El Grupo Roggio implicado en las coimas de Odebrecht

La Procuraduría General de la Nación está investigando si 100 empresas argentinas están involucradas en el pago de coimas que efectuó Odebrecht en nuestro país. Una de las más grandes de ellas sería Benito Roggio e Hijos S.A. Ambas corporaciones son socias de una obra que está investigada por sobreprecios en una millonaria planta potabilizadora en Tigre de 2 mil millones de pesos. Las coimas de Odebrecht, ¿como parte de la ruta del dinero sucio de los Roggio?

Por Lea Ross | @LeandroRoss

Odebrecht no para de ser noticia en Argentina. Y no dejará de hacerlo. Una de las últimas novedades, y que en este caso pasó desapercibida, fue una publicación del domingo 16 de abril del diario La Nación. En ella, la constructora más grande de América Latina, implicada en el mega-escándalo de corrupción en Brasil denominado Lava Jato, fue multada por 32 millones de pesos por los atrasos de una enorme obra pública para un proceso de potabilización de agua en el departamento de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Recordemos que el presiente de la empresa, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 16 años de prisión por la justicia por coimear a funcionarios públicos para quedarse con distintos proyectos de obra pública. Según confesaron los directivos, las coimas que efectuó Odebrecht para tener negocios en Argentina, dentro del período de entre los años 2007 y 2014, es de un total de 35 millones de dólares.

Dicha obra involucra también a un grupo empresarial local. Se trata de “Benito Roggio e Hijos S.A.” -también conocido como el Grupo Roggio-, que es uno de los conglomerados empresariales más grandes de la Argentina. En éstos momentos, los Roggio estan metidos en el ojo de la tormenta por ser dueño del predio donde se rebalsaron los residuos en tratamiento, que está a nombre de su fial Taym S.A. , y que contaminó el cauce Los Molinos, que es el agua se utiliza para potabilizarla y otorgarla como servicio para una tercera parte de la ciudad capital.

En estos momentos, mientras se espera aguardar información que pueda suministrar la justicia de Brasil sobre la circulación de 35 millones de dinero sucio que envío Odebrecht a nuestro país, la Procaduría General de la Nación, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, viene investigando a todas las empresas locales que han tenido convenios con la empresa brasilera a la hora de llevar a cabo distintos proyectos con fondos públicos. Son en total unas cien empresas argentinas, entre los que se incluye a los Roggio, posiblemente el más grande de la lista despues de IECSA, la empresa de los Calcaterra Macri.

Es decir: que el Grupo Roggio estaría implicada en la circulación de coimas que entregó la constructora brasilera corrupta Odebrecht para quedarse con la obra pública de Argentina. En particular, por la misma obra pública que acaba de ser multada la empresa extranjera.

Tal como expuso Striptease del Poder, de los 35 millones de dólares que habrían llegado al país, 20 podrían haber sido efectuados para los avances del mega-proyecto del Soterramiento del Tren Sarmiento, cuya concesión está en manos de un grupo de empresas, entre otros, Odebrecht e IECSA. Según un informe de la policía judicial de Brasil, entre los empresarios que participaron de las reuniones para efectuar los negocios espurios figura Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos directivos de la constructora de Ángelo Clacaterra, hoy de Marcelo Mindlin, pactando con Mauricio Couri Rivero, empresario de Odebrecht Argentina, para una posible transferencia de fondos.

Ver Odebrecht: cruce entre la rutas del dinero K y MM

Si el Soterramiento se quedó con una tajada importante de esos 35 millones, existen fuertes sospechas que la segunda obra más importante se trataría del gran negocio de agua potable en la región del Nordelta, donde Roggio y Odebrecht son socios.

El pulpo Roggio

Aldo Benito Roggio, el mandamás de “Benito Roggio e Hijos S.A.”, es un eterno contratista del Estado argentino. Tiene negocios en la basura, el juego, la construcción, los peajes, la informática, el agua potable, etc. En la ciudad de Buenos Aires, con la firma Metrovías, tiene la concesión de ferrocarriles y la recolección de basura con su filial CLIBA. En la provincia de Córdoba, tiene el monopolio exclusivo del juego y el servicio de agua potable en el caso de ciudad capital. En la ciudad de Rosario, también se encarga de levantar la basura.

En la Capital Federal, recibió buenos beneficios por parte de Ricardo Jaime en su puesto como secretario nacional de transporte, condenado por corrupción entre otros por la Tragedia de Once, y sindicado de ser uno de los coimeados por Odebrecht.

Ver Los millonarios negocios de Jaime con los empresarios Roggio, Urquia y Cirigliano

Sin embargo, sus escandalosas formas de regular sus servicios y manejo de fondos de obra pública parecen ir mucho más lejos de lo que uno puede imaginarse por parte de este grupo empresarial de existencia centenaria. Ya que los Roggio fueron la primera familia de empresarios que recurrió la constructora corrupta brasilera Odebrecht para instalarse en la Argentina.

Fue en el año 1987, cuando los directivos de Odebrecht, treinta años antes de ser condenados a prisión por el escándalo del Lava Jato en Brasil, veían la posibilidad de llevar a cabo una importante obra hídrica en la provincia argentina de Neuquén. Para eso, conformaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE) de la mano de Benito Roggio e Hijos S.A. Es así que los Roggio y Odebrecht levantaron dos años después la obra civil de la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, ubicada sobre el Río Limay, pegada a la provincia de Río Negro. Se trata de una represa que supera los 50 metros de altura con una generación total de 1.080 gigavatios por hora en promedio. Diez años después, la represa sería privatizada a favor de Pérez Companc y hoy está en manos de Pampa Energía.

Como dato de color: quienes se encargaron de la ingeniería de la obra fue un consorcio aparte conformada por Impsa, del Grupo Pescarmona, y la multinacional sueca Skanska, sospechada de haber realizado facturas truchas para encubrir pago de coimas a funcionarios públicos de ese entonces.

Lejos del olvido, los Roggio y Odebrecht volverían a juntarse veinte años después en Argentina con otra mega-obra que, en el día de hoy, está bajo investigación del poder judicial a la hora de indagar si no ha habido irregularidades detrás de la misma. En particular, de la circulación de las famosas coimas que realizó al constructora brasilera en nuestro país.

En el año 2008, ambos emporios, junto con Supercemento S.A.I.C. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A., armaron una nueva UTE para participar en la construcción de un complejo que llevaría el nombre de “Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas”, cuya función sería el abastecimiento en la región Nordelta del conurbano bonaerense. El sistema estaría conformado por una toma de agua en el río Paraná de las Palmas, una planta potabilizadora de nombre “Juan Manuel de Rosas” y un total de tres acueductos.

Considerado como “uno de los mayores emprendimientos de mayor envergadura en materia de agua potable de los últimos 50 años”, el sistema de potabilización pretende abastecer a una población que alcanza los 2 millones de habitantes. Tendría una capacidad de producción de 900 millones de litros diarios de agua potable, destinado para los partidos de San Isidro, San Martín, Tigre y Vicente López.

Es así que la UTE Odebrecht, Roggio y compañía presentaron una oferta adentro del sobre de licitación por un total de $ 2.200.877.856 más IVA, quedándose con la obra en contraposición con la competidora conformada por Camargo Correa y Esuco, que ofrecieron la cifra de $2.297.220.814. Todo bajo un presupuesto oficial de $ 1.838.504.275. Como Odebrecht y Roggio afirmaron que no podían reducir su oferta, el 27 de junio de 2008 decidieron ofrecer un incremento de la utilización del financiamiento con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES). Precisamente, cuatro días antes, la UTE se registró el 23 de junio de ese año en la AFIP.

Y así, el 06 de agosto de 2008, se aceptó la preadjudicación a la UTE conformada por Roggio – Odebrecht – Supercemento – Cartellone por un total de $ 2.293.323.243 más IVA. Es decir: un 24,74% por encima del presupuesto original. La suscripción se realizó el 10 de noviembre para luego, finalmente, iniciar las obras el 19 de febrero de 2009.

Los fondos que otorga el Estado Nacional se realizaría mediante un contrato de fideicomiso subscripto entre la empresa concesionaria del agua potable de Capital Federal y parte del Conurbano, que es AySA –Agua y Saneamientos Argentinos S.A.- y Nación Fideicomisos S.A., un fiduciario que en general banca proyectos financieros del Estado.

Dichos fondos locales provienen de un contrato de mutuo con la ANSES, aprobada mediante Resolución MINPLAN 776 el día 21 de agosto de 2008.

El plazo de ejecución de las obras iba a ser de 36 meses, con dos etapas de 18 meses cada una. Sin embargo, hasta el día de hoy, el sistema de potabilización todavía no está terminado.

Al arrancar en febrero de 2009, se esperaba que terminara en marzo de 2012. Al no ocurrir eso, y con las sospechas de que hubo sobreprecios, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe para determinar los números detrás de la obra.

Según constató el organismo, hasta diciembre de 2012, el valor del contrato se incrementó en un 78% respecto del monto contractual original. En la tabla de abajo, elaborado por AGN mediante Actuación Nº 380/12, en base a información suministrada por la Agencia de Planificación (APLA), se puede detallar la elevación de montos para el financiamiento de las obras. El justificativo que se han dado fue por los atrasos del crédito de Brasil más otros percances menores, como por ejemplo, diferencias con el municipio del Tigre por el movimiento de vehículos para las obras.

Y según una nota de APLA, “Con fecha del 07 de abril de 2009, ANSES completó el total de la línea de financiamiento. A fines del año 2010, se terminó de utilizar la totalidad de los fondos desembolsados de la ANSES”. Según constató AGN, al cierre de esas tareas, el fideicomiso se nutrió únicamente de transferencias realizadas desde el Tesoro Nacional.

En la segunda tabla de abajo, se muestra la diferenciación entre los fondos locales provenientes del fideicomiso de AySA y de los fondos extranjeros, provenientes del crédito de BNDES, donde se observa una variación que supera el 40% entre el valor de la adjudicación por parte del financiamiento local, gran parte proveniente de los fondos de la ANSES, y la redeterminación del valor del contrato hecha en el último mes de 2011, aun cuando el parate que tuvo el crédito de Brasil en el año 2010 se mantuvo para ese año y gran parte ejecutado en el 2012.

Precisamente, fue durante el período de finales de 2009 y principios de 2011 en que Odebrecht empezó a tener problemas para efectuar sus pagos de coimas, ya que el banco Antigua Overseas Bank, ubicado en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda, donde se encontraba la cuenta bancaria Klienfeld utilizada por la constructora para la transferencia de los dineros iliciticos, empezó a tener problemas de liquidez. Finalmente, Odebrecht decidió solucionar el problema en octubre de 2010, comprando las acciones de otro banco, el Meinl Bank Antigua, de origen austriaco pero también con sede en Antigua y Barbuda.

“El plazo para la finalización de la obra se encuentra excedido, sin que la primera etapa, al cierre de las tareas de campo, se encontrara finalizada. Si bien es cierto que se suscribieron sendas adendas al contrato original, que modificaron la fecha de finalización de las etapas, también lo que es la magnitud y envergadura de la obra carece de una adecuada planificación, no solo desde el punto de vista de la ingeniería, sino también del financiamiento”, había concluido el informe de AGN en ese entonces.

También, señalaron lo siguiente sobre AySA: “Esta auditoría detectó la falta de mecanismos de control, por parte de autoridad competente ajena a las partes, sobre el procedimiento de redetermianción de precios de los certificados de obra. Como consecuencia debió solicitar la integración de las garantías obligatorias por parte del contratista a fin de restablecer la proporción del contrato fijada, hecho que ocurrió extemporáneamente”.

Recién dos años después, el 29 de mayo de 2014, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner participço en una videoconferencia para anunciar el cierre de la primera etapa de la obra del sistema de potabilización. Según un cable de Télam, hasta ese momento la obra demandó un total de $ 4.900 millones, incluyendo el aporte del BNDES. Hasta el día de la fecha, la obra sigue incompleta.

A principios de este año, el sitio web de Brasil O Estado do Sao Paulo había revelado la circulación de coimas en el soterramiento del tren Sarmiento, por parte de Odebrecht, al publicar un documento oficial de la policía judicial, donde analiza material, compuesta por anotaciones y correos electrónicos, que fueron extraídos del back up de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, ejecutivo de Odebrecht Argentina. El documento lleva de título “Operación Lava Jato – Informe de Análisis de la Policía Judicial Nº 124/2016”. Allí, se confirmó que se pagaron 20 millones de dólares para avanzar con las obras del faraónico proyecto del enterramiento de dicho ferrocarril.

Allí, varios mensajes aparecen con el código “DGI” en donde se sospecha que alude al pago de coimas.

Sin embargo, dentro de ese documento, más de uno sospecha que allí se alojaría una segunda ruta de coimas que apuntaría nada menos que a la irregular planta potabilizadora del Tigre. En particular, dos mensajes cuyo asunto lleva bajo el nombre de “Biancuso”. Se sospecha que se alude al ingeniero Raúl Biancuzzo, quien fue director nacional de infraestructura y desarrollo tecnológico, perteneciente a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que está dentro de la cartera de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López, hoy detenido por ser pescado in fraganti al tratar de ocultar casi 9 millones de dólares en bolsos.

Algunos recortes periodísticos señalan que Biancuzzo también tuvo su paso por AySA.

Un primer mensaje de correo electrónico fue enviado el 06 de agosto de 2009, justo cuando se cumplió un año de la preadjudicación de la obra de agua potable del Nordelta al consorcio que encabezaron Odebrecht y Roggio.

Allí, aparece una lista de temas donde el primero en mencionar es a “Biancuso”, seguido del código “Dgi”, es decir, de coimas. En medio de todo esto, le sigue “Certificados por excepción”, donde allí aparece “Apla”, la entidad donde el propio Biancuzzo ha asistido a las reuniones de asambleas, tal como lo exponen las actas de comisión asesora del organismo. Y sigue temas como “Aprobación de proyectos”, “Ampliación de plazos” (extensión del plazo de cumplimiento del contrato), una “Adenda Contractual” acompañado con el nombre de un tal Antonio Calcino, y hasta la “Desconfianza de socios”.

Finalmente, el segundo mensaje habla de una reunión pautada con el tal “Biancuso”, enviado el 04 de marzo de 2010, donde se estipula el Dgi, una “Comisión de Redeterminación de la Secretaría de Obras Públicas”, donde se cree que hace referencia al reajuste de precios. Es decir, para inflar los mayores costos de las obras. También, aparece acompañado de un nombre: Sergio Collado, que sería un intermediario del secretario José López. Y los dos últimos temas son un “Teléfono de Bochini” y “Facturamiento de servicios“.

Precisamente, tal como se expuso en la primera tabla elaborada por la AGN, la redeterminación de los montos para las obras de la planta comenzó a partir de noviembre de 2010, ocho meses después de que se enviara ese correo electrónico, con un variación del 14,47% a lo presupuestado originalmente.

Por si fuese poco, en ese mismo año, previo al inicio de negociación para la redeterminación de costos con sobreprecios, 2010 fue el año en que Aldo Roggio decidió trabajar de manera permanente en el paraíso fiscal de Panamá. Esto es a partir de conseguir la obra de una carretera mediante la creación de una filial.

Hace un año atrás, Striptease del Poder expuso que Aldo Roggio estaba involucrado en cuatro empresas panameñas. De estas offshore, tres –LARIDA INTERNATIONAL CORP., BRINSID CORP. y MEDINE CORP.– están inactivas. Mientras que la restante, BENITO ROGGIO PANAMA S.A., permanece activa hasta la fecha y declarada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta última fue fundada el 8 de enero del 2010. Lleva el número 687.772. En ella, Aldo aparece como presidente, Alberto Estaban Verra como tesorero y Graciela Roggio, hermana de Aldo, como secretaria. Verra figura como vicepresidente de Aguas Cordobesas S.A.

VER El empresario Aldo Roggio tiene cuatro empresas offshore en Panamá

En los folios de abajo publicamos, en exclusiva, documentos que certifican la existencia de la compañía a nombre de los Roggio.

Por ende, se deja librada la sospecha que si dentro de los 15 millones de dólares en coimas que aduce Odebrecht haber pagado para participar de la obra pública en Argentina, el Grupo Roggio se podría haberse quedado con una parte de la misma para permitir su expansión en el negocio de otros países que garanticen la exención impositiva, clausuras de confidencialidad en cuentas bancarias, entre otros beneficios, como solo los paraísos fiscales pueden garantizar.

Las dudas se irán revelando de a poco, a medida que lleguen más noticias y se suministre toda la información sobre las rutas de las coimas de Odebrecht que la justicia brasilera pueda alcanzar. Como así también, de parte de la justicia argentina para determinar la complicidad de todos los empresarios y funcionarios públicos involucrados en esta trama.

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