La Fiscalía del Fuero Penal Económico de Córdoba imputó de cohecho agravado a Luciano Merino, gerente de la constructora Ciar S.A., y a Marcelo Lescano, jefe de la División Mantenimiento de Calles de la Municipalidad de Córdoba. A pesar de este avance judicial en este Lava Jato cordobés, que comienza a revelar una trama de corrupción similar a lo ocurrido en Brasil, los grandes medios masivos locales no hicieron la cobertura que corresponde ante tamaño escándalo.
Por Redacción
Un importante avance judicial acaba de ocurrir en el considerado caso del Lava Jato cordobés, donde la Fiscalía del Fuero Penal Económico imputó de coimas a cambio de obtener obras, pagadas en la intendencia de la capital cordobesa encabezada por Ramón Javier Mestre. Principal referente de la alianza Cambiemos de Córdoba que aspira proyectarse como el próximo gobernador de esta provincia, con la venia del presidente Mauricio Macri.
El caso se trata de un entramado de corrupción que Stripteasedelpoder hizo público a mediados de este año, develando un sistema de coimas que efectúan las empresas constructoras locales a los principales funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, bajo el nombre de “aforos”, equivalentes a la quinta parte del valor de la construcción.
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Las imputaciones y citación a declaración indagatoria recayeron sobre el empresario Luciano Merino, gerente de la constructora Ciar S.A., y de Marcelo Lescano, jefe del área de Mantenimiento de Calles de la División de Obras Viales de la Municipalidad. Según declaró el fiscal provincial Gustavo Dalma, se los acusa por cohecho agravado, tipificado en los artículos 256 y 258 del Código Penal, con penas de entre uno y seis años de prisión. También están siendo investigados 14 empleados municipales que habrían colaborado en estas irregularidades.
La imputación contra Lescano se habría formalizado a partir de la obtención de pruebas que apuntan a la construcción de una casa de veraneo a nombre del funcionario de Mestre, que la empresa CIAR levantó en la propiedad de este en la localidad de Churqui Cañada, en cercanías del pintoresco paraje Cerro Colorado, donde yacen los restos de Don Atahualpa Yupanqui.
Un camionero y su acompañante, empleados de Ciar que se ocuparon en trasladar los materiales que salían de los obradores que la empresa hacia la casa de fin de semana de Lescano, serían las principales pruebas del cohecho o dádiva.
La denuncia había sido efectuada en mayo pasado, por parte de Carina Cravero, ex–esposa del empresario Merino. En particular, apuntó a la construcción del “Nexo cloacal de la avenida Duarte Quirós” en la ciudad de Córdoba, que consiste en una ampliación de la red de cloacas en barrio Alberdi, financiada con fondos nacionales y a cargo de la empresa Ciar.
Si bien la actual imputación recayó contra el jefe de la División Mantenimiento de calles, Marcelo Lescano, funcionario de segundo nivel y profesor universitario, la denunciante Cravero asevera que las coimas sustanciales las habría recibido Hugo Romero, secretario de Economía y Finanzas de Ramón Mestre.
“Yo escuchaba en las conversaciones familiares que ellos pagaban coimas a funcionarios importantes de la Municipalidad, pero llamándolas bajo el eufemismo de ‘aforos’. Recuerdo concretamente la obra del ‘Nexo cloacal de la calle Duarte Quiros’, cuando escuché a mi ex suegro hablando con su hijos de lo caro que le salía este aforo. Ubicaban en un 20% el pago del aforo, o sea de la coima” aseguró Cravero a Stripteasedelpoder.
Cravero asegura que su ex pareja había transferido sus bienes a otras empresas paralelas, con el fin de desapoderarse de bienes en el proceso de divorcio. Estas empresas son: Cavicor S.A., dirigida por Ramiro Salazar y Sebastián Merino, hermano del imputado Luciano; Redcor S.A., de María Florencia Montivero Fama, quien según Cravero fue empleada de Ciar S.A.; e Hiram S.A. entre otros, que a su vez conformaban UTEs (Unión Transitorias de Empresas) con otras contratistas de la ciudad. Red que evidenciarían una cartelización de la obra pública de la ciudad de Córdoba, similar guardando las dimensiones, a lo efectuado en Brasil con el Lava Jato de la mano de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS, Camargo Correa, etc.
En un principio, por sorteo la denuncia recayó en la fiscalía de Carlos Matheu, quién dio curso a la investigación preliminar y posteriormente resolvió dividir la causa en dos. El desapoderamiento que reclama Clavero pasó a la Fiscalía de Asuntos Complejos, a cargo de Enrique Gavier. La investigación sobre coimas a la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba, que conduce Hugo Amayusco.
En ella se detalla que en el caso del “Nexo cloacal Duarte Quirós”, se habría permitido inflar los costos de la obra en un 47%. Y que la competidora de Ciar en la licitación era Pablo A. Federico S.A., socia de CIAR en otras obras de la ciudad mediante varias UTEs, como la repavimentación del sector sur y de otros barrios.
Durante el comienzo del proceso, el abogado de Carina Cravero, Marcelo Touriño reclamó que se realicen rápidamente varios allanamientos a las sedes de Ciar S.A. para rescatar documentación de la firma. Pero el fiscal Anticorrupción Amayusco obrando en sentido contrario, no los autorizó, y solo se limitó a a pedir, mediante un oficio, el expediente de la obra a la Municipalidad de Córdoba a cargo de Mestre. Recién un mes y medio después, y ante los sucesivos pedidos de Touriño, Amayusco realizó un allanamiento en la empresa, donde obviamente ya no encontró prueba alguna.
Ante estos revés, Touriño presentó a principios de agosto un pedido de jury contra el fiscal Anticorrupción ante la Comisión de Enjuiciamiento de la Legislatura, acusándolo de “abuso de autoridad”. Tras lo cual, el fiscal debió apartarse. Así, la causa pasó en manos del fiscal Gustavo Dalma, quien en menos de un día efectuó los allanamientos solicitados por el representante Cravero.
Estos allanamiento se hicieron el 18 de agosto pasado, con funcionarios de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico y Anticorrupción, que irrumpieron en el octavo piso del Palacio 6 de Junio, en la Dirección de Obras Viales, para requerir el expediente de la obra cloacal con el cual el fiscal Dalma decidió imputar al funcionario Lescano y el empresario Merino dueño de Ciar.
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Luego de eso, Cravero amplió el esquema de corrupción que existiría en Córdoba, al presentar como documental probatorio “fotocopias de los recibos extendidos por CIAR y firmados por los funcionarios públicos”. Es decir, de funcionarios que firmaron recibos en negro, como en Brasil, de los cobros espurios y que, increíblemente, eran parte de la contabilidad interna de la empresa.
En estos registros, según Cravero, bajo la denominación FF (Fondos Fijos) figurarían las erogaciones por los pagos de las coimas que recibían distintos funcionarios públicos de la Municipalidad y la Provincia, a cargo de un tal Gustavo Paz, empleado de la constructora, y que se hacían con una periodicidad semanal.
Entre ellos, ademas del imputado Lescano, a cargo de la División Mantenimiento de Calles, estaría el superior en el cargo, Fernando Elias Antonio Llaryora, a cargo de la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad, quien sería, tio del ex vicegobernador y flamante diputado nacional Martín Llaryora, del partido peronista Unión Por Córdoba, comandado por Juan Schiaretti, actual aliado político del presidente Macri y Cambiemos. Con lo cual, la trama de corrupción llegaría también al gobierno la provincia de Córdoba.
Silencio mediático
Toda esta compleja artimaña que involucra a políticos y empresarios de distintos colores, se asemeja a la trama de corrupción de Brasil, conocida como Lava Jato. Con la gran diferencia de que este Lava Jato cordobés, a diferencia del brasilero, ha recibido un enorme silenciamiento por parte de los medios masivos de comunicación, en especial los locales donde sobresale la pauta oficial de Cambiemos.
En esta provincia, gran parte del empresariado mediático está acaparado por el Grupo Clarín, que detenta el periodismo gráfico con el diario La Voz del Interior, la televisión por aire y cable, y gran parte de la audiencia radiofónica con Radio Mitre. Mientras que los radioescuchas de la amplitud modulada es capitaneada por Cadena 3.
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Todos estos medios vienen dándole una efímera cobertura a estos hechos de corrupción, tanto de las recientes imputaciones como los allanamientos a la Municipalidad. Sobre todo si se comparan con el enorme despliegue mediático que se desatan con los caso de corrupción del gobierno kirchnerista, o el propio escándalo de Brasil. A punto tal que ningún canal fue a cubrir los allanamientos ni envió móviles en directo como sucede cuando detiene un ex funcionario K.
Estas primeras imputaciones en el Lava Jato cordobés, hace recordar el inicio de la campaña anticorrupción italiana de “mani pulite”, llevado a cabo por el fiscal Antonio Di Pietro, referido al financiamiento ilegal de la política. Que comenzó con la detención en flagrancia del modesto presidente del hospicio estatal Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, perteneciente al Partido Socialista Italiano (PSI) por haberse excedido en sus pedidos de coimas a una empresa contratista de la limpieza.
Luego de esa detención, la causa judicial se llamó “Tangentopoli” (tangente es sinónimo de coima en italiano) en la que debieron declarar 4.000 empresarios y políticos de diversos partidos, alcanzando incluso al primer ministro Bettino Craxi. Ojalá en Córdoba se dé un proceso parecido que podría denominarse “aforopolis”, y exhume y acabe no solo en Córdoba sino en todo el país, con el financiamiento ilegal de la política, que una justicia y un periodismo tuerto se empeña en ver solo en el kirchnerismo, pero que es evidente alcanza a todos los partidos políticos en el poder.-
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