En esta nota veremos cómo un simple trámite de sucesión llevado a cabo ante el Juzgado Civil y Comercial N° 51, cayó más bien en el Área 51, donde terminaría envuelto durante 22 años en una grotesca simulación de proceso judicial, con fraude, corrupción de funcionarios y jueces, y aprietes mafiosos. Todo iría creciendo como una bola de nieve. Cuanto más insistiesen las herederas en obtener justicia, más se involucrarían todos los funcionarios en tapar el escándalo, hasta llegar al más alto nivel. Hoy todos los que participaron quedarán expuestos.
Parece que una situación así sólo puede existir en una película de Hitchcock, pero ocurrió en Córdoba, donde cuatro jubiladas fueron engañadas por su abogada y un administrador judicial, y sus bienes cayeron en manos de una banda de estafadores. Apelaron a la municipalidad, topándose con que allí también había otra banda que los encubría. Recibieron amenazas. Apelaron entonces sucesivamente al juez y a la Fiscalía en lo Penal, donde cajonearon la causa, por lo cual recurrieron a la Fiscalía General y al Tribunal de Ética.
Encontraron en todos lados funcionarios que simularon estar cumpliendo con su deber, mientras sutilmente retorcían los procedimientos legales contra ellas de manera coordinada. Cuando lograron conseguir pruebas por sus propios medios, con todo en contra, aparecieron misteriosas causas armadas amenazándolas.
Más de 1000 investigaciones desnudando al poder real.
Stripteasedelpoder.com, 10 años sin publicidad, pauta oficial o sobres que nos condicionen.
Colaborá con el periodismo libre.
Finalmente contrataron al más prestigioso estudio de abogados, para abordar la etapa final del juicio oral. Creyeron que por fin iban a obtener justicia, pero en plena sala de audiencias, descubrieron que todos – la jueza, el fiscal e incluso su propio abogado – se habían puesto de acuerdo para cerrar el caso tramposamente.
La causa hoy está a punto de cerrarse con los culpables sobreseídos y sin la restitución completa de los bienes, con las hermanas cada vez más acorraladas, en un caso viciado por procedimientos mal realizados. Pero la injusticia aún puede revertirse. Para ello es necesario que se sepan todos los hechos y sus responsables, de esta historia que parece sacada de una película.
Las cuatro herederas y un trámite de sucesión común y corriente
El 28 de marzo de 2004, falleció a sus 82 años de edad, en la ciudad de Córdoba, Ana María del Carmen Cabrera Fernández. La acompañaron en sus últimos momentos sus cuatro hijas: Ana María, María Beatriz, María Esther y María Josefa. Todas mujeres mayores, de entre 61 y 53 años en aquel momento.
Ana María había sido docente toda su vida, vocación que fue seguida por sus cuatro hijas, llegando a ser dos de ellas directoras de escuelas. Entre todas formaron a varias generaciones de cordobeses.
María Beatriz inició inmediatamente el proceso sucesorio como es debido ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 51, individualizando a las herederas e identificando cuatro inmuebles que habían pertenecido a su madre, situados en manzanas contiguas del barrio San Martín. Los cuatro se hallaban en ese momento alquilados, en buen estado, con contratos vigentes y sin ningún conflicto. En uno funcionaba un bar, en otro un taller mecánico, un tercero servía como taller de cerámica, y el cuarto era una vivienda con un galpón. Sus respectivas direcciones son: Los Granaderos 2265, Soldado Ruiz 2759, Martín Dobrizhoffer 421 y Martín Dobrizhoffer 491.

Las otras hijas de Ana María, por su parte, se pusieron en contacto con los inquilinos y los anoticiaron del fallecimiento de su madre, poniéndose al día en cuanto a la situación de los alquileres. Las dos hijas menores, María Esther y María Josefa Ferrer, comenzaron a ejercer la administración de hecho, sin ningún desacuerdo entre las herederas. Acordaron que la ganancia que los locales arrojaban mensualmente, luego de cubrir todos los gastos, se repartiría en partes iguales. María Beatriz y Ana María solicitaron que su parte se depositase en la cuenta judicial.

El 8 de abril de 2005, mediante auto interlocutorio, la Justicia declaró como únicas herederas de Ana María a sus cuatro hijas, reconociendo la posesión judicial de la herencia.
Todo marchaba normalmente hasta que en el año 2007, la Dra. Susana Beatriz Hillar, abogada de María Beatriz y Ana María, y quien había tramitado la sucesión, les propuso poner un administrador judicial. Las convenció de que era lo más conveniente mientras se completaban los trámites, ya que los contratos de alquiler estaban por vencer. El argumento era falaz, como supieron más tarde. No era necesario de manera alguna realizar ese nombramiento, bastaba con formalizar nuevos contratos, pero las hermanas accedieron, confiando en quien se encargaba de sus asuntos legales.
La designación del administrador adoleció incluso de una irregularidad importante, ya que no se solicitó una fianza o garantía como respaldo de su actuación. A las herederas nunca se les explicó que ellas, como herederas directas, tenían prioridad sobre un tercero ajeno. Tampoco eran conscientes de que una declaratoria de herederos debía concretarse normalmente en tiempo rápido y sin grandes problemas. De esta manera María Josefa y María Esther fueron desplazadas de la administración de sus bienes.
Retrospectivamente se darían cuenta que habían caído en manos de una banda dedicada a estafar a ancianas. Sería el comienzo de un progresivo calvario legal, cada vez más enredado, que ya lleva más de 20 años. María Esther fallecería sin ver concretado su final.
El administrador infiel
El nuevo administrador judicial en un principio ejerció sus funciones correctamente. Posteriormente acreditó problemas de salud, y fue reemplazado en junio de 2010 por Jorge Alberto Barrera Von Rentzell, administrador judicial, martillero público y corredor inmobiliario.

Fue bajo esta nueva administración que una de las hermanas, María Esther, comenzó a sospechar irregularidades, al notar que el administrador no estaba presentando algunos comprobantes de cobro de impuestos. Visitó el local más importante de las propiedades familiares, situado en la esquina de Los Granaderos y Soldado Ruiz, donde funcionaba un bar. El inquilino, Mario Funes, la conocía desde hacía tiempo, y accedió a mostrarle los recibos de alquileres abonados. Al mirarlos detenidamente, María Esther vio que en los mismos figuraba un interés cobrado por mora, que no había sido detallado por el funcionario judicial.
Esto motivó una primera solicitud de rendición de cuentas ante el juez, quien tenía el deber de fiscalizar el proceso. María Josefa solicitó que el administrador diese cuenta detalladamente de su gestión y de las medidas tomadas en caso de mora. Remarcó expresamente que se abstuviese de hacer nuevos contratos sin el consentimiento de las herederas. Pero Barrera Von Rentzell empezó a hacer lo que se le antojaba, de manera cada vez más despreocupada.
María Josefa solicitó además un resumen de los movimientos bancarios de la cuenta, y que se fijase una fecha para que pudiese acceder a los inmuebles y comprobar su estado. Sería la primera de varias solicitudes que nunca serían respondidas por el juez.
Barrera Von Rentzell comenzó a rendir cuentas de manera cada vez más imprecisa, hasta que dejó de hacerlo. Durante cinco años, entre 2015 y 2020, no depositó dinero en la cuenta judicial ni rindió cuentas a las herederas. Tampoco pagó el impuesto inmobiliario, aunque restaban fondos en la cuenta judicial. María Josefa y María Esther presentaron al juez a cargo, Gustavo Andrés Massano, sucesivas notas reclamando rendición de cuentas, pero el juez ni siquiera recibió algunos de los escritos.
La comunicación era lenta y burocrática, a través de su abogado. En el ínterin hubo otros inconvenientes. María Esther enfermó de cáncer y finalmente falleció. Su hija quedó como heredera, pero tardó en interiorizarse sobre los pormenores. La representación de las dos hermanas mayores seguía en manos de la Dra. Hillar, quien nunca presentó ninguna queja. Por todo esto le tocó a María Josefa proseguir la lucha en soledad, contra un entramado mafioso que se volvería cada vez más espeso.
El abogado de María Josefa tampoco estaba actuando diligentemente, a pesar de que ella y su hijo tenían sospechas bien fundadas de fraude por parte del administrador. El letrado les decía que no se preocupen, ya que si el administrador había cometido algún ilícito, iba a “saltar todo” cuando rindiese cuentas. Finalmente, insatisfechos, cambiaron de representante legal, y pidieron al juez una audiencia para tratar la rendición de cuentas y la eventual remoción del administrador.
Pero el juez Massano simplemente ignoró el pedido. En lugar de intimar al administrador judicial a rendir cuentas como era debido, regañaba a María Josefa, llegándole a advertir que quienes no cuidaban sus bienes podían perderlos.
El contraataque de la familia Ferrer
En esas circunstancias, que se tornaban cada vez más desesperantes, la familia detectó que en los alrededores del barrio se habían colocado cartelitos donde se ofrecían en alquiler algunos locales. Al mirar la dirección de los locales ofrecidos, ¡notaron con sorpresa que eran los suyos! Los anuncios ofrecían contratos a 4, 6 y hasta 10 años. ¡Eso estaba totalmente fuera de las atribuciones del administrador! Era una verdadera locura.
Dado el cariz que tomaban los acontecimientos, las hermanas decidieron tomar cartas en el asunto personalmente. Se reunieron junto a algunos de sus hijos y deliberaron qué hacer. Finalmente tuvieron una idea ingeniosa. Enviaron a una familiar que el administrador no conocía, María Andrea Mautoni, a alquilar uno de los locales. El administrador engañador sería engañado, con un “topo” que averiguaría qué era lo que realmente estaba haciendo.
María Mautoni tuvo una entrevista con Barrera Von Retzell, quien prácticamente le dejó las llaves sin hacer muchas preguntas. Estaba celebrando contratos de alquiler a precios irrisorios y por una cantidad de años descomunal. Más adelante hasta le propondría una triquiñuela para formalizar una suerte de pseudoventa del inmueble, con un contrato a 10 años. María Mautoni grabó este ofrecimiento incriminatorio sin que el administrador lo note y guardó el audio como prueba.
Los okupas misteriosos
Finalmente, debido a la presión constante de María Josefa y su nuevo abogado, quien solicitó la partición de bienes y rendición de cuentas, en 2019 Barrera tuvo que salir de su mutismo. Apareció entonces con una novedad inaudita. Informó que el local donde funcionaba el bar, que ahora se llamaba “Bar Coyote”, se encontraba usurpado desde hacía tres años atrás, por lo cual no tenía recibos de alquiler para mostrar. Individualizó a los supuestos usurpadores como Carlos Eduardo Vega y Carlos Santiago Vega, con sus números de DNI. Agregó que el bar tenía una habilitación fraudulenta.

Manifestó además que los demás inmuebles también habían sido usurpados en diferentes momentos, y que los mismos usurpadores del bar le habían alquilado otro de los inmuebles a un tercer usurpador. Pero finalmente, por suerte, él solo había logrado echar a todos esos okupas, accediendo a los locales mientras no estaban y sacando sus cosas.
Las supuestas usurpaciones, de las cuales no había ningún testigo, le servían de excusa para explicar faltantes del dinero percibido por alquileres, y justificar la acumulación de deudas, que de proseguir podía terminar siendo motivo de remate judicial.
Naturalmente era inconcebible, no sólo que no hubiese tomado ninguna medida contra todas esas alegadas usurpaciones, sino que las informase tanto tiempo después. María Josefa y su hijo no salían de su asombro.
Varios años después de estos sucesos, un abogado los puso al tanto de que el juez Massano debería haber informado a la fiscalía la existencia de un local usurpado, lo cual no hizo. Pero en aquel entonces no estaban muy bien asesorados. Con el tiempo, no tendrían más remedio que volverse expertos en todos los detalles de la ley y sus procedimientos de doble filo.
Volviendo a 2019: El administrador se vio obligado, por sus propias declaraciones, a solicitar la clausura del local donde funcionaba el bar, y la baja de su habilitación. Lo cual por supuesto debería haber hecho tres años antes. María Josefa solicitó entonces que se allane el local usurpado para confirmar su situación, pero el juez Massano también ignoró ese pedido por un largo tiempo.
Sin embargo, pasó algo que aumentó las sospechas de la familia. Como consecuencia de que su abogado había pedido la división de bienes, una perito oficial inventariadora, Clara Patricia Ordoñez, visitó los inmuebles. Al llegar a la casa la atendió un hombre, quien le mostró un contrato de locación suscrito por el administrador judicial Von Rentzell con Carlos Alfredo Perolari, entre 2017 y 2018. Es decir en la época en que varios de los inmuebles estaban supuestamente usurpados, según el testimonio del mismo administrador.
La reunión donde Barrera confesó todo
En marzo de 2020 el administrador judicial Barrera Van Retzell realizó finalmente la constatación de la ocupación del bar, que el juez le había solicitado varios meses atrás. O mejor dicho simuló que la hizo. Concurrió un día en que estaba cerrado, frustrándola de esa manera.
Pero su situación ya era insostenible, y a mediados de 2020 presentó su renuncia. El juez la aceptó. Alrededor de un mes después, Barrera convocó a todos los inquilinos a una reunión general, en uno de los inmuebles alquilados. María Andrea (la “espía”) iría también junto a un acompañante, quien sin que nadie lo notase, grabaría nuevamente un audio del encuentro con su celular, el cual hemos escuchado íntegramente.
Estando ya todos reunidos, Barrera Von Retzell les notificó que no iba a encargarse más de la administración, y para justificarlo desgranó una historia de su invención. Dijo que las hermanas dueñas de los locales eran unas “viejitas” que no se lograban poner de acuerdo y estaban en conflicto permanente, reclamando diferentes cosas en relación a los locales, y supuestamente impugnando cada decisión que él tomaba para mejorarlos. Las calificó como “gente irracional” que estaban haciendo “una locura”.
Pintó la situación como un caos familiar donde él hacía lo que podía, pero no lo podía solucionar. Ya estaba harto de esa situación, y por eso se iba. Culpó a las herederas por el hecho de que la sucesión estuviese “empantanada” tantos años, lo cual, según dijo, era lo que lo obligaba a seguir de administrador. María Andrea le hizo una observación, señalando que el juez podía resolver la división de bienes si las herederas supuestamente llevaban tantísimo tiempo sin ponerse de acuerdo, pero Von Retzell la hizo callar diciendo que “no sabía nada”.
Les explicó a los inquilinos que a partir de entonces iban a tener que depositar el alquiler en una cuenta judicial, ya que hasta ese momento le pagaban personalmente a él en efectivo. Les advirtió que no dejasen pasar a sus locales a nadie, ni siquiera a los dueños.
Quedó evidenciado en sus palabras que había realizado refacciones en los locales sin rendir cuenta de las mismas. Los locales, durante todo ese tiempo en que las herederas no pudieron supervisarlos, se deterioraron, les surgió humedad, configurando ello un grave desmedro de su patrimonio.
La familia guardó el audio como oro, seguros de que más tarde les serviría. Entretanto, el juez Massano finalmente decidió apropiarse del pedido de constatación solicitado por María Josefa, pero lo modificó. Dispuso allanar los cuatro inmuebles. Sin embargo, de manera muy irregular, no le informó a la familia sobre el operativo.
Estos se enteraron de casualidad, porque la policía tocó a la puerta de su informante, María Andrea, quien inmediatamente los llamó por teléfono. María Josefa se tomó un taxi lo más rápido que pudo y se apareció en el lugar. En ese momento, sin explicar la razón, el juez suspendió los allanamientos. Nunca llegó a pasar por el Bar Coyote.
Más tarde, en lugar de disponer un nuevo allanamiento, el juez Massano le pidió a María Josefa que demuestre la titularidad del inmueble en cuestión, lo cual ella cumplió presentando todos los documentos que acreditaban la herencia desde su abuelo.
Noticia es lo que alguien no quiere publicar. Todo el resto es publicidad
STRIPTEASE DEL PODER
Periodismo de investigación sin publicidad
Entre una medida que viene, otra que va, los tiempos se dilataban. Pero finalmente Barrera Von Retzell efectivizó su renuncia, en diciembre de 2020, en plena pandemia, un año entero después de haber presentado un mamarracho como rendición de cuentas. El juez lo dejó ir, libre de culpa y cargo.
El 17 de febrero de 2021, las herederas nombraron de común acuerdo a María Josefa Ferrer como administradora de los bienes comunes. En esa audiencia el juez Massano consideró también la situación del inmueble donde funcionaba el Bar Coyote, y se dejó asentado que lo pertinente sería el desalojo, pero sin tomar ninguna acción resolutiva.
María Josefa Ferrer, con ayuda de su familia, logró cancelar las deudas dejadas por el administrador fraudulento, evitando de esta manera que se abra cualquier excusa para un remate judicial. Habían ganado una pequeña batalla, pero todavía restaba recuperar el local más importante de su patrimonio, y ser resarcidas por el fraude sufrido.
Las infructuosas gestiones ante la Municipalidad
La situación irregular del inmueble supuestamente ocupado había sido denunciada ante la Municipalidad por el mismo Barrera Van Retzell. A esa denuncia se sumaron varios pedidos de información de María Josefa, buscando saber si el local cumplía con las medidas de higiene y seguridad, y si contaba con sus correspondientes certificaciones de control bromatológico, carnet sanitario del personal, etc. Requisitos de cualquier negocio del ramo, que son información de acceso público. Más tarde solicitó también el contrato de locación, como administradora de los bienes.
María Josefa confió en que pronto obtendría la información y se concretaría el desalojo del bar. Esto no le causaba muchos desvelos en 2019.
En julio le informaron desde la división de negocios del CPC (Centro Participación Comunal) Nro. 2 que el titular del negocio era Carlos Santiago Vega, y que al presentar los papeles para los trámites previos a la habilitación había suministrado documentación apócrifa, lo cual fue comunicado al Tribunal de Faltas N° 12, por violar las normas municipales. De hecho, era más grave que eso, tenía alcance penal.

Además, María Josefa pudo constatar que el bar no había renovado el Informe de Higiene y Seguridad, acumulaba denuncias por ruidos molestos (según vecinos, la música sonaba tan fuerte que no permitía dormir), y realizaba shows que colmaban su capacidad. En 2020 sería clausurado por realizar fiestas en plena pandemia.
Sin embargo, la administradora de los bienes se encontró nuevamente con un muro de silencio y respuestas evasivas, ahora, por parte de la Municipalidad. Las demoras que al principio podían atribuirse a la situación de parálisis durante la pandemia, pronto revelaron ser otra cosa. Parecía que la mano de Barrera Von Retzell y sus secuaces llegaba más lejos de lo que habían pensado. El contrato de locación no aparecía, y se negaban a dárselo con diferentes excusas.
María Josefa presentó cinco notas sucesivas, entre 2019 y 2022, solicitando la inspección del local y la cancelación de la habilitación. Al llevar la sexta nota de reclamo, el 21 de febrero de 2022, se encontró con que las dos primeras notas presentadas (una por el administrador judicial Barrera y otra por ella misma), aún figuraban en el sistema como “pendientes de recibir”.
La funcionaria municipal, llamada Claudia Ragone, acorralada, no pudo explicar dónde se encontraban las notas. María Josefa dejó asentada la queja y pidió hablar directamente con el director Mario Jorge López.
Hasta el día de hoy no obtuvo ninguna respuesta del órgano municipal. El bar continuó funcionando sin problemas. Incluso fue frecuentado por personajes importantes de la política, como el intendente Daniel Passerini, quien se fotografió junto a su dueño.

En las megacausas de Bombero, Folli y otras conexas, impulsadas por el fiscal Guillermo González, se develó la existencia, entre los años 2008 y 2023, de una asociación ilícita que habilitaba negocios de manera irregular en la capital de Córdoba, generalmente bares y boliches. La red delictiva involucraba a la Dirección de Bomberos de la Policía provincial, empleados de la municipalidad de Córdoba, y empresarios, principalmente el empresario de la noche Marcos Octavio Gennaro, quien según algunos testimonios tendría estrechas relaciones con Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista en la Legislatura provincial.
Casos policiales resonantes como el crimen de Agostina han dejado expuesta parte de esas redes. En aquel caso se trató del bar Wachitas, perteneciente a la expareja de Barrelier, el imputado por el femicidio. El local no cumplía con los requisitos para funcionar y había sido clausurado seis veces, pero había sido vuelto a “desclausurar” por otros inspectores, sin solucionar sus irregularidades. A pesar de su situación ilegal, figuraba como sitio de interés turístico en la web de la Municipalidad de Córdoba.
EXCLUSIVO CASO AGOSTINA: El próspero dueño de “WACHITAS BAR” detrás de la joven Nicole Waiss
Luis Alberto Molina, quien ya fue dueño de Wachitas, lo seguiría siendo a través de su hijastra Nicole Waiss.
El Ente de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba estaba en esa época a cargo de Ezequiel Hormaeche, quien pasó de vendedor de autopartes, a becario en la Municipalidad, y de allí sin escalas a presidente del ente. Donde creó, apenas asumió, una multitud de nuevas direcciones innecesarias, al frente de las cuales puso a familiares directos y amigos íntimos.

Con semejante entramado manejando la habilitación de bares y negocios “de la noche”, es de esperar que cualquier irregularidad en el Bar Coyote haya sido pasada por alto, untando las manos de algunos funcionarios.
Por la grave negativa de la Municipalidad a otorgar la información requerida, María Josefa denunció ante la Oficina Anticorrupción al director del CPC Nro. 2, Mario Jorge López, en marzo de 2022, por falta de información e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la causa terminarían imputando a un funcionario menor, que luego renunció. La causa, siguiendo el procedimiento habitual, quedó cajoneada hasta que prescribió varios años después.
Durmiendo el sueño de los justos
Además de recuperar su local usurpado, la familia tenía que ajustar cuentas con Barrera Von Retzel. María Josefa lo denunció penalmente ante la justicia el 13 de enero de 2021 por administración fraudulenta y falsificación de documentación. La causa fue sorteada y cayó en la fiscalía del distrito 4, turno 3°, a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger.
Aunque venían bastante escaldados, creyeron que esta vez obtendrían justicia. Parecía imposible que el funcionario judicial zafase de un enchastre donde había dejado sus huellas por todos lados.
Pero para su desgracia, no tendría mejor suerte que con la municipalidad. Dondequiera que se moviesen, se topaban con el mismo muro de inacción y pasividad. Los años y la edad iban disminuyendo sus fuerzas, pero no su tenacidad por obtener justicia. El fiscal Juan Pablo Klinger simplemente cajoneó la denuncia, eludiendo tomar ninguna de las medidas correspondientes.

Los delitos denunciados eran graves y fácilmente individualizables en una lectura superficial del expediente: usurpación, habilitación fraudulenta, incumplimiento de deber de funcionario público y fraude. La denunciante se había tomado el trabajo de suministrar elementos de prueba que permitían llevar adelante las primeras indagaciones sin ninguna dilación.
La denuncia judicial de Barrera facultaba a allanar el local desde el año 2019. Los inquilinos que habían ocupado con anterioridad el local estaban identificados con su número de DNI, y podían ser citados a declarar para determinar a quién habían entregado las llaves y demás circunstancias.
La situación irregular del bar habilitaba a solicitar información a la municipalidad de Córdoba. Los inquilinos Claudia Leonor Docimo y su esposo Ernesto Cesar Galdeano, quienes alquilaron al administrador otros dos de los inmuebles con plazos muy largos de hasta 10 años, podían también aportar información sobre las condiciones pactadas con el administrador, si hubo comisiones, y demás detalles.
La primera amenaza
La inacción era doblemente grave, además, porque la familia había sufrido situaciones violentas. María Andrea, la cuñada de Gastón Montes, hijo de María Josefa Ferrer, quien vivía enfrente del Bar Coyote, había recibido amenazas reiteradas por parte de los ocupantes del bar. Este también había sido amenazado por Carlos Santiago Vega, quien lo increpó desde un auto, que le pasó a corta distancia, mientras caminaba por la calle.
Habían denunciado ambos hechos a la policía, pero para sorpresa de nadie, ésta se sumó al letargo generalizado que flotaba a su alrededor. No tomaron ninguna medida con los denunciados, ni los citaron a la comisaría para declarar.
Gastón Montes había logrado anotar la matrícula del auto en el que circulaba Vega, desde el cual lo había amenazado, antes de que se pierda. Así pudo realizar algunas averiguaciones. El vehículo estaba registrado a nombre de María Natalia Beltramé, una mujer que trabajaba en la Justicia de Córdoba.
Estaban preocupados por toda la situación, pero en aquel entonces confiaban en que la fiscalía pronto abriría una investigación, y toda esa pesadilla se iría desvaneciendo. La querellante y su hijo se comunicaron con la fiscalía al menos tres veces, y en todas se les dijo que estaban investigando. Sin embargo, no era cierto.
La pesadilla judicial recién comenzaba, y la historia se enredaría aún más, de la manera más increíble. Habían entrado en una trampa judicial que todo el tiempo intentaría cerrarse sobre ellos, y que lograrían evitar en base a golpes de suerte y reacciones rápidas. Terminaremos de conocer todos los hechos y los involucrados en la segunda y más increíble parte de esta historia.
El paralelismo con el mega caso Manubens Calvet
Salvando las distancias económicas, la sucesión Cabrera Fernández tiene un gran parecido con el legendario juicio sucesorio Manubens Calvet, que duró cuatro décadas. Que fue una clara muestra de cómo en la justicia cordobesista, un patrimonio sucesorio muy importante, puede mutar en un bien mostrenco en manos de ella, a lo largo de un interminable proceso; para así transformarse en un lucro incesante a favor de administradores y abogados intervinientes.
El de Manubens Calvet fue uno de los juicios sucesorios más extensos y polémicos de Argentina. Se originó tras la muerte del exdiputado de la UCR Intransigente, Juan Feliciano Manubens Calvet, en marzo de 1981 en Villa Dolores, sin testamento ni herederos directos. El patrimonio sucesorio fue valuado en unos US$ 225 millones, e incluía 38 inmuebles y 148.000 hectáreas, entre ellas la Estancia Pinas, que era propiedad del senador Lisandro de la Torre.
Durante las cuatro décadas que duró el litigio, hasta el 2020, la gestión de los bienes estuvo marcada por denuncias de vaciamiento de cuentas, desvío de ganancias, y ventas de campos por debajo del valor de mercado.
En 2016, representantes de herederos y acreedores denunciaron al juez de la causa por permitir la subvaluación de la fortuna en un 50%, y consentir el vaciamiento de los fondos, por parte del administrador de la herencia, abogado y sobrino del hacendado, Reginaldo Manubens Calvet. Quien seguidamente renunció y falleció en 2017.
El nuevo grupo administrador denunció que con el exadministrador, se habían robado unos $450 millones producidos por los campos y la hacienda en los últimos 14 años, y que había sido manipulado por un entorno que manejaba los negocios en las sombras.
Y allí no acabó la cosa, porque en el 2026 una nueva denuncia penal volvió a sacudir el expediente, al cuestionar la venta en abril de 2020 de 1.696 hectáreas de la estancia El Cautivo a la firma Estancias Grimaldi SA, por US$ 3,68 millones, mientras que las tasaciones superaban los US$ 32,5 millones.
La denuncia incriminó al juez de la sucesión, Carlos Isidro Bustos, y empresarios involucrados por presunta evasión tributaria, lavado de activos, y cobro de pagos paralelos no declarados. Un gran parecido con el caso Cabrera Fernández, donde se dio igualmente la expoliación de los herederos, cuyos bienes, durante juicios sucesorios interminables pasan a ser de nadie.
"Como lo pudiste constatar, nuestras investigaciones son fundadas, independientes, con datos públicos y verificables y siempre sobre el poder real. Su producción lleva días, semanas, hasta meses de trabajo. Y son abordadas con la mayor honestidad, profesionalidad y rigurosidad periodística. Si está a tu alcance, podés colaborar con este periodismo libre, de calidad, sin injerencia de empresas o gobiernos"




