El engaño a los jubilados (IV) con el sebo puesto a los gobernadores famélicos

En esta cuarta y última nota referida al engaño de la “reparación histórica” a los jubilados, se revela la treta a la que apeló el Gobierno, para lograr que por el Congreso pasara este engendro legislativo, y otros previos. Consistente simplemente en tomar una prenda, para obtener luego lo que quería a cambio de su devolución, figura que en el código penal se denomina secuestro extorsivo.

La nota que encabeza esta serie con título El engaño de la reparación histórica a los jubilados (I) para ocultar dos gravísimos affaires, puso de manifiesto la sustancial quita de sus acreencias que representa la ley de supuesta “reparación” histórica de los jubilados (Nº 27.260). Que solo fue un camuflaje para poder hacer pasar por el Congreso dos grandes aspiraciones de los ricos cortesanos del poder.

Una de esas aspiraciones se expuso en la nota El engaño a los jubilados (II) para robar las acciones de la ANSES, por parte de empresas cortesanas del poder. Que no distribuyeron dividendos en efectivo en estos años, y así pretenden recomprar sus acciones, con la misma plata de la ANSES. Y la otra aspiración esta expuesta en la nota El engaño a los jubilados (III) que esconde una amnistía ultra secreta para los súper ricos, imputados en la Justicia como consecuencia de las filtraciones de Arbizu, Falciani, Panama Papers, y Bahamas Leaks.

Javier Llorens

Precavidamente, el actual Gobierno secuestró el 15 % de la coparticipación retenido a las provincias con destino a la ANSES, que el anterior Gobierno les había devuelto sobre la finalización de su mandato. Para redevolvérsela en la medida que iba obteníendo lo que quería. Usándola como sebo para que los famélicos gobernadores mordieran, y forzaran a sus huestes legislativas a que dejaran pasar esas engañosas leyes por el recinto legislativo.

Esta añagaza fue instrumentalizada pacientemente por parte del macrismo, apenas asumió el gobierno, para poder disciplinar a las provincias. Al revocar la devolución del 15 % de la coparticipación que había dispuesto el anterior gobierno a favor de todas las provincias, como consecuencia de fallo de la Corte Suprema que dispuso la devolución de ella, pero solo a favor de tres provincias (San Luís, Córdoba, y Santa Fe) que habían iniciado demandas contra la Nación.

Fue una de las primeras medidas de gobierno del presidente Macri, y estaba impregnada de ilegalidad, abuso de autoridad, y falsedad. Dado que mal podía revocar, lo que ya era un derecho adquirido por parte de las provincias, ante la renuncia de la anterior titular de ellos a percibirlos, incurriendo así en un claro y prepotente abuso de autoridad, propio de una dictadura. Al que disimuló con el falso argumento de que su antecesor había dispuesto esa devolución con un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que está prohibido dictar para cuestiones impositivas, como es la coparticipación.

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Cuando en realidad el formato de DNU había sido empleado para reformar las partidas presupuestarias, para atender con otras fuentes las necesidades de la ANSES. Tal como lo hizo reiteradamente el presidente Macri posteriormente, al crear incluso una partida de 45 mil millones de pesos para la obra del soterramiento del tren Sarmiento, a cargo casualmente de su primo hermano, Angelo Calcaterra Macri. Con el agravante que eran Angelo y sus socios quienes conforme las bases de la licitación pública, se habían comprometido a proveer el financiamiento.

Ver Macri y Calcaterrra, con ayuda de los K, enterraron 45 mil millones de pesos

Pero con el federalismo político pero no económico que reina en Argentina, los famélicos y pusilánimes gobernadores de provincia, consintieron calladamente con el despojo, al estar condicionados por otras prebendas y obras a otorgar por el gobierno nacional. Razón por la que también previsoramente, el Gobierno macrista pasó al ministerio del Interior, las áreas de Obras Públicas y Vivienda.

A cambio de aprobar la ley en cuestión, además de la tortuosa y subrepticia devolución de ese 15 % que se verá seguidamente, los gobernadores obtuvieron una refinanciación de sus deudas con la Nación, y el compromiso de esta de financiar el déficit de sus cajas jubilatorias. Pero tras la aprobación de la ley, en el decreto reglamentario de la ley, cazurramente el gobierno nacional alzó la vara para que ellas pudieran acceder a ese aporte. Estableciendo pautas de convergencia de las leyes jubilatorias locales en relación con la nacional. Y en cuanto a las obras prometidas a las provincias, las gambetea diciendo que son “autorizaciones y no obligaciones”.

Por lo que se puede decir que la sanción de las leyes en Argentina, no es una tarea de legisladores preocupados por el bien común, sino de cazadores y tramperos armados con señuelos y artimañas, y truhanes y oportunistas. Para legislar en definitiva, como en este en caso, a favor de los ricos y los intereses más concentrados de la sociedad.

La tortuosa redevolución del 15 % de la coparticipación

Tras ese temprano despojo del 15 % de la coparticipación, el instrumento para hacer avanzar la ley en cuestión, fue el pacto firmado a fines de mayo, previo a la presentación del proyecto de ley jubilatoria ante el Congreso, entre el ministro del Interior, Obras Públicas, y Viviendas, Rogelio Frigerio, y los gobernadores provinciales. Que fue aprobado por la ley jubilatoria en cuestión (art 24 y ss) pese que nada de nada tenía que ver con ella.

Enrevesadamente, anudando deliberadamente a las provincias con la ANSES, en el mismo se compromete la Nación a devolver 3 puntos de la coparticipación por año, desde el 2016, hasta llegar al 15 % en el 2020, Y que adicionalmente el Fondo de Garantía de Seguridad FGS (FGS) de la ANSES le prestaría a las provincias el equivalente al 6 % de la coparticipación el año 2016, a devolver a partir del 2020, y un 3 % de ella en los años sucesivos, hasta el 2019, a devolver también a cuatro años.

O sea un 15 % en total aportado por el mismo ANSES, equivalente a un año de la coparticipación. Cobrando un interés similar al de los grandes depósitos bancarios (tasa BADLAR), haciéndose cargo el Tesoro Nacional de la diferencia respecto una tasa de interés del 15 % en los dos primeros años, y del 12 % en los sucesivos. Lo cual está directamente reñido con el objeto de la ley de reparar a los jubilados, con las disponibilidades del FGS.

El pacto preveía además que el Estado Nacional se haría cargo de las deudas de las provincias, hasta un 50 % del excedente que les correspondería para alcanzar el 15 % de la coparticipación. Y un tercio del 15 %, a partir del año 2020.

El resultado neto de ese deliberadamente tortuoso convenio, pone en evidencia que se trata de un fraude, para condicionar a las provincia a la autorización de la venta de las acciones que detenta la ANSES, y para que aprobaran el blondo blanqueo a favor de ricos y famosos, muchos de ellos imputados en la justicia por evasión y lavado de dinero.

Ya que en base al mismo, tal como se observa en el gráfico adjunto, las provincias desde el año 2016 recuperan un nivel de ingresos netos, que equivale a entre el 12 y 15 % de la coparticipación, o sea muy cercano al que les hubiese correspondido, si no se hubiese revocado el decreto del anterior Gobierno. Cayendo solamente a un 8 % en el año 2020, por efecto de la devolución de los créditos a la ANSES, mas su carga de intereses.

Bache que seguramente las provincias se las ingeniarán para rellenarlo, en base a nuevas prebendas a obtener del Estado Nacional con la sanción de nuevas leyes, como la del Presupuesto Nacional, o la ruinosa ley de Participación Público Privada. En el permanente tira y afloje crematístico que existe entre el Estado Nacional y las provincias, en las que el primero obtiene casi todo lo que quiere, por maligno que sea, a cambio de obras o dinero.

Por otro lado en el gráfico se ve que son la ANSES y el Tesoro nacional los que concurren a que esa compensación a favor de las provincias suceda, aportando en un principio porcentajes similares del 7 %. Para luego caer el ANSES a un nivel de hasta el 12 % de pérdida de ingresos, desde el 2019 en adelante. Compensada en parte respecto el 15 % perdido, por el cobro de los intereses, y capital de los préstamos dados en los años previos.

Por su parte el Tesoro Nacional, por efecto de los intereses que subsidia, y de los créditos exigibles que se hace cargo, recién a partir del año 2020 deja de seguir subsidiando esa enrevesada redevolución de lo correspondiente a las provincias. El resultado neto de ella, pone en evidencia que el revocamiento por parte del actual Gobierno, de esa devolución efectuada por el anterior Gobierno, fue una premedita y maliciosa medida.

Con vistas a lograr mediante la coerción de esa redevolución, que en el Congreso de la Nación se aprobaran leyes vergonzosas, que ni merecen el nombre de tales. Como lo es esta supuesta reparación histórica a los jubilados, que esconde el fraude respecto las acciones de la ANSES, y una amnistía ultrasecreta a favor de los más ricos é inescrupulosos de la sociedad, que se encuentran ímputados ante la Justicia.

En una república sería lo correcto y previsible, era la continuidad de los actos del gobierno previo, a favor de las provincias. Y no su revocación con falsos argumentos, por parte de quién lo sucedió. Pero claro, así los famélicos gobernadores de provincia que viven en estado de necesidad y urgencia por falta de recursos, agravada por la recesión que provocó el Gobierno actual, no se habrían visto obligados a firmar este engendro legislativo relacionado con la ANSES. Con la finalidad principal de defraudarla, con la autorización de venta de las acciones de empresas privadas que detenta, y consagrar la absoluta amnistía a favor de los cortesanos del poder.-