Por Agustín Serale y Lázaro Llorens
Desde hace 25 años, el millonario negocio de la publicidad en la vía pública, que tiene como contraprestación el mantenimiento mobiliario urbano de la ciudad de Córdoba, -básicamente el mantenimiento de las paradas de colectivos- con la complicidad de todas las últimas gestiones municipales, fue secuestrado por la empresa Estudios Publicitarios Braver SA.
Durante todo este tiempo, el municipio y los vecinos de “La Docta” casi no ha recibido ningún beneficio a cambio, pese a tratarse de un recurso público. Solo incumplimientos y más incumplimientos. El clásico “estado bobo” con empresarios compinches del poder vivos.
Se trata de un negocio iniciado en el 2001 con la convertibilidad 1 a 1 de Domingo Cavallo, de una facturación estimada hoy de 2.300 millones de pesos anuales. Unos 1,5 millones de dólares. Negocio cuyos contratos, renegociaciones, modificaciones, etc, que atravesaron las gestiones de los intendentes German Kammerath (PJ-UCD), Luis Juez (Partido Nuevo), Daniel Giacomino (Kirchnerismo), Ramón Mestre (UCR), Martín Llaryora y Daniel Passerini (PJ-PRO-K) estuvieron llenas de irregularidades, denuncias de corrupción y polémicas.
A punto tal que hoy ante las narices de todos, incluso del propio intendente Passerini, Estudios Publicitarios Braver S.A., ahora en manos de Emeterio Farias, un ex funcionario de José Manuel de la Sota, amo del fútbol, el cuarteto y los medios en Córdoba, explota el servicio de manera ilegal. Sin retribuir un peso al municipio. Con un contrato vencido hace… ¡cinco años! Y con ¡78 juicios sin pagar a la municipalidad por multas!

En detalles, según relevó Stripteasedelpoder.com, la facturación de la publicidad en la vía pública, que hoy como contraprestación apenas tiene el mantenimiento de las paradas de los colectivos y no lo hace, abarca:
- PARADA DE COLECTIVOS -REFUGIOS-: 104 paradas de colectivo con dos paletas publicitarias. $260.000.000 anuales.
- RELOJES DIGITALES: distribuidos por la peatonal y diferentes partes de la ciudad. 35 en total. $108.000.000 de pesos anuales.
- PANTALLAS LED: 24 en total en toda la ciudad. $600.000 anuales.
- SEXTUPLES: cerramientos de chapa de obras o terrenos balidos sobre el cual van pegadas publicidades. $792.000.000 anuales.
En total $2.300 millones al año. Gracias a un contrato que, repetimos, hace cinco años está vencido, la municipalidad, con sus finanzas en rojo no controló nunca una, y para peor nunca en 25 años se cumplió.
Su origen con Kammerath
Todo comenzó en el 2001. Ese año, el entonces intendente de la UCD Germán Kammerath, un exfuncionario menemista, luego procesado y condenado por corrupción, aliado del gobierno de José Manuel De la Sota, firmó el Decreto N.º 295/01.
Mediante el mismo, luego de una licitación polémica atravesada de denuncias en la justicia, el “Chancho” Kammerath le adjudicó “ad referéndum” -a lo que disponga- el Concejo Deliberante, a la empresa COMPAÑÍA MECA SAIC, la instalación de diferente tipo de mobiliario urbano como rampas para discapacitados, bebederos, relojes, nomenclatura de calle, y refugios para las paradas de colectivos, que apenas consistían en un caño, a cambio de la explotación de la publicidad en la vía pública.
Por ese entonces, la COMPAÑÍA MECA SAIC era propiedad del inversor norteamericano Thomas Hicks, dueño entre otras empresas de Blockbuster. Y su representante en Argentina y Córdoba era Mónica Martín.
El plazo de la concesión era por 10 años. E incluía una garantía de un millón de dólares, y la obligación de mantener el mobiliario a nuevo durante todo ese tiempo. Condiciones que MECA SAIC, como veremos, jamás cumplió.

Al año siguiente de esta adjudicación a favor de MECA SAIC, cuando expiraba su mandato, el intendente Kammerath, muy golpeado en su imagen, a través del decreto N°432/02, también le otorgó a la empresa Estudios Publicitarios Braver SA la explotación de 230 carapantallas. Con una concesión por cinco años.
Los carapantallas son los carteles rectangulares con una base al piso que están las aceras y espacios públicos de la ciudad. Y donde se le pega una publicidad en papel de ambos lados.
Estudios Publicitarios Braver S.A, hoy en manos de los Farías, era una agencia de publicidad creada por Don Arón Braver en los años 60. Fue la primera de la historia de Cordoba. A su vez, su creador era por entonces dueño y fundador de Canal 12. Medio televisivo con el cual, la agencia de publicidad, cuyo directorio también integraban Catalina Rodríguez y Francisco Quiñonero, se complementaba. Pero que en los 90 fue vendido al Grupo Clarín, quedándose Braver sólo con el agencia de publicidad.

A cambio de esta concesión por los 230 carapantallas, según el decreto 432/02 firmado por Kammerath, la municipalidad de Córdoba iba recibir, como contraprestación, un canon en “intercambio publicitario” de 45.000 dólares mensuales. Que Braver SA, igual que MECA SAIC tampoco cumplió. En detalles, este consistía en 25 mil dólares en “servicios publicitarios” en Canal 12 de Clarín, del cual Braver, había sido dueño; y 20 mil dólares en “cartelería”, “séxtuples” y “pantallas”.

Juez, el negocio continúa
En el 2003, la convertibilidad y un dólar un peso, ya había volado por los aires. Llegó la ola nacionalista K. Por lo cual, sin autorización de nadie, cosa que exigía expresamente el contrato, el norteamericano Thomas Hicks vendió el 50% del contrato por el mobiliario urbano, que estaba enteramente incumplido, a la empresa cordobesa Estudios Publicitarios Braver SA, que ya explotaba el negocio de las carapantallas.
Luis Juez el senador antiKorrupción y su casita del millón de dólares
Ese mismo año, el actual senador Luis Juez, actual aliado del presidente Javier Milei, con su Partido Nuevo, asumió como intendente de la ciudad de Córdoba, derrotando a Alfredo Keegan candidato de De la Sota y Olga Riutort. Y como estrategia de poder investigó y denunció, en la justicia y en los medios al “gordito pícaro” -así lo llamaba- de Kammerath, ex delfín de De la Sota.
VIDEO: Tomás Méndez dice que vio “pruebas” que «fusilarían» a Luis Juez
Pero en paralelo, Juez intentó varias veces renegociar el contrato con la COMPAÑÍA MECA SAIC. por la publicidad en la vía pública, firmado por el “gordito pícaro”. Contrato que tenía una garantía de un millón de dólares. Y que la empresa dijo que no podía cumplir, debido a que la crisis económica del 2001, había deparado en el vandalismo del mobiliario urbano -bebederos, rampas, paradas de colectivo- y no los podía reponer.

Con ese fin, en el 2005, el actual senador nacional envió al Concejo Deliberante de Córdoba, donde tenía amplia mayoría, un nuevo convenio, por el ya firmado, donde proponía:
- El “Reinicio” de la concesión transfiriendo el 100% de las acciones de la COMPAÑIA MECA SAIC a Estudios Publicitarios Braver SA.
- Extensión del plazo de la concesión que vencía en marzo del 2011, hasta el 2015 (tres años).
- La extinción de la garantía de 1 millón de dólares que por la cláusula nueve del contrato tenía a su favor la municipalidad.
Como contrapartida, sin pagar un peso de lo adeudado, la empresa de la familia Braver, se comprometía a instalar 150 refugios para transporte y reparar todo el mobiliario destrozado.
A pesar de contar Juez con amplia mayoría en el Concejo, esta renegociación del contrato de MECA-BRAVER, que implicaba nuevos dueños, eliminación de la garantía, no cobro de lo adeudado, y una extensión del 50% plazo de concesión, fue rechazado de plano por los propios concejales juecistas. Siendo esta la primera derrota política de Juez, en manos de su propia tropa, en el Consejo Deliberante de Córdoba.
“Hay un contrato en vigencia y debe exigirse su cumplimiento. No hay razones para otorgar una prórroga, porque los motivos que esgrime la empresa Meca para pedir que se la compense con más tiempo de explotación no tienen sustento alguno”, dijo en esa oportunidad Héctor “Pichi” Campana, por entonces concejal, jefe de la bancada del juecismo ahora funcionario de Martín LLaryora.

A pesar de este revés, MECA-BRAVER, siguió explotando de manera monopólica el negocio de la publicidad en la vía pública de la ciudad de Córdoba. Sin reparar el mobiliario, hacer los refugios de las paradas, hacer las rampas, reponer bebedero. Nada de nada.
Hasta que, el 19 de febrero de 2007, en los últimos meses de su mandato, mientras se lanzaba como candidato a gobernador, faltando 3 años para la finalización de la concesión, Juez firmó el Decreto N.º 432/2007 con el cual autorizó la cesión del 100% de los derechos del contrato de concesión de MECA SAIC a favor de Estudios Publicitarios Braver SA. Y eximiéndola de la garantía de un millón de dólares.

Como se puede ver en uno de sus cuatro artículos, el polémico decreto 432/2007 de Juez, que no tuvo aval del Concejo, ni siquiera fijó un canon o contraprestación específica que debía erogar el nuevo dueño del contrato para continuar explotando el servicio. El ex intendente, apenas le pidió a la empresa que saldara su deuda tributaria en un plazo de 10 días. Lo mínimo.
Pero este no fue el único beneficio que Juez le dio a Estudios Publicitarios Braver SA. El 7 diciembre del 2007, tres días antes de concluir su mandato, el actual senador emitió el decreto 6131/07, extendiendo por 5 años, hasta marzo del 2011, la explotación de las 230 carapantallas que les había adjudicado Kammerath en el 2001 mediante el decreto 432/02.

A cambio de esta prórroga, Braver S.A se comprometió a pagar un canon de 95 mil pesos en “servicios publicitarios en Canal 12” (75 mil pesos) y “cartelería, séxtuplas, y pantallas” (20 mil). Unos 30 mil dólares de ese entonces. 15 mil dólares menos de lo que Kammerath, “el gordito pícaro”, le habían fijado en el contrato del 2001. Canon que nuevamente Estudios Publicitarios Braver SA nunca cumplió.
De esta manera, gracias al ahora senador Juez, la familia Braver encabezados por sus directores Catalina Rodríguez y Francisco Quiñonero se quedaron, sin licitar nunca nada, y sin poner un peso, a puro decretazos, con el monopolio de la publicidad en la vía pública en la ciudad de Córdoba. Sin retribuirle casi nada a los vecinos contribuyentes.
Giacomino, soldado de Braver y cadete de Albistur
A fines del 2007, aliado con Juez, el radical Daniel Giacomino, ex titular de la Franja Morada, asumió como intendente de Córdoba. Hasta entonces había sido su viceintendente y amigo. Al poco tiempo, mientras Juez, tras las denuncias de fraude electoral en sus elecciones para gobernador, se distanciaba del kirchnerismo, “el Giaco” se declaró públicamente como “soldado de Cristina”. A quien Juez le reprochaba su complicidad con el fraude perpetrado por Juan Schiaretti. Así, ambos se divorciaron.

El intendente Daniel Giacomino junto a la ex presidenta Cristina Kirchner
Pero al igual que sus antecesoras, el cristinizado Giacomino, siguió con los favores y prebendas a favor de Estudios Publicitarios Braver SA. Como primer punto, el intendente K dejó que la incumplidora empresa Braver SA., sin reparar el mobiliario, siguiera explotando el negocio de la publicidad callejera, con un contrato vencido sin renovación alguna. Es decir, de manera ilegal.
El contrato se había vencido en marzo del 2011, durante el último año del mandato de Giacomino. Sin embargo, “el soldado de Cristina” no hizo, ni dijo nada al respecto. Como si no existiera. A pesar de que había sido una de las licitaciones más controvertidas de los últimos años.
Pero no solo eso. Mientras permitía esta continuidad ilegal del contrato del mobiliario urbano, el 21 de marzo del 2011, de cara a las campañas presidenciales de ese año, donde Cristina sacó el 54% de los votos, Giacomino firmó el decreto 1051/11 prorrogando a Estudios Publicitarios Braver SA por 5 años más, la explotación de las 230 carapantallas adjudicadas en el 2002 por el “Chancho” Kammerath, y prorrogadas en el 2007 por su ahora enemigo Luis Juez.

A cambio de esta prórroga, en su decreto, Giacomino acordó un canon mensual de 700 segundos de publicidad en Canal 12, 50 pantallas, 1.000 carteleras, 12 séxtuplas, y 5 gigantografías que tampoco nadie sabe cuándo y como se pagó.
Con lo cual, de los 45 mil dólares de pago de canon en publicidad acordados por Kammerath en el 2001, Juez lo redujo a 30 mil en el 2007, y Giacomino directamente lo fijo en especies, sin valor global, suministradas por la propia empresa, imposibles por ende de cuantificar y auditar.
Cordobesismo y tráfico del m2, las aguas bajan turbias, EDISUR y PROACO en el ojo de la tormenta
Aparecen Moya – Albistur
Pero los tongos del intendente Giacomino con la publicidad callejera no acabaron allí. El 30 de junio del 2011, tres meses después de esta nueva prórroga a favor de Braver SA, el “soldado de Cristina” firmó el decreto 3128/11, con el cual, sin licitación, autorizó a la empresa Cuyo Comunicaciones SA de Víctor Moya, vinculada al exsecretario de medios de Néstor y Cristina Kirchner, José “Pepe” Albistur, a instalar 456 carapantallas más en la ciudad de Córdoba.
Esta adjudicación directa a favor de Moya y Albistur, este último dueño del departamento en el edificio River View de Puerto Madero donde vive el ex presidente Alberto Fernández, Giacomino la concedió por cinco años, más dos de prórroga. Siete en total.
Como contraprestación, Cuyo Comunicaciones SA se comprometió a pagar 1000 segundos mensuales en Canal 10, 1.200 en Radio Universidad, 400 carapantallas en la Ciudad de Córdoba, 400 carteles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 400 en el Gran Buenos Aires. Es decir, nuevamente un canon en especies difícil de cuantificar y verificar, ahora vinculado en parte a los medios de la SRT UNC, cuyo presidente era un kirchnerista enviado de Buenos Aires, Esteban Falcón.

Cuando se conoció el beneficiario del decreto 3128/11, como era un negocio K, el bloque de concejales juecistas, con hipocresía y faltos de memoria, salieron a boicotearlo señalando que el expediente no había pasado nunca por el Tribunal de Cuentas.
“La otra irregularidad evidente es la ausencia total de una evaluación económica del canon y, especialmente, de su proporción respecto del negocio publicitario que se autoriza”, señaló Graciela Susana Villata, por entonces concejal y jefa de la bancada juecista. Observación que no efectuó respecto los dos decretos que firmó su referente Luis Juez a favor de Braver SA en el 2007, mientras ella se desempeñaba como secretaria de Planeamiento, Finanzas y Desarrollo Económico de la municipalidad de Córdoba.
Desde la trinchera de Giacomino, en una competencia para ver quien era menos honesto con el patrimonio de los vecinos, a través de su vocero Santiago Gómez, contratacaron sobre la línea de flotación alegando que a través del decreto N°432, Kammerath otorgó a Braver la explotación de 230 carapantallas por cinco años, a cambio de publicidad en Canal 12 y en las propias pantallas. Y que en 2007 Juez prorrogó ese convenio por otros cinco años, por lo mismo, apenas tres días antes de finalizar su gestión.
Con lo cual, “el solado” Giacomino, lejos de poner en vereda el negocio de la publicidad en la vía pública lo agrandó. Primero permitiendo que Braver siguiera explotando el contrato del mobiliario urbano firmado en el 2001, ilegalmente, sin siquiera una prórroga. Luego metiendo, sin licitación, a los amigos de Cristina, Moya – Albistur. Y, por último, prorrogando, sin licitación, por cinco años, el contrato a favor de Braver por los 230 carapantallas concedido en el 2002.
El chanchito también
En diciembre del 2012 Giacomino dejó la intendencia. Quedó en manos del radical Ramón “Chanchito” Mestre, quien en una alianza tácita con el ex gobernador peronista De la Sota, para dividir el voto radical, ganó las elecciones municipales con apenas el 35% de los votos, recuperando para la UCR, luego de 12 años, la ciudad de Córdoba.

“El chancito” Mestre -así se lo conoce en Córdoba- es hijo de Ramón “Chancho” Mestre. Ex intendente y gobernador de Cordoba, ex interventor de Corrientes, y ex ministro del interior de la Alianza. Uno de los principales responsables de los trágicos hechos de diciembre del 2001. Quien se salvó de ir a juicio porque murió meses antes.
Y el “chanchito”, al igual que sus antecesores, agravó aun más las cochinadas en las concesiones de las publicidades en la vía pública.
Como primer punto, al igual que Giacomino, dejó que Estudios Publicitario Braver SA siguiera explotando el negocio del mobiliario urbano ilegalmente, durante los años 2013 y 2014. Así, contando el año de Giacomino, la empresa concesionaria sin contrato lo explotó tres años en total. Un 30% más de lo que estipulaba la concesión del “Chancho” Kammerath. Todo un chiquero.
Luego, el 4 de noviembre del 2014, a menos de un año de las elecciones, donde Mestre se presentó para la reelección y ganó, el intendente radical firmó el kafkiano decreto N° 4455/14. Mediante el cual, reconoció que la empresa estaba explotando el servicio con un contrato vencido, pero, estableció que el mismo se daba por caído. ¿Cómo Mestre pudo dar por caído algo que estaba vencido hacía 3 años?

Párrafos siguientes, confirmó que por ese contrato vencido, Estudios Publicitarios Braver SA desistía de todo tipo de reclamo. Cuando todo el mundo sabía, que no solo la municipalidad no le debía absolutamente nada a la empresa. Sino que por contrario, era la empresa la que le debía al municipio, por el mobiliario en paradas, bebederos, rampas para discapacitados, nunca hechos o reparados; más los 3 años de explotación sin contrato, y sin contraprestaciones para los vecinos; más la famosa garantía original de MECA SAIC de un millón de dólares jamás formalizada.
Por último, en lo mas desopilante de su decreto, Mestre destacó “la necesidad de llevar a cabo, a la brevedad posible, los estudios y proyectos (…) a los fines de llamar a Licitación Pública para la adjudicación del servicio”. Pero, párrafo seguido, por la imperiosa necesidad de la instalación de los “Solo Bus”, un proyecto empujado por Mauricio Macri, le adjudicó nuevamente de manera directa el negocio de la publicidad en la vía pública, por cinco años, a la incumplidora Estudios Publicitarios Braver SA.
A cambio de una inversión de 44,8 millones de pesos, -unos 5,4 millones de dólares de entonces- para la instalación y mantenimiento de 104 “modernas” paradas del sistema “Solo Bus”. Inversión que como era de suponer, Estudios Publicitarios Braver SA, otra vez no cumplió.

Es decir, luego de permitir que Estudios Publicitarios Braver SA siguiera explotando el servicio sin contrato durante años, mediante dicho decreto, Mestre le perdonó a la empresa concesionaria todo lo que adeudaba. Y, además, le volvió a adjudicar de manera directa, sin licitación alguna, y sin que la empresa tenga que poner un peso de garantía, la publicidad en la vía pública a cambio de una nueva y millonaria promesa de inversión que la empresa no cumplió. Con un simple decreto y sin aval del Concejo.
Carapantallas también sin licitación
No conforme con esta nueva adjudicación directa a favor de Estudios Publicitarios Braver SA, el 18 de agosto del 2018, al final de su segundo mandato, mediante el decreto 2392/18, nuevamente el “chanchito” Mestre, también le adjudicó de manera directa a la famiglia Braver, la explotación de las 230 carapantallas. Negocio que arrastraba del 2002 y cuyo contrato estaba vencido.
En el decreto, el intendente radical, nuevamente fingiendo transparencia, expresamente dice que debe hacerse una licitación pública para esta concesión ya finalizada. Pero luego, contradiciéndose a sí mismo, decide darle la misma, por dos años, más dos de prórroga, -cuatro en total- con un “permiso precario”, y sin autorización del Concejo Deliberante, a Estudios Publicitarios Braver SA.

A cambio de esta nueva concesión directa, los ex dueños de Canal 12, que en el contrato original 2002 debían pagar 45 mil dólares por mes, ahora acordaron 700 segundos mensuales de publicidad en Canal 12, 50 pantallas, 1000 cartelería, 12 séxtuples, 5 séxtupes premium y 5 gigantografías.
De esta manera, gracias exclusivamente a la veloz lapicera de Mestre, Braver SA, tras la muerte de Arón Braver y en manos ya de Catalina Rodríguez y Francisco Quiñoneros, siguieron detentando el cuasi monopolio del negocio de la publicidad en la vía pública en Córdoba.
Llaryora, del tongo a la ilegalidad
En el 2019, el actual gobernador Martín Llaryora ganó la intendencia de Córdoba. De esta manera, luego de 17 largos años, el peronismo, que con Kammerath habían licitado el primer contrato con COMPAÑÍA MECA SAIC para la publicidad callejera, recuperó la Ciudad de Córdoba.
Vino la pandemia y dos años después, en el 2021, de cara a las elecciones legislativas, sorpresivamente Llaryora anunció que la municipalidad iba a recuperar las 700 carapantallas que estaban en manos de la empresa Estudios Publicitarios Braver (230) y Cuyo Comunicaciones S.A. de Albistur – Moya (456).

En ese momento, César Cuestas, Secretario de Comunicación municipal, dio a conocer, que por esta explotación la Municipalidad de Córdoba no había cobrado un solo peso, ni usó los lugares públicos durante décadas. Algo que cualquiera sabía. Y por eso decidieron recuperar este patrimonio público.
Sin embargo, la explicación de esta baja de la concesión, es otra. El 4 de marzo del 2018 se hicieron las elecciones para diputados y senadores en el Parlamento italiano. Y en ellas se presentó, cómo único candidato en Córdoba Mario Borghese Rodio. Primo del actual secretario de Transporte de Llaryora, Marcelo Rodio, quien tiene como socio y amigo en el restaurante Punto Urca a David Consalvi, secretario de la Gobernación de Llaryora. Siendo estos dos, en esas elecciones italianas, las espaldas políticas de Borghese.
Pero, ¿quién era el principal rival del cordobés Mario Borghese Rodio?… Eugenio Sangregorio como diputado y… ¡Víctor Roque Moya! como senador, el socio de Albistur. El mismo que era dueño de Cuyo Comunicaciones SA. Quienes usando las casi 500 carapantallas de Córdoba se posicionaron públicamente, y sacaron más votos que los candidatos “oficialistas” Rodio y Consalvi en los comicios italianos.
De allí que, en el 2021, luego que pasó la Pandemia, como vendetta, la municipalidad de Córdoba en manos de Llaryora le sacó la concesión de las carapantallas a Cuyo Comunicaciones S.A y para no quedar en evidencia también a Braver.

La famiglia Farias se queda con Braver
La evidencia de esta vendetta es que, mientras Llaryora y su secretario Cuestas recuperaba las 700 carapantallas, llamativamente, ni se acordaron del polémico y millonario contrato con Estudios Publicitarios Braver SA de 5 millones de dólares, por las paradas del Solo Bus. Contrato firmado por Mestre en el 2014. Vencido desde el 2020, dos años atrás. Y que tenía otra vez grandes incumplimientos. Dado que muchas paradas de colectivos, a simple vista, estaban en estado calamitoso.
De esta manera, ahora gracias a la amnesia selectiva del actual gobernador Llaryora, sin contrato alguno, de manera ilegal, la empresa Estudios Publicitarios Braver SA siguió explotando el negocio de la publicidad en la vía pública sin contraprestación alguna. Un escándalo total que curiosamente, ningún medio o integrante de la oposición denunció.
Y todo siguió así, hasta que el 27 diciembre del 2022, la famiglia Farías, de estrechos vínculos con el cordobesismo, le compró a Francisco Quiñonero y Catalina Rodríguez, herederos de Don Arón Braver, la empresa Estudios Publicitarios Braver S.A. De esta manera, Los Farias se quedaron con todos los negocios de esa firma. Entre estos el millonario y monopólico negocio de la publicidad callejera y el mobiliario urbano con un contrato vencido hacía dos años.

“Los Farias”, así se los conoce, son empresarios pesados del futbol, el cuarteto y los medios. Tienen estrechos vínculos con el peronismo cordobés. El padre y mentor del emporio, Don Emeterio Rufino Farías, famoso por una anécdota donde le habría mutilado la lengua a alguien que hablaba pestes de él, fue titular durante años de la Liga Cordobesa de Fútbol.
También, entre los años 2011-2012, Emeterio fue presidente de la Agencia Córdoba Deportes, durante la tercera gestión de De la Sota. Un virtual ministro de deportes. Y actualmente es titular del Departamento Infanto-juvenil del Consejo Federal de la AFA en la gestión del Chiqui Tapia.

Además, Emeterio Farias siempre estuvo vinculado a los medios. Fue productor y director de la vieja radio LV2. Una emisora del Estado nacional, hermana de LV3, que pasó por casi todos los testaferros del poder cordobesista hasta su desaparición. Ahora, desde hace 22 años, es director y fundador de Radio Suquía. Medio que recibe mucha pauta oficial del gobierno provincial y municipal, de los cuales jamás esboza una crítica.
Por último, el jefe de la famiglia Farias y sus hijos son, con la Mona Jiménez, los empresarios cuarteros más vigorosos de Córdoba. Son productores de múltiples bandas como Ulises Bueno, Trulala, La Banda de Carlitos, entre otros.
Ulises Bueno, los Farías y la mafia de los cuartetos.
“El combo Radio Suquía y Braver conformarán un pool muy interesante, de mucho potencial para la plaza publicitaria de Córdoba” dijo Mauricio Farías, hijo de Emeterio, cuando compraron la agencia de Don Arón Braver.
“Lo distintivo de Braver es el mobiliario urbano. Hay que ponerlos en valor y eso implica un fuerte trabajo de manutención; pero también estamos pensando agregar servicios en el futuro, como wifi en las paradas, se puede pensar en hardware y software. También estamos hablando con la Municipalidad, que tiene una política de desarrollo de startups a las cuales nosotros podemos ofrecer los armazones para que ellos sumen tecnología” prometió Farías Jr.., con total desparpajo, omitiendo que el contrato del cual hablaba hacia dos años que estaba vencido.

Llaryora dejó la intendencia y lo suplantó Daniel Passerini. Y cinco años después de vencido el contrato, ante las narices de todos, los polifacéticos Farías, lo siguen explotando a su propio beneficio. Sin contrato o prorroga alguna. De pecho. Usufructuando así bienes de una municipalidad fundida sin nada a cambio.
Como si fuera poco, según los registros de la municipalidad, la incumplidora Estudios Publicitarios Braver SA, ahora en manos de Los Farías, registra 78 juicios. Son por multas generadas por infracciones a la carta orgánica municipal, en la colocación de sus avisos publicitarios, con contrato vencido. Multas que Los Farias nunca le pagaron al municipio. Por eso están en instancia judicial.

Mientras tanto, en Córdoba, a lo macondo, las paradas de los colectivos, cuya falta de frecuencia llega con demoras de horas, continúan en estado deplorable. Aunque muchas de ellas exhiben publicidades de marcas de lujo, que por difundirlas sólo cobra Estudios Publicitarios Braver SA.
Empresa que una vez más, les prometió a los cordobeses una fantasmagórica inversión de 5 millones de dólares que nunca cumplió. Y ni siquiera paga las multas. Una historia que se repite una y otra vez desde hace 25 años. Gobierne quien gobierne. Después la gente se pregunta ¿por qué ganó Milei?-





