Un escándalo político-judicial, destapado a partir de un artículo periodístico, expone las filiaciones partidarias-familiares que hay entre la casta política y jurídica, como así también sus nexos internacionales que llegan hasta la Embajada de los Estados Unidos. Al seguir el hilo de Ariadna, vemos que el laberinto se vuelve más nítido.
La punta comienza con lo que publicó el diario Perfil, donde hizo un relevamiento de casos de nepotismo en los tribunales federales de Córdoba. No solo se ratificó lo que décadas atrás se llamó la “Sagrada Familia”, es decir: jueces y fiscales repartiendo cargos a sus allegados y socios. Así lo adelantó uno de sus títulos, donde en ese “Nepotismo recargado” está incluida la “esposa de un diputado”.
Se refiere al saliente legislador nacional de la Cámara Baja, Rodrigo de Loredo, un peso joven y pesado dentro de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Salteando jerarquías, su pareja fue ascendida a un cargo mayor del que tenía, aún cuando no cumplió con la antigüedad. Se trata de Carolina Aguad, hija de Oscar “el Milico” Aguad, otro radical olvidado en Córdoba, pero con un frondoso antecedente penal como interventor en la ciudad de Corrientes. Quien luego fue ministro de Mauricio Macri, ambos involucrados en resonantes casos como el hundimiento del submarino ARA San Juan.
Lo insólito es que el ascenso de Caro Aguad fue avalado por la jueza federal María Noel Costa, quien fue funcionaria del “Milico” Aguad. Ella fue directora de Inteligencia Militar, en el período presidencial de Mauricio Macri, dentro del organigrama que manejaba el cordobés. Por ende, fue involucrada en la causa penal por sospechas de ejercer espionaje a las familias de los 44 marinos que murieron en el trágico colapso de ese vehículo militar en las profundidades del Océano Atlántico.
Como si eso no bastara, Costa está en pareja con el camarista federal Diego Barroetaveña, señalado de ser uno de los alfiles del lawfare en Comodoro Py, e incluso un ferviente asistente en los ágapes de la Embajada de EUUU. Por lo tanto, sería un funcionario que los planificadores de la Casa Blanca ponen el ojo, sobre todo en tiempos donde esperan que el proyecto de La Libertad Avanza, logre avanzar en Argentina en beneficio de sus propios intereses económicos y geopolíticos. Quien a su vez acaba de renunciar al Tribunal de Etica de la AFA, ante el escándalo desatado en relación con el manejo de sus fondos por parte de la dupla TT, Tapia/To
El sacrosanto nepotismo
Todo comenzó con un doble artículo que publicó la sección Córdoba del diario Perfil, el primer fin de semana de diciembre. La periodista de casos judiciales, María Ester Romero, expuso un relevamiento sobre los nombres que figuran en la nómina del personal de los tribunales judiciales federales de la provincia de Córdoba.
Descubrió que dentro de los 30 funcionarios del poder judicial federal (compuesto por jueces, fiscales, vocales y defensores públicos) que trabajan en suelo cordobés, hay 19, donde casi todos ocupan un juzgado, que tienen alguna pareja, expareja, hijo, sobrina o cuñado ocupando algún cargo. “Poder, estabilidad laboral, horario, y vacaciones —con feria judicial en invierno y verano— son anzuelos irresistibles para conseguir un puesto. Un paraíso para cualquiera”, dice la autora del artículo.
Pero entre los casos relevados, hay uno que no necesariamente tiene que ver con la filiación familiar. Pero sí exponer los pactos de negocios que se entablan en el toma y daca entre la política y la justicia.
Se trata de Carolina Aguad, hija del llamado “el Milico”, Oscar Aguad. Quien había ingresado a los Tribunales Orales Federal N° 2 en noviembre de 2021, gracias a los oficios de la jueza amiga de su padre María Noel Costa. Cumpliendo este año cuatro años de antigüedad. Sin embargo, tras ser ascendida a jefa de Despacho, saltando el puesto de prosecretaria, fue recientemente promovida al de secretaria.
“Por lo general, en la carrera de tribunales para llegar a ese rango el recorrido es de 20 o 25 años”, sostiene la periodista que recorre los pasillos judiciales. Esto le permitió pasar de un básico total de $2,7 millones a $4,3 millones a valores actuales. A lo que debe sumarse la antigüedad del 3 % anual computada desde que se recibió de abogada en el 2004, o sea un 63 % más, y otras yerbas, con lo cual sus ingresos superaran los $ 7 millones mensuales.
Lo cual a la familia De Loredo Aguad, con sus cuatro hijos, le viene de bigote, ante la caída de los ingresos formales del consorte De Loredo, al no haber podido reelegirse como diputado nacional. No obstante, los altos servicios brindados al mileismo gobernante, como jefe de la bancada de la UCR con peluca, acumulando méritos que ahora le permiten aspirar nada menos que a gobernar Córdoba.
Es de imaginar lo que podría hacer De Loredo con su oportunismo político y sus instintos nepóticos si llegara a ocupar ese alto cargo. Pero además, a los efectos de asegurar sus confortables ingresos como integrante de la casta, es mencionado actualmente para ser designado como embajador en México por parte del presidente Milei. Y en tal caso seguramente lo hará acompañado de su familia, con la licencia sin goce de sueldo que seguramente le otorgará la Corte Suprema como un homenaje de la casta judicial a la casta política.
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El oportuno salto Carolina
Como decía el humorista argentino Carlitos Scazziota a su perra de utilería “Salta, Violeta”, los De Loredo Aguad inventaron el “Salta Carolina” para mantener indemne sus altos ingresos que le reporta la casta de la política y la justicia.
Y así, una vez concretadas las elecciones que dejaron a De Loredo fuera de la Cámara de Diputados, como anillo al dedo, como se puede constatar en la siguiente documentación emanada del Consejo de la Magistratura, vino el doble salto de Carolina. Desde jefa de Despacho, al que había sido ascendida en octubre 2022, tras ingresar a la justicia en noviembre del 2021, a secretaria de juzgado en noviembre pasado.
No solo eso: Carolina, que “saltó un escalón del escalafón”, fue bendecida para ello por la presidenta del tribunal: Noel Costa. Y aquí el escabroso dato: Costa había sido directora de Inteligencia Estratégica en el Ministerio de Defensa, en la época en que “el Milico” Aguad, el papá de la ascendida, fue su máxima autoridad.
Esto fue en la segunda mitad de la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Fue el propio Macri, el que en octubre de 2018, envió al Senado los pliegos para que tanto ella, como otro abogado litigante, Facundo Zapiola, también de raíces ligadas a la UCR de Córdoba, fueron promovidos como jueces federales. Costa había reemplazado a José María Pérez Villalobos, que se había jubilado.
“Fuentes del tribunal señalaron que no hubo impugnaciones por parte de los dos prosecretarios que habrían podido ocupar ese cargo, quienes desistieron del ascenso por diferentes razones. Agregaron que la resolución, que lleva la firma de Costa y del vocal José Fabián Asís, se realizó con ‘consultas previas y consenso’ con el personal”, sostiene el artículo.
Al leer el artículo de Perfil, el juez José Asís pidió una réplica y exigió al medio que publicara, enfáticamente, que el ascenso de la Caro Aguad lo autorizaron los tres miembros del tribunal. Es decir: además de él y Costa, también dio su aval la vocal subrogante Carolina Prado, quizás por tratarse de su tocaya.
Por otra parte, Romero subrayó en una nota aparte, que la responsable de permitir estas repartijas de cargos judiciales con olor a tufillo de casta es “la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lleva 12 años sin reglamentar la Ley N° 26.861 que fijó el ingreso democrático e igualitario. (…) Para ingresar no se exige título de abogado. Cada designación depende de las Cámaras Federales de Apelaciones y los Tribunales Orales Federales de cada jurisdicción, según el caso”.
Todo este contubernio es lo que decantó en que la hija del ex-ministro Oscar Aguad y esposa del ex diputado De Loredo, recibiera el beneficio de un notable ascenso en el poder judicial, para paliar la insuficiencia de ingresos formales que reportaba la vuelta al llano de su conyugue. Llevado a cabo por los mismos que forjaron un discurso contra los manejos fraudulentos del Estado en beneficio propio.
El clan De Loredo – Aguad
En los años ochenta, cuando el futuro matrimonio De Loredo-Aguad eran unos infantes, Oscar “el Milico” Aguad era miembro del directorio del diario La Voz del Interior, el más importante de Córdoba, hoy propiedad de Clarín. Comandaba la patota de periodistas conocidos como los “liceístas”, que impedían que se publicara la mínima noticia referida a la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura militar.
Luego, pasó a ser secretario de Gobierno en la Municipalidad de la ciudad capital, a cargo de Ramón Mestre (p). Oportunidad en la cual, entre otros negociados como el de la recolección de basura, que pasó del grupo Macri al grupo Roggio; se produjo una reforma estructural en el negocio del transporte público, con el cual los Mestre estaban involucrados.
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Para los años noventa, fue ascendido a secretario General de Gobierno en un breve mandato entre 1989 y 1991. Y a partir de 1995, con Mestre como gobernador, pasó a ser ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social. Paralelamente, los tortolitos Rodrigo de Loredo y Carolina Aguad se conocieron como compañeritos en el Instituto Nuestra Señora Monjas Azules.
El apodo de “Milico” se lo ganó Oscar Aguad por sus modales adquiridos en el liceo militar, donde hizo el secundario. Pero además su nombre sonaría en reiteradas veces en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en los Tribunales Federales de Córdoba. Debido a que en aquella gestión, le otorgó un alto cargo al tenebroso represor Carlos “el Tucán” Yanicelli, ex policía de la temible D2, condenado a perpetua, cuyo nombre figuraba en el libro Nunca Más.
Yanicelli fue nombrado Jefe de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba. Una mancha que incluyó el exilio del torturado policía Luis Urquiza, quien en plena democracia recibió amenazas por sus denuncias contra el represor y tuvo que retornar a Dinamarca. País donde se había exiliado luego de haber padecido los vejámenes ejercidas por el propio Tucán, tal como se expuso en el libro La sombra azul, de Mariano Saravia.
Pero también, tanto Mestre como Aguad quedaron salpicados por compartir actos con el ex-jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. tal como fue registrado en una fotografía que quedó resguardada para la historia. Quien también recibió condenas a perpetua, con Yanicelli sentado a su lado en el banquillo de los acusados.
En lo económico, las gestiones de Aguad y Mestre fueron recordados por llevar adelante un duro ajuste. Se caracterizó por la reducción de salarios a los empleados públicos; a las jubilaciones con el invento del 82 % del 82 %; el cierre de hospitales y escuelas; privatizaciones a la rusa para los amigos del poder, como lo fue la del servicio de agua potable de Córdoba, emisión del bono CECORr para pagar salarios y deudas del estado, etc.
Tan duro que hizo que en 1998 el pueblo de Córdoba, luego 15 años de hegemonía radical, optara por el peronismo. Cuando eso ocurrió, De Loredo y su hija decidieron estudiar juntos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Con Macri tras un paso escabroso por Corrientes
Al año siguiente, Aguad y Mestre fueron designados para intervenir la Provincia de Corrientes, bajo el gobierno de la Alianza. Iniciaron una brutal represión contra los manifestantes que habían cortado el puente General Belgrano, que une Corrientes con Resistencia, y terminó con dos manifestantes muertos. El motivo “estratégico” de esa violenta medida, fue para viabilizar la circulación de los bonos (CeCaCor) que iban a emitir para paliar el déficit fiscal, a través del Hipermercado Libertad del grupo cordobés Bugliotti, que los aceptaba igual que había hecho en Córdoba.
Es en la provincia de los yacarés donde Aguad, ferviente enemigo de la corrupción, fue imputado por la desaparición 60 millones de dólares contantes y sonantes del Banco de la Nación de Corrientes. Que fueron sustituidos con los papelitos de los CeCaCor, maniobra que estaría relacionada para que el grupo Bugliotti aceptara esos papelitos. La causa penal abierta con motivo de esa desaparición, luego de interminables “chicanas legales” desplegadas por Aguad, fue cerrada por prescripción por la Corte Suprema de Justicia.
A partir de 2005, Aguad paso a desempeñarse durante tres mandatos consecutivos, propio de la casta, como diputado de la Nación por Córdoba. Hasta que en 2015, con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, pasó a ser ministro de Comunicaciones. Un lugar estratégico como consecuencia del DNU con el cual, como botín electoral, Macri anuló los artículos de la Ley de Medios Audiovisuales, que perjudicaban al Grupo Clarín. Siendo Aguad el más capacitado para ello, al haberse desempeñado como se dijo, como director de La Voz del Interior del grupo Clarin – La Nación. Quien también trajo a su yerno De Loredo a dirigir el ARSAT.
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Pero en 2017, ante el escándalo respecto las designaciones familiares de distintos funcionarios, Macri se vio obligado a dictar un decreto anti-nepotismo. Eso implicó qué a comienzos de 2018, De Loredo tuviera que renunciar a la empresa estatal de producción y administración de satélites. En el interín, nadie se percató que tanto Aguad como Macri promovieron a una de sus servidoras, Noel Costa, para que se convirtiera en jueza.
De abogada, a espía y ahora jueza
María Noel Costa fue integrante del equipo de abogados que asesoró a la familia del gobernador Eduardo César Ángeloz, en la resonante causa por enriquecimiento ilícito, a finales del siglo pasado.
Para finales de 2017, cuando dejó el cargo de ministro de Comunicaciones y pasó al de Defensa, Oscar Aguad la designó al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica del Ministerio (DNIEM). Resulta un tanto escabroso que ese cargo público sea homólogo a la que ocupó el “Tucán” Yanicelli, represor y torturador de la D2 en Córdoba, décadas atrás, por parte de quien fue secretario de Gobierno provincial en ese entonces, como si se tratara de un irónico bucle.
La designación de Costa se formalizó mediante la Decisión Administrativa 143, que contó con la firma del jefe de gabinete, Marcos Peña, y del ministro Aguad, para un plazo de 180 días, aunque luego tuvo una prórroga por otra misma extensión. Pocos días antes, De Loredo había anunciado su renuncia como titular del ARSAT, teniendo asegurado en un futuro cercano un jugoso cargo para su esposa, hija de uno de los firmantes.
Como encargada de la inteligencia militar externa, Costa fue señalada por espiar a los familiares de los 44 marinos muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, hecho ocurrido el 15 de noviembre de 2017, un par de semanas después de su designación. Según denunció en octubre de 2020 ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, el ex subsecretario de Inteligencia del macrismo, José Luis Vila, la DNIEM, al mando de la cordobesa Costa, se dedicó a espiar también a funcionarios públicos.
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Para julio de 2019, Costa fue citada a prestar testimonio ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, para informar sobre las tareas de inteligencia que habría realizado el submarino hundido, y se limitó a responder por escrito sólo algunas de las preguntas, aduciendo que debía mantener en secreto algunas cuestiones, en base a la Ley de Inteligencia.
Por ende, Yáñez giró una solicitud a Aguad para que la relevara del secreto. No dio respuesta. Cuando le reiteraron al ministro “Milico” el pedido, ya había dejado el cargo. Dos meses después, en septiembre de 2019, tampoco respondió acerca de las denuncias de su subordinado, coterráneo y correligionario Vila.
En el medio, Costa dejó la Inteligencia militar en abril de 2019, para asumir al mes siguiente como jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, que se formalizó mediante el Decreto 303/2019. Eran tiempos donde el proyecto político de Cambiemos, estaba trastabillando por la recesión económica y no descartaba que pudiera recibir un fuerte golpe electoral, que precisamente fue lo que ocurrió con las presidenciales de ese año.
María Noel Costa, forjó una relación amorosa con Diego Barroetaveña, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, junto a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, personajes claves de lo que el kirchnerismo denomina lawfare, dentro de Comodoro Py.
En julio de 2023, junto a su par Guillermo Yacobutti, Berrotaveña se opuso al reclamo de las querellas y permitieron que Borinsky integre el tribunal que debió revisar el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en el espionaje del ARA San Juan. Sí, la misma que estuvo involucrada Costa, su pareja.
En junio de 2024, con un polémico fallo, Barroetaveña y sus colegas Carlos “el Coco” Mahiques y Daniel Petrone, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, beneficiaron al empresario Ángelo Calcaterra, primo de Macri, en la causa Cuadernos. Para los camaristas, los pagos realizados por el presidente de la constructora IECSA a los exfuncionarios kirchneristas del Ministerio de Planificación, debieron ser investigados como aportes electorales que no fueron declarados ante la Justicia electoral, falta que solo puede ser sancionada con multa. Y no como actos de cohecho activo, criterio que había sido corroborado en todas las instancias anteriores.
Pero cinco meses después, ante las rotundas críticas que obtuvo ese fallo, con casi la misma integración, incluido Barroetaveña, Casación cambio el fallo y el familiar de Mauricio fue llevado al banquillo de los acusados, junto a otros empresarios importantes y la propia Cristina Fernández de Kirchner.
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Tanto la absolución de Macri en la causa espionaje, como en el avance de ese juicio por los Cuadernos, fueron ratificados este año por la Corte Suprema de Justicia en la Nación, al segundo día hábil de los resultados electorales legislativos del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza obtuvo un impensado triunfo. Oportunidad en que los tres cortesanos (Carlos Rosenkratz, Horacio Rosatti y Carlos Lorenzetti) firmaron centenares de resoluciones encapsulados en el Acuerdo N° 28, y sin resolver todavía la situación de los negocios del nepotismo en los tribunales federales de Córdoba.
La causa Cuadernos puso al desnudo la mafia de la obra pública, de la que se puede afirmar que existe desde tiempos inmemoriales. Así lo confirma, entre otras constataciones, los dichos del mismísimo Mauricio Macri, en su etapa como directivo de IECSA, la constructora del grupo, en un programa de Bernardo Neustadt.
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Por último, Barroetaveña tiene estrecha relación con Luis Savino, presidente del Centro de Estudios Americanos (CEA). Por ende es un asiduo concurrente a las cenas anuales del organismo que opera para la Embajada de EE.UU. En septiembre del año pasado, la pareja judicial Barroetaveña y Costa participaron de la cena anual en la que se distinguió a Abigail Dressel, vicejefa de Misión de la Embajada, con el Premio Puentes de América. O como quien diría, un puente para el lawfare.-
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