PRRRRESUPUESTO 2026: MOTOSIERRRRAZO RRRRECARGADO con la complicidad de una oposición lubricada con monedas

Este 2 de enero el gobierno promulgó finalmente la ley de Presupuesto para el año 2026. Uno se pregunta por qué en esta ocasión fue tan importante para el gobierno presentar un presupuesto como se debe, cuando en años anteriores eludió esta obligación. Sin duda, el presupuesto nacional es una herramienta importante que permite otorgar previsibilidad a las políticas públicas.

En esta ocasión, la mayor discrecionalidad otorgada al Jefe de Ministros y el Ejecutivo para reasignar partidas en el transcurso del año, mitiga ese efecto positivo. El gobierno se ha lanzado de antemano a presentar las previsiones de superávit contenidas en el presupuesto como un logro de gobierno, lo cual en realidad todavía está por confirmarse.

Probablemente uno de los intereses del gobierno era aprovechar la ocasión para presentar conjuntamente al proyecto de presupuesto, el proyecto de estabilidad fiscal (11-PE-2025), y la Ley de Inocencia Fiscal, con la cual actores económicos importantes buscan una vez más blanquear el dinero producto de la evasión fiscal y de actividades ilegales, y el gobierno busca algunos dólares frescos que le permitan “seguir tirando”.

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Los principales medios han reproducido acríticamente los supuestos enunciados en la ley, acerca de que este presupuesto permitirá cerrar nuevamente el año con superávit fiscal (algo que había dejado de ocurrir desde 2010). Esta presunción, junto a algunos guarismos dudosos publicitados en estos días acerca de una disminución de la pobreza, parecen dar la imagen de que “lo peor ya pasó” y el gobierno se encuentra estabilizando la situación económica gracias a sus políticas de ajuste.

Al menos eso se intenta instalar en la opinión pública, ya que no se palpa lo mismo en la calle, y la cantidad de gente que asiste a comedores comunitarios o vive en la calle ha aumentado. Un análisis más fino nos permite expresar algunas dudas sobre el futuro optimista previsto.

Nueva regla fiscal de ajuste continuo

Como característica sobresaliente de este presupuesto debemos señalar la novedad de establecer una nueva regla fiscal inflexible. En el artículo 1 de la Ley de Presupuesto 2026, en concordancia con lo expresado por el presidente en el Mensaje de presentación dado en cadena nacional, se determina que al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá presentar obligatoriamente un resultado financiero equilibrado o superavitario.

Este objetivo es naturalmente encomiable y deseable para cualquier gobierno, pero los medios que se pretenden utilizar para lograrlo no se centran en planes de desarrollo productivo, sino solamente en más ajuste de inversión estatal. El cual, según la filosofía del Primer Mandatario, se supone que de por sí solo tendrá efectos positivos espontáneos y activará la economía, no se sabe exactamente cómo.

Como aclaró Milei en la presentación de la ley, con un tono despectivo, la manera de llegar a ese objetivo es sumamente sencilla. Simplemente se determinará el superávit que se quiere lograr, y si luego la actividad económica empeora y no se recauda lo esperado, se ajustarán discrecionalmente aún más las partidas de gastos (en salud, educación, infraestructura, jubilaciones). Mediante este sencillo procedimiento, el gobierno espera terminar el 2026 con un superávit de más de dos billones de pesos ($ 2.734.029.655.055), a costa de seguir desfinanciando todos los sectores de la actividad nacional.

Para reforzar las herramientas que permitan concretar esos ajustes, se presentó el mencionado proyecto de ley de estabilidad fiscal. En su artículo 1, el proyecto prohíbe leyes de presupuesto con resultado deficitario, y en el artículo 2 dispone que el Jefe de Gabinete puede modificar el presupuesto a discreción si “se produjere una disminución de los recursos previstos, o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista en el artículo 1”.

En el artículo 6 afirma además que las leyes que violen esta regla fiscal de “ajuste obligatorio” serán nulas, lo cual es contrario a la normativa argentina y un absurdo jurídico, ya que no existe jerarquía entre leyes.

Para llevar aún más lejos el afán “ajustador” del gobierno, el artículo 11 establece que los legisladores que autoricen normas o actos administrativos que incrementen los gastos públicos, sin contar con los recursos debidamente acreditados, estarían cometiendo el delito de “vulneración de deberes del funcionario público”, y podrían recibir una pena de hasta seis años de prisión.

Sería bueno que se considere una pena de prisión también para quienes soliciten préstamos a organismos internacionales sin considerar cómo pagarlos, y luego los fuguen del país. Ya que el daño económico de esa acción es aún más grande, pero sería un problema porque terminarían presos todos los altos actuales funcionarios de Hacienda y Finanzas.

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La nueva regla fiscal en la que se basa el presupuesto 2026 es claramente procíclica, es decir que ante condiciones económicas recesivas que tiendan a un ajuste, lo refuerza y lo lleva más lejos. En general se considera que una buena regla fiscal debe ser anticíclica, es decir, debe tender a ejercer un efecto moderador, que estabilice la situación económica ante los vaivenes económicos generados por las diversas condiciones externas e internas.

En un escenario de contracción económica, debe moderar sus resultados perjudiciales, y en condiciones de expansión económica, debe moderar la tendencia al derroche en el gasto público, para acumular superávit.

Pero Milei encarna la última manifestación caricaturesca de ese espíritu ascético del liberalismo argentino (con telecomando en Manhattan). Para el cual la redención del país se encuentra exclusivamente en el ajuste eterno, al final del cual se promete un verano económico que nunca llega. Un perfil ideológico y psicológico sobre el cual Leopoldo Marechal reflexionó satíricamente en la biopsia de Creso de su novela Megafón o la guerra, de 1970.

El crecimiento prometido… o dibujado.

El presupuesto 2026 prevé gastos totales de la Administración Nacional de poco más de 148 billones de pesos ($ 148.069.293.526.549), y calcula los recursos del Estado en un número ligeramente superior ($ 148.295.762.681.598), de los cuales alrededor de 357 mil millones son recursos de capital.

Los ingresos Impositivos de la Administración Nacional para el año 2026, se estiman en 90,308 billones de pesos. Lo cual llama la atención, ya que significa un aumento considerable frente a los 73,695 billones logrados en 2025. De estos ingresos con los que teóricamente se financiaría la Administración Nacional, los más importantes son el IVA (incluido en los productos que todos compramos), el Impuesto a las Ganancias, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (jubilaciones, ART, etc.), el Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (utilizadas también por todos) y los Derechos de Exportación.

De acuerdo a lo expresado en el Mensaje del presidente, este aumento que se espera en los recursos nacionales se debe a que se prevé un crecimiento general en la actividad económica y el empleo. El presupuesto estima que la actividad industrial y comercial crecerán el 3,7% y 8,5% interanual respectivamente. Se espera mayor recaudación por IVA y Monotributo, debido al crecimiento en el consumo. Es esencial, entonces, para que el superávit esperado se cumpla, que esas previsiones de crecimiento económico ocurran realmente.

Sin embargo no queda claro en qué indicadores económicos o políticas del Estado se sustentan esas previsiones tan optimistas, que no se condicen con las proyecciones de las principales consultoras, ni con el fruto obtenido hasta ahora por las políticas de la cartera de Economía, que no dan señales de variar en ningún aspecto.

Hasta el momento esas políticas han hecho desplomarse el poder adquisitivo de la población más de un 35%, y la actividad industrial cayó un 9% en comparación a octubre de 2023, según los datos recabados por la UIA. La economía viene de estar en recesión desde mayo de 2022 hasta marzo de 2024, y sólo algunos retoques de datos del INDEC han permitido que los últimos meses no sean considerados recesivos también.

Los guarismos del presupuesto 2026 presentan también un incremento del 9,0% (Ajustados x IPC) en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, y un crecimiento del 6,8% en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, todo lo cual sólo sería posible si se da una mejora notable en la actividad económica.

El Presupuesto estima asimismo que los Derechos de Exportación alcanzarán el récord de 9,9 billones de pesos, con un crecimiento del 7,8% (Ajustados x IPC) respecto a 2025. Pero de manera contradictoria, el presupuesto presenta en otra de sus secciones un déficit fluctuante en la balanza comercial durante los próximos tres años, calculando un déficit de USD 5.751 millones para 2026, lo cual es una incongruencia.

La recaudación esperada por Derechos de Importación tampoco es congruente con el incremento de importaciones previsto. Tampoco parece tenerse en cuenta cómo afectará a lo recaudado por exportación la política de alícuota 0% a productos del agro, sancionada en octubre de 2025 (un mes después de presentado el proyecto).

Agreguemos a esto que las exportaciones previstas para 2025 no se cumplieron, pues se preveía que se recaudasen 9.200 millones de pesos por mes, y sólo se obtuvieron $8.100 millones. Esto implica que el incremento en las exportaciones necesario para llegar a la meta fijada es aún mayor al supuesto generosamente al momento de presentarse el proyecto.

El valor del dólar y la inflación están subestimados, lo cual afecta todos los cálculos. Para 2026, el presupuesto estima una inflación anual del 10,1%, seguida de una desinflación del 5,9% en 2027. Esto difiere enormemente del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del mismo BCRA, que contempla una media de inflación del 21,0% para el período entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, o sea más del doble que la que estima el presupuesto 2026.

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El documento preveía un dólar cotizando a $1.325 a diciembre de 2025, y a $1.423 a diciembre de 2026. Sin embargo el dólar cerró el mes de diciembre de 2025 a $1.430 (más de lo que se estimó para 2026), y al cierre de esta nota cotiza a $1.440. La primera previsión ya no se ha cumplido, y el dólar debería reducir su cotización para llegar al valor de $1.423 al finalizar 2026. Nuevamente debe señalarse que esas proyecciones difieren de las del REM del BCRA, que con más realismo, proyecta una cotización de $1.667 para noviembre de 2026.

Hay que decir francamente que estos números parecen “dibujados”, para decirlo en criollo, agrandando todo lo posible las estimaciones, para lograr que superen levemente los gastos esperados, de manera de poder presentar un futuro año con presupuesto superavitario a la opinión pública.

El problema de la deuda

El superávit financiero de la Administración Pública Nacional previsto para 2026, gracias al ajuste realizado desde 2024 sobre todos los rubros de la inversión estatal, y principalmente sobre la obra pública, es de 9,7 billones de pesos. Pero luego de realizar transferencias al resto del Sector Público Nacional para cubrir el déficit de empresas públicas y equilibrar otros rubros, queda reducido a 200 mil millones de pesos, lo cual podría definirse como un presupuesto equilibrado.

Este resultado sería muy superior al ofrecido por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, cuando el déficit financiero representó el 34% de los recursos. Sin embargo, como veremos a continuación, al haberse logrado principalmente mediante la suspensión de la obra pública, la toma de deuda y la baja de salarios y jubilaciones, es una victoria pírrica. Pan para hoy, pero hambre para mañana.

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El magro superávit de 0,2 billones de pesos se va a lograr gracias a un ajuste en inversión pública de alrededor de 14 billones (si hacemos un promedio de lo invertido antes de 2024, corregido al valor actual del peso) en rutas, obras hidráulicas y energéticas, nuevos hospitales, escuelas, cárceles, maquinaria para hospitales y militar, etc.

Aunque aparentemente los gastos corrientes de la Administración Pública Nacional para 2026 quedarían cubiertos con los recursos nacionales, según lo expresado en los primeros tres artículos del Presupuesto, no podemos soslayar que todos los presupuestos nacionales, siguiendo la costumbre ya instaurada por los gobiernos anteriores, contabilizan de manera separada la deuda generada por la toma de préstamos.

Al llegar al artículo 4 podemos ver que efectivamente las amortizaciones de deuda previamente contraída, que deberán abonarse en el transcurso del año, ascienden a más de 279 billones de pesos ($ 279.175.360.716.964), o sea un 33% del PBI. Para cubrir ese monto exorbitante se recurrirá (cuando no) a más endeudamiento público, estimado en más de 288 billones de pesos ($ 288.715.113.748.796).

¿Quién se prevé que nos prestará semejante monto? Aparentemente nadie. Del monto total de 288 billones que figura como endeudamiento público, 215 billones de pesos (equivalente al 26% del PBI nacional) son colocación de deuda en bonos a largo plazo en moneda nacional (LECAP, BONCAP, BONCER, BONTE, BONAD y BOCON), que eventualmente podría ser comprado por bancos que operan en el país o por el mismo Estado (a través, por ejemplo de ANSES, licuando la deuda en recortes a los futuros jubilados).

Algo que no cierra es que se anticipa el pago de BONTE en 2026 por algo más de 35 billones de pesos, cuando no se esperan vencimientos por esa cantidad para este año. Es probable que Economía planee emitir un nuevo BONTE.

En su parte legal, el art. 43 de la ley expresa que el 18% del monto total destinado a la emisión de títulos públicos podrá colocarse en moneda y bajo jurisdicción extranjera. El “mago de las finanzas” Toto Caputo pretende de esa manera “seguir tirando”, pateando vencimientos y acumulando intereses. “Seguir tirando” podría ser el slogan del programa económico de los últimos gobiernos argentinos.

Los vencimientos de deuda en moneda extranjera totalizan USD 19.524 millones. Se desconoce cuál será la estrategia para refinanciar esos vencimientos.

Para poder seguir endeudándonos, en el art. 18 se suspenden los incisos c), d) y f) del artículo 2° y el inciso a) del artículo 3º de la Ley N° 25.152, que le ponían ciertos límites al endeudamiento y el gasto público. Hay que decir que esto ya lo venían haciendo los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri, que suspendieron no sólo esos incisos sino los artículos enteros.

Los incisos suspendidos disponen que la tasa de incremento del gasto público (calculado como los gastos corrientes menos los intereses de la deuda) no podrá superar la tasa de aumento del PBI. También disponen que la deuda pública total del Estado nacional no podrá aumentar más que la suma del déficit del Sector Público Nacional No Financiero, la capitalización de intereses y los préstamos que el Estado nacional repase a las provincias.

Los artículos 53 a 57 del Presupuesto 2026 dan amplias facultades a las secretarías de Hacienda y de Finanzas para realizar operaciones con instrumentos financieros. El artículo 55 suspende la aplicación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, y varios artículos de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, entre ellos el artículo 65, que exige que los canjes de deuda deben presentar una mejora en al menos dos de tres condiciones: monto, tasa o plazo.

En realidad esto se viene incumpliendo desde 2024 por decreto (DNU 846/2024), al igual que el requisito de tener la autorización del Congreso para endeudarse en moneda extranjera, por el mismo decreto.

Se habilita a los gobiernos provinciales y locales a emitir títulos en moneda nacional para financiar las obras de infraestructura que necesiten, y que Nación no piensa financiar.

De manera que, expresado en criollo y sin tecnicismos, podemos resumir el presupuesto de la siguiente manera: Las previsiones de recaudación impositiva para el año próximo del Presupuesto presentado están ajustadas de tal manera de evitar un resultado deficitario, presuponiendo un crecimiento económico cuyos primeros signos aún no se ven, ni se sabe en qué se fundamentan.

Gracias a ese supuesto crecimiento económico moderado, pero más que nada a un recorte brutal en inversión estatal, llegaríamos a un superávit de 2,7 billones de pesos. Pero a la vez nos endeudaríamos por una suma diez veces superior al supuesto superávit obtenido. Así a cualquiera le cierran las cuentas, ¿no?

Puede parecer una obviedad, pero en la Argentina de hoy hay que recordar obviedades. Pagar deuda adquiriendo más deuda, sólo da algo de tiempo y empeora el problema a la larga, si los fondos obtenidos no se emplean para impulsar el desarrollo productivo. Desinvertir en áreas esenciales como infraestructura vial, tecnológica y energía, genera un deterioro que será mucho más oneroso reparar más tarde. Los daños sociales del empeoramiento de la situación económica y la desinversión en educación pueden ser difíciles de revertir. Se puede considerar un fuerte ajuste de emergencia ante una catástrofe puntual, pero nunca será en sí mismo un programa de desarrollo.

Ni los yanquis se lo creen.

No es sólo la oposición la que ha expresado sus dudas sobre el futuro económico. El Congreso de los EEUU emitió el pasado 30 de diciembre un documento que viene a aguar la fiesta al gobierno libertario, llegando a conclusiones diametralmente opuestas a su visión optimista, que son las que por otra parte señalan también diversos analistas nacionales.

El documento titulado “US Financial Support to Argentina”, emitido por el equivalente estadounidense a la Oficina de Presupuesto de nuestro Congreso, pone en blanco sobre negro la cuestión de los ingresos genuinos de la economía nacional, señalando en su página 7 sin vueltas que “la principal fuente de divisas de Argentina es el saldo restante de su línea de swap de divisas con Estados Unidos”.

Esto es efectivamente así, ya que el resto de los activos en dólares están comprometidas para el pago de deudas previas. En octubre de 2025, el Banco Central argentino utilizó más de 2.500 millones de dólares de dicho swap, del cual se han mantenido completamente en secreto los términos, condiciones y duración.

El documento agrega que “Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas”. Aunque el saldo de la balanza comercial de Argentina en 2025 ha sido favorable, impulsado por la exportación de petróleo de Vaca Muerta, sigue siendo totalmente insuficiente para hacer frente al déficit de la balanza de servicios, la demanda de dólares por parte de residentes, el giro de dividendos, y el volumen de vencimientos de deuda acumulados.

Continúa el documento: “Si el gobierno de Milei se encuentra sin suficientes divisas para hacer los pagos de su deuda y sostener sus objetivos de política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como por ejemplo dejar de pagar su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso” (o sea, entrar en default o realizar una devaluación más brutal).

El swap de 20 mil millones de dólares prometido por Donald Trump, del que incluso se puso en duda su existencia, al menos no fue habilitado completamente y encuentra una fuerte oposición en el Capitolio. Por otra parte, es muy dudoso que el FMI otorgue más préstamos, dada la fragilidad de la capacidad de pago del país.

Pero aunque esos fondos del Tesoro norteamericano llegasen, el plan económico de Caputo no da muestras de cambiar de rumbo. En los últimos dos años, ingresaron aproximadamente 92.670 millones de dólares a las arcas del sistema financiero (más de cuatro veces el monto que se espera obtener del swap) por el blanqueo, el dólar blend, los BOPREALES, la REPO con bancos privados y los préstamos del FMI, el Banco Mundial y el BID. Así como ingresaron, salieron, por diferentes motivos, dejando reservas netas negativas. ¿Cuáles serían los indicadores de que no volvería a pasar lo mismo?

Ajustes brutales para hacer cerrar las cuentas

En cuanto a los recursos que se pueden obtener por ajuste del gasto público, tienen un límite que prácticamente ya se ha alcanzado. El gobierno decidió bajar retenciones al agro y la minería, y disminuyó Bienes Personales, con lo cual el ajuste se hará nuevamente sobre el grueso de la población. Pero ya no hay más de dónde sacar.

La obra pública prácticamente se ha paralizado, con pocas excepciones (el presupuesto destinado a la reparación de carreteras nacionales, por ejemplo, es de alrededor de $360 mil millones, inferior al de varias provincias), las jubilaciones se han reducido al mínimo, los aumentos de sueldos están casi congelados en varios organismos estatales y el presupuesto para Ciencia, Educación y Defensa cae por debajo de lo contemplado por la legislación nacional. Sólo ha aumentado levemente la presión tributaria del impuesto sobre los combustibles.

Distintas funciones presupuestarias tienen asignados niveles inferiores al 0,5 % del gasto anual, entre ellas: Vivienda y Urbanismo (0,02%); Información y Estadísticas Básicas (0,03%); Industria (0,1%); Administración Fiscal (0,1%); Comercio, Turismo y otros servicios (0,1%); Agua Potable y Alcantarillado (0,2%); Agricultura, Ganadería y Pesca (0,3%); y Sistema Penal (0,4%), ente otras.

Capitulo II, la rendición de la oposición

El controvertido artículo 30 de la ley, dentro del Capítulo II, con título De las normas sobre gastos, con un cambio de acentuación revela la capitulación incondicional de un sector de la oposición, para cuya aprobación el gobierno movió todas las influencias posibles sobre los gobernadores.

Para que los diputados y senadores dependientes de estos, legitimaran esa capitulación, a cambio de la promesa de contar con unas monedas a su favor. Al final de la nota, para la debida memoria, se detalla a cada uno de los legisladores que facilitaron la aprobación de este vergonzoso Capítulo II, ya sea con su voto afirmativo o abstención, sin considerar empero los ausentes, que es otra forma de complicidad.

Habiéndose consumado esto, con una anómala votación por capítulos del proyecto de ley en lugar de por artículos, a los efectos de obligar a esa capitulación por parte de la oposición. Con la que mediante el contenido del referido artículo 30, se derogaron distintas disposiciones que no permitían que el presupuesto destinado a Educación, Desarrollo científico técnico, y Defensa, estuvieran por debajo de cierto umbral.

El articulado derogado de la ley 26.206 establecía que la inversión en educación no podía ser inferior al 6% del PBI (contabilizando aportes de provincias y nacionales). De manera enrevesada con el artículo 13 previo, esto fue reemplazado con el artículo 7° de la ley 26.075, que en definitiva hace que dicho porcentaje del PIB se reduzca al 5 %, siendo de esta manera el aporte de Nación para este año de solo aproximadamente el 0,75%. Lo cual representa un aumento de casi el 4% respecto a 2025, pero no logra compensar los ajustes de años anteriores, quedando 48% abajo del 2023.

En cuanto el presupuesto asignado a Universidades Nacionales, mediante el artículo 12 previo, se lo fijó en 4,78 billones de pesos. Con una caída de un 2,3% respecto a 2025, y un 33% respecto a 2023. Pero además en dicho artículo previo, se establecen rigurosas normas para la rendición de cuentas por parte de ellas, se faculta al ministerio de Capital Humano a interrumpir las transferencias si ellas no se cumplieran, y se congelan las planta docentes y no docentes a las existentes en noviembre 2025, salvo autorización de dicho ministerio.

A su vez los artículos derogados de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, disponían un incremento progresivo del presupuesto dedicado a ciencia y técnica, con la idea de llegar al 1% del PBI en 2032 (una cifra apenas por debajo de Brasil). El Presupuesto general destinado a este rubro es superior al ejecutado en 2025, pero cae un 48,8% respecto a 2023.

En cuanto a los organismos de investigación científica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONEA) recibe un presupuesto un 59,4% inferior al de 2023. Siempre en comparación con 2023, el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica es un 53,1% inferior.

El recorte en el INTI respecto a 2023 es del 49,6%, y el del INTA del 44,7%. Esto compromete el funcionamiento de todos estos entes. El Conicet registra una disminución presupuestaria del 39%. También se anula el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, dejando al sector prácticamente desfinanciado.

Parecida cosa se hace con el FONDEF, Fondo Nacional de Defensa de la Ley 27.565, al que se destinaba el 0,8% del total de los ingresos corrientes del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público Nacional, para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, siendo esto fundamental para la investigación, desarrollo y ciencia aplicada a la defensa

En su reemplazo el artículo 19 previo, establece que “podrá” destinarse “hasta un 5%” de las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Defensa al FONDEF, para “la adquisición de bienes de uso necesarios para el funcionamiento y soporte administrativo de la jurisdicción”. De esta manera el presupuesto Destinado a Defensa que viene fluctuando en 0,5 % del PIB en los últimos años seguirá cayendo, y está dirigido sustancialmente al gasto en personal.

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Los sebos puestos para que capitulara la oposición

El Capitulo II de la capitulación de la oposición, abarca los artículos 11 a 31 de la ley de Presupuesto. Para lubricar en el mismo las podas definitivas en el gasto presupuestario destinado a sectores claves como educación, ciencia y tecnología, y defensa, el artículo 11 autoriza la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios obrante en planillas anexas, nada relevantes, pactadas con los gobernadores a esos efectos. A su vez el artículo 14 fija los módicos importes a remitir en forma mensual a determinadas provincias:

• La Pampa, $3.369.100).
• Santa Cruz $3.380.000).
• Santiago del Estero, $6.795.000.
• Santa Fe, $14.970.100.
• San Luis, $4.031.300.

El artículo 15 asigna la suma de $11.290 millones, destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE), en el ámbito del ministerio de Capital Humano. Con el artículo 16, el Estado nacional toma a su cargo las obligaciones de pago con Nucleoeléctrica, Entidad Binacional Yacyretá, y ENARSA, en su carácter de acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Con el artículo 17 se asignan al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, $15.843 millones, y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos $1.624 millones.

Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía, a ampliar los montos establecidos en el párrafo precedente, en el marco de la mencionada ley, y a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente.

De paso con el artículo 18 se dejan “sin efecto para el Ejercicio 2026 las previsiones contenidas en los incisos c), d) y f) del artículo 2° y en el inciso a) del artículo 3º de la ley 25.152”.  Contradictoriamente con la política de la motosierra el inciso c) establecía que la tasa real de aumento del gasto público primario no podía superar la tasa de aumento real de la recaudación tributaria.

El d) prohibía la creación de fondos u organismos que implicaran gastos que no estuvieran dentro del presupuesto general. (f) exigía al Poder Ejecutivo incluir en el mensaje presupuestario un presupuesto plurianual de al menos tres años. Y el a) establecía la obligación del Jefe de Gabinete de presentar informes trimestrales al Congreso sobre el flujo y uso de fondos fiduciarios.

Con el artículo 20, y 22 al 28  se aprobaron una serie de disposiciones relacionadas con el Fondo Multilateral de Inversiones IV (FOMIN IV). Préstamo “cuyo objetivo general es “promover el desarrollo sostenible e inclusivo a través del sector privado identificando, apoyando, poniendo a prueba y ensayando innovaciones empresariales escalables para los desafíos de desarrollo y procurando crear oportunidades para las poblaciones pobres y vulnerables, estimular el crecimiento económico y la productividad, abordar el cambio climático y avanzar en la igualdad de género y la diversidad” etc.

Con el artículo 21 se aprobó el aumento del aporte de capital de Argentina al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), para obtener más prestamos destinados a las provincias. Y con el 29 se hizo lo mismo respecto el aporte de capital de Argentina a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial. Y con el artículo 31 se exime de derechos de importación, distintas tasas aduaneras, e impuestos a favor del INVAP SAU, VENG SA. y DIOXITEC.

Otras disposiciones “incendiarias”

La Ley Presupuesto 2026 asigna 1.624 millones de pesos al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, un porcentaje muy inferior a lo que le corresponde por ley (aunque esta ley se viene incumpliendo hace años), y claramente insuficiente para proteger unas 53 millones de hectáreas, que es lo que ocupan aproximadamente los bosques en el territorio nacional.

Por estos días, mientras se incendia la Patagonia con pérdidas millonarias, al parecer por la acción de elementos militares extranjeros que tienen el descaro de dejar señas de su presencia deliberadas como provocación, nos preguntamos dónde se invirtieron los 909 millones asignados el año pasado, un presupuesto magro de todas formas, pese a que 2024 fue el año con mayor cantidad de incendios reportados en los últimos nueve años. Debemos recurrir a la ayuda de aviones hidrantes de Chile, y si el fuego no avanza más, es por la organización de los mismos habitantes para combatirlos y las donaciones de la gente.

Después de que el gobierno distribuyó casi todo el fondo de Aportes del Tesoro Nacional del mes de diciembre a 7 provincias, como “premio” a los legisladores que habilitaron la inclusión del artículo 30 como quería el Ejecutivo, el Presupuesto elimina varios de esos fondos especiales para las provincias, dejando sólo las transferencias automáticas. El total de recursos destinados a las provincias por la Ley de Coparticipación Federal cae un 36,7% respecto a 2025 (si proyectamos transferencias mensuales iguales al promedio de los meses transcurridos).

Por último: Los subsidios a la energía eléctrica y al gas se reducirán un 4,4 %, previendo que los clientes residenciales y pequeños comercios paguen del 61 al 67% del costo del servicio. La inversión en agua potable y alcantarillado (obra pública) cae un 92% respecto a 2023. Los subsidios al transporte (sin Vialidad) se incrementan un 1,3%, mientras que el resto de los subsidios económicos (asistencia financiera a empresas públicas, Ministerio de Defensa, y otros) se reducirán 24,1%.

La Agencia Nacional de Discapacidad, jaqueada por denuncias de corrupción y quita de pensiones arbitrarias, tiene una caída de 7,3% respecto al 2025, y 27% respecto a 2023.

La Secretaría de Inteligencia del Estado es uno de los pocos organismos que obtiene un incremento: de 3,2% respecto a 2025, y 19% respecto a 2023. Además se han ampliado sus facultades por decreto.

La partida presupuestaria del Ministerio de Desregulación y Transformación (o desguace) del Estado tiene un aumento del 78,9% respecto a 2025. Las Obligaciones a cargo del Tesoro aumentan un 30,6%.

El Ministerio de Capital Humano recibe un aumento del 19,1% respecto a 2025. Aunque el gobierno libertario ha construido toda una retórica en torno a sus adversarios políticos, calificándolos de “planeros” y gente que “no agarra la pala”, la realidad es que el gobierno de Milei, al igual que el de Macri, mantiene y aumenta los planes sociales (aunque sustrayendo su manejo a las organizaciones sociales). Sabe bien que el resultado de no contener a ese sector de la población en medio del ajuste sería catastrófico.

La partida destinada a ANSES tiene un incremento de 14,1% respecto a 2025, y 4,7% respecto a 2023. Para asignaciones familiares se prevé un gasto de $10,1 billones (1% del PBI), lo que arroja un incremento de 3,7% respecto a 2025, y un 21% respecto a 2023. Pero, por otra parte, deroga los artículos de la Ley N° 27.160, mediante los cuales se establecía la movilidad de las Asignaciones Familiares, que se ajustaban automáticamente según las variaciones en los precios de la canasta básica, de manera que ahora su valor se reajustará discrecionalmente. Al parecer el gobierno no confía mucho en sus propias previsiones de inflación.

El Complemento a las Prestaciones Previsionales (bonos de complemento a la jubilación mínima) sufre un recorte de 15,3% respecto a 2025, y de 46,3% respecto a 2023, a pesar de los anuncios del gobierno de bonos extraordinarios para el mes de enero. Las pensiones para quienes carecen de jubilación aumentan un 9,1% respecto a 2023.

El desarrollo sólo viene de la mano de la banca internacional.

Hemos dicho que el Presupuesto no está centrado en programas de desarrollo productivo, pero para ser justos, hay algunos. Tan sólo que no están a cargo del Estado sino todos a cargo de bancos internacionales. Generalmente se ocupan de financiar actividades agropecuarias o prestar diversas ayudas en proyectos a pequeña escala.

El problema con estos programas financiados por bancos internacionales es, por supuesto, que los préstamos deben devolverse luego con intereses. Los bancos nunca pierden. Por lo tanto, ya que pondremos el dinero de una manera u otra, sería mejor que decidamos nosotros cómo gastarlo.

Estos programas siempre incluyen condiciones como privatizaciones, desmantelamiento del Estado, dejando generalmente más onerosas deudas que desarrollo. Suelen ser programas limitados que no tienen como meta un plan integral de desarrollo nacional, y si propician algún desarrollo de infraestructura real, es para llevarlo en el sentido le conviene a grandes grupos económicos internacionales, que ya tienen planificado cómo aprovecharlos.

Con especto al programa del FOMIN IV, del Capítulo II, Milei aún no ha explicado a la Justicia dónde fueron a parar los 46 millones de dólares desaparecidos (según algunos investigadores serían 53 millones o más) que el BID envió al Banco Central, destinados al financiamiento de investigaciones científicas.

El decreto 713/2022, del 28 de agosto de 2022, oficializa con el BIRF y el Banco Mundial  un préstamo de 200 millones de dólares para el Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente. De esos 200 millones, ya llegaron 37, de los cuales se ejecutó uno y medio. El resto no se saben dónde están. A éste se suma el Proyecto AR-L1330, acordado con el BID el 30 de junio de 2021, del cual tampoco se sabe claramente el destino.

Se aumenta el aporte también a FONSECA, cuyo gobernador titular es Luis Caputo. Y en abril de 2025, el Banco Mundial aprobó un paquete significativo de apoyo para Argentina, incluyendo un financiamiento inicial de US$1.500 millones y un paquete general de apoyo por US$12.000 millones, enfocados en reformas económicas, crecimiento del sector privado, sostenibilidad fiscal, mejora de la competitividad y protección de vulnerables.

Este monto inicial fue parte supuestamente de una estrategia más amplia que luego incluyó adelantos de hasta US$4.000 millones en los meses siguientes, destinados a minería, turismo, energía y pymes, que supuestamente reflejaban la confianza del organismo en las políticas del gobierno argentino. Pero lo único concreto es que en diciembre de 2025 dicho  banco nos prestó 300 millones de dólares para “optimizar el manejo” de los subsidios al gas.

No hay un programa productivo que no sea desarrollado por un banco internacional, pero de todos modos sus alcances son limitados. A continuación detallamos los programas que figuran en los sitios oficiales del gobierno:

• Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE): USD 50.000.000.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID): USD 265.000.000.
• Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): USD 550.000.000.
• Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): USD 115.000.000.
• Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA): USD 50.096.700.
• Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA): USD 13.300.000
• Total: USD 1.043 millones de dólares. (alrededor de un billón y medio de pesos).

Conclusiones.

El desarrollo del país sólo puede realizarse en base a la capitalización del ahorro nacional y el desarrollo productivo. Los “trucos” financieros son herramientas útiles para manejar los fondos disponibles, pero no pueden hacer magia. Y eso cuando no son algo peor, un maquillaje para disimular el desfalco del país hecho por bancos y fondos especuladores en connivencia con traidores locales.

Ni imprimir papel moneda a lo loco para cubrir los gastos, devaluando el peso y generando déficit, ni endeudarse con organismos internacionales y ajustar sobre el hambre y las penurias de la población, sin ningún plan de desarrollo, pueden ser las recetas para sacar el país adelante. Cada gobierno acusa al anterior de los males del país, pero ninguno ofrece un plan económico detallado y progresivo con una propuesta estratégica.

El pueblo, manso, está dispuesto a hacer un sacrificio por el bien futuro de la Patria. Los gobernantes inescrupulosos se aprovechan de esa buena disposición y nos estafan, dejando que grupos financieros roben la riqueza generada por el trabajo de los argentinos, y quebrando el país. Así es natural que el pueblo termine descreyendo de todos.

Por más trucos que se hagan y por más blindaje que se tenga por parte de los medios, finalmente la realidad se impone. En poco tiempo veremos si el futuro económico promisorio que el gobierno nos pinta con un supuesto superávit de la Administración Pública sobre el papel, es real, o es el futuro de penurias que hasta ahora ha sido el único resultado de sus políticas económicas.

Diputados adlateres LLA votación capítulo II Presupuesto 2026

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