Abrir un comercio, una empresa o montar un espectáculo público en la ciudad de Córdoba era y es algo extremadamente difícil, casi imposible. Por eso, muchos de los interesados terminan pagando coimas a inspectores, funcionarios, gestores, bomberos para poder hacerlo.
Todo este modus operandi quedó expuesto por el fiscal Guillermo González, en la mega causa de Bombero o Folli y otras conexas. La misma develó la existencia entre los años 2008 y 2023, de una asociación ilícita para habilitar negocios de manera irregular en la capital de Córdoba que involucraba a la Dirección de Bomberos de la Policía provincial, empleados de la municipalidad de Córdoba, gestores particulares y empresarios. Pero curiosamente ningún funcionario público.
Este caliente expediente y sus conexos se sustanció en el 2023, a partir de audios que circulaban en las redes sociales de inspectores pidiendo coimas con transferencias a cuentas bancarias personales. Y levantó una gran polémica con allanamientos hasta en el Palacio 6 d de Julio. Hoy están elevado a juicio oral con 17 imputados.
Entre los investigados está, por encubrimiento agravado con ánimo lucro y uso de documento público falso, el empresario de la noche Marcos Octavio Gennaro. Secretario de la Cámara Empresaria de Boliches y Afines de Córdoba. Quien según el sólido testimonio de un “imputado colaborador”, cuya identidad se preserva, tendría estrechas relaciones -otros hablan de prestanombre- con Miguel Siciliano. Yerno del Olga Riutort. Actual funcionario de Martín Llaryora y candidato a diputado nacional en la lista del cordobesismo Provincias Unidas.
A Gennaro se lo acusa de utilizar documentación falsa de bomberos para habilitar sus bares y boliches. Como datos elocuentes de este señalamiento, en el momento de la denuncia, Siciliano, casado con Victoria “Tori” Flores, eterna funcionaria pública, hija de Olga Riutort, ambos dueños de un patrimonio de 700 millones de pesos, se desempeñaba como secretario de Gobierno y de Gestión General de la municipalidad de Córdoba. Y tenía bajo su control, con su gente, la secretaría de “Fiscalización y Control” de negocios y espectáculos.
Esta secretaria, con rango de ministerio, estaba a cargo de Fabiana Gigli. Eterna asesora de Riutort, suegra de Siciliano. Y como sub secretario, quien salió a dar la cara ante la prensa cuando se armó el escándalo, otro changarín de Riutort: Ezequiel Hormaeche. Su edecán. Ex vendedor de autoplanes en la concesionaria Maipú. Un catamarqueño que ingresó a la municipalidad como becario durante la gestión de Llaryora, gracias a Siciliano, quien también sería amigo del empresario Marcos Gennaro.
Por otro lado, durante la gestión de Siciliano como secretario de Gobierno de la muni, y Gigli y el becario Hormaeche a cargo de secretaría de “Fiscalización y Control, mediante diferentes S.A.S (Sociedad Anónimas Simples) como Zirius SAS, Región SAS, Anticuario SAS, el empresario Gennaro, procesado en la mega causa Bomberos, se quedó, según estimaciones, con el 80% de los bares y boliches de la noche cordobesa.
Entre estos estarían: “Le Parc”, “Club Paraguay”, “Chilli Strett”, “Canario, Malibú, Vlack”, “414”, “Fiesta Halloween”, “Merlot”, “Velvet”, “Oye Chico”, “El Congo”, “Kuarteto Bar”. Por eso la vinculación que hacen algunos de Gennaro con el candidato a diputado Siciliano. Ratificada presuntamente por el “imputado arrepentido”.
Ente nuevo, nombres y vicios viejos
Para frenar todo este escándalo, en el 2023, el entones intendente Martín Llaryora, que ya era candidato a gobernador, y su vice Daniel Passerini, candidato a intendente, decidieron cortar por lo sano y sacar del organigrama municipal la secretaría de “Fiscalización y Control” que manejaba la famiglia Siciliano-Riutort-Flores.
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Para ello, mediante la ordenanza 13443, crearon el Ente Municipal de Fiscalización y Control” (EMFyC). El mismo, según la ordenanza, “tiene por objeto la autorización, habilitación, fiscalización y control del funcionamiento de actividades económicas, con o sin fines de lucro, en el ámbito de la ciudad de Córdoba”.
En el momento de su aprobación con la segunda lectura, en febrero del 2024, ya con Passerni como intendente, el concejal llaryorista Nicolás Piloni, miembro informante del proyecto en el Concejo Deliberante cordobés, destacó que “el objetivo nuestro es lograr una mayor eficiencia que se traduce en transparencia, rapidez y objetividad”.
Por su parte, la concejal radical Verónica Garade Panetta, pariente político de la peronista Riutort, cuyos hermanos protagonizan un escándalo por estafar a un productor en dos millones de dólares, aseguró: “Incorporamos cambios en las nuevas tecnologías y las actas para las inspecciones, el control del gasto del nuevo Ente, como también la reducción del Directorio, los empleados que realizan inspección serán absorbidos”.
Sin embargo, a más de un año de su creación, nada de lo que prometía este nuevo ente parece estarse cumpliendo.
Ente nuevo, nombres y vicios viejos
Como primer punto, el intendente Passerini nombró como presidente del nuevo ente nada más y nada menos que al olgista, becario y ex vendedor de autoplanes, Ezequiel Hormaeche. El ex sub secretario de “Fiscalización y Habilitación” en la municipalidad de Córdoba cuando estalló la Causa Bomberos-Folli. Y que nunca, por acción u omisión, curiosamente se enteró de nada del supuesto tongo que hubo, según el fiscal González, entre bomberos, empleados, empresarios y gestores, para obtener habilitaciones truchas.
En ARCA –x AFIP- Hormaeche, catamarqueño, egresado supuestamente como abogado de la Universidad Siglo 21, figura inscripto desde el 2018, como monotributista en categoría A, locaciones de servicios, la más baja. Para la venta al por mayor de papel, venta de bienes culturales y recreativos, reparación de vehículos y motocicletas, venta por menor de productos de limpieza, y servicios jurídicos profesionales. Es decir, además de ser funcionario entre otras múltiples actividades ejerce como abogado.
Asimismo, ante el ARCA, el presidente del ente declaró como dirección fiscal “Esposos Curie 137 piso 2 departamento C”. Sin embargo, esta dirección no existe. Dado que la calle Esposos Curie, continuidad de Avenida Perón, arranca a partir de la numeración 1000. Su verdadera dirección es “Esposos Curie 1370 piso 2 departamento C”. En las torres del complejo Milénica. Propiedad del poderoso empresario Euclides Bullgiotti. Dueño de la cadena de supermercados Dino y complejos edilicios Milénica, a quien Hormaeche debe controlar.
Nombramiento a granel y nepotismo
A su vez, ni bien asumió en su cargo, lo primero que hizo Hormaeche, como buen hijo de tigre, fue nombrar a 46 nuevos empleados en el nuevo ente que prometía mayor “eficiencia” y “menor gastos del directorio”. De estos, 26 nombró con el rango de directores o gerentes en la planta permanente del EMFyC, con sueldos de bolsillo de unos 3,5 millones de pesos.
Para ello, el alfil de Siciliano creó las direcciones de “Habilitación”, “Espectáculos”, “Auditorias”, “Legales”, “Módulos”. Esta última destinada a controlar los puestos de choripán. O sea, más burocracia, más gastos. Todo lo contrario a lo que se proclamó.
Pero lo más grave es que al frente de estas nuevas direcciones, Hormaeche nombró a sus familiares directos, pareja, e íntimo amigos, sin ninguna experiencia en el tema y casi todos sin título profesional alguno. Nombramientos que están prohibidos por la carta orgánica municipal. El clásico nepotismo. Específicamente, el presidente del ente de fiscalización y Control nombró a:
- Micaela Sarmiento Rodríguez, ex esposa, madre de su hijo, con título de bachiller como Directora de Módulos. Es decir, es la responsable máxima de controlar los puestos de choripán.
- Silvia Gladys Luna, ex-suegra de Hormaeche, madre de Micaela y Agustina Sarmiento, abogada, como Directora de Asuntos Legales.
- Raúl Daniel Olmedo, íntimo amigo, ex vendedor de autoplanes como Hormaeche, como Director de Inspección General.
- Nicolás Puertolas, actual pareja de Hormaeche, ex becario de la municipalidad, ex vendedor de autoplanes, como Director de Negocios.
Cabe destacar que estos nombramientos violan el artículo 5, inicio e) de la Ordenanza 10.754 que a funcionarios municipales como Hormaeche le establece: “Abstenerse de designar parientes para que presten servicios en los ámbitos comprendidos en el artículo 3 del presente, prescindiendo del requisito de idoneidad. Quien designe a un funcionario o empleado público deberá tomar los recaudos necesarios para considerar su idoneidad”.
En cuando a los otros 20 nombramientos, ingresaron como “becarios”. Entre ellos, según fuentes directas de esa repartición, figura su hijo, sobrinos, cuñados y amigos suyos. Entre estos, Agustina Sarmiento, hermana de su ex esposa, ex cuñada de Hormaeche, con título secundario, que se desempeña como recepcionista. También su hijo Santiago, pero que ya lo habría dado de baja.
Los becarios son contratos laborales precarios. Algunos llegan a ganar 300 mil pesos. Menos que una jubilación. Pero son la histórica puerta para ingresar a planta permanente. Como es el caso de propio presidente del EMFyC, que fue becario durante toda la gestión de Llaryora gracias a Siciliano. Lo cual, a la larga implica más costos laborarles para un municipio saturado en su planta laboral.
Al respecto, un informe del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Córdoba, publicado el 25 de marzo de este año, respecto el ejercicio del 2023 en el cual Siciliano fue secretario de Gobierno, la municipalidad de Córdoba tenía 5.710 becarios. Y que estos generaban un gasto de 3.700 millones de pesos de entonces. Una impresionante cifra a los que ahora hay que sumarles los nombrados por Hormaeche.
Pero esto no es lo más grave. Entre estos 20 becarios nombrados por Hormaeche, de los cuales no hay registro formal alguno, están los jóvenes hermanos Florencia y Javier Ponce. La primera es directora de Espectáculos Masivos, Eventuales y Deportivos; el segundo, de unos 20 años, revisor de Documentación del EMFyC.
¿Quiénes son estos dos hermanos? Son hijos del inspector municipal Luis Alberto Ponce, actualmente preso y procesado en la mega causa Bomberos. Se lo acusa de ser uno de los tres inspectores junto a Mónica Silva y su hijo Diego Silva, que extorsionaban, con coimas de $50 a $100 mil pesos semanales, a manteros en la zona del Patio Olmos, para permitirle trabajar ilegalmente. Pagos que, según videos que circulaban en las redes sociales, con total desparpajo, se hacían directamente con transferencias a cuentas bancarias.
Es decir, Hormaeche nombró en altos cargo del nuevo ente, como becarios, a los dos hijos de uno de los inspectores actualmente preso por coimero en la causa judicial de Bomberos, que motivó el nacimiento del EMFyC. Y que incluso estaban presentes al momento de los allanamientos de la policía. Un disparate total.
Pero, ¿de quién dependían estos tres inspectores presos, entre ellos Ponce? De la secretaria de “Fiscalización y Control” de la municipalidad de Córdoba, a cargo de Gigli -secretaria- y Hormaeche -sub secretario-, los alfiles de la famiglia Riutort-Siciliano-Flores.
Por lo cual, la lectura política que hicieron algunos sobre estos dos nombramientos de los hermanos Ponce en el ente, es que fueron para que su padre, el detenido Luis Ponce, que va a juicio, “no cante el ángelus” desde la cárcel, e involucre a los altos funcionarios, como Gigli u Hormaeche. Quienes, hasta ahora, no solo zafaron de toda la cuestión, sino que ascendieron en sus cargos. La primera se fue al gobierno provincial con Llaryora. El segundo quedó a cargo del nuevo de Fiscalización y Control de la municipalidad.
A esta conjetura se suma una comprometida foto, de hace tres semanas atrás, del intendente Daniel Passerini, junto a Viviana Márquez, esposa de Ponce y madre de Florencia y Javier. Y junto a ella su hermana Gabriela Márquez, cuñada del procesado. Fue en un encuentro en la municipalidad con Centro Vecinales de la ciudad de Cordoba, donde el intendente le dio una ayuda económica a la mujer de Ponce para esas instituciones. ¿Otro acercamiento para que no cante el canario?
Y junto a esta polémica foto hay otra del actual candidato a diputado nacional Siciliano, abrazado con Mónica Silva. La otra inspectora de Fiscalización y Control de la Municipalidad, bajo las órdenes de Hormaeche y Gigli, hoy procesada y presa con Ponce por coimera, en la mega causa Bomberos.
Por último, además de estos 46 nuevos empleados nombrados por Hormaeche, al nuevo ente, ingresaron 20 inspectores que estaban en la municipalidad. Con lo cual, a un año y pico de andar, el EMFyC presidido por el sicilianoista Hormaeche ya tiene 66 empleados. Todos sostenidos exclusivamente con el bolsillo del contribuyente.
Otras irregularidades
Junto a estos polémicos nombramientos, el alfil de la famiglia Siciliano-Riutort-Flores, se viene mostrando recurrentemente en las redes sociales, con los empresarios de la noche. Principalmente con José Palazzo, explotador del espacio Plaza de la Música y Carly Jiménez, hijo de La Mona Jiménez.
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Es decir, se junta y muestra con los quien tiene que controlar y fiscalizar. Algo así como si los miembros del ERSEP se sacaran fotos con Roggio el de Aguas Cordobesas. Como contra cara, Hormaeche evita ahora mostrarse con su quien sería su amigo Marcos Gennaro. Actualmente procesado en la mega causa Bomberos. Señalado de tener vínculos con Siciliano, padrino político de Hormaeche.
Además de estos retratos fotográficos, las autorizaciones provisorias para que estos y otros empresarios puedan hacer sus espectáculos, y la capacidad de gente que allí pueden asistir, lo que determina la ganancia, son firmadas, con permisos provisorios, por Florencia Ponce, la hija del inspector Luis Ponce, procesado por coimero o el propio Hormaeche. Lo cual le da más discreción a todo el proceso, no transparencia.
A esto se añade, que cada evento que realizan Palazzo en la Plaza de la Música, el espacio Quality o la Mona Jiménez en el Kempes, el ente de Fiscalización y Control pone a disposición, de manera totalmente gratuita, vehículos oficiales, policías adicionales, inspectores, becarios, solamente para controlar que los puestos de choripanes ilegales que se instalan en las inmediaciones, no invadan las veredas donde acontecen estos espectáculos.
De esta manera, sin recibir nada a cambio, el ente y la municipalidad, con la plata de todos los vecinos, les cuida los bolsillos a los conocidos empresarios de la noche, evitando la competencia de los puestos de chori, para que el asistente al espectáculo consuma todo dentro de estos eventos. O en los puestos de choripanes habilitados afuera, cuyo control están a cargo de la directora de módulos Micaela Sarmiento. Ex esposa de Hormaeche.
Por último, según el expediente que figura en la municipalidad dirigido al secretario de Gobierno Rodrigo Fernández, existe una política de levantar clausuras a comercios o puestos de choripán amigos, realizados correctamente por algún inspector, rápidamente sin subsanar las infracciones, por parte de otro inspector. Algo que está fuera de normativa. Hechos reiterados que derivaron, en una denuncia interna por “violencia laboral”.
After para los amigos
A pesar de que fue clausurado, actualmente a la vuelta del nuevo y lujoso Concejo Deliberante, sobre la calle los Andes 52, sigue funcionado el conocido y controvertido after “Punta Alvear” de otro empresario de la noche, Claudio Bas.
Los afters son boliches que abren después de 5 de la mañana hasta el mediodía. Condesan lo más lúgubre de la noche, dado que ahí va el remanente de gente, a veces pasada de todo, que quedan girando por la ciudad, cuando cierran los boliches. En Córdoba no tienen legislación. Por ende son inscriptos en la municipalidad como bares y pueden trabajar las 24 horas.
En el caso de “Punta Alvear” de Bas, durante décadas, funcionó de lunes a lunes en la esquina Alvear y Costanera. De 5 de la mañana a 12 del mediodía. En el 2019 fue tema de policiales porque en su puerta asesinaron a balazos a un joven.
“Todos los días, entre las 5 y las 9, abre un after que hemos denunciado a la Municipalidad. Hay una denuncia penal en el fuero Anticorrupción que dice todo esto. No podemos vivir, se agarran a trompadas, a tiros, hay llamados al 101, la Policía pasa y no hace nada. Total, impunidad«, relató en ese entonces un vecino del barrio Independencia ante La Voz del Interior.
Luego, cuando se construyó el Concejo Deliberante al frente, como las imágenes de pibes zombis a los tiros y piñas, era imposible de congeniar con esta institución pública, fue clausurado de “forma definitiva”, luego de 24 multas. Por orden de Hormaeche, por tener habilitación de bar y funcionar como boliche. Algo que todo el mundo sabía y los propios vecinos habían denunciado durante años, sin que nadie haga nada.
Lo curioso es que apenas un año después de este “cierre definitivo”, el polémico after “Punta Alvear”, sigue funcionando a la vuelta del Concejo Deliberante. A una cuadra. En la calle boulevard Los Andes 52. De 5 de la mañana a 11 hs. Con entradas de 20 mil pesos.
Por su parte en local donde funcionaba el after Punta Alvear, frente al Concejo, ahora funciona con modalidad de boliche “Kongo Alvear” de 00:00 hs hasta las 5:00 de la mañana. Este boliche es propiedad, según dicen, de Marcos Gennaro, procesado en la mega causa Bomberos, señalado de prestanombre de Siciliano, amigo de Hormaeche, en sociedad con dos hijos de funcionario judiciales.
De esta manera, una vez que terminan la fiesta en “Kongo Alvear” de Gennaro, los que gusten y deseen, pueden caminar dos cuadras y entrar derecho a “Punta Alvear” de Bas. Así, lejos de acabarse la actividad nocturna en las inmediaciones del Consejo se amplió. ¿Está al tanto de todo esto el intendente Passerini?
¿Alquiler oscuro y doble?
Por último, como denunció el concejal radical Sergio Guillem, el nuevo ente de Fiscalización y Control funciona, junto otras dos reparticiones -Recursos Tributarios y Movilidad Urbana-, en unas oficinas alquiladas en la calle Colón 3.551.
Por estas oficinas, la municipalidad de Córdoba, que está con los números en rojo, paga un alquiler de 30 millones de pesos por mes. Un millón por día. Cuando según la información de catastro, la valuación del inmueble, que paradójicamente no tendría final de obra, es de 69 millones.
Esta información, el concejal de la oposición la obtuvo, en parte, luego de una presentación judicial. Allí detectó más de 75 alquileres por parte de la Municipalidad de Córdoba. Sin embargo, el intendente Passerni se niega a informar, hasta el día de hoy, los montos de alquileres que paga la muni, y quienes son sus propietarios.
“Esto surgió en noviembre del año pasado cuando me presenté en base a la ordenanza de acceso a la información, para saber los alquileres que pagaba la muni. No me dieron bola. Ni me contestaron. Entonces fui a la justicia con un amparo por mora administrativa. Y la Cámara Contencioso Administrativo me dio la razón. E intimó a la municipalidad para que en términos de 10 días me pasara toda la información. Que era la totalidad de la nómina de los inmuebles que la muni alquila; quienes son los propietarios y los montos del alquiler. Pero la muni, en vez de contestar lo que hizo fue apelar al Tribunal Superior de Justicia. Y de hace tres meses y medio estamos lidiando ahí” explicó a Stripteasedelpoder.com el concejal Piguillem.
En el caso del local que alquila el Ente de Fiscalización y Control, por el cual el municipio paga 30 millones de pesos todos los meses, su locador es la conocida empresa Gama SA. Propiedad del cuestionado empresario del ladrillo Jorge Petrone quien estuvo preso cinco años (2014-1019) por falsedad ideológica y usurpación de un terreno en la autopista Carlos Paz.
Dicho inmueble en Rentas de la provincia registra una deuda… ¡947 millones de pesos, de los cuales 930 millones esta judicializada!
Y en el caso de la muni, tiene una deuda vencida de $ 82 millones, parte de ella judicializada. Con la particularidad de que el inmueble, del que alquila una modesta parte el EFyC, tiene un notable revalúo a lo largo de un año. Que se manifiesta que en diciembre 2024 la contribución era de $1,9 millones, y en octubre 2025 pasó a 16,2 millones, denotando una grave anomalía en anterior cálculo de la contribución por parte de la misma municipalidad.
A esta controvertida contratación, según fuentes directas del ente, se le sumaría otro alquiler en la calle Sucre, por el que se le estaría pagando, vaya a saber quién, otra importante cifra mensual, sin que el inmueble tenga uso alguno. Lo que sería, de ser cierto, otro disparate de Hormaeche. Mano derecha de la famiglia Siciliano-Riutort-Flores.-
