Después de quemadas todas las instancias, la Justicia ordenó la publicación del contrato con Chevron firmado por el kirchnerismo. Ante ello el actual Gobierno sacó de la galera una ley de in transparencia pública, con la finalidad de legalizar su encubrimiento, que fue aprobada por Diputados. No obstante los senadores eliminaron las disposiciones que posibilitaban eso, y devolvieron el proyecto de ley a Diputados. Y allí sobre tablas y actuando como un solo bloque macristas, kirchneristas, peronistas, massistas, radicales, y lilitos, etc, proveyeron los dos tercios necesarios para aprobar el definitivo encubrimiento del contrato.

Ocultamiento que fue disimulado, mostrando solamente la punta del contrato, y dejando el restante 95 % sepultado en el absoluto secreto. Perpetrando así un triple engaño a la ciudadanía. El de la sanción de una ley de transparencia para concretar un ocultamiento. El del verdadero motivo de esa ley. Y la supuesta publicación de un contrato, cuando en realidad se mostró una ínfima parte de él. Striptease suministra la nómina de los diputados que posibilitaron esta fechoría antidemocrática, para que elector reflexione en la próxima votación, si puede confiar en esos representantes, no del pueblo, sino de los intereses petroleros y Chevron.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

La historia del ocultamiento del pacto entre YPF y Chevron llevó tres años de peleas judiciales y polémicas gubernamentales. Tanto durante el Gobierno kirchnerista, como durante el Gobierno macrista, distintos momentos exponen un insistente uso de estrategias por parte del Estado, para ocultar las cláusulas del contrato, que ampara la ambición de realizar los trabajos oscuros para explotar la reserva hidrocarburífera de Vaca Muerta, ubicada en la región neuquina y sus alrededores, en un área de mas de 30.000 kilómetros cuadrados.

Se atribuye al geólogo Charles Edwin Weaver el descubrimiento de esa formación hace 90 años, mientras realizaba estudios de campo para Standard Oil of California, hoy Chevron. La misma que había obtenido de Perón los contratos en Santa Cruz, que fue uno de los motivos de su derrocamiento en 1955. Y la que ahora es pionera en la explotación de esa área.

A la que se la pondera como una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del mundo. Habiendo sido estimados sus recursos, tal como se verá mas adelante, en billones de dólares a la europea, o sea millones de millones, no el millar de millones de EEUU. Los que se extraen mediante el cuestionado método de fracking, acusado de poner en riesgo el medio de ambiente de la región.

Desde la contaminación de las napas y ríos, por la utilización de químicos para corroer la roca, hasta la posibilidad de generar sismos por las fracturas del subsuelo. Y otros peligros que se debaten en todo el mundo y que nuestro país ha optado por ignorarlos olímpicamente, sin realizar audiencias publicas, ni los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Además el fracking es un negocio caro, que requiere conocimientos técnicos, gran equipamiento, y recursos financieros para llevarlo a cabo. Es por eso que la petrolera argentina YPF, que como sociedad anónima comenzó a ser manejada en su mayoría por el Estado desde el año 2012, optó por recurrir como principal socio para este negocio a la estadounidense Chevron. Una de las tantas corporaciones ligadas a la familia Rockefeller, que carga sobre su responsabilidad el pasivo ambiental que generó su filial Texaco, por los derrames petrolíferos que hizo en la selva ecuatoriana, considerada como la peor catástrofe ambiental hoy en día.

Es así que para explotar Vaca Muerta, YPF y Chevron formalizaron un pacto secreto. Que contó hasta el día de hoy, con la complicidad de fuerzas políticas de distintos colores. Desde entonces, distintas acciones se llevaron a cabo en los tribunales y en el Parlamento, para que la ciudadanía conozca de una buena vez las cláusulas de este acuerdo oculto entre las dos petroleras, mientras los pozos continúan sus trabajos a toda máquina. Y a pesar de los manejos dilatorios, la verdad estuvo a punto de ser revelada, aunque al final la intervención de fuerzas políticas de distintos colores, hizo que ello se frustrara, y solo apareciera en una mínima medida.

Cristina Fernández recibiendo a John Watson, CEO de Chevron. Ph: Casa Rosada.
Cristina Fernández recibiendo a John Watson, CEO de Chevron. Ph: Casa Rosada.

Del decreto Chevron a la ley Chevron

El primer acuerdo secreto entre YPF y Chevron tiene fecha 16 de julio de 2013. Justo un día antes -el 15 de julio de 2013- la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había promulgado el Decreto Nro. 929, bajo el nombre de Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Se trata de una normativa que otorgaba una serie de beneficios a las petroleras extranjeras.

Entre otras, se incluía: la comercialización libre en el mercado externo del 20% de la producción de hidrocarburos, la cero retención a la exportación, y la libre disponibilidad de las divisas. Todos estos beneficios eran para aquellos que realizaran inversiones mínimas en nuestro país de 1.000 millones de dólares. Precisamente, el acuerdo YPF – Chevron para Vaca Muerta, partía de la base de una inversión de U$S 1.500 millones por parte de la petrolera norteamericana en el territorio sudamericano. Semejante decisión no fue pasada por las cámaras legislativas.

Si bien el decreto en sí está fechado el 11 de julio 2013, su publicación se hizo en el Boletín Nro. 32.679, de fecha 15 de julio de 2013. De allí la acusación que el decreto 929, promulgado justo un día antes del acuerdo entre YPF y Chevron, es el “decreto Chevron”.

Izq.: Boletín Oficial donde estipula que el decreto 929 se publicó el 15 de julio. Der.: información de YPF al CNV, donde asevera que el acuerdo firmado con Chevron fue el 16 de julio.
Izq.: Boletín Oficial donde estipula que el decreto 929 se publicó el 15 de julio.
Der.: información de YPF al CNV, donde asevera que el acuerdo firmado con Chevron fue el 16 de julio.

Ese fue el disparador que inició el litigio en la justicia, exigiendo la exposición publica del acuerdo. El 22 de agosto de 2013, el entonces senador nacional Rubén Giustiniani presentó ante las oficinas de YPF un pedido de información pública sobre el acuerdo secreto, amparándose en el Decreto Nº 1172/03. En ese entonces, Argentina no contaba con una ley sobre el derecho al acceso de la información pública, solo existía ese decreto emitido por el presidente de ese entonces, Néstor Kirchner.

No obstante la petrolera argentina rechazó entregar la información, utilizando como herramienta jurídica el Artículo 15 de la mismísima Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Nro. 26.741). Se trata de la ley que promulgó la presidenta para la estatización del 51% de las acciones de YPF. A contracara de lo que era el discurso kirchnerista sobre la “nacionalización” de la empresa, YPF argumentó que al ser una Sociedad Anónima era una empresa privada, y por ende no estaba obligada a exhibir la letra chica de sus negocios.

El artículo 15 de dicha ley define a la corporación bajo carácter de S.A., “no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”. Quedó así expuesta la treta insertada en la ley de la estatización, para garantizar el secreto sobre las operaciones de YPF.

El 10 de noviembre de 2015, justo un mes antes de abandonar el poder, la presidenta Cristina Fernández recibió un duro coletazo judicial, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó que se publicaran las cláusulas secretas del acuerdo entre las petroleras YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. El fallo, de 22 carillas, estableció la importancia del libre acceso a la información pública. Y que YPF está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. No solo por ser titular de la mitad más una de las acciones, sino que el propio Estado designó directivos, incluyendo al que era en aquel entonces viceministro de economía Axel Kicillof, como así también al propio CEO de la compañía, Miguel Galuccio.

Incluso la propia ley de expropiación a YPF, declara “interés público nacional” el autoabastecimiento hidrocarburífero, como así también sus tareas de exploración, explotación, industrialización, etc. “La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”, resalta el fallo de la Corte.

Luego, el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación. Y designó a la macrista Laura Alonso, una de las que más activas denunciadoras del acuerdo YPF – Chevron desde su rol como diputada nacional, como titular de la Oficina Anticorrupción.

Comentarios en Twitter de Laura Alonso en el día que salió el fallo de la Corte Suprema, exigiendo que el acuerdo YPF-Chevron sea público.
Comentarios en Twitter de Laura Alonso en el día que salió el fallo
de la Corte Suprema, exigiendo que el acuerdo YPF-Chevron sea público.

 

Sin embargo, a comienzos de marzo de 2016, la encargada de investigar la corrupción administrativa, cambió su postura y decidió avalar la confidencialidad del pacto YPF-Chevron. Según la Agencia Télam, el cambio de postura radical ocurrió luego de un encuentro entre Alonso y los directivos de YPF, Miguel Galuccio (CEO de la compañía), Daniel González (gerente de finanzas) y Germán Fernández Lahore (vicepresidente de servicios jurídicos). La reunión duró 15 minutos. 15 minutos le bastó a la titular de la Oficina Anticorrupción para cambiar su postura, mientras Galuccio se retiraba de su puesto, recibiendo una millonaria indemnización.

articulo-ypf-chevron-2-1-1-odt4En consecuencia inmediatamente después, Alonso emitió la nota 602/16 dirigida al apoderado de YPF, en la que consideraba que el secreto sobre contrato estaba justificado. “A criterio de esta Oficina, YPF ha fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas. En virtud de lo informado, la cuestión se encuentra sometida a consideración de la Justicia en lo Contencioso Administrativo”, decía la nota.

Haciendo referencia así por un lado, a un nuevo intento ante la justicia por parte de YPF, para insistir con el secreto. Y dando la pista por otro lado, de la ley que sobrevendría posteriormente al fracasar este nuevo intento ante la justicia, en la que se fijaron las “excepciones” para legalizar el secreto sobre el contrato con Chevron.

El caso es que en febrero anterior, al reanudarse el funcionamiento de la Justicia, YPF había presentado un recurso pidiendo que la entrega del contrato con Chevron sea sólo a la Justicia, y no se difundiera públicamente. Insistió así en su trece, pese el fallo de la Corte, aduciendo que ello era para “salvaguardar información geológica, comercial y financiera que son de valor estratégico para ambas empresas”.

No obstante el 14 de marzo, la jueza contencioso administrativa María Cristina Carrión de Lorenzo, rechazó la petición, y le ordenó a la petrolera que hiciera público el contrato completo con Chevron en un plazo máximo de cinco días. En el fallo, la magistrada expresó que “corresponde sin más trámite dar cumplimiento” a lo estipulado, y dispuso una multa de 50 mil pesos diarios para la petrolera en caso de no cumplir con ello.

De esta forma, Carrión de Lorenzo ordenó ejecutar el fallo de la Corte Suprema, que obligaba a revelar la totalidad del acuerdo. Aduciendo que YPF no expuso las razones por las cuales “la revelación de la información contenida en el contrato y sus anexos afectaría sus intereses… La publicidad del acuerdo entre las petroleras no viola el Decreto 1172/03 de acceso a la información pública ni la Ley 25.831 de régimen de libre acceso a la información pública ambiental.

Sin embargo, YPF insistió con su trece, y presentó una apelación contra ese fallo. Que a esa altura se trataba evidentemente de una chicana procesal, como tratando de ganar tiempo para lograr ínterin la sanción de una ley ad hoc, que preservara el secreto.

Luego el 14 de julio la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal porteña, con las firmas de los jueces Carlos Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio, rechazó ese planteo. Y dispuso que YPF entregue toda la información vinculada con ese convenio, tal como lo había ordenado el fallo de primera instancia.

“Una recta inteligencia del pronunciamiento de la Corte Suprema no puede llevar sino a la conclusión de que al hacer lugar a la demanda acogió, indudablemente, la pretensión del demandante”, sostuvieron los jueces. Y además , amenazó con iniciar una causa por ‘desobediencia’ contra las autoridades de YPF, ante el caso que no cumpliera lo ordenado, siendo este un delito penado hasta con un año de prisión.

No obstante empecinadamente YPF insistió con su trece, presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Que la misma sala, integrada por los mismos jueces, rechazó de plano. Ratificando la obligación de la petrolera estatal YPF de dar a conocer el acuerdo con la multinacional petrolera Chevron.

Este fallo fue dictado el 13 de septiembre, en vísperas que el Congreso de la Nación aprobara la Ley Nacional de Acceso a Información Pública 27.275, contando para ello inusitadamente, con el apoyo de todos los bloques mayoritarios, pese estar enfrentados duramente entre sí. Que como se verá seguidamente, consagra el secreto absoluto sobre el contrato con Chevron, y todos los que se le ocurra firmar a YPF en Vaca Muerta, o lejos de ella.

Posteriormente, pese la sanción de la flamante ley que consagraba el secreto sobre el contrato con Chevrón, YPF simuló ceder ante la Justicia, y el 22 de septiembre pasado entregó a la Justicia el primer acuerdo que había firmado con Chevron. La cual a su vez el 7 de octubre se lo entregó al ex senador y actual legislador de la provincia de Santa Fe, Giustiniani, quien lo hizo público la semana siguiente en una conferencia de prensa.

Ley Chevron

Sorpresivamente, el 07 de abril pasado -cuatro días después del escándalo internacional de los Panamá Papers y el debate instalado sobre empresas ocultas en paraísos fiscales, donde el presidente Mauricio Macri está metido en el ojo de la tormenta- y mientras YPF apelaba el contundente fallo de la jueza Carrión de Lorenzo, ordenándole publicar el acuerdo, el mandatario nacional anunció sorpresivamente el envío al Congreso de un proyecto de ley de acceso a la información pública.

Expresó que se trataba de una iniciativa que busca “transparentar” la información ligada a todas las entidades estatales, brindándosele todos los documentos y datos relacionados con la administración pública a cualquier ciudadano que lo requiera. “El Estado no es de los que gobiernan y el dinero no es nuestro, es de la gente y tienen derecho a saber cómo lo destinamos“, sentenció Macri. Y velozmente un día después, comenzó el debate del proyecto de ley en comisión parlamentaria.

El 18 de mayo, al mes siguiente de presentado, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto del oficialismo, con el apoyo de casi todos los bloques que la conforman. Haciéndole agregados a sus “Excepciones” -las mismas a las que había aludido Alonso- que como se verá seguidamente, reforzaban el derecho de YPF a mantener un absoluto secreto sobre el contrato.

No obstante el proyecto no recibió el mismo tratamiento veloz por parte del Senado, donde evidentemente quedó trancado. Al mismo tiempo de Giustiniani denunciaba públicamente la demora por parte de YPF en exhibir el contrato, a la par que algunas ONG reclamaban que se hiciera publico el mismo, con motivo de la audiencia publica convocada para el 16 de septiembre por el ENARGAS, para debatir respecto el megatarizafo del gas natural. Con la exigencia por parte de la Corte Suprema, que en ella también se debería considerar el precio en boca de pozo a percibir por los productores de gas y petróleo.

Ver El megatarifazo del gas natural es una consecuencia del arreglo con los buitres

Esta situación lo llevó al Gobierno a tirarse a una pileta vacía, pidiendo el tratamiento sobre tablas en el Senado de dicho proyecto. Que se concretó la semana previa a las audiencias públicas, el 7 de septiembre, durante el cual sorpresivamente, los senadores justicialistas junto con Fernando “Pino” Solanas, realizaron modificaciones al proyecto, echando por tierras las cláusulas con las que se pretendía legalizar el secreto sobre el contrato con Chevrón.

Acerca esas modificaciones, un cable de Télam señalaba que entre los cambios, “los más importantes son los que incluyen entre los entes que deben brindar información al público a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como es el caso de YPF, ya que varios legisladores apuntaron al acuerdo entre la petrolera argentina y Chevron por la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta”.

El proyecto fue velozmente girado a la cámara baja para tratar sus modificaciones. Para lo cual se requiere una mayoría agravada de dos tercios, a los efectos de rechazar las modificaciones hechas por la otra cámara. Cosa que parecía imposible, ante la actividad hostilmente obstructiva por parte del bloque kirchnerista, a toda iniciativa proveniente del macrismo.

Pero milagrosamente, el 14 de septiembre sucedió el milagro, que conjunto a macristas con kirchneristas, y también a radicales, peronistas, aristas, lilistas, y alguna otra ista. Y así dos días antes de la concreción de las audiencias por el megatarifazo del gas natural, sobre tablas, o sea con una mayoría agravada de dos tercios para obtener el quorum, Diputados rechazó con la mayoría agravada de dos tercios de los votos, las modificaciones introducidas por el Senado.

articulo-ypf-chevron-2-1-1-odt5La imagen muestra que no hubo brotes verdes afirmativos, sino que casi todo era verde, ya que esa postura fue aprobada con 182 votos a favor y 16 en contra. Quienes alzaron sus manos en favor de la aprobación fueron los bloques de Cambiemos, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, y la Coalición Cívica, apoyando la iniciativa de explotar Vaca Muerta, mediante convenios absolutamente secretos para los argentinos.

Pacto Prokirchnerista: El macrista Emilio Monzó dialogó en la sesión con el kirchnerista Héctor Recalde
Pacto Prokirchnerista: El macrista Emilio Monzó dialogó en la sesión con el kirchnerista Héctor Recalde

En alegre montón, al que antes le llamaban contubernio, los votos afirmativos más notables por orden alfabético fueron, ALFONSÍN, Ricardo, UCR / BOSSIO, Diego, PJ / CAMAÑO, Graciela, FR / CONTI, Diana Beatriz, K / DE MENDIGUREN, José Ignacio, FR / DE PEDRO, Eduardo Enrique, K / DE VIDO, Julio, K / di TULLIO, Juliana, K / GARRÉ, Nilda, K / GIOJA, José Luis, K / HELLER, Carlos Salomón, K / KICILLOF, Axel, K / KIRCHNER, Máximo, K / MASSA, Sergio Tomás, FR / MASSOT, Nicolás María, PRO / MESTRE, Diego Matías, UCR / NAZARIO, Adriana Mónica, esposa del ex gobernador José De la Sota, FR / NEGRI, Mario Raúl, UCR / PEDRINI, Juan Manuel, K / RECALDE, Héctor Pedro, K / RUCCI, Claudia Mónica, FR / TONELLI, Pablo Gabriel, PRO, etc.

En cuanto los pocos votos negativos notables fueron: ARGUMEDO, Alcira Susana, Proyecto Sur / BINNER, Hermes, Partido Socialista / DONDA PÉREZ, Victoria Analía, Libres del Sur. En cuanto los mas notables que oportunamente se ausentaron para no dejar el mocho puesto fueron: CABANDIÉ, Juan, K / CARLOTTO, Remo Gerardo, K / CARRIÓ, Elisa María Avelina, CC: DEPETRI, Edgardo Fernando, K / KUNKEL, Carlos Miguel, K / SOLÁ, Felipe Carlos, FR / STOLBIZER, Margarita Rosa, GEN, etc.

Ver Listado diputados que aprobaron, rechazaron, se abstuvieron, y estuvieron ausentes sanción ley Chevron

Seguidamente el 29 de septiembre, el presidente Macri emitió el decreto 1.044, promulgando la ley Nro. 27.275, también conocida como Ley de Acceso a la Información Pública. Que en honor de la verdad debería llamarse Ley de Impedimento a la Información respecto el contrato con Chevron. Además del presidente, el mismo cuenta con la firma del jefe de gabinete Marcos Peña, y el ministro del interior Rogelio Frigerio.

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Toda excepción tiene su regla

Se dice que toda regla tiene su excepción, pero en este caso, con el elocuente paralelismo que se fue dando entre los avatares judiciales y legislativos, se podría decir que se legisló arteramente, con el objeto de fijar las excepciones, no las reglas.

La noticia, desde los medios masivos de comunicación, fue que después de 12 años de espera, Argentina iba a contar con su primera ley que garantizaría a todos los habitantes del país reclamar, exigir y recibir todos los datos requeridos en referencia al funcionamiento de la administración estatal.

Sin embargo, tal como lo han señalado distintos legisladores, el artículo 8 de la Ley de Acceso de Información Pública en sus Excepciones, a las que se refirió tempranamente Alonso, legalizó que YPF oculte para siempre su acuerdo secreto con Chevron, y todos los otros que ha firmado, o se le ocurra firmar en un futuro.

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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm

El Artículo 8, tipifica cuáles serían las situaciones de excepción, por las que no corresponde que el Estado –en este caso, YPF- otorgue a la ciudadanía determinada información pública. A continuación, los incisos resaltados en negrita son los más notables que legalizan la cerril postura adoptada por YPF en relación con el contrato con Chevron. Estos son:

b) “Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”.

Parece una dislate, pero seguidamente se verá que no. Según una estimación de YPF del 2013, las reservas que cuenta Vaca Muerta alcanzarían un total de 16.200 millones de barriles de petróleo, y 8,72 billones de metros cúbicos de gas natural (308 Trillones de pies cúbicos). Por ende, se habla de un negocio formidable con un enorme circuito de dinero, que al precio actual del petróleo de u$s 50 el barril, en petróleo representarían 81.000 millones de dólares.

Pero en gas natural, con la meta de su precio de u$s 7 el Millón de BTU o 25 ctvs de dólar el m3 impuesta por el gobierno a los consumidores argentinos con el megatarifazo, representan 2,26 billones de dólares (2.260.000.000.000). O sea cinco veces el actual PBI de Argentina. Y ademas debajo de la formación de Vaca Muerta, se encuentra la formación de Los Molles, que se estima que tiene aún mas recursos que Vaca Muerta.

Este enorme negocio es el que está detrás de Vaca Muerta, y subrepticiamente detrás de Los Molles, para convertirla en una gran exportadora de gas natural, por parte de las multinacionales que operan allí. Y el actual Gobierno evidencia tener la intención de que la inversión la costeen los consumidores argentinos, pagando el gas como si fuera importado.

En lugar de convertir esos enormes recursos energéticos, en una ventaja comparativa de los argentinos, para aumentar la competitividad de su economía con energía barata. De todas maneras, esa enorme fuente de pesos y divisas, también le cabría la tipificación de “poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”, si se dificultara su operación con los acuerdos secretos que se están firmando al respecto.

c) “Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”.

Como se vio, gran parte de las reservas de gas y petróleo son recursos no convencionales. Que se se extraen mediante el método de fractura hidráulica o fracking. Dentro de estos procedimientos, se utilizan químicos corrosivos, que se mantienen en secreto. Esto ha generado grandes discusiones en distritos de Estados Unidos, al negarse las empresas a publicar la composición de los productos químicos que emplea. Siendo este otro punto más para justificar el ocultamiento al acuerdo, para no perjudicar “el nivel de competitividad” de los agentes utilizados para el fracking.

d) “Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida de carácter confidencial”.

Simplemente ese tercero sería Chevron. Ya que la publicidad del acuerdo, podría traerle problemas a la hora de realizar negocios paralelos y posteriores.

l) “Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación”.

Precisamente, esas “investigaciones” pueden aludir a las exploración de los datos geológicos de Vaca Muerta, y la aplicación de las técnicas del fracking en ese lugar.

m) “Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública”.

Este es el último inciso, y el más notable en beneficio del secreto del contrato YPF – Chevron. Ya que YPF es una Sociedad Anónima sujeta al regimen de oferta pública, tanto en Argentina como en EEUU. Por tal motivo, quedó amparada para no presentar su acuerdo con la multinacional estadounidense.

Esta condición no estaba en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Fue introducida descaradamente en su trámite en Diputados, rechazada en el Senado, y ratificada un día después de que la justicia rechazara el recurso extraordinario de YPF ante la Corte, y dos días antes de que se concretaran las audiencias por el megatarifazo del gas natural.

La posibilidad de acceder a este tipo de datos en adelante -sobre el acuerdo YPF y Chevron- estaba contemplada en las modificaciones que hizo el Senado a la Ley de acceso a la información pública, y que en Diputados con el aval de los bloques de Cambiemos y del Kirchnerismo se encargaron de podar, ratificando la media sanción original de la cámara baja”, señaló en un comunicado el bloque Libres del Sur, con la firma de Victoria Donda.

Además Donda aseveró, “votamos en contra de insistir en la redacción de diputados porque tal como fue aprobada no cumple en forma íntegra con la búsqueda de transparencia que la sociedad demanda. Teníamos una opción mejor: aprobar la media sanción con las modificaciones que introdujo el Senado”.

También fue rechazado por el bloque Proyecto Sur, señalando su senador “Pino” Solanas, respecto el artículo 8 inciso m): “Este inciso fue escrito exactamente en la cresta de la ola del conflicto con Chevron; expresión de la degradación institucional de la que estamos viviendo, con el fallo de la Corte para hacer público el contrato de YPF – Chevron que es de noviembre. Y fue ratificado. Hasta la fecha, el gobierno que continuó al gobierno que lo había firmado, lo mantiene oculto. YPF es una sociedad con mayoría estatal y los argentinos pagamos más de 6.000 millones de dólares para recuperar el 51% de sus acciones”.

También fue rechazado por el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y los diputados del socialismo de Santa Fe. E incluso, en una columna de opinión publicada en Página/12, un docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sentenció que la ley aprobada era conforme la pretensiones de YPF.

Ver Ley a la medida de YPF

La punta del contrato con Chevron hecha pública

Así se llegó a una situación paradojal, en la que al mismo tiempo que la Justicia le ordenaba a YPF que sin mas trámite hiciera público el contrato con Chevrón, el Congreso sancionó una ley diciendo que debía ser secreto. Y en consecuencia se habría suscitado un escándalo, sí YPF aduciendo las disposiciones de la flamante ley, se negaba a entregar el contrato a al Justicia.

Lo cual habría puesto sobre el tapete el engaño de sancionar una supuesta ley de transparencia pública, para ocultar el contrato con Chevron, con su consecuente escándalo y vergüenza para los legisladores intervinientes. Por ello en base a órdenes que seguramente vinieron de arriba, y después de serías discusiones entre los departamentos de comunicaciones y legales de YPF, se optó por la salida política de compromiso, de mostrar solo la punta del contrato con Chevron, el “Project Investment Agreement” o “Contrato de Proyecto de Inversión”. También conocido por sus siglas como PIA.

Se perpetró así con el consentimiento de sus intervinientes, un triple engaño a la ciudadanía. El de la sanción de una ley de transparencia, para concretar un ocultamiento. El respecto al verdadero motivo de esa ley. Y la supuesta publicación de un contrato, cuando en realidad se mostró una ínfima parte de él.

En consecuencia el martes 11 de octubre pasado, luego de que la Justicia le entregara a Giustiniani el acuerdo YPF – Chevron entregado a ella por YPF, el ex senador y demandante ante la Justicia concretó una conferencia de prensa, en la que dio conocer algunas pautas del famoso acuerdo para explotar la reserva hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Esto es un triunfo al derecho al acceso a la información publica -se ufanó el diputado Giustiniani con micrófono en mano-. Nosotros fuimos a la justicia, porque cuando enviamos una nota a YPF en octubre de 2013, YPF nos contestó que no tenía obligación de dar ningún tipo de información, porque ellos eran una Sociedad Anónima. Lo consideramos una falta de respeto. Y por eso habíamos presentado un amparo que el 10 de noviembre del año pasado, después de un largo recorrido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo ejemplar, dijo: ‘La información no es del Estado. El pueblo de la Nación Argentina tiene derecho al acceso a la información pública’. Y ordenó a YPF entregar una copia del contrato”.

https://www.youtube.com/watch?v=RKgt2ueKtY4

La sorpresa que brindó dicha conferencia de prensa, es que el PIA firmado el 16 de julio de 2013, entre YPF y Chevron, no es en realidad un Proyecto de Inversión, sino un contrato de préstamo entre filiales de dichas petroleras, instaladas en paraísos fiscales. Si bien se sospechaba que los firmantes del pacto estaban a nombre de sociedades offshore, lo novedoso es que no se hizo como un acuerdo entre inversionistas, sino que se trata de un mutuo entre un prestamista y un prestatario o deudor.

En la figura del prestamista, aparece “Chevron Overseas Finance Limited”, radicada en las Islas Bermudas. Mientras que el tomador del dinero es “YPF Shale Oil Investment I LLC”, registrada en el distrito de Delaware (Estados Unidos) considerada también como un paraíso fiscal. Esto quiere decir que YPF y Chevron no pactaron de forma directa este préstamo, sino que interpusieron una serie de intermediarios instalados en distintas regiones del continente, declaradas como paraísos fiscales.

Según Giustiniani, el contrato expone una red de sociedades offshore ligadas a YPF, que hace que la trama sea realmente enmarañada. YPF SA sería la dueña absoluta de una empresa denominada “Wokler Investment SA”, radicada en la República de Uruguay, país sindicado también como paraíso fiscal. A su vez, este holding uruguayo es el dueño de otra offshore, radicada en las Islas Bermudas, denominada “YPF Shale Oil Holding Ltd”. Luego, esta misma es la dueña de la primera filial de YPF mencionada en Delaware, que figura como la tomadora del préstamo que le concedería la filial de Chevron radicada en el archipiélago del océano Atlántico.

Además “YPF Shale Oil Investment I LLC”, es dueña del paquete completo accionario de otra sociedad de Delaware llamada “YPF Shale Oil Investment II LLC”. Tanto el “Investment I” y el “Investment II”, manejan a su vez el paquete accionario de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en Argentina, llamada “Compañía de Hidrocarburo No Convencional (CHNC) SRL”.

Esto determina que el ingreso de fondos, que se produce mediante el Investiment I, vaya hasta CHNC. Y después, lo producido en el 50% de la concesión que YPF le concede a esta SRL vuelva ese producido hacia arriba a una cuenta de Nueva York, que por supuesto es de Chevron”, explicó el legislador de Santa Fe.

Según los analistas, surgen varios interrogantes a la hora de indagar porqué se armó esa simulación jurídica de un contrato de préstamo, y la intrincada red de empresas radicadas en paraísos fiscales implicadas en el mismo. Y la primera respuesta tiene que ver si se hizo a los fines de la evasión impositiva, ya que el amparo jurisdiccional para el no pago de impuestos es una de las claves que tienen los distritos mencionados.

La explicación que por su parte aportó YPF, es que esa maraña societaria tenía por objeto evitar embargos por parte de los fondos buitres, que entonces mantenían vivas las demandas contra Argentina. Al que se suma la penuria de divisas que por esos mismos motivos aquejaban a Argentina.

Ante la cual puede pensarse que ese PIA o contrato preliminar, fue la forma rápida de hacerlas ingresar al país, hasta que se arribaran a acuerdos específicos de asociación y participación en la explotación de Vaca Muerta. Razón por la cual lo importante de esos acuerdos no radicarían en el PIA publicadi, sino en los que vinieron después que se mantienen en secreto, como se verá seguidamente.

Otro interrogante tiene que ver con la responsabilidad de Chevron sobre el perjuicio ambiental que se pueda generar en la región de Vaca Muerta. “Porque Chevron no aparece nunca”, señala Giustiniani en referencia al contrato de inversión. “Si estamos hablando del fracking, estamos hablando de un método de extracción de gas y petroleo que esta observado en muchos lugares del mundo, problematizado y prohibido por contaminación ambiental. En el mismo Estados Unidos, hay estados que no lo permiten. Y hay un control riguroso por parte de su agencia estatal de qué tipo de productos se usan en este tipo de actividad”.

Otra cláusula del contrato es la que que otorga garantías a la hora de girar dólares al extranjero, en caso de que las leyes nacionales no lo permitan. Esto abre la puerta para que la transferencias de utilidades se pudieran girar al exterior, independientemente de las restricciones legales que existían entonces.

Y finalmente, otra cláusula que se sospechaba estaba en el acuerdo secreto y que ahora quedó confirmada, es que el Estado Nacional renuncia a cualquier tipo de inmunidad. Y en caso de alguna disputa judicial con el concesionario (Chevron), será resuelto en un tribunal de París. Es decir: lo resolvería algún “Thomas Griesa” con acento francés.

Acá finalizó una etapa, donde ganó el derecho al acceso de información. Y empieza una etapa distinta, que es el análisis del contrato; de ver si los intereses nacionales están resguardados o no”, aclaró Giustiniani ingenuamente. Afirmando que entregaría copias del acuerdo al Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que se analice minuciosamente, y se tomen medidas al respecto.

De la punta del iceberg, a lo que se oculta debajo del agua

El asesor del senador “Pino” Solanas, Alejandro Olmos Gaona, hijo del recordado investigador de la deuda externa, fue uno de los pocos que obtuvo una copia del acuerdo. Y afirmó que además del PIA, existen otros contratos derivados de este que no se han dado a conocer, debido a lo cual hay que realizar una nueva demanda judicial, a los efectos de que se exhiban los mismos”.

La que de concretarse, seguramente se encontrará con el blindaje legal que le puesto al resto de los contratos, la flamante ley de supuesta Información Publica. Por su parte la agencia estatal de noticias Télam, preciso que lo que YPF entregó, es solo uno de los 26 acuerdos firmados con Chevron para explotar Vaca Muerta, o sea que se habrían firmado otros 25 acuerdos después de firmado el PIA en julio del 2013.

articulo-ypf-chevron-2-1-1-odt10Télam especificó que de los 26 documentos, “12 fijan los términos y las condiciones legales y comerciales de la inversión y operación, mientras que los 14 restantes hacen foco en el cumplimiento de las condiciones contractuales, en función de las acciones de Chevron”. A su vez en distintas notas, YPF fue informando a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la firma de esos nuevos acuerdos. Tal como lo expone la nota presentada el 10 de diciembre del 2013, que dice:

“… continuando con la información brindada al mercado mediante Hechos Relevantes del 16 de Julio, 29 y 30 de agosto pasados en relación al tema de la referencia, informamos que YPF S.A. y algunas de sus subsidiarias y subsidiarias de Chevron Corporation, han completado exitosamente la instrumentación de la documentación pendiente para el cierre del Acuerdo de Proyecto de Inversión, que permitirá el desembolso por parte de Chevron de los montos totales oportunamente informados, por una suma de USD 940.000.000 (dólares estadounidenses novecientos cuarenta millones) por parte de Chevron, adicionales a los USD 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos millones) que ya desembolsara dicha empresa .”

Finalmente, el 22 de septiembre pasado, YPF informó a la CNV que ese día había entregado el PIA a la Justicia, en cumplimiento de lo ordenado por ella. Recordando en la nota, que este Acuerdo tuvo como objetivo generar el primer desarrollo de no convencional de la Argentina. Hoy, Loma Campana es el segundo yacimiento más grande de la Argentina y el más grande en el mundo en petróleo no convencional fuera de Estados Unidos.”

Advirtiendo no obstante que esas entregas no se iban a repetir en un futuro, gracias a la flamante ley: “La entrega del referido acuerdo no implica una renuncia de la Compañía a defender sus derechos ante cualquier otro requerimiento de información y/o documentación confidencial de la Compañía en el futuro.”

Así gracias al contubernio entre macristas, kirchneristas, massistas, peronistas, radicales, lilitos, etc, lo que era un derecho a la información respecto los contratos de Chevrón, se transformó en un revés. Por lo cual con una música muy conocida y letra parecida, todos ellos podrían cantar “La marcha de los muchachos crevronistas”, “Todos unidos triunfaremos, y a Chevron le diremos, un grito de corazón, Chevrón, Chevron, que grandes sos, sos el primer explotador”.-

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