Aun en el medio de la pandemia por el COVID 19, la Big Farma en Argentina no le saca el culo a la jeringa. El 23 de junio pasado, dos semanas antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara que los laboratorios PFIZER, que tiene como accionistas a Blackrock y BioNtech, iban a probar en Argentina su innovadora vacuna anti COVID 19 basada en la tecnología molecular “ARN Mensajero”, el ministro de Salud Gines Gonzáles García y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, basados en un contrato vencido y dolarizado de Mauricio Macri, mediante la “Decisión Administrativa” 1106/2020 le dieron 5.786 millones de pesos al consorcio PFIZER-Elea, este último propiedad de Hugo Sigman, amigo de todo el gabinete de Alberto Fernández, para comprar 4,2 millones de dosis de vacuna contra el “neumococo”. Cifra que representa un 492% más de lo que pagó el gobierno de Mauricio Macri en el 2016, que por cada dosis pagó 310 pesos.
Para justificar esta compra, 5 veces más cara que el presupuesto original, a un solo proveedor (PFIZER y Sigman), sin licitación, mediante una mera “ampliación” de un contrato terminado, según puede leerse en los considerandos de la “Decisión Administrativa”, los ministros Gines y Cafiero se basaron en una licitación irregular y vencida del gobierno de Macri, concretada por el ex ministro de Salud de Cambiemos Jorge, Lemus. Un funcionario polémico. Que salvó al ex presidente cuando éste se tragó el bigote de Freddie Mercuri. Y que luego de diversas denuncias penales, tras firmar el contrato, debió renunciar a su cargo en octubre del 2017.
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Contrato infectado
Todo comenzó en los primeros meses del gobierno de Macri. Formalmente el 6 de junio del 2016, mediante el llamado a licitación pública 28/2016, con la cual el controvertido ministro Lemus, convocó a los grandes laboratorios para que provean doce millones de dosis de vacuna antineumocócica conjugada 13 Valente, por el término de 3 años o hasta agotar stock. Lo que ocurriese primero.
Según informa el ministerio de Salud en su portal https://www.argentina.gob.ar/salud esta vacuna “protege infecciones graves causadas por la bacteria neumococo (como neumonía y meningitis) y de sus potenciales complicaciones”. Y se aplica en tres dosis en el primer año de vida del bebé y en los mayores de 65 años “sin orden médica”.
Su incorporación al Calendario Nacional de Vacunas lo hizo en el 2011 la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, archirival de Macri. “Hoy el calendario tiene 14 vacunas obligatorias, de las cuales 8 se incorporaron a partir de 2003“, dijo, con orgullo, Cristina cuando hizo el anuncio. “Son por año unos 122 mil que tienen neumonía” añadió, soslayando los cuestionamientos que hay contra esta vacuna incluso de los propios médicos.
“Muchos pediatras suministran la neumococo en menores de 2 años para prevenir neumonías, otitis media, meningitis y septicemia por neumo, sin considerar que comparativamente la carga de neurotoxicidad supera a la de enfermedades asociadas a neumo que, aparecen en presencia de comorbilidades como diabetes y otras infecciones. Pese a esto y pese a los ensayos en lactantes con efectos letales, como el del laboratorio Glaxo, dirigido por Miguel Tregnaghi, lo cierto es que la OMS y el Estado argentino alientan el uso de estas vacunas” dijo a Strip Eduardo Maturano, doctor en Medicina y Cirugía, Epidemiólogo, Coordinador del Área de Epidemiología e Investigador del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
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Contrato dolarizado
Con ese propósito, para supuestamente cubrir los millones de dosis que impone el Calendario Nacional de Vacunas, el ministro Lemus llamó a licitación para comprar los doce millones de vacunas de neumococo para los próximos tres años. O sea durante toda la gestión de Macri.
Claro que esta licitación, como otras del macrismo, tenía una trampita. En un contexto de alta volatilidad cambiaria, no tenía un precio formal o fijo, sino un precio variable a valor dólar. O sea, era un contrato dolarizado. A pesar que, como lo dice el punto 2.1 del pliego, la dosis debía ser de “elaboración local”. Con lo cual, gran parte de los costos eran en pesos.
Esta dolarización, el ministro Lemus la escondió en los artículos 4 y 5 del pliego. En el primero, titulado “Forma de Cotización”, estableció que, “no se aceptaban ofertas parciales” direccionando de entrada la licitación a favor de los grandes laboratorios. Y luego que “la cotización se realizará por el porcentaje de desvío, igual menor, respecto del precio de referencia del producto a suministrar”.
¿Y cuál era ese “precio de referencia”? Lo establece en el artículo 5, “Precio de Referencia” donde estipula que este será el precio de compra que fija de cada año la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en dólares, convertido en pesos con el precio de pizarra del dólar Banco Nación al día de la emisión de la factura. Más, hasta un 15% de precio en conceptos de fletes, seguros, gastos de importación, y más 21% del impuesto IVA. Esto arrojaba unos 20 dólares por cada vacuna, una de las más caras de la Big Pharma, 240 millones de dólares en total. Ese era el monto del contrato en juego.
Caballos de comisarios
Luego del llamado a licitación, por este “Precio de Referencia” y otros detalles del contrato, la apertura de los sobres con las ofertas se postergó en cuatro oportunidades. Hasta que el 3 de marzo de 2017, cuando finalmente el ministro Lemus los abrió y emergió la segunda irregularidad: a pesar de ser una licitación millonaria, con un seguro de cambio en dólares, hubo una sola oferta: la del consorcio PFIZER (EEUU) – Elea (Sigman). Únicos interesados. Algo olía mal y no era en Dinamarca.
Esta unión de empresas norteamericana y argentina, cotizó cada dosis de neumococo, según lo fija la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más un 12% en flete de seguro e importaciones, más IVA. O sea casi 20 dólares cada una. 240 millones de dólares en total. Casi calcado al presupuesto implícito oficial que Lemus escondió.
¿Quiénes eran las farmacéuticas que estaban detrás de este millonario contrato?
PFIZER es el laboratorio que actualmente está probando en Argentina la Vacuna ARN mensajero obtenida mediante manipulación genética, como lo denuncia en Estados Unidos Robert Kennedy, sobrino del ex mítico presidente John F. Kennedy.
Es uno de los laboratorios más grandes a nivel global. Sus dueños son diversos fondos de inversión encabezados por Blackrock, con el 7% de las acciones. Fondo que a su vez es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda externa Argentina. Y que hace unos días, acaba de llegar a un cuestionado acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, para reestructurar la deuda externa con los bonistas privados alterando las cláusulas antibuitres.
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En cuanto a sus antecedentes, PFIZER, tiene denuncias por ensayos de vacunas con resultados trágicos, y procesamientos con condenas firmes por pago de coimas en EE.UU., Europa, Asia e incluso Argentina. La primera la recibió en nuestro país, en el 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, cuando fue condenado por practicar “una conducta delictiva” y financiar “un oscuro sistema de coimas y sobornos a los médicos en el marco de la cadena de comercialización de los medicamentos”, según dictaminó el Juzgado de Instrucción Número 27 de la Capital Federal.
http://www.visitadoresmedicos.com/novedades/11.html
La segunda en Estados Unidos, donde ante la propia Comisión del Mercado de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, PFIZER reconoció haber pagado coimas, para sobornar funcionarios, médicos, e instituciones sanitarias en Europa y Asia. Y por lo cual, el laboratorio de Blackrock tuvo que pagar una irrisoria multa de 60 millones de dólares.
Por su parte ELEA-PHOENIX es la pata local en este jugoso contrato. O sea los lubricadores de su concreción. Elea es un laboratorio propiedad de Hugo Sigman y Daniel Sielecki. Dos multimillonarios empresarios farmacéuticos, proveedores privilegiados del gobierno nacional, con estrechísimos lazos tanto con el macrismo como con el peronismo.
Sigman, comunista de juventud, involucrado en el escándalo mediático de la Efedrina, es el típico empresario rapaz del Estado. Es fundador y presidente del Grupo Insud, cuya facturación ronda los 1.500 millones de dólares y tiene negocios farmacéuticos, agroindustriales, energéticos y hasta culturales como la producción de las películas “Relatos Salvajes” y “El Clan”. Todo a partir de sus meganegocios de Big Pharma.
Con estrechos vínculos con el presidente Fernández, actualmente junto con AstraZeneca está fabricando en Argentina las vacunas contra la Covid de la universidad de Oxford. Es admirador de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien lo llama “querido Hugo”. “A diferencia de otros empresarios, que tenían más empatía con Kirchner, yo tengo más empatía con ella. Me parece una buena persona y una persona sensible” dijo a su vez él sobre ella.
Coincidentemente, sus vínculos con Cristina comenzaron en el 2009, con otra pandemia: la de la gripe A. Con la cual también se llegaron a suspender las clases en los colegios. En esa oportunidad, Sigman se asoció con el laboratorio suizo Novartatis, y comenzó a producir una vacuna contra la gripe en el país.
Vacuna que, dos años después, Cristina, por entonces presidenta y su ministro de Salud Juan Manzur, la incorporaron al Calendario Nacional de Vacunas, como obligatoria. A la par que firmaron un convenio de exclusividad para comprarle al “querido Hugo”, 10 millones de dosis antigripales por diez años. Un contrato de 500 millones de dólares.
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La relación se resintió en el 2014, cuando luego de una suba de precios unilateral, Cristina, acusó al laboratorio Elea de Sigman, Rommers y Bagó entre otros de cartelización. Y se enturbió en agosto del 2015, cuando en plenas elecciones presidenciales, Clarín y su periodista estrella Jorge Lanata, vincularon a Sigman con el tráfico de Efedrina y el financiamiento de las campañas de Cristina.
Claro que lo que no dijo Clarín, es qué como todo contratista del Estado, Sigman pone en realidad huevo en todas las canastas. Hecho que quedó demostrado ese mismo año, cuando dos de sus principales laboratorios compraron tarjetas por un millón de pesos para la campaña presidencial de Macri, según rendiciones que el Pro presentó en la Justicia.
“No sé cuántos empresarios habrán ido a las cenas, pero deben haber ido todas las cámaras. Es muy complejo para un sector empresario no tener un buen vínculo con un candidato que puede ser presidente. Cuando llegan al cargo buscan que se genere trabajo y cuando vos tenés una empresa con cierta dimensión normalmente se genera una relación”, dijo con total desparpajo Sigman en esa oportunidad, tratando de explicar lo que en realidad no se puede explicar públicamente.
El otro socio de Sigman en la firma Elea, que se presentó a la licitación de Lemus, es el también eterno farmacéutico contratista del Estado Daniel Sielecki. Un ahora excéntrico millonario, íntimo amigo del ex presidente Macri y pariente político del fallecido ex canciller kirchnerista Héctor Timerman, casado con Anabel Sielecki.
Al igual que su socio Sigman, gracias a sus contratos con el ministerio de la Salud, los Sielecki amasaron una de las fortunas más grandes de Argentina. En el 2018 se la valuó en mil millones de dólares, en diversos negocios como energía, viñedos, turismo. Son todos fervientes hinchas de Boca, y tienen una impresionante casa en Villa Angostura, en la que han tenido de huésped a su amigo y líder político Macri.
Entre algunas de las excentricidades Danielcito Sielecki además de organizar millonarios cumpleaños temáticos, tiene en San Isidro, con su hermano Carlos, una de las mejores colecciones de auto antiguos de América Latina. Entre las cuales se destacan una Ferrari Classiche y un Alfa Romeo que pertenecía a Benito Mussolini.
Adjudicación irregular
Lo concreto es que, luego de la apertura de sobres, con un solo oferente PFIZER-Elea-, la definición del millonario contrato de las vacunas anti neumococo, que cada vez olía peor, se siguió dilatando. Sólo faltaba un “Dictamen de Evaluación de la Licitación Pública”. Pero este, según consta en el expediente, nadie lo quería firmar porque los pliegos no tenían un precio, sino solo una variable atada a un precio externo en dólares. Lo cual trasgrede la ley de contrataciones públicas.
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Hasta que el 27 de abril del 2017, mediante una irregular “Acta de Evaluación”, firmada por tres funcionarios del ministerio de la Salud de menor rango, Josefina Meza, Jefa de Administración; Marcelo Meringolo, Director de Informática; y Jorge San Juan, Subsecretario de Estrategias y Salud Comunitaria; se “recomendó” la adjudicación del contrato al consorcio PFIZER – Elea, este último laboratorio de Sigman y Sielecki, amigos y/o aportantes del entonces presidente Macri, únicos oferentes.
La irregularidad de esta “Acta de Evaluación” no es una opinión. Lo dice la propia acta en el apartado observaciones donde textualmente señala que, “la presente Acta de Evaluación surge de la imposibilidad de cargar y obtener a través del Sistema SLU el Dictamen de Evaluación de la Licitación Pública 20/2016, toda vez que el sistema requiere consignar el valor unitario expresado en un importe. El pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente licitación, en el punto 4 establece que la cotización se realizará por el porcentaje de desvío, igual o menor, respecto del precio de referencia del producto a suministrar”.
Tras la firma de esta acta, el 5 de junio del 2017, un año exacto después del llamado a licitación, el ministro de Salud Lemus y el entonces Jefe de Gabinete Marcos Peña, mediante la Decisión Administrativa 351/2017 aprobaron esta adjudicación de 240 millones de dólares, a favor de los laboratorios PFIZER y Elea. E inmediatamente ordenaron la entrega de una primera partida de 4 millones de dosis, para el calendario de vacunas 2017, por un monto total de 1.243 millones de pesos. Es decir, a unos 310 pesos cada una.
Poco tiempo después, el 30 de octubre del 2017, acosado por denuncias de todo tipo y color, Lemus renunció a su cargo. Sin embargo, su irregular contrato con PFIZER y Sigman se mantuvo inalterable hasta fines del 2019, cuando se dio por concluido. Pero antes que eso ocurriese, en abril del 2019, aduciendo pérdidas en los tres últimos ejercicios, el ex comunista Sigman, presentó ante el gobierno de Macri un “Procedimiento Preventivo de Crisis” para despedir al 5% de su personal por caída en las ventas.
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El regreso del “querido Hugo”
En agosto del 2019, mientras a PFIZER y Elea se les terminaba el contrato por las neumococo, Alberto Fernández y Cristina Kirchner dieron el batacazo en las PASO y se impusieron a Macri por amplio margen, quedando a puertas de la Casa Rosada. Tras este triunfo, Sigman comenzó a aparecer junto a su amigo Alberto, a quienes conocía del gobierno de Néstor Kirchner. Al igual que al actual ministro de Salud Gines González García, otro viejo amigo.
De hecho, se dice que Sigman fue nuevamente uno de los grandes aportantes de la campaña presidenciales del Frente de Todos. Y que ahora es uno de los principales empresarios del nuevo “círculo rojo”.
Esta relación de poder se hizo pública el 20 de febrero del 2020, cuando a poco de asumir en su cargo, el presidente Fernández asistió a la inauguración de la nueva planta mAbxience del Grupo Insud, de 8.700 metros cuadrado, en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. “Lo que necesitamos es que haya muchas más empresas como éstas, que haya muchos más empresarios invirtiendo y dando trabajo, y menos banqueros comprando letras del Banco Central para llenarse de plata”, clamó Alberto Fernández en la planta mAbxience, flanqueado por Sigman y el actual gobernador Axel Kicillof, también de estrecha amistad don el empresario farmacéutico
Claro que una vez más, todo este nuevo lobby entre viejos conocidos, dio sus frutos. Pocos meses después, el 23 de junio pasado, en plena pandemia, amparados en la emergencia sanitaria, los ministros Cafiero y Gines González, mediante Decisión Administrativa 1106/2020, decidieron ampliar el contrato vencido con PFIZER-Elea, mediante la compra de cuatro millones de vacunas neumococo más, por la suma de 5.786 millones de pesos. Unos 1.440 pesos cada una. Cinco veces más a lo que pagaron Macri y Lemus en el 2017 que fue 310 pesos.
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A pesar que tanto Cafiero como Gines González públicamente se declaran totalmente opuestos al macrismo, según se puede ver en los considerandos de su resolución, esta ampliación de compra, sin licitación, a favor de un empresario amigo, lo hicieron basados en la Decisión Administrativa 351/2017 firmada por Peña y Lemus. Demostrando que, como en otros Big Business, en la Big Farma no hay grietas.
De esta manera, a pesar que el presupuesto en pesos era cinco veces más caro que el original, sin repasar la letra del dolarizado contrato de Macri, ni sus irregularidades, ni consultar precios a otros proveedores, el gobierno de Fernández le dio otros 80 millones de dólares más a PFIZER y Elea de Sigman y Sielecki.
Pero allí no acabó la cuestión. Dos semanas después de aprobada esta millonaria ampliación de compra, el presidente Fernández junto a Nicolás Vaquer CEO de PFIZER, y Fernando Polack de la fundación INFANT, anunciaron que el laboratorio norteamericano PFIZER, en sociedad con BioNtech, de Bill Gates, iba a probar en nuestro país su controvertida vacuna anti Covid basada en medicina molecular “ARN en mensajero”. Pruebas que ya comenzaron.
De las más de 100 vacunas que se están desarrollando actualmente, esta de ARN mensajero, nunca probada en humanos, es de lejos la más cuestionada. Mediante ella, en lugar de inyectar virus atenuados para despertar las defensas, se le introduce una molécula al cuerpo, que ingresa a las célula y replica el código genético necesario para producir los anticuerpos.
“Hay una manipulación que da lugar a una transcripción de un gen que se ha generado artificialmente. Esa manipulación da lugar a una molécula de ARN. Sin embargo, dicha molécula y su comportamiento tienen que ser evaluados porque no se sabe aún como habrán de comportarse en forma fáctica, es decir, en concreto una vez que la misma avance con los ensayos en voluntarios y luego comience a comercializarse”, advirtió a Stripteasedelpoder el doctor Maturano.
Con lo cual se puede colegir que, en realidad, además de exponer a los argentinos en ensayos de una vacuna nunca antes utilizada en seres humanos, su financiamiento lo proveyó también el propio Estado argentino, quien tiene uno de los calendarios de vacunas más abultado del mundo.
Tras cartón, el 13 de agosto pasado, nuevamente el presidente Fernández, anunció por conferencia de prensa que el laboratorio anglosueco Astrazeneca y la Universidad de Oxford, financiados por la Fundación Slim, van a fabricar en Argentina otra vacuna contra el Covid 19 que iba a costar unos 2 o 4 dólares la dosis.
¿Quién es el aforunado farmacéutico local encargado de fabricar esta vacuna y dónde se haría?
El “querido Hugo” Sigman. Amigo estrecho y proveedor del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En la planta de mAbxience en el partido de Escobar. La misma que había inaugurado pocos meses antes Sigman junto al presidente Fernández y el gobernador Kicillof. Donde se fabricarán 200 millones de dosis de su vacuna anti Covid-19. Que seguramente luego Sigman, si más o menos funcionan, se las venderá al Estado a precios dolarizados durante años. El mismo negocio que hizo tras la pandemia de la Gripe A del 2009, o con las vacunas contra el neumococo.
“En Argentina, AstraZeneca eligió a mAbxience, que será responsable de la producción de la vacuna. Es un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos. Para nosotros es una gran alegría”, manifestó el presidente Fernández, en una conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, con gran orgullo.
“Para no esperar, AstraZeneca le pidió a las compañías que trabajen a riesgo. Es decir que si la vacuna se aprueba se va a vender, sino se va a tirar lo que se hizo”, explicó por su parte Sigman, mostrándose como un audaz empresario de riesgo, al mismo tiempo que el mundo critica a la vacuna rusa Sputnik V, por hacer lo mismo. Cuando en realidad sabe que está a las puertas de otro multi millonario negocio con el Estado, gracias a sus amigos Alberto y Cristina.-
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