que correlaciona el precio del petróleo WTI con el gasto en Energía, Combustibles, Transporte, y la suma de estos, pone en evidencia la existencia de la casta petrolera vinculada con Milei. La que tras detentar contratos de explotación con YPF, se vio notablemente beneficiada con la privatización y concesiones petroleras obtenidas durante el menemismo.
Régimen cuyo origen viene de las monarquías, y les permite pasar a ser propietarios de los hidrocarburos que extraen del subsuelo de propiedad del fisco, a cambio de una mínima regalía, cualquiera sea su margen de ganancia. A lo que se sumó el descomunal crecimiento del precio “político” de los hidrocarburos, que comenzaron a trepar notablemente desde el 2003 en adelante.
La lectura del gráfico muestra que durante la convertibilidad, sobre todo a partir de 1996, por los bajos precios del petróleo alrededor de u$s 20 el barril, y la baja paridad de un dólar por un peso que terminó de destruir la industria argentina, proceso que había iniciado “Joe” Martínez de Hoz, no fueron necesarios significativos subsidios a la Energía, Combustibles, y Transportes.
Pero tras la salida de ella con una paridad de tres pesos por dólar, y el aumento del precio de los hidrocarburos que comenzó en el 2003, comenzaron a aparecer los ahora tan cuestionados subsidios. Primero mediante estrambóticos acuerdos de precios entre petroleras, refinadoras, y el gobierno, para compensar en un futuro los menores precios que se estaban cobrando en el mercado interno respecto los internacionales, cuando bajaran estos.
Nació así lo que se llamó el precio del “barril criollo”. Pero los precios como se puede ver en el gráfico, en lugar de bajar siguieron subiendo, y el precio del “barril criollo” fue acompañando en parte ese crecimiento hasta el 2008. Oportunidad en que su precio promedio anual llegó casi a u$s 100 el barril.
Pero a partir de allí, ante el evidente lock-out de la casta petrolera, que limitó su producción para obtener el tan elevado y ansiado precio internacional, ese margen entre el precio internacional y domestico se fue reduciendo, a los efectos de estimular la producción de la mega rica casta petrolera. Hasta llegar en el año electoral del 2015 a un gasto de un 4,19 % del PBI en Energía y Combustibles, y 5,72 % del PBI si se le suma Transporte.
El kirchnerismo, que proviene de una provincia contaminada de intereses petroleros, quedó así encerrado en su propia trampa. Tras haber impulsado durante la convertibilidad la alegre privatización de YPF, a cambio del reconocimiento de regalías supuestamente atrasadas, a los efectos de solucionar el grave problema socioeconómico en que se encontraba la provincia de Santa Cruz, que fue defendida vehementemente en la Cámara de Diputados por el actual senador Oscar Parrilli.
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El paliativo que usó para tratar de salir de ella, y no herir su base electoral, ante la imposibilidad de trasladar enormes tarifas en dólares a una población que no gana en dólares, fueron los subsidios. Que en realidad no está dirigida a ella, sino como se dijo, a la casta petrolera de los megaricos. Los que con su incesante crecimiento como se ve en el gráfico, acompañando el precio del petróleo, pasaron a incidir notablemente en el déficit fiscal.
El presidente Macri torpemente cambió el enfoque, pero no los subsidios “pro-megaricos”. Con sus megatarifazos simplemente dispuso que del “subsidio” “promegaricos”, se hicieran cargo directamente los usuarios. Y así el gasto en Energía y Combustibles facilitado también por la caída del precio del petróleo que se produjo ínterin, cayó en el 2019 a 1,09 % del PBI, y a 2,36 % si se le suma el Transporte. Y así hirió profundamente su base electoral, que le manifestó ostensiblemente su repudio en las PASO de 2019.
Seguidamente en el 2020 con la llegada al gobierno del Frente de Todos liderado por el kirchnerismo, el gasto en Energía y Combustibles trepó a 1,78 % del PBI, y a 2,99 % si se le suma Transporte. No obstante que con motivo de la pandemia, el precio promedio del barril del petróleo cayó ese año a menos de 40 dólares el barril, el más bajo desde el 2004. Habiendo incluso llegado a niveles negativos en los meses más agudos de la pandemia, por la brutal caída del consumo que hizo que se agotara su capacidad de almacenamiento.
Tras la salida de la pandemia y el conflicto ruso ucraniano, el petróleo volvió a sus máximos niveles previos, superando actualmente los 100 dólares el barril. Y así el dilema de megatarifazos inaceptables para la población, o subsidios inaceptables para el déficit fiscal, llegó a su límite infranqueable.
La solución ante ese dilema está prevista en la ley de hidrocarburos argentina (17.319) sancionada en los tiempos de la dictadura del Gral Juan Carlos Onganía. Cuya redacción el historiador y periodista de investigación Rogelio García Lupo, la atribuyó en uno de sus libros a un experto petrolero estadounidense asesor de la CIA, y su traducción a una secretaria bilingüe de la petrolera ASTRA.
En su artículo 6xto se estipula: “Cuando los precios de petróleos importados se incrementaren significativamente por circunstancias excepcionales, no serán considerados para la fijación de los precios de comercialización en el mercado interno, y, en ese caso, éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos de explotación de la empresa estatal, las amortizaciones que técnicamente correspondan, y un razonable interés sobre las inversiones actualizadas y depreciadas que dicha empresa estatal hubiere realizado.”
Ni el oficialismo ni la oposición, se animaron a aplicar la ley, la que además va frontalmente en contra de la tonante predica “liberal” de Milei. Y por contrario a favor de la casta petrolera a la que está vinculado este, implementaron soluciones a cual más dañina. Arredrados aparentemente ante el planteo de las petroleras que dicen: “si no percibo el precio internacional me voy a invertir a otra parte”.
No obstante que una YPF con mayoría accionaría estatal, permitiría decirles: “váyase nomas codicioso concesionario, que yo me hago cargo de su yacimiento”. Y el capital necesario para su explotación bien se podría obtener con un blanqueo de los cientos de miles de pequeños ahorristas, que atesoran estérilmente dólares, a cambio de la promesa de una renta en dólares libre de impuestos.
Como se puede, ver la solución del tan denostado déficit fiscal de la Nación está al alcance de la mano. Lo único que necesita es la voluntad y decisión de concretarla, más allá de los prejuicios ideológicos y los intereses de las castas anidadas en el Presupuesto.-
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