Democratizar el Consejo de la Magistratura

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Recientemente, en una causa que tenía desde seis años atrás, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de 16 años atrás, que había modificado la integración del Consejo de la Magistratura. Por supuestamente no respetar el artículo 114 de la Constitución que establece que debe haber un “equilibrio entre la representación” por parte de políticos, jueces, y abogados.

Concretamente dijo que había pocos jueces y abogados, en proporción con los políticos, y por ello excediendo sus facultades, puso en vigencia la ley anterior al respecto que el Congreso había derogado. Y alternativamente le dio a este un plazo fatal de 120 días para que dictara una nueva ley. O sea que dispuso que en ese estratégico Consejo que pone, saca, y traslada jueces, haya menos politicastros y más “aves negras”.

Ver Dictadura de los jueces: Macri y Magnetto coparon la Corte Suprema

Como si la Justicia y sus auxiliares los abogados, no fuera la institución más desprestigiada del país, seguida de la política. Y como si no fueran los directamente responsables que las causas demoren decenas de años, como se puede apreciar en este mismo trámite que decretó la inconstitucionalidad. Y en los casos resonantes relacionados con la corrupción y el poder, como producto de las “distracciones” de los jueces y las “chicanas” de los abogados,  la justicia  argentina no llega casi nunca a dictar sentencias. Solo en el 2 % de los casos, tal como surge de las estadísticas de la misma Corte, que informa que sobre 1.193 causas cerradas, solo 25 de ellas tuvieron sentencias.

https://www.cij.gov.ar/causas-de-corrupcion.html

O sea que la Corte dispuso aumentar la representación por parte de un sector, que la única explicación en cuanto sus escandalosos resultados, es que está profundamente corrompido. Al punto que tres de los integrantes de la actual Corte Suprema están o estuvieron involucrados o investigados en hechos de corrupción. Y según una reciente encuesta de Taquion de diciembre pasado, es la institución pública que despierta la mayor desconfianza en la sociedad, con un 83,3 % de los argentinos que no confía en ella. Seguida de la política, que carece de confianza para un 80 % de los argentinos.

Democratizar Congreso Magistratura, Justicia, Políticos
Taquion diciembre 2021

No obstante ser la Justicia el sector de mayores ingresos del país, libres muchos ellos de pagar  impuestos a las ganancias, que gozan además de jubilaciones de privilegio. La que además últimamente, por la mayor representación de la política, cayendo al último peldaño de su degradación, se convirtió obscenamente en una pedana de la lucha política. Ya sea con los dictados de eternas cautelares a los fines de enervar a las acciones de gobierno, o para la persecución de los adversarios políticos.

Ver Traslado jueces: Macri transformó a Comodoro PY en Comodoro PRO

En la siguiente nota el ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, propone oxigenar ese estratégico Consejo de la Magistratura, monopolizado por aves negras y politicastros, mediante la integración del mismo de otros actores sociales. Lo cual para hacerlo en profundidad, requeriría de una reforma constitucional. Pero para comenzar a hacer ingresar un poco de aire fresco en ese desacreditado antro, podría dársele intervención a “otras personas del ámbito académico y científico”, tal como prevé el mencionado artículo 114, que no sean precisamente aves negras como sucede hasta ahora.
Redacción

El Congreso de la Magistratura

A mediados del siglo XX tomaron fuerza los llamados “Consejos de la Magistratura”, comisiones integradas por diversos estamentos sociales o institucionales, para la designación, control, remoción de los jueces y otras facultades de gobierno del Poder Judicial. Esta modalidad fue adoptada en dicho momento, con diversos matices, por países como Portugal, Grecia, Turquía, España, Gabón, Irán o Colombia, entre otros.

En Argentina, los Consejos surgieron primero en el derecho público provincial y luego, en la reforma constitucional de 1994, se incorporó el “Consejo de la Magistratura”, en la Segunda Parte de la Constitución Nacional, dentro de las “Autoridades de la Nación”, en la sección tercera referente al “Poder Judicial”. Allí se estableció que dicho Consejo organiza los concursos públicos para los postulantes a magistrados y propone una terna para que el Poder Ejecutivo determine a uno de ellos y pida el acuerdo del Senado, a los efectos de su nombramiento.

Además, ejerce facultades disciplinarias sobre los jueces y decide la apertura del procedimiento de remoción de los mismos. También, administra los recursos y ejecuta el presupuesto asignado a la Justicia y dicta los reglamentos que hacen a la organización judicial.

Los constituyentes quisieron que dicho órgano se renueve periódicamente, integrado de modo que se procure un equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados. Asimismo, que lo compongan personas del ámbito académico y científico, (art. 114 de la Constitución Nacional).

Hubo diversos cambios normativos en su regulación, hasta la ley 26.080, del 26 de febrero de 2006 que, entre otros aspectos, redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el 16 de diciembre de 2021, declaró la inconstitucionalidad de la composición y funcionamiento de la norma que regula el Consejo, 15 años después del dictado de la ley 26.080 y 6 años desde que tuvo la posibilidad de resolverlo. En el fallo dio plazo hasta el 15 de abril de 2022, para que el cuerpo se integre de acuerdo a los postulados de la Ley 24.937, (texto ordenado según Ley 24.939), esto es volver a 20 miembros, norma esta que está derogada y que la Corte no puede revivir, ya que ello implica arrogarse funciones legislativas. De lo contrario, intimó para que el Poder Legislativo dicte una nueva ley a la brevedad.

Indudablemente, la actitud de la Corte no es más que una demostración del poder arbitrario que ejerce, con indiferencia de las consecuencias y una manera de hacer presente la impunidad con la que se manejan sus actuales cuatro miembros. Tuvo un tiempo enorme de resolver el tema y de golpe, cuando la sociedad pide que se vayan, da 120 días para el cambio del Consejo de la Magistratura o volver nulo todo lo que se resuelva.

Para no quedarnos en aspectos técnicos engorrosos de explicar en un corto espacio, tal vez sea el momento de poner la atención en aspectos básicos a contemplar en una urgente ley nueva de conformación del Consejo de la Magistratura.

Independencia externa e interna de los jueces

La oposición ha señalado que la presidencia del Consejo debería ejercerla el presidente de la CSJN.

La constitución no exige que ello sea así y resulta relevante tener presente que en el poder judicial es tan importante garantizar la independencia externa como la independencia interna de los magistrados o magistradas.

He denunciado la gravedad que existe, en este momento, que el presidente de la Corte Horacio Rosatti, tenga la suma del poder público judicial, ya que el mismo miembro de la Corte, puede revocar los fallos de los jueces de otras instancias y, además, ejercer facultades disciplinarias sobre ellos.

El Juez debe ser independiente de cualquier influencia, proveniente tanto del Poder Ejecutivo o del Legislativo, como de otros miembros del Poder Judicial, que revistan en jerarquías superiores.

Garantizar una paridad de género

Resulta fundamental que la nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura garantice, con urgencia, la paridad de género en su integración.

No necesariamente sean diputados o senadores

Asimismo, la Constitución habla que el Consejo debe tener una representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular. La norma establecerá la forma de elegir los representantes de cada Cámara del Congreso, y podría designarse a personas versadas y no necesariamente que los representantes deban ser diputados o senadores, teniendo presente que la tarea en el Consejo es ardua e insume mucho tiempo que no podría usarse para esa función, en detrimento de las responsabilidades propias de la calidad de legisladores/as. Algunas de las dos funciones se resentirían.

Nueva constitución

Si bien hay otros aspectos a perfeccionar, la clave será en un futuro, el dictado de una nueva constitución, en materia organización y funcionamiento del Poder Judicial y por ende del Consejo de la Magistratura.

Hay que tener presente, que dicho poder se ejerce sobre todo el pueblo, lo que implica que su conformación no puede depender de representaciones indirectas o de criterios estamentales, como de jueces, abogados, académicos o científicos, sino que tendrá que permitirse que algunos de sus miembros puedan ser votados por la ciudadanía de manera directa y no únicamente por sectores exclusivos estamentales vinculados a la abogacía.

En este aspecto, hay que rescatar la experiencia de lo regulado por la Constitución de la Provincia de Chubut, que establece la participación directa de la ciudadanía en el Consejo de la Magistratura provincial. En ella, el artículo 187 determina que dicho órgano también lo integran “cinco ciudadanos no abogados y no empleados judiciales, que reúnan los requisitos exigidos para ser elegido diputado… con no menos de cuatro años de residencia efectiva en la Provincia”. Y, en el art. 191 inc. 2, agrega, que los cinco representantes del pueblo, se elegirán “en oportunidad de las elecciones generales, de una lista de candidatos no necesariamente partidarios que presenta cada agrupación política interviniente en el acto eleccionario a nivel provincial…”.

Nadie puede ser indiferente a lo que se discute ahora en la conformación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura Nacional. No hay República sin un Poder Judicial insospechado y con poder moral democrático.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe, es ex juez federal y abogado constitucionalista cordobés y periodista columnista de opinión

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Miguel Rodriguez Villafane
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