El caso YPF Petersen Burford Eskenazi en Nueva York. con su estafatoria sentencia de USD 16.101 millones contra Argentina, por no haber comprado con una OPA el 25 % de las acciones de YPF, cuando el 100 % de sus acciones se pueden comprar con menos de USD 13.000 millones, es un caso paradigmático de lo indefenso jurídicamente que esta Argentina.
Como consecuencia de que el presidente Alberto Fernández, nombró como Procurador del Tesoro a Carlos Zannini, que venía de desempeñarse como director del Banco de Santa Cruz propiedad del grupo Eskenazi. Quien no solo no profundizo el Discovery o descubrimiento que había solicitado quien le precedió, el procurador Bernardo Saravia Frías, para averiguar cómo los advenedizos Eskenazi se hicieron dueños de una cuarta parte de YPF en el 2008.
Sino que también permitió que en la sentencia de la causa se perpetrara un magno fraude y estafa contra Argentina. Al duplicar mediante un ardid, el presunto monto a pagar por no haber expropiado las acciones de REPSOL sin haber hecho una OPA (Oferta Pública Adquisición). Y disminuir sustancialmente mediante otro ardid, el importe a deducir de dicho monto, cuando en realidad no se debería pagar nada por ello.
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A su vez el presidente Javier Milei designó a Rodolfo Barra como nuevo Procurador del Tesoro, quien se excusó de intervenir por haber emitido un dictamen en el concurso de acreedores en Madrid de Petersen, a pedido de su administrador. Con la cual la tremebunda causa YPF con su exorbitante monto, quedó a la buena de Dios o del Diablo.
Y parece que es de este, porque tras la renuncia de Barra, Milei nombró como Procurador del Tesoro a Santiago Castro Videla, que sería un nieto del temible dictador homónimo. Quién a su vez es socio en el estudio “Bianchi, Galarce & Castro Videla”, encabezado por Alberto Bianchi, uno de los testigos que presentaron Burford Petersen Eskenazi en el juicio de YPF en Nueva York.
Otro caso es el de la acéfala Procuración General de la Nación, que estaba cargo a Alejandra Gils Carbó. Pero en el 2017 por encargo del presidente Mauricio Macri y su Mesa Judicial, aparecieron los muchachos de la cloaca de los servicios, asociados con los de la “máquina del fango” de Clarín, que armaron el Gilscarbogate.
Y con él lograron que el juez Julián Ercolini para todo servicio –el mismo del escándalo de la visita a Lago Escondido, para el que proponía fraguar comprobantes- y el fiscal para todo servicio Eduardo Tainao, la procesaron penalmente por supuestamente haber comprado en forma irregular la sede de la Procuración.
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De más está decir que ambos, cultivando el síndrome de Diógenes, acumulan cuerpos y cuerpos, y más cuerpos, en el expediente por el evidente suicidio de Nisman, tratando de encontrar a sus homicidas. Y también tuvieron otras resonantes causas dirigidas sesgadamente contra personalidades del kirchnerismo.
Pero en el caso de Gils Carbo, evidentemente se conformaron con haber obtenido su renuncia por razones de salud a fines de ese año. Ya que nada más se supo de esas aventuradas causas penales contra ella, que ni siquiera figuran en la página institucional Fiscales.gob.ar. De esa manera quedó a cargo de la Procuración desde hace ocho años, el funcionario de carrera Eduardo Casal, de un perfil PROgresista, quien se encargó de sesgar aún más la justicia de Comodoro PRO contra los adversarios políticos del macrismo… y de EEUU.
En cuanto a su actuación y de la sesgada Comodoro PRO, recientemente el INECIP, Instituto Nacional Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, publicó su último rating anual de la “Tasa Básica de Eficacia Político Criminal”, y el Ministerio Público Fiscal dependiente de la Procuración General, se ubicó en el puesto 13 de 17, de solo un 10 % del de Jujuy. No obstante los enormes emolumentos que reciben sus integrantes, sideralmente más allá del común de los mortales argentinos.
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Además, como evidencia de su morosidad y sesgamiento de su accionar, donde unas causas con nombres y apellido avanzan velozmente, mientras que otras se retrasan indefinidamente, el INECIP también publico un cuadro, reportando la antigüedad de causas penales que en su momento conmocionaron a la opinión pública que seguidamente se reproduce, donde figuran “vejeces” de hasta 27 años.
A ello se le suma que desde hace 16 años está vacante la Defensoría del Pueblo de la Nación, además de lucir el actual ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, un “prontuario” no muy adecuado a esa función. Y nada más adecuado en relación con estas indefensiones, es conocer la opinión al respecto de un ex juez federal, como Miguel Rodríguez Villafañe, quien además es abogado constitucionalista y periodista de opinión.
Argentina y su pueblo, sin defensas jurídicas adecuadas
Por Miguel Rodríguez Villafañe
El Estado es también una persona jurídica y como tal tiene que accionar o defender los temas que hacen a los intereses del Estado Nacional.
Procuración del Tesoro de la Nación
En esa tarea está la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, que ejerce la máxima representación legal del Estado. Entre sus funciones principales, asesora jurídicamente y representa al Estado, en los juicios que le promueven o debe promover, especialmente, en los de importancia económica y/o institucional.
Dicho organismo lo preside y dirige el Procurador del Tesoro de la Nación, que es el funcionario jefe de todos los abogados y las abogadas del Estado y a los cuales les puede dar instrucciones respecto del accionar legal a desplegar en los casos de interés nacional que intervengan. Al procurador lo designa el Poder Ejecutivo de la Nación.
El presidente Javier Milei nombró Procurador, por Decreto 66, del 07/02/2025, a Santiago María Castro Videla, nieto de Jorge Rafael Videla, que fuera el presidente de facto, representante del brazo armado que impuso el neoliberalismo en el país, con el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Muchos de los juicios delicados interpuestos contra el país o los que debería interponer derivan o se arrastran, en sus consecuencias negativas, con motivo del mal manejo económico llevado a cabo en el período del proceso militar presidido por el abuelo del Procurador. En dicha etapa, al terrorismo de Estado y la grave afectación de derechos humanos esenciales, se le agregó gran parte de la deuda externa ilegítima, odiosa e írrita que arrastra la Argentina.
Reparemos que el 13/07/2000, el entonces juez federal Jorge Ballesteros firmó un fallo en una denuncia iniciada, 18 años antes, por Alejandro Olmos. En la sentencia se destaca que se comprobó 477 delitos cometidos en la toma de la deuda externa argentina, en la cual estaban implicados grupos económicos y funcionarios de alto rango de la dictadura, entre ellos, el ministro Martínez de Hoz, aunque, en el mismo fallo, a los referidos culpables se los sobreseyó por prescripción.
Asimismo, el Procurador es miembro del estudio “Bianchi, Galarce & Castro Videla”, que encabeza Alberto B. Bianchi, que ha sido uno de los testigos que presentó el fondo buitre “Burford Capital”, en el juicio contra la Argentina interpuesto por la expropiación de la petrolera YPF.
La relación profesional de Castro Videla en el mismo estudio, indudablemente, trae como consecuencia una particular duda sobre la defensa adecuada de los intereses argentinos ante los reclamos internacionales, especialmente del fondo “Burford Capital”. Trae un verdadero conflicto de intereses lo que debería obligar al Procurador a excusarse de actuar en el juicio por la estatización de YPF.
Sin embargo, desde la asunción, este año, Castro Videla redujo en un 20 % el plantel de personal de la Procuración y ahora, por el Decreto 475 de fecha 17/07/2025, se echó a 60 profesionales del organismo. Se usó la excusa de haberse detectado “posibles filtraciones vinculadas a la causa que enfrenta el Estado argentino con el fondo Burford por la estatización de YPF”.
No se aclara quienes pueden ser los sospechosos de dichas filtraciones, por el contrario, se deja la sospecha, sin distinción, sobre los 60 profesionales despedidos y mientras tanto, ello no parece coherente con el conflicto de intereses que tiene Castro Videla en el tema, que sin embargo sigue en sus funciones.
A lo que hay que sumar que, mientras tanto, el presidente más que impugnar la pretensión de 16.000 millones de dólares que pretende el fondo Burford, en una entrevista con Luis Majul, en el canal de cable LN+ dijo, que creará un nuevo impuesto que llamará “Tasa Kicillof”, que será un bono perpetuo que los argentinos tendremos que pagar todos los años.
Entonces, se despide indiscriminadamente a 60 abogados formados y con experiencia, que podrían bien defender los intereses del Estado y se deja dirigiendo la defensa en el caso, al procurador Castro Videla, que es la persona que está cercana, desde su socio, al fondo Burford, que reclama al país deuda por la estatización de YPF.
¿De esa forma, no será que Milei, que en el caso YPF, busca evitar que critiquen su posición de entregar al país a abonar, de manera perpetua, al fondo Burford y para ello, necesita tener un equipo de abogados más afines a su postura de pago?
Ministerio de Justicia
Por su parte, en el Ministerio de Justicia del que depende la Procuración del Tesoro está cargo del ministro Mariano Cuneo Libarona. Éste, en febrero de 2024, se excusó de intervenir en causas relacionadas con el atentado a la AMIA, debido a su participación como abogado en la investigación en el pasado. El Gobierno nacional aceptó su excusación para evitar «interpretaciones de parcialidad y/o incompatibilidad moral».
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O sea, en la casusa AMIA el Ministro de Justicia está excusado de actuar, para evitar posibles interpretaciones de parcialidad y/o incompatibilidad moral. Y en la otra causa importante para el país, como es la demanda por YPF, el procurador evita excusarse, no obstante estar en una situación que se presta a considerar su actuación parcial o con incompatibilidad moral.
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Además, como se ha dicho, se desarma totalmente la infraestructura profesional jurídica con experiencia del organismo, necesaria en la defensa de los importantes intereses nacionales.
Defensor del Pueblo de la Nación
A su vez, cabe referir, que lo más importante de una Nación es su Pueblo, no hay posibilidad de decir que se hace algo en favor de la Nación, si la víctima de ello es su Pueblo.
En 1994, se incorporó la figura del Defensor del Pueblo de la Nación (DPN), en la Constitución Nacional. Allí se estableció, que “es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación… Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal”, (art. 86).
Desde 2009 a la fecha, o sea, hace 16 años, que no se cuenta con el abogado del pueblo que pueda actuar ante los poderes estatal, político y económico, porque el Congreso de la Nación no ha ejercido la facultad y obligación de nombrar a un titular para el órgano, desde la renuncia del último defensor.
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Reparemos, por ejemplo, lo importante que sería que DPN plateara la inconstitucionalidad de no permitir el gobierno que se aumenten los sueldos por sobre el uno por ciento mensual, no obstante, la inflación es superior. Además, dado que, con ello, también se desfinancia a las cajas de jubilaciones que reciben el aporte conforme al monto del sueldo y de igual modo, se afecta a las obras sociales, que deben afrontar sus gastos a valores actualizados. El equilibrio fiscal que se busca, no puede lograrse, a costa de ingresos injustos de la clase trabajadora y de la precarización de las jubilaciones y la salud de las personas mayores.
¿Quién defenderá adecuadamente los intereses de Argentina y de su pueblo?
