¿Qué es un juez en el sistema republicano? Alguien que con su dictamen puede despojar a una persona de su bienes y libertad. Posibilidades que desvelan a altos políticos y empresarios, como es el caso del ex presidente y ex empresario propietario de SOCMA y del Correo Argentino, Mauricio Macri, y del mega empresario de la comunicación Héctor Magnetto, del grupo Clarín.
Con el Congreso dividido sin una mayoría hegemónica, y decenas de causas judiciales calientes que involucran a renombrados políticos y empresarios, el control de la Corte Suprema Suprema de Justicia, última instancia donde se resuelve cualquier pleito judicial a nivel local, pasó a ser estratégico.
El tándem Hector Magnetto y Mauricio Macri, con muchos de estos expedientes pendientes en la justicia, fueron los primeros en avizorarlo. Y anticipando al gobierno de Alberto Fernández, con denuncias judiciales y mediáticas, habrían logrado encarpetar a los principales integrantes del máximo tribunal y así tomar el pleno control del único de los tres poderes del Estado (judicial) cuyos miembros no son elegidos o removidos por el voto popular.
Esto ni tiene nada de inusitado, si uno se remite a cómo el ex presidente Macri casi desde el inicio de su gobierno domesticó al Congreso. Con los carpetazos que descargó sobre los presidentes de bloques del PJ en el Senado y Diputados, Miguel Pichetto y Diego Bossio, respectivamente. Chantajeándolos con las picardías que habían perpetrado el hijo del primero y el segundo, en la administración de los dineros líquidos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
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Lo cual además resulta propio de la mafia de la obra pública o “patria contratista” que asola a la Argentina desde mucho tiempo atrás, que el ex presidente integraba, y quedó en descarnada evidencia en la causa denominada Cuadernos. En la cual es indispensable contar con información y mecanismos de coacción, chantaje, y disuasión, para salir airoso en la disputa por los contratos con el estado, que no se dirimen precisamente mediante la supuesta competencia en las licitaciones públicas.
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Y esto explica por qué la trayectoria política de Macri como la de un calabrés duro, está manchada de imputaciones de espionaje, desde que ejerció la intendencia de la CABA, hasta la fecha. Que brotan incesantemente en la justicia, haciendo cada vez más ridícula la “historia oficial” de que es el resultado del accionar de cuentapropistas.
Los fallos que disparó la Corte
Una prueba de la existencia de este copamiento fueron los últimos dos fallos, consecutivos, que emitió el máximo tribunal bajo la nueva gestión de Horacio Rossati como presidente, y Carlos Rosenkrantz como vice. Ambos fueron publicados poco después de la áspera visita poco protocolar del ministro de Justicia de la Nación Carlos Soria, a los integrantes de la Corte, el 7 de diciembre pasado, donde los acusó de “retrasar fallos de enorme trascendencia”, llevar adelante “prácticas extorsivas” y no tener “legitimidad”.
Uno de estos fallos fue emitido ese mismo 7 de diciembre, pocas horas después de la visita de Soria, como una clara respuesta a los ataques públicos y mediáticos del ministro de Justicia. Se trató de un laudo a favor de la provincia de Santa Fe, de donde es originario Rossati, iniciado en el 2009, en contra del Gobierno Nacional, por 100 mil millones de pesos, en concepto de la coparticipación. Y que ahora el gobierno de Fernández deberá cubrir.
El otro que venía siendo anticipado por Clarín, apareció apenas diez días después. El 16 de diciembre del 2021, cuando el máximo tribunal bajo el mando de Rossati, declaró inconstitucional la nueva Ley del Consejo de la Magistratura -órgano que elige y destituye a los jueces nacionales- aprobada por el Congreso en el 2006.
En esencia, esta ley, que había sido impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner cuyo Jefe de Gabinete era Alberto Fernandez, redujo de 20 a 13 los miembros del Consejo. Y le otorgó un cuasi quórum al Poder Legislativo, en desmedro del quienes integran o litigan en el Poder Judicial, que ahora controla Rossati, .
Ella fue aprobada por el Congreso de la Nación por ambas cámaras. Y en su paso por el Senado, su miembro informante e impulsora, fue la actual presidenta de ese cuerpo y vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Socia de Alberto. Otro claro mensaje de la Corte al gobierno del Frente de Todos, que contó con las firmas de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, y la disidencia parcial de Ricardo Lorenzetti.
Máxime si se tiene en cuenta que la causa llegó a esa instancia a fines de 2015, y sin embargo la Corte recién se expidió a fines del 2021, seis años después, dejando que a todo lo largo del anterior gobierno funcionara, lo que ahora ordena que debe corregirse en tres meses. No obstante que el Procurador General Eduardo se había despachado, sin apuros por parte de la Corte, con un dictamen a favor de la constitucionalidad el 24 mayo del 2018. O sea que por su parte la Corte tardó 1.302 días en expedirse, once veces más que el plazo perentorio que fijo a esos efectos, diferencia que pone en evidencia la intemperancia de su resolución.
Lorenzetti fulminó a Maqueda, Rosenkrantz, y Rosatti
El voto en disidencia parcial de Lorenzetti, podría ser la base para un juicio político de sus colegas amarillos Maqueda, Rosenkrantz, y Rosatti, al señalar que incurrían en un exceso de jurisdicción al reponer la ley anterior por dos motivos. Uno porque la parte actora no había pedido eso.
El otro porque reponer una ley derogada por el Congreso, viola “la división de poderes y las facultades del Congreso”. Afirmando además que ello podría originar un “caos”, y por eso propuso dar un plazo de un año al Congreso para que dicte una nueva ley, y en caso de que no la concrete, la Corte analizaría que hacer. Seguidamente se extraen algunos párrafos de su voto.
“Que la sentencia en recurso que declara la inconstitucionalidad de la ley 26.080, debe ser revocada en cuanto restituye la vigencia de la ley 24.937. La parte actora no pidió la restitución de la vigencia de la ley anterior, lo cual constituye, per se, un exceso de jurisdicción. Por otra parte, el Fiscal de Cámara cuestionó en este recurso la decisión de restituir una ley derogada, violando la división de poderes y las facultades del Congreso.
Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de las Facultades de Derecho, con cita de Kelsen: Una norma cuya vigencia ya fue cancelada por otra norma derogatoria, sólo puede ser vuelta a su vigencia por medio de una norma que tiene el mismo contenido que la derogada”.
Ningún tribunal ni la propia Corte Suprema puede legítimamente declarar inaplicable una ley que ha sido derogada hace dieciséis años sin afectar seriamente la seguridad jurídica. Por otra parte, la restitución de la ley anterior hasta que el Congreso dicte una nueva podría generar un caos, porque de 13 miembros pasa a 20 y luego a 17 (según el proyecto adjuntado a la causa).
La cámara restituye la ley anterior en su totalidad, incluyendo lo que no fue materia de agravio, lo que excede su competencia, ya que los jueces no son legisladores. La restitución de la ley anterior en aspectos que no han sido materia de agravio implica arrogarse funciones legislativas, algo absolutamente incompatible con la función judicial.
En otros casos esta Corte declaró la inconstitucionalidad de ciertas normas, pero no decidió poner en vigencia la ley anterior derogada, y no se referían a temas institucionales.
De manera que la sentencia en recurso, al declarar la inconstitucionalidad, pretende derogar una ley y revivir una derogada, lo que es claramente contrario al ordenamiento jurídico. No hay precedentes en el derecho argentino ni antecedentes en el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de Estados Unidos, sobre cuyo modelo se construyó nuestro sistema en el siglo XIX a partir del caso “Marbury vs Madison”.
En ningún caso se pone en vigencia una ley derogada hace dieciséis años. Es así porque en el sistema argentino, como en el de Estados Unidos, la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos de nulidad.
Que es necesario prever que el Congreso no pueda aprobar una nueva ley, lo que dejaría vigente la ley declarada inconstitucional de modo permanente. Por esta razón, siguiendo precedentes de esta Corte, es necesario fijar un plazo razonable que no puede superar el año desde la notificación de esta sentencia, para que el Congreso la apruebe, transcurrido el cual, esta Corte estará en condiciones de decidir la manera de implementar la garantía de la independencia del Poder Judicial.”
El copamiento
El copamiento a La Corte comenzó a cristalizarse en septiembre pasado, cuando la magistrada Elena Highton de Nolasco, “la jueza más cercana a Alberto Fernández” según Clarín, por 17 años vicepresidente de la Corte, renunció a su cargo.
Su pliego había sido impulsado en el 2004 por el propio Alberto Fernandez cuando era Jefe de Gabinete de Nestor Kirchner. Y según la constitución, su mandato debía durar hasta los 75 años de edad, que lo cumplió en el 2017.
Sin embargo, en diciembre del 2016, bajo el gobierno de Macri, la jueza que debe velar por el cumplimiento de las leyes, presentó un polémico recurso de amparo planteando la nulidad del artículo 99, inciso 4º, párrafo tercero, de la Constitución Nacional, que establecía ese tope de edad para los magistrados.
Pocos días después, en febrero del 2017, este controvertido pedido de la jueza Noslasco, fue aceptado por el juez federal Enrique Lavié Pico, un “juez político”, del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Nacional N° 6, subalterno de Highton de Nolasco.
A pesar que el gobierno podía apelar este controvertido fallo, el ministro de Justicia de Macri, el republicano German Garavano no lo hizo. Gracias a ello, Highton de Nolasco, logró permanecer en su silla. Y se pasó al macrismo, votando, en junio de ese mismo año, junto a Rossati y Rosenkrantz a favor del 2×1 a los condenados por delitos de Lesa Humanidad. Controvertido fallo que desató marchas, denuncias, y repudio de todos los sectores por lo cual luego debió ser anulado.
De esta manera, salteando la constitución, la jueza Highton de Nolasco, de tendencia oficialista, logró estirar su permanencia en la Corte tres años más. Hecho que motivó, el 17 de junio pasado, una denuncia penal de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, contra ella, Rosenkrantz, Macri, Garavano y el prófugo “Pepin” Rodríguez Simón.
Según esta ONG, para posibilitar este amparo a favor de Highton de Nolasco, Rosenkrantz demoró un fallo sobre el caso del juez Leopoldo Schifrin, que estableció jurisprudencia y fijó los 75 años como la edad máxima para la jubilación de un magistrado. Maniobra que se completó con la no apelación del por entonces ministro Garavano al amparo presentado por ella.
Cuatro meses después de esta denuncia, el 5 de octubre del 2021, anticipando mediante una carta al presidente Fernandez, sin detallar motivos, la jueza Highton de Nolasco, intempestivamente, renunció a su cargo “con efectos al 1 de noviembre del corriente año”.
Seguidamente, también mediante una carta dirigida al presidente, la ONG “Asociación Civil Exigibilidad de los Derechos Sociales”, rechazó su renuncia, y pidió en cambio su juicio político. “Su renuncia le permitiría percibir de por vida una jubilación de privilegio. Lo que corresponde, en cambio, es que la magistrada sea sometida a juicio político por las mismas causas que motivaron su imputación en la causa criminal” argumentaron desde la ONG, solicitando al presidente no aceptarla. Algo que finalmente no pasó, porque el presidente Fernández se la aceptó.
Un cordobés en la mira
Esta salida de Highton de Nolasco, con jubilación de privilegio, removió todo el esquema de poder dentro del cuerpo. Dado que, como hasta el día de hoy no hubo reemplazo, a partir de esa epístola, su funcionamiento y votos se redujo a cuatro miembros: Rossati, Rosenkrantz, Lorenzetti y el cordobés Maqueda.
Es decir, de entrada La Corte quedó parda. Donde la mitad de los votos, quórum y agenda de expedientes a tratar, lo controlan los jueces designados por Macri, Rossati y Rosenkrantz. Dos magistrados nombrados a dedo por el ilegal decreto 83/2015 del ex presidente Macri, craneado por el prófugo “Pepin” Rodríguez Simón.
Decreto donde se citaba leyes de la “Revolución Fusiladora”. Y que finalmente fue declarado inconstitucional por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Por lo cual, finalmente Macri, sin recular en su nombramiento, tuvo que hacer pasar sus pliegos por el Senado. Así llegaron a La Corte.
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Con lo cual, en un contexto político convulsionado, Macri y Magnetto necesitaban sólo un voto más para controlar totalmente el máximo tribunal. Y así todas las ardientes causas que por él pasarán. Las que los involucran a ellos y al oficialismo. Y fueron por él: el cordobés Juan Carlos Maqueda.
Que era un blanco fácil, si se recuerda que fue uno de los que votó a favor del grupo Clarín en la causa por el amparo por la ley de Medios, interpuesto por este. Que fue rechazado por mayoría por la Corte, pero que luego Macri apenas asumió como presidente, como si se tratara de un botín electoral, mediante un DNU se encargó de echar bajo su fallo.
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Maqueda, abogado, es un viejo político rosquero cordobés. Es íntimo del actual gobernador Juan Schairetti y del fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota. Dos viejos opositores al kirchnerismo. Y aliados y ex empleados de Macri en Fiat-Sevel.
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Maqueda ingresó a la Corte por la ventana, a fines del 2002, mientras se desempeñaba como presidente Provisional del Senado de la Nación. Gracias a un pacto entre el “Gallego” De la Sota, por entonces gobernador de Córdoba y el “cabezón” Eduardo Duhalde, presidente de la Nación.
Tras haber logrado la hazaña de lograr la derogación de la ley de subversión económica, exigida por el FMI, que tenía la oposición de una amplia mayoría de legisladores. La que tal como lo denunció el entonces diputado Mario Cafiero, tenía por objeto dotar de inmunidad a los banqueros que habían vaciado el sistema financiero argentino en el 2001. Llevándose puestas 30 mil millones de dólares de reservas que pertenecían a los ahorristas de los bancos y las de convertibilidad.
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Antes de esto, Maqueda se había desempeñado como ministro de Educación de De la Sota. Allí tuvo como secretario de Educación, durante tres años, al mismísimo Ricardo Jaime. Otrora mandamás del kirchnerismo en Córdoba. Actualmente preso por corrupción.
Estando al frente de esa repartición, apenas comenzó el gobierno de De la Sota, el actual magistrado supremo cordobés, estuvo envuelto en un escándalo por un contrato de 89 millones de pesos-dólares, que se adjudicó de pecho, sin antecedentes en obra civiles, a la empresa Electroingenieria, para construir 100 escuelas en la provincia de Córdoba. La que sugestivamente contaba con el aval de IECSA, la constructora de los Macri.
Esta obra fue la primera gran licitación pública que ganó la famosa constructora cordobesa propiedad de Osvaldo Acosta, íntimo de De la Sota, y Gerardo Ferreyra, amigo del actual procurador Carlos Zanni. Ambos luego detenidos por la famosa causa de pago de sobornos de empresarios a funcionarios conocida como “Los Cuadernos”. Y terminó con ciento de cheques rebotados y PYMES subcontratadas por Electroingenieria sin cobrar.
El carpetazo
Más allá de este pasado turbio, el carpetazo al juez Maqueda, para obtener su voto, comenzó el 14 de septiembre pasado, justo cuando la jueza Highton de Nolasco renunciaba a su cargo. Ese día se abrió una denuncia penal contra Aldo Tonon, titular de la la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), un hombre que respondía directamente a Maqueda y al ex ministro Ginés González García.
La misma, iniciada por un “empleado informático de la OSPJN”, por la cual en pocos días se hicieron cuatro allanamientos, apuntó a una serie de irregularidades, desmanejos y arbitrariedades por parte de Tonon, el hombre del ministro Maqueda, responsable final de la OSPJN.
Entre estos unos polémicos contratos por 3.600 millones de pesos, con las firmas cordobesas Farmalat y EMI. La primera de los CEOS Juan Carreño y Oscar Bonangelino. Este último denunciado por la ex diputada Ocaña en la causa de la “mafia de la droga”. La segunda a cargo del ex del Grupo Roggio, Cristian Sancho.
El contrato con Farmalat era por 2600 millones de pesos para el despacho de medicamentos a los afiliados de OSPJN de todo el país. Licitación donde Farmalat no habría presentado la oferta más baja. Sin embargo, como sucedió con Electroingenieria, luego de gritos y presiones de Tonon y una serie de enjuagues administrativos, la empresa mediterránea se terminó adjudicando el contrato. Aprobado luego, el 10 de septiembre del 2020, en plena pandemia, por los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco, y Maqueda.
Por su parte, el convenio con EMI, era más viejo. Tenía unos 10 años. Y era para proveer servicios de emergencia de ambulancia a los afiliados en toda Argentina, prestación que, según la denuncia, la empresa no podía cumplir, dado que no tenía los requisitos mínimos para tal fin. Aun así embolsó unos 100 millones de pesos.
Estas denuncias recayeron en manos del juez Daniel Rafecas y la fiscalía de Carlos Rívolo. Y motivó cuatro allanamientos. Tres en la obra Social, y una en la casa del propio Tonon, alfil de Maqueda. Tras ella, con pegatinas y filtraciones en los medios, algunos gremios del poder judicial se presentaron ante el juez Rafecas y solicitaron investigar al propio Maqueda. Responsable último de la OSPJN.
Entre otras cuestiones señalaron que el juez, había nombrado a su sobrina María Guadalupe Burgos, jefa de Prosecretarios y Ceo de la empresa Hard and Service SRL, como tesorera de la Obra Social. Un caso clásico de nepotismo, cuya evidencia es la resolución 4.144/17 de La Corte firmada por el propio Maqueda.
El desembarco
Los impactos de estos carpetazos contra Maqueda, a quien le falta apenas 3 años para jubilarse y quiere retirarse “con todos los honores”, no tardaron en aparecer. Como la renuncia de Highton de Nolasco había dejado acéfala la vicepresidencia del cuerpo, apenas una semana después, el jueves 23 de septiembre, mientras se ampliaban las denuncias y allanamientos contra OSPJN y Tonon, mediante un “acuerdo extraordinario”, la Corte renovó sus autoridades.
A propuesta de Maqueda, una limitada Corte integrada sólo por tres magistrados, designó al amarillo Rossati, que votó por sí mismo, como presidente de ella. Y al amarillo Rosenkrantz, que también voto por sí mismo para vicepresidente en reemplazo de Highton de Nolasco. Magistrado que comparte las vacaciones con Macri en el exclusivo country de Cumelén, en Villa de la Angostura, Neuquén.
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A la par que como una muestra de poder, recientemente Macri también se fotografió almorzando con el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Antes que este se viera duramente manchado con la aparición del video de la “Gestapo” sindical, y el pedido de juicio político formulado en su contra por este motivo. Mientras que permanece en su puesto el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, tras haber logrado expulsar de su puesto tras un durísimo acoso mediatico judicial, a su titular Alejandra Gils Carbó.
El verdadero poder en las sombras dicen sus detractores. Quienes indecorosamente, con todo desparpajo votaron por sí mismos, de la misma manera que aceptaron integrar el tribunal supremo designados por el presidente Macri, mediante un decreto ley de la “Fusiladora”.
De esa elección no participó la jueza Highton de Nolasco, que aún estaba en funciones. Tampoco Lorenzetti, que tras la acordada emitió una dura carta pública en repudio, señalando, entre varías anomalías, que “la designación de autoridades por medio de acuerdo extraordinario es irregular, porque normalmente se celebra por acuerdos ordinarios (…) Obligó a la designación del Presidente y del Vicepresidente con la sola presencia de tres jueces, votando a sí mismos“.
De esta manera, con Maqueda contra las cuerdas, y Rossati y Rosenkrantz como presidente y vice, Macri y Magnetto habrían tomado el control operativo del máximo tribunal. Copamiento no menor pues su presidente Rossati -nombrado en un principio por el ilegal decreto 83/2015 al igual que Rosenkrantz- ahora está en la línea de sucesión presidencial; representa al máximo tribunal ante los otros poderes del Estado, como el polémico Consejo de la Magistratura; dirige las audiencias y los acuerdos; y sobre todo decide la agenda de expedientes que va a tratar el tribunal.
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Algo parecido había sucedido en octubre del 2018, cuando el entonces presidente de la Corte Lorenzetti intentó adelantar la elección, para continuar en el cargo. Y se encontró que la vicepresidente Highton de Nolasco, que por entonces había logrado continuar su mandato gracias al Gobierno, propuso a Rosenkrantz como vicepresidente, a la par que este devolviéndole el gesto, propuso que ella continuara como vicepresidente.
Ante lo cual junto con Rosatti, Lorenzetti, se vio obligado a aceptar esa propuesta, votándose Rosenkrantz e Highton de Nolasco a sí mismos. Mientras que Maqueda propuso la continuidad de Lorenzetti y Rosatti. Considerándose esta jugada entonces, como un rotundo triunfo del gobierno de Macri. Al que ahora ha ampliado, no obstante no detentar más el gobierno.
https://www.anred.org/2018/10/04/como-llego-carlos-rosenkrantz-a-ser-presidente-de-la-corte-suprema/
¡Un golazo!
Y esto fue sólo el principio. El martes el 28 de septiembre, una semana después de esta “irregular” elección, en medio de los allanamientos, los máximos magistrados, en vez de pedirle explicación a su colega Maqueda por las denuncias en su contra, firmaron la acordada 19/2021. Con la cual, modificando el estatuto de la Corte, traspasaron la Obra Social de los Empleados Judiciales, en plena investigación, a la Secretaría General de Administración de ese tribunal. Cargo que hoy ocupa Daniel Marchi. Un funcionario que responde al magistrado supremo Lorenzetti, que vía epístola había cuestionado la elección de sus principales autoridades.
“Para un mejor cumplimiento de los propósitos, misiones y finalidades de la Obra Social, resulta conveniente modificar el artículo 1° del Estatuto a fin de establecer que actuará en la órbita de de esta Corte”. Dice textualmente la acordada 19/2021, firmada por los amarillos Rossati y Rosenkrantz, la renunciante Highton de Nolasco, el beneficiado Lorenzetti, y el denunciado Maqueda.
Con ella, los ministros de la Corte, como si nada hubiera pasado, decidieron cerrarse corporativamente y tapar todo, dándole la millonaria caja de la OSPJN al quejoso Lorenzetti para que se entretenga un rato. De allí que en las cuatro páginas que tiene esta acordada, no hay una sola palabra referida a las irregularidades denunciadas ante el juez federal Refecas. A pesar que era el principal motivo de todo ese traspaso. Una omisión indigna por parte de quienes tienen supuestamente que impartir justicia.
El contraataque
Todas estas maniobras fueron advertidas por los alfiles judiciales del gobierno. Por ello, el ministro de justicia Soria, lanzando durísimas acusaciones públicas y reclamos, decidió visitarlos personalmente, el 7 de diciembre pasado.
“La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o como hace ahora con el caso Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi. La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70% de los casos sin dar fundamentos” reclamó el ministro.
Ver Traslado jueces: Macri transformó a Comodoro PY en Comodoro PRO
Además, pidió por el retraso de las causas de la “mesa judicial” que ahora quedó totalmente expuesta con los videos de la “Gestapo Judicial” en el gobierno de María Eugenia Vidal. Tema que hasta el día de hoy el máximo tribunal, al igual que Clarín, casi no han pronunciado ni una palabra.
Como respuesta, a pocas horas de su visita, la Corte macrista contraatacó con dos fallos consecutivos desfavorables para el gobierno: coparticipación de Santa Fe y Consejo de la Magistratura. Fallos que hicieron enojar al presidente Fernández que en consonancia con los balazos de su ministro Soria prometió “ofrecer a los argentinos una solución para que la Corte funcione de otro modo”. En otras palabras, incorporar más miembros, para modificar el quórum que ahora controlan los amarillos Macri y Magnetto, y el controlado Maqueda.
Tras sus dichos, quien salió a contestarle a través del canal de TV por cable La Nación+, propiedad según denuncias de Macri, fue el propio Rossati. “Primero hay que ver qué tipo de tribunal queremos, después de eso hay que ver el número”, contraatacó el presidente de la Corte quien, según la Constitución, ante alguna eventualidad puede sustituir a Alberto Fernández en la presidencia.
Ante este posicionamiento, los principales soldados judiciales del Frente de Todos, militantes y sindicatos afines, decidieron convocar a una marcha ante el edificio de la Corte, para el próximo 1 de febrero, cuando termine la feria judicial, para pedir el juicio político a sus cuatro miembros.
“La Corte se ha ido alzando sobre los otros poderes del Estado, sobre el Poder Ejecutivo primero, metiéndose con leyes muy importantes para el ciudadano común como la ley que declara públicos a los servicios telemáticos pero los jueces dijeron no, defendiendo los intereses de Clarín y las grandes corporaciones económicas” disparó el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, uno de los que encabeza la convocatoria, sabiendo que en este Tribunal estará la madre de todas las batallas.
Como última respuesta, el 30 de diciembre pasado, mientras todo el mundo estaba de plena jarana de fin de año, el juez Lijo y el fiscal Storneli decidieron archivar la denuncia de la ONG “Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales” contra Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Macri, Garavano, Simón Pepin, “por no existir delito alguno”.
Mas encarpetados
No será fácil para el gobierno nacional quitarle este control de la Corte amarilla al macrismo. Su docilidad cuenta con reaseguros: más carpetazos. Uno contra el peronista Rossati, presidente de la Corte, por enriquecimiento ilícito. Esta causa está actualmente activa en el juzgado N°1 de Santa Fe a cargo del juez Reinaldo Rubén Rodríguez.
Según el expediente, como en la causa de los controvertidos Cuadernos, un chofer arrepentido acusó a Rosatti de cobrar personalmente coimas, a los funcionarios municipales del ex intendente de Santa Fe Martín Balbarre, entre los años 2003-2007, mientras se desempeñaba en la Nación como Procurador General del Tesoro.
¿Imaginan a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, que determina lo justo e injusto, lo constitucional de lo constitucional, sindicado de ser un bolsero cobrador de sobornos? Sería un escándalo mayúsculo. Que en manos de Clarín se haría un festín, hasta que Rosatti luzca a pleno un color amarillo.
Además, Rossati, que tiene un millonario patrimonio, en el 2020, se vio involucrado en una causa de violencia de género contra su hijo Emilio Rossati, secretario del juez Rodriguez. El mismo que investiga al juez de la Corte por enriquecimiento ilícito. Y a quien Rossati, mediante un operador de apellido Robles, habría tratado de apartar para impedir que lo despidiera de su juzgado luego de constatada la denuncia.
Con apenas 29 años, Rossati juniors, ahora postulado para cubrir el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, según la Resolución 102/21 del Concejo de la Magistratura que pasaría a controlar su padre, llegó a ese cargo gracias a otro juez santafesino, integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Fue Lorenzetti quien, el 5 de julio del 2011, mediante la Resolución 1844/11, como presidente de alto tribunal, autorizó “a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir, a partir del día de la fecha y hasta el 30 de noviembre del corriente año, el contrato a favor del doctor Emilio Rosatti con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de prosecretario administrativo, para desempeñarse en el Juzgado Federal de Santa Fe N° 1”. Todo con apenas 29 años.
Y estando en este juzgado federal, vinieron las denuncias de violencia de género en su contra, con imputación incluida, y un bochornoso culebrón. La realizó su ex pareja, María Victoria Segado, abogada y relatora en la Corte de Entre Ríos, luego de descubrir que Emillio Rossati le estaba siendo infiel con Juana Casanello. Una mujer casada con Francisco Escobar Cello, hijo del juez federal José María Escobar Cello, para quien ahora trabaja Rossati juniors. Un bochorno de cuarta categoría para la sagrada familia judicial santafesina.
Realizada esta denuncia, a las que siguieron otras, el juez Rodríguez, para quien Emilio Rossati trabajaba, y que a su vez investigaba a su padre, decidió apartarlo del cargo. Decisión que el presidente de la Corte habría tratado de impedir. Pero que no pudo hacerlo porque despertó el rechazo de los empleados judiciales de Santa Fe. Por lo cual, finalmente, Rosatti juniors terminó imputado y trasladado al Juzgado Federal de Escobar Cello, como Secretario de Cámara del suegro de su amante Casanello.
En cuanto al otro magistrado santafesino, Lorenzetti, mentor de Rosatti hijo, sobre él también pesan varias denuncias en su contra, por enriquecimiento ilícito, espionaje, lavado de dinero e irregularidades en la morgue judicial.
En su mayoría las realizó la ministra de Ética y República de la Argentina, con cargo vitalicio, Elisa Carrió. Archienemiga de Lorenzetti. Magistrado que desde el 2007 hasta el 2018 se desempeñó como presidente de la Corte. Cargo que ahora detenta Rosatti padre.
En lo que fue un claro carpetazo, la denuncia por enriquecimiento ilícito, Carrió la realizó el 13 de enero del 2016, plena feria judicial, apenas había arrancado el gobierno de Mauricio Macr, como diciéndole pórtate bien y si no vas a veri. Allí lo acusó de ocultar activos en el exterior.
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Un año después, el 5 de abril de 2017, la entonces diputada nacional y referente de Cambiemos, otrora una de las descabezadoras de la Corte menemista, pidió en el Congreso el juicio político de Lorenzetti.
“El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia” decía textualmente la diputada en los fundamentos de su proyecto.
“Coincidimos y compartimos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la necesidad de terminar con el comportamiento mafioso y en la batalla que debemos emprender para sacarlos del poder, ese que muchas veces es usado para extorsionar y erosionar los cimientos de la República”, agregaba.
De hecho, mientras en los pasillos del viejo edificio de la Corte se llevaba adelante toda esta rosca, la ex diputada Carrió disparó contra sus propios compañeros de Juntos por el Cambio, acusándolos de estar tranzando con Lorenzetti por detrás de ella.
“La que está mirando desde hace dos semanas soy yo, cómo parar a Ricardo Lorenzetti al frente de la presidencia (de la Corte Suprema) cuando hay otros de Juntos por el Cambio que negocian detrás mío para que esté Lorenzetti” disparó la líder de la Coalición Cívica.
La gran Rosenkrantz
El copamiento de la Corte se completó con la nota que el vicepresidente amarillo de la Corte, Rosenkrantz, ex abogado de grandes empresa de Argentina como Claro, Farmacity, Pegasus, La Rural, Mc Donalds, Quilmes, América TV, Grupo De Narváez, Cablevisión, Grupo Clarín, YPF, etc, cursó a sus colegas diciendo sin vergüenza alguna:
“Pongo en su conocimiento que he decidido intervenir en la presente causa. Si bien en autos está involucrada una parte (por la empresa Claro) a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación” adelantó Rosenkrantz.
“Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las de la presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal – más de cinco años- estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”, añadió el ex abogado del grupo Clarín.
Ante esa inusitada y enormemente novedosa posición, la abogada y directora de Asuntos Jurídicos en el Senado, Graciana Peñafort, sabiendo las batallas que se vienen le respondió: “el problema es que las leyes no establecen plazos para que un juez se aparte cuando se configuran las causales. Ni cinco años, ni 10. No hay plazo establecido por ley. Lo tienen prohibido de modo permanente. No por cinco años. Lo que está decidiendo hacer Rosenkrantz es por completo ilegal y además es causal de mal desempeño”.
Al respecto el Código Procesal Civil de la Nación con que se rige al Corte dispone (artículo 30): “Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.”
Y por su parte el artículo al que se remite (17) expresa entre otras causales: “7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. 8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.”
La postura de Rosenkrantz, que parece aludir al plazo de prescripción que fija el Código Civil y Comercial (artículo 2562) no tiene así de dónde agarrarse. Salvo la complicidad de sus colegas que parecen no haber objetado los devaneos de este, que dejaran manchados para siempre a los fallos que de esa manera emita, como “sentencias irritas”. O sea nulas, sin fuerza, ni obligación, susceptibles de ser revocadas.
Es tan grotesca y precipitada su postura, que ni siquiera tuvo en cuenta el plazo fijado en el decreto que establece el marco normativo para la selección de candidatos para cubrir vacantes de la Corte (222/2003). Que estipula que el examen de los concursados deberá alcanzar al menos sus anteriores 8 años (artículo 5):
“Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos OCHO (8) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos OCHO (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses”.
Esto pone en evidencia que de esta manera, que ni siquiera habría sido admitida en la republiqueta bananera de Costa Pobre, el Big Business se las ingenió por meter por la ventana un fiel y duro representante de sus mega negocios, para que vele por ellos dentro de la Corte.
Los fallos que se vienen
Con la mayoría de sus miembros encarpetados o cooptados, esta reducida Corte, capitaneada por los amarillos Rossati y Rosenkrantz, luego del 1 de febrero, deberá resolver causas de altísimos voltaje político que involucran a Cristina Kirchner, Héctor Magnetto, Mauricio Macri, Horacio Larreta, y otros del Círculo Rojo.
Entre estos expedientes, cuyo agenda de tratamiento deciden Rossati y Rosenkrantz, figuran entre otras:
- La causa de Vialidad Nacional que involucra a Cristina Kirchner y Lázaro Baez.
- La disputa por la reducción de la coparticipación Federal que el Gobierno Nacional le hizo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2020.
- Causas de delitos de Lesa Humanidad como circuito Camps, Plan Cóndor, Campo de Mayo, y Carlos Blaquier.
- La reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires.
- El recurso de queja presentado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra las empresas de telecomunicaciones encabezadas por Clarín, que se niegan a acatar el decreto presidencial 690/2020 que las definió como “servicios públicos”.
- La situación de la dirigente jujeña Milagro Sala.
- El pedido del grupo Socma para que sea el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, controlado por el macrismo, el que atienda el expediente de la quiebra del Correo Argentino SA
Todo esto deberá resolver una corte encarpetada y cooptada, que parece patibularia por las causas penales que aquejan a quienes supuestamente deben dictar justicia en grado supremo, y luce un subido tono de color amarillo con gruesos trazos de bermellón, el color del grupo Clarín.-
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