Pasó lo que tenía que pasar. Un grupo de presuntos anarquistas atacó recientemente con bombas molotov al diario Clarín, como reacción a la ¨máquina del fango” en que se ha convertido dicho mega multimedio. A la que el semiólogo y escritor Humberto Eco en su obra póstuma “Número cero”, describía como el ensañamiento en la vituperación del adversario, y en jerga periodística argentina se llama escrache.
Que en el caso de Clarín, ejerce diariamente contra el gobierno, el kirchnerismo, y otros sectores que no le caen simpáticos, como los mapuches, y los países no alineados con EEUU, etc. Así la violencia, como es típico en la condición humana, comienza por ser verbal para luego pasar a ser física.
Pero hay otras molotovs, amagadas no por anarquistas, sino por el gobierno, que podrían hacer explotar la obra cumbre de Héctor Magnetto, que fue la fusión de Telecom con Cablevisión aprobada en el 2018, por haber violado en su tramitación la ley de Etica Pública que acarrearía su nulidad.
Ante la cual el poderoso caballero Héctor Magnetto, igual que lo hizo contra la ley de Medios, preventivamente se habría provisto de extintores de incendios suministrados por la inefable justicia argentina, con el objeto de apagarlas sin que le causen daño, igual que sucedió con las molotov arrojadas por los anarquistas.
La demanda de nulidad de la fusión
La fusión Cablevisión-Telecom, una de las mayores concentraciones empresariales de los últimos años, que favoreció al Grupo Clarín y recibió como regalo por parte de la presidencia de Mauricio Macri, pende de un hilo desde el interior de los distintos estamentos que conforman el Estado nacional, a la hora de determinar si fue irregular o no.
Hasta ahora, el actual gobierno de Alberto Fernández le otorgó un punto a favor reciente a partir de una contestación que realizó el procurador del Estado, el letrado Juan Rafael Stinco, donde solicitó el rechazo de una demanda presentada ante el Juzgado Civil y Comercial 3, de la Ciudad de Buenos Aires, caratulada “Sombra, Jorge Horacio c/Comisión Nacional de Defensa de la Competencia s/Nulidad de acto Administrativo”, contra el dictamen que avaló la fusión entre la empresa proveedora de televisión por cable Cablevisión, integrante del multimedio Clarín, con la empresa de teléfonos Telecom.
Fragmento del escrito del procurador donde presuntamente avala la fusión Cablevisión-Telecom.
El expediente judicial trata de determinar si se violaron normas de ética pública por parte de funcionarios macristas que dictaminaron a favor ese acuerdo de fusión entre las mencionadas empresas, por la sencilla razón de que estos mismos habían sido asesores para esas mismas compañías: Telecom, Cablevisión y Clarín.
Ver Fusión Telecom Cablevisión: la abogada Liliana Zabala pidió su nulidad
Según las palabras del Procurador, se considera que el “empaquetamiento es una tendencia internacional que implica beneficios tanto para los consumidores (posibilidad de precios más bajos, un único proveedor) como para las empresas (economías de alcance, fortaleza competitiva)”.
Parte del escrito donde el abogado del Estado argumenta a favor de la fusión
Argumentos que serían comprensibles por parte de un gobierno aferrado a las recetas del Consenso Washington y de un liberalismo absoluto y subsumido a los designios de la globalización. Pero que en este caso se trata de un gobierno que en el pasado se enfrentó frontalmente con el grupo Clarín con la ley de Medios.
A la que como si se tratara de un botín electoral, el presidente Macri se encargó de derogar con un DNU en lo que atenía al grupo Clarín. Habiendo además refrendado recientemente la facultad de intervención del estado, con el congelamiento de los precios de los alimentos y artículos de higiene.
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Un dominó con forma de castillo
Las curiosas declaraciones del Procurador se explican por el hecho de que existen presentaciones previas en distintos estamentos de la administración pública. Es decir, se da en paralelo a la existencia de otros dos expedientes que estarían siendo analizados en otros departamentos del Estado nacional.
En particular, en una presentación realizada en la propia Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que fue el ámbito donde durante el gobierno de Macri, se convalidaron los argumentos técnicos para aceptar la fusión Telecom-Cablevisión, a pesar de haber sido integrada por asesores de las mismas firmas.
Para el Procurador, como la CNDC todavía no se expidió, consideró que “no corresponde el tratamiento de cuestión alguna en esta instancia judicial, ya que no existe agotamiento de la vía administrativa. Entender lo contrario, sería desnaturalizar el proceso de impugnación específicamente regulado para revocar en sede judicial una decisión administrativa”. Y por ese motivo, pide que se rechace la demanda.
Fragmento de la respuesta del Procurador planteando la prejudicialidad administrativa.
No obstante que el mencionado abogado del Estado depende del Procurador del Tesoro, Carlos Zanini -un funcionario ultra K- y que la CNDC se encuentra bajo la órbita del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti -otro funcionario reputado de K-, ambas dependen del Ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Matías Kulfas, un funcionario no reputado de K, sino por contrario “albertista”. Y a la vez difícilmente esa comisión dictamine per se contra su propio dictamen previo, que ya otorgó derechos adquiridos al grupo Clarín.
Sin embargo, lo que no dijo el procurador Stinco, es que además hay otro expediente alojado en la Oficina Anticorrupción, a cargo del secretario Félix Crous, donde se brega para reabrir la investigación contra integrantes del CNDC, que en ese entonces fue rechazada por la titular macrista Laura Alonso.
Allí en un principio solo se denunció a quien dirigía la misma, Esteban Greco, ex titular de la asesoría GPR Economía, asesora de Cablevisión, Telecom y Clarín. Pero a comienzos del año pasado, con el cambio de gobierno, y partir de una investigación de Striptease del Poder, se pidió abrir nuevamente el expediente al contemplar que había otra integrante del CNDC, Marina Bidart, quien también había trabajado en la asesoría de Greco.
Frente a ello, si Anticorrupción se expide a favor de esa demanda de inhabilitación de Bidart y eventualmente de Greco en base a nuevos elementos, la CNDC no podría emitir un dictamen en contra de la presentación concretada allí, y debería emitir un dictamen acorde a lo fallado por dicho organismo.
No se sabe si la CNDC se expedirá o no todavía. Pero según averiguó Stripteasedelpoder.com, es más probable que Anticorrupción lo haga antes, ue resuelva el tribunal civil, el planteo concretado por procurador. Eso quiere decir que el organismo de Félix Crous puede determinar, no solo lo que dictamine la CNDC, sino que a la vez llevaría a que la justicia civil tenga más material de prueba para aniquilar la fusión de Cablevisión y Telecom. Desencadenando un conflicto empresarial, público y judicial, parecido a lo ocurrido en la carrera “tribunalística” de la Ley de Medios Audiovisuales.
El “Universo” que engloba la división
En el 2018, para justificar la fusión empresarial, la CNDC “macrista”, integrada por asesores de las mismas empresas, consideraron aceptables los argumentos de Telecom de desprenderse de sus activos y cederlos a una empresa particular llamada UNIVERSO, para limitar la concentración del mercado.
Este argumento fue retomado recientemente en su escrito por el procurador del Estado, en pleno gobierno de Alberto Fernández, para deslegitimar la demanda judicial contra la fusión. Pero omite que el vocal de la CNDC, Pablo Trevisán, el único que votó en contra de la fusión, había revelado en su dictamen que UNIVERSO no era una empresa independiente de Telecom y de Cablevisión.
Al ser sus directores los hermanos Valentini, que compartían el directorio de otra sociedad, denominada Berazategui SA, junto con Cablevisión. No solo compartían el paquete accionario, sino que además ocupaban cargos en el directorio de Cablevisión y Telecom. Con lo cual, se trataría de un fraude por parte de Telecom. Seguidamente están los argumentos del vocal Trevisan.
De ésta manera, el gobierno de Alberto Fernández salvó al grupo Clarín momentáneamente de la bomba molotov más detonante que podía padecer la compañía. Y se lo arrojó a los estamentos del juzgado civil y comercial, prácticamente con la mecha apagada, para evitar que concrete su explosión. Por ahora. Porque también puede encender nuevamente la mecha la Oficina Anticorrupción.
El amague
No sería descabellado pensar en que el gobierno de Alberto Fernádez está “amagando” a Clarín de hacerle explotar su más formidable negocio corporativo. En sus comienzos, el actual presidente pretendía iniciar una gestión de amistad con sectores del empresariado argentino, que veían con malos ojos el regreso de Cristina Fernández de Kirchner, como compañera de fórmula. De hecho, antes de asumir, el electo presidente generó ruido con sus declaraciones al diario Tiempo Argentino, donde aseguró que “en la sociedad moderna los medios son negocios. Ese fue uno de los errores de la Ley de Medios”.
Ver Las lamentables declaraciones de Alberto Fernández respecto el derecho a la comunicación
Sin embargo, la ingenuidad tuvo su límite, cuando el propio Alberto padeció las coberturas de los medios del Grupo Clarín, descalificando de cualquier manera su gestión de gobierno, como si no le perdonara el haber sido unos de los artífices del retorno de Fernández de Kirchner, declarada por Magnetto como su enemiga acérrima desde que impulsó la mencionada Ley de Medios. Frente a ese frustrado intento de hacerse el amigo, ahora parece hacer un amague como enemigo, para tratar de modular la línea editorial acérrimamente opositora a su administración. Por lo menos de acá hasta el año 2023, cuando el oficialismo pretenda remontar su alicaída performance electoral.
Historia de la fusión
La fusión Cablevisión-Telecom fue firmada el 29 de junio de 2018, por parte del secretario de Comercio de la Nación de ese entonces Miguel Braun, mediante la Resolución 374/2018. Para hacerlo, se basó en una serie de argumentos plasmados en un dictamen emanado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). El problema es que los especialistas que firmaron ese aval trabajaron en una consultora que tenía como clientes a Cablevisión, Telecom y el Grupo Clarín en su conjunto.
Y además habían asesorado a las empresas de Héctor Magnetto, para frenar la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales, normativa impulsada por el gobierno de Fernández de Kirchner y frenada por el gobierno de Mauricio Macri, en cuanto los artículos que perjudicaban al poderoso multimedio.
Los principales y más polémicos integrantes de la comisión que avaló esa fusión, que Striptease del Poder reveló una semana después de que se publicara la resolución de Braun, eran el presidente Esteban Greco y la vocal Marina Budart. Ambos trabajaron en una consultora llamada GPR Economía, que se especializaba en la defensa de la competencia, y entre su cartera de clientes estaban las mismas que resultaron beneficiadas cuando éstos saltaron a la función pública.
GPR dejó de existir dos semanas después de que Macri perdió las elecciones generales frente a Alberto Fernández y cambió su nombre a BA ECON SA. Una maniobra típica de empresas en las que sus ejecutivos cometieron algún chanchullo, y pretenden tratar de borrar de alguna manera pasado.
Los siguientes archivos de Striptease del Poder exponen los contenidos del antiguo portal web de GPR, ahora inexistente.
En su página web, GPR publicaba los trabajos que venía llevando a cabo, reconociendo que en el 2017, contratada por Telecom Argentina SA concretó un “Asesoramiento en operación de concentración entre Telecom y Cablevisión”. Época en la que su ex director, Esteban Greco, ejercía la función pública en la CNDC, al igual que su colega Marina Bidart, donde literalmente estaba simultáneamente en los dos lados del mostrador.
Alonso cuando más grande más sonso
Ahora, con la mutación de GPR, Esteban Greco se marchó a Estados Unidos, para trabajar en la consultora Global Economics Group, llevando a la sospecha si no se trató de un intento de fuga, ante la posibilidad que le caiga el peso de la ley por la atrocidad administrativa que cometió. Al mismo que el grupo Clarín se encargaba de mostrarlo a Greco como un honesto adalid de la libre competencia.
https://www.globaleconomicsgroup.com/expert-esteban-greco/
Ver Cobertura Esteban Greco como adalid de la competencia por parte de Clarín
Liliana Zabala es la abogada que encabezó distintas presentaciones judiciales y administrativas contra la fusión Cablevisión y Telecom. Hace 22 largos años que viene peleando para que Telefónica y Telecom cumplan con los pliegos la privatización de ENTEL, empresa estatal de teléfonos que fue privatizada por el menemismo, que preveían la participación accionaria de los trabajadores por parte de sus adquirentes Telefónica y Telecom.
En junio de 2018, antes que la Secretaría de Comercio firmara la inefable resolución, Zabala ya había efectuado una presentación contra la fusión, dado que en diciembre de 2017, el ENACOM había dado el visto bueno para que se concretara la compra de Telecom por parte de Cablevisión. Debido a la difusión del escándalo, la Oficina Anticorrupción, al mando de ese entonces de Laura Alonso, decidió intervenir por oficio.
Allí Alonso dictaminó que no había irregularidades al respecto. Pero en su dictamen habló de más cuando mencionó al abogado que asesoraba a Telecom, Diego Petrecolla, en ese entonces presidente de GPR Economía, quien había reemplazado a Greco cuando este paso a presidir la CNDC. O sea, que ambos estuvieron frente a frente en lados distintos del mostrador, pese que habían sido socios en la misma empresa.
Y lo más increíble de ese dictamen es que Alonso con una ingenuidad inexplicable, aceptó la posibilidad de que Greco creyera que su socio Petrecolla asesoraba en ese entonces a Cablevisión de manera individual, y no a nombre de GPR. Presentando así a Greco casi como un orate, que no atinó a preguntarle a su socio en nombre de quien estaba participando en el trámite.
Fragmento dictamen Alonso done considera “posible” que Greco creía que Petrecolla asesoraba de manera personal a Telecom, y no mediante GPR.
En marzo del año 2020, Zabala presentó un nuevo pedido y apertura de investigación ante la misma Oficina Anticorrupción, ahora bajo la titularidad de Félix Crous, denunciando a la ex vocal Bidart, a partir de lo revelado por Striptease del Poder, por el incumplimiento de las normas de ética pública e incurrir en el conflicto de intereses. “Esto cambia la situación. Porque si los dos integraban la Comisión, y uno mantenía un vínculo con GPR, no puede haber ningún tipo de confusión ‘a título personal’, como supone Laura Alonso”, señaló la letrada a Stripteasedelpoder.com.
La respuesta que dió el juzgado civil y comercial, hasta ahora, fue un pedido de respuesta al Ministerio de Producción, donde tiene en su organigrama a la Secretaría de Comercio del Interior, donde incluye también al CNDC, para que se expida al respecto. La respuesta fue un aval a lo que hizo la actual gestión y ahora el tribunal lo tomará en cuenta. No sin antes de que la Oficina Anticorrupción determine si reabrirá o no la investigación contra Greco y Bidart.
Nobile y lo predecible
“¿Cree que hubo una respuesta del Gobierno a la fusión entre CableVisión y Telecom?”, le preguntó recientemente el diario La Nación a Roberto Nobile, actual CEO de Telecom, pocos días antes de la decisión que tomó el actual gobierno aparentemente a su favor. La pregunta se dio en el marco del anuncio de que, debido a la concentración empresarial, las marcas comerciales “Cablevisión” y “Fibertel” dejarán de existir. Ésta fue su respuesta:
“Si hay algo que quedó claro es que la operación nuestra no generó ningún tipo de freno en la actividad. La fusión, que sucedió hace ya tres años, generó una dinámica competitiva enorme. Todo el universo del ecosistema se activó. La competencia se activó. Lo hicieron Movistar, Claro, Telecentro, DirecTV. Entonces lejos de tener un problema competitivo estamos ante una industria sana, con una altísima penetración. Con lo cual el decreto lo único que hizo fue levantar un warning [alarma] respecto de la previsibilidad de toda una industria completa”.
Ante la repregunta si considera que en el mercado haya competidores con el tamaño de Clarín, Telefónica y Claro, el empresario respondió: “Nosotros somos Telecom, no somos Clarín. El accionista no es Clarín, sino CableVisión Holdings que tiene el 40% del paquete accionario. Igualmente, hoy la industria está afectada por los precios y va a tener problemas para salir adelante si la situación económica se sigue deteriorando. Lo que necesitamos es acceso al mercado de capitales, algo que existe para las compañías que se diferencian del país. En el mundo hay dinero. Lo que necesitamos es previsibilidad”.
Si de algo sabe el señor Nobile es de previsibilidad. Porque su propio currículum expone que fue durante nueve años gerente de Clarín AGEA, que es la empresa encargada de las impresiones gráficas de los distintos medios en papel del multimedio de Magnetto. Después, por otros nueve años, fue subgerente general de Cablevisión SA, entre los años 2006 y 2016.
Curiosamente, su gestión en Cablevisión arrancó en octubre del 2006, en forma coincidente con los preparativos que hizo esta compañía para adquirir a su competidora Multicanal, avalada por la Secretaría de Comercio en 2007. Y a partir de mayo de 2016, pasó a desempeñarse en Telecom, cuando el multimedio Clarín, ya con el gobierno de Mauricio Macri como presidente, se preparaba para comprar Telecom. Que sea predecible, no quiere decir que sea honesto.
Las cautelares de Magnetto
Telecom por su parte, con la firma del abogado Damián Cassino, presentó un escrito ante la CNDC, afirmando que el asunto era “cosa juzgada” y que en todo Greco y Bidart se hicieran cargo de lo que hicieron. Aunque fuera en directo beneficio de los intereses de Magnetto, y no obstante que la ley de Etica Pública prevé la nulidad de sus actuaciones. Dijo al respecto:
“Para nosotros, la fusión está recontra aprobada, firme, sólida. Ha habido otras impugnaciones, pero ninguna prosperó y al día de hoy no hay ningún pronunciamiento administrativo ni judicial contra la operación”, resumieron. Entienden que la continuidad del Estado está por encima de funcionarios y funcionarias y que, en todo caso, cabrían sanciones a Greco que no invalidarían la operación.”
La otra línea defensiva del poderoso caballero Héctor Magnetto, es la clásica de él, consistente en que la justicia como, si fuera su subordinada, dicte velozmente una cautelar a su favor. Que teóricamente no resuelve el fondo de la cuestión, pero en la práctica es casi lo mismo, porque en la justicia argentina ella puede durar indefinidamente.
Una de ellas fue dictada en la causa caratulada “Otros c/ ENANCON y otros s/proceso de conocimiento”, tramitada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9. En la cual en julio de 2017 se dictó la medida cautelar que ordenó que en su punto 1 que “cualquier cuestionamiento al negocio jurídico” emprendido por Magnetto deberá ser encausado ante el ENACOM, la CNDC, y la CNV (Comisión Nacional de Valores), “de manera de no enervar sus competencias administrativas”.
Y decretó en su punto 2 que Cablevisión y Telecom “podrán continuar con la instrumentación, concreción y ejecución de los actos jurídicos detallados en el capítulo antedicho y de todos los necesarios para perfeccionar el proceso de fusión por absorción entre ellas, y someterlos a consideración de los organismos demandados, debiendo éstos asumir el pleno ejercicio de su competencia en el marco de la legislación aplicable y expedirse sobre la adecuación de tal proceso a las normas vigentes”. Habiendo sido esta medida cautelar inusitada, que ordenaba preventivamente al Poder Ejecutivo como debía tramitar sus expedientes, ampliada por ese juzgado en diversas oportunidades.
Juez Pablo Cayssials
El juez que dictó esa cautelar es Pablo Cayssials, quien se desempeñó como asesor de Gabinete del ministerio de Justicia entre 1992 y 1995, en plenas privatizaciones. En el 2014 dicto una cautelar, prohibiendo la adecuación de oficio del grupo Clarin. Y posteriormente opinó que el presidente Macri podía remover a la procuradora Alejandra Gils Carbo -enemiga del grupo Clarin desde que se opuso como fiscal de Cámara a la fusión de Cablevisión y Multicanal- con un simple decreto.
Posteriomente Cayssials en marzo de 2019, se despachó con otra cautelar a favor del grupo Clarín en el expediente caratulado: “Telecom Argentina SA c/ Estado Nacional-Procurar S/ Medida Cautelar (Autónoma)”, en la que habría resuelto implícitamente dejar de lado a la Oficina Anticorrupción en cualquier planteo contra la fusión de Telecom Cablevisión, ordenando lo siguiente:
“Hacer lugar a la petición efectuada por la firma Telecom Argentina SA, ordenando, en consecuencia, a la Secretaría de Comercio de la Nación (SC) y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), garantizar la vigencia, eficacia y ejecutoriedad de las Resoluciones Nº 374/18 y 5644/17, siendo éstos los únicos organismos encargados de resolver todos los planteos vinculados a la legitimidad y legalidad de tales resoluciones.
Asimismo, corresponde ordenar a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (DNDC) que se abstenga de adoptar decisión alguna con relación a dichos actos, debiendo girar todas las presentaciones efectuadas los organismos mencionados, incluyendo las realizadas por la Asociación Protección a los Consumidores y Usuarios de la República Argentina (PROCURAR). Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva al respecto…”.
“Cosas veredes, Sancho, que no crederes y farán fablar las piedras” le decía supuestamente Don Quijote a su escudero hace 400 años, mientras se desplazaban por el páramo de la Mancha. Hoy en Argentina el páramo es el de una justicia manchada.-
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