Ricardo Bustos Fierro, el juez federal cordobés que violando la Constitución Nacional reformada en 1994, le permitió en 1998 la posibilidad de presentarse a la re-reelección al expresidente Carlos Menem, tras tres décadas de ocupar su poltrona fue pasado a retiro de facto por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 26 de enero de 2023, hace dos años y medio; y el estratégico Juzgado Federal N°1 de Córdoba está vacante.
Bustos Fierro entre otras hazañas, fue además quien en 1997 convalido una “declaración de certeza” respecto la validez del balanceo telefónico requerido por Telecom y aprobado por el presidente Menem, para defender su negocio ante la caída del costo y precio de las comunicaciones con la aparición de internet. De esa manera logró hacer caer todos los amparos interpuestos contra esa medida.
Posteriormente también en el 2021, ante un recurso de amparo de los que es especialista Héctor Magneto el CEO del Grupo Clarín, también suspendió la vigencia de los DNU dictados por el presidente Alberto Fernández, que declaraban servicio esencial a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, referidas a las tarifas de internet y celulares.
Y anteriormente como fiscal federal, fue un protagonista esencial en el “affaire de la nafta adulterada” que condiciono a los principales protagonistas de la Guerra de Malvinas de 1982, el presidente Gral Leopoldo Galtieri, ex director de YPF, y el canciller Nicanor Costa Méndez, presidente de CGC, Compañía General de Combustibles, involucrados en esas maniobras.
GUERRA MALVINAS: Los mensajes secretos a través de LN con el topo Costa Méndez 11 – El affaire de la nafta
GUERRA MALVINAS: Los mensajes secretos a través de LN con el topo Costa Méndez 12 – La nafta y el topo I
GUERRA MALVINAS: Los mensajes secretos a través de LN con el topo Costa Méndez 13 – La nafta y el topo II
Luego en 1984 renunció como magistrado en Córdoba, pero en 1994 logró regresar como titular del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que concentra competencias en materia penal, civil, tributaria, electoral. Designado a dedo por el presidente Carlos Menem, en tiempos en que no existía aún el Consejo de la Magistratura.
La presidenta de la Cámara que expulsó a Bustos Fierro de su codiciada poltrona, en esa época era Graciela Montesi, pareja sentimental y judicial del vicepresidente de la misma Cámara, Abel Guillermo Sánchez Torres. Los vocales eran Eduardo Avalos, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes. Actualmente la Cámara Federal está presidida por Sánchez Torres y el vicepresidente es Avalos.
Viejo jugador de la chicana judicial, el polémico juez presentó su renuncia ante el entonces presidente Alberto Fernández con fecha posdatada: el 10 de diciembre de ese mismo año; aduciendo que como era un juez con competencia electoral, no podía renunciar. Había estado en el cargo de juez federal, durante 29 años, al que ingresó en 1994 en pleno menemato.
En una más de sus tantas acciones de desgobierno, Fernández, aceptó el argumento del renunciante. Nadie sabía que el mismo día que Bustos Fierro dejaría de ser juez federal, llegaría a la Casa Rosada el ultraderechista Javier Milei. Desde ese día, ese Juzgado Federal, uno de los más importantes del país por el volumen de causas que allí se tramitan, está vacante.
Tras el interinato en el Juzgado Federal N° 1 del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, titular del Juzgado Federal N° 2, desde el sábado 15 de junio pasado, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quedó como subrogante hasta junio de 2026. La designación lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal, Sánchez Torres, y los vocales Montesi y Avalos.
Recién el 18 de febrero pasado, hace seis meses, 57 abogados rindieron la prueba escrita en el Concurso N° 490 que convocó el Consejo de la Magistratura de la Nación para designar al juez que reemplace a Bustos Fierro en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba.
Hasta diciembre del año pasado, se habían inscripto 189 candidatos, entre los que había nombres conocidos como el propio juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, o María Agustina Sánchez Torres, hija del actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres, como para que todo quedara en familia.
El presidente del alto cuerpo para 2025, además de ser camarista, es vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales (AJuFe), director de posgrado en Derecho Penal Económico y Tributario, director del Instituto académico de la Universidad Siglo 21, y miembro titular de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
Como el proceso de selección de postulantes es largo y tiene diferentes instancias a cumplimentar, debido a que se trata de un Juzgado de amplia cobertura, desde lo penal a lo electoral; los candidatos mueven sus padrinazgos políticos y judiciales, además de presentar sus antecedentes, saberes y expertise para ocupar el sillón vacante de Bustos Fierro.
La Sagrada Familia
En octubre de 2001, cuando el país ardía, el periodista Sergio Carreras presentó La Sagrada Familia, una investigación sobre la Justicia federal de Córdoba, donde revelaba, entre otras cuestiones domésticas “el uso por parte de jueces de vehículos pertenecientes a narcotraficantes; las peleas por el teléfono, los ascensores o las cocheras; la historia de los habitantes de un edificio singular, son algunos de los ingredientes de esta obra que sin duda no pasará inadvertida”, reseñaba La Voz del Interior sobre la obra de su periodista.
Casi un cuarto de siglo después, al irse de dicho medio, Carreras tuiteó: “Mi primer libro fue La sagrada familia, una investigación periodística que el diario no publicó, sobre corrupción y nepotismo en la Justicia Federal de Córdoba. Se animó a publicarlo el editor Javier Montoya. Todas sus ediciones se agotaron”. Un cuarto de siglo después, nada ha cambiado en el imponente edificio del Parque Sarmiento.
Entre los 57 concursantes hay nombres ilustres de la Justicia federal y provincial, además de abogados del fuero provincial: los jueces de Control provincial Milton Peralta y Juan Manuel Fernández López; Melani Mattia, pareja de Fernández López; el fiscal Iván Rodríguez; la fiscal de Villa María, Juliana Companys; y el renunciado asesor letrado Eduardo Caeiro.
Peralta es el juez que enfrentó y desautorizó al fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, que lleva causas sensibles para el Gobierno provincial, como la corrupción estructural en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Mientras que la fiscal Companys fue quién realizó una prolija investigación que terminó con la detención por estafas con criptomonedas de Leandro Cositorto. En tanto que el ex defensor público Caeiro, está sospechado de favorecer a cuatro empleadas en el concurso para designar funcionarios de las asesorías letradas, y también está bajo investigación de Gavier.
Entre los empleados y funcionarios judiciales federales destacan, además de la hija del camarista Sánchez Torres; José Manuel Roque, hijo de la camarista Liliana Navarro; el secretario penal del Juzgado federal N°1, Facundo Troncoso; su hija, Lucía; María Soledad Mancini; Nicolás Macchione; Josefina González; y José María Belisle.
En el caso del secretario Penal Troncoso, tiene un fuerte enfrentamiento con el fiscal federal Enrique Senestrari, y con su abogado defensor Claudio Orosz. En la Justicia federal, debido a su experiencia, Troncoso participó del Concurso N° 474 para cubrir la vocalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, vacante por el fallecimiento de Luis Roberto Rueda, donde quedó en 16° lugar. También rindió para ser designado fiscal de Instrucción en el Poder Judicial de Córdoba, donde logró el 10° lugar.
Llaryora juega la interna federal
Entre los 57 postulantes que en febrero pasado se presentaron a rendir el Concurso N° 490 para ocupar el sillón del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba también hay abogados ligados al gobernador Martín Llaryora, quién quiere hacer pie en la Justicia federal.
El más notable es Ignacio “Nacho” Segura, ex presidente del influyente Colegio de Abogados de Córdoba, de aceitados vínculos con la gestión municipal a través del operador Juan Manuel Cid, y ex empleado del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Experto en Derecho Laboral, Segura no tiene experiencia en Derecho Penal; pero Llaryora le reconoce al ex presidente del Colegio, su aceitada relación con Mauricio Saillén, líder del poderoso Sindicato Unico de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC).
Este no es un dato menor, precisamente en el Juzgado Federal N° 1 se tramita la causa por lavado de activos contra Saillén y su compañero sindical Pascual Catrambone, por hechos presuntamente cometidos entre el 26 de agosto de 2009 y mayo de 2018.
Fue Bustos Fierro quién dispuso que las cajas recaudadoras de Saillén-Catrambone fueran intervenidas y quedaran bajo la administración de socios de Segura: el tesorero del Colegio de Abogados, Fernando Luque Mariño, es el interventor de la obra social del SURRBaC.
Pero además, Segura comparte domicilio con Griff Salud, gerenciadora de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicio y Afines de Córdoba (SOELSAC). Gremio que dirige con puño de hierro Sergio Fittipaldi y mantiene una fuerte disputa con Franco Saillén, que apoya a la oposición liderada por Dalma Gómez. Griff Salud y el Estudio Ignacio Segura & Esteban D’Epiro, funcionan en oficinas de avenida Córdoba 1.215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a pocos metros del Teatro Colón.
Segura es el apoderado de Griff en las negociaciones con distintos sindicatos por el gerenciamiento de sus obras sociales; pero además, representa a la obra social de SOELSAC. Quienes conocen al peronismo capitalino, aseguran que Segura estaba al tanto de los flujos de dinero de las obras sociales sindicales de recolectores de residuos y empresas de limpieza, para el financiamiento de las campañas de Llaryora.
Además de Segura, entre los concursantes hay otros abogados que responden al gobernador Llaryora, como Andrés Varizat, asesor letrado de la Municipalidad de Córdoba, y María Eugenia Rodríguez Trejo, fiscal de Estado Adjunta.
Llaryora a través de Cid, operador que se mueve bien en el ámbito de la Justicia, sigue de cerca cómo quedan ubicados en las próximas instancias del proceso de selección sus apadrinados Segura, Varizat y Rodríguez Trejo, más allá del examen escrito de febrero pasado. Segura, el más cercano al gobernador de estos tres concursantes, no cuenta con experiencia penal ni electoral.
El concurso
Por tratarse de un juzgado multifueros, en el examen de febrero pasado para cubrir el cargo de juez del Juzgado Federal N° 1 se tomaron dos casos: uno penal, referido a trata de personas, y otro electoral. De allí que el sucesor de Bustos Fierro será el encargado de resolver las internas partidarias y favorecer a algún bando. Por esa misma razón Llaryora sigue atentamente la hoja de ruta de sus candidatos.
Pero no sólo el gobernador sigue de cerca los pasos del proceso, también la oposición y el propio Poder Judicial o la Sagrada Familia. En los pasillos del imponente edificio de avenida Concepción Arenal, coinciden en que el presidente de la Cámara Federal, Sánchez Torres, al no poder imponer a su hija Agustina, porque sería muy obsceno, vería con buenos ojos el desembarco de Segura.
El examen se tomó en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Y en el acto formal de presentación estuvieron el rector Jhon Boretto, la decana Catalina Alberto; los consejeros de la Magistratura, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez; el presidente de la Cámara Federal, Sánchez Torres y su pareja, la vocal de la misma Cámara, Graciela Montesi.
Luego de que la Comisión Examinadora corrija los 57 exámenes, se conforma un orden de mérito. Allí, cada concursante puede impugnar a otro concursante. No siempre los exámenes escritos son aprobados por los candidatos, ya sea porque no calificaron en el análisis de los casos a resolver; como así también, porque recibieron impugnaciones. Por caso, en un concurso, el juez federal Ochoa -de Río Cuarto, que subroga en el Juzgado Federal N°1- no alcanzó el puntaje necesario para aprobar, y no pasó a la segunda instancia.
Ya con el orden de mérito ordenado de acuerdo a la calificación por los exámenes, otra Comisión Examinadora se encarga de analizar los antecedentes de cada concursante. Y allí hacen valer su peso los jueces y fiscales de las listas Bordó, liderada por el sempiterno Diego Barroetaveña; Celeste, el referente es el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; Alberto Lugones y Compromiso Judicial, que responde a la jueza nacional en lo criminal y correccional María Alejandra Provítola.
El esperpento en versión continuada del caso AMIA en búsqueda de un casus belli contra Irán
Allí se da otra nueva instancia, donde los aspirantes a suceder a Bustos Fierro son entrevistados y reciben otro puntaje. Aquí los resultados no son objetivos, y tallan los padrinazgos judiciales y políticos, de allí que algunos jueces ya nombrados hayan sido beneficiados en el puntaje, mejorando sustancialmente respecto del examen escrito.
Una vez sorteada esta etapa, los que queden –no son más de seis- deben recibir la aprobación del Ministerio de Justicia a cargo del siempre polémico Mariano Cúneo Libarona, conocido por escándalos delictuales en épocas del primer menemismo, como el robo en abril de 1997 de un video en la causa de la voladura de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) del despacho del juez Juan José Galeano.
O del segundo menemato, como la reunión mantenida semanas atrás por el ministro Cúneo Libarona con el ex espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Tim Ballard, denunciado abuso sexuales, a quién le ofrece sus influencias para poder operar libremente en Argentina.
Allí, quién define la terna de tres titulares y tres suplentes es el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien preside la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, encargado del presupuesto del Poder Judicial. Dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Amerio es “la” llave para designar al reemplazante de Bustos Fierro. AL ser en realidad quién maneja el Ministerio desde las sombras y responde a Santiago Caputo.
La “cometa” en la pesca que denunció LPO y sus implicancias que alcanzan a Santiago Caputo
La motosierra de Milei metió a los medios tradicionales en una licuadora, pero Santiago Caputo tiene caja para operaciones
Con un gobierno noqueado luego de la estrepitosa derrota por 13 puntos en las elecciones del domingo 7 en la provincia de Buenos Aires, a manos de Axel Kicillof y Fuerza Patria; fuertemente deteriorado por el escándalo de la cripto $Libra y más recientemente por el Karinagate, que le pega en la línea de flotación del propio Presidente; la pareja presidencial necesita reordenar la Justicia, sobre todo a los fiscales, y para ello necesitan que Amerio sea ungido Procurador General de la Nación.
El secretario Amerio es necesario en su cargo actual, para levantar o bajar el pulgar para los candidatos a jueces y fiscales federales. Pero también para direccionar las voluntades investigativas de los fiscales, desde su futuro cargo de Procurador. Con esta realidad, los hermanos presidenciales están realmente en una encrucijada, porque Amerio responde a Santiago Caputo, el perdedor de la interna electoral con la secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, la tambaleante Karina Milei.
Mientras Amerio esté en su actual cargo, será quién le informe al Presidente las ternas pre-seleccionadas por él, para ser propuestas al Senado para su aprobación. Recién pasada esa instancia, ocurrirá el nombramiento del nuevo titular del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, uno de los más importantes del interior. Por los tiempos que maneja la Justicia, quizás para esa época, Javier Milei ya no sea presidente.
Nepotismo judicial
El apadrinamiento de algunos de los postulantes por parte del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Sánchez Torres y del gobernador Llaryora para que lleguen al despacho del Juzgado Federal N° 1 es parte del entramado dentro de la llamada Sagrada Familia que tan bien describiera Carreras hace un cuarto de siglo.
Por caso, ya en 2019, hace seis años, se desató un escándalo, cuando tres vocales de la Cámara Federal de Apelaciones, Luis Rueda, Ignacio Vélez Funes y Liliana Navarro denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que Sánchez Torres y la vocal Montesi mantenían una relación de pareja, afectando la independencia que ambos deben mantener en los temas en los que deben fallar.
Rueda falleció de cáncer en agosto de 2021; y Vélez Funes renunció en julio de 2023 tras ser acusado de maltrato laboral y acoso sexual durante más de dos décadas. Además de la renuncia a la Cámara Federal, Vélez Funes renunció como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
En esa época, Montesi era la presidenta y Sánchez Torres, vocal. El gremio de los trabajadores de la Justicia federal, la delegación Córdoba de la Unión de Empleados Judiciales Nacionales (UEJN), empapeló con afiches los tribunales repudiando la relación de los dos camaristas: “Falta independencia entre los jueces, son pareja”.
Los jueces de la Corte se excusaron por “cuestiones de forma”, y rechazaron la presentación de Rueda, Vélez Funes y Navarro, aduciendo que “pone de manifiesto una actitud teñida de subjetivismo e invasiva de la intimidad que es ajena, por cierto, a la prudencia, circunspección y mesura que son componentes indispensables de todos los actos de un magistrado”. O sea, se negaron a cuestionar la relación de pareja de Sánchez Torres y Montesi.
Ese fallo generó el rechazo de los denunciantes; Rueda apuntó que la Corte “no dice absolutamente nada sobre si está bien o mal de que una pareja y/o matrimonio integren un cuerpo colegiado” y les apuntó a sus colegas Montesi y Sánchez Torres: “Los jueces tenemos la obligación moral y legal de ser independientes entre nosotros”.
Duelo entre Vaca Narvaja, la Cámara y el gremio
El 29 de julio pasado, la secretaria de Leyes Especiales del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, Gabriela Data se acogió a la jubilación; y el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja propuso en su reemplazo a la abogada Claudia del Valle Trujillo. Quién no es empleada de la justicia federal, pero es una vieja conocida suya, de la época en que ambos trabajaban como abogados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). El ahora juez fue hasta 2014 coordinador letrado del organismo nacional, y Trujillo es enlace con la Dirección Legal Interior.
Mientras que para el cargo de secretaria Penal, vacante por la jubilación de Mariana Buteler, Vaca Narvaja sugirió nombrar a Regina Uriburu Pizarro. Hasta entonces prosecretaria de la Secretaría Civil, con 32 años de carrera judicial en la Justicia Federal. Y por el ascenso de Uriburu Pizarro, el juez elevó una serie de promociones en cargos inferiores, todos de la órbita de la Justicia federal.
Vaca Narvaja argumentó que su ex compañera en ANSeS es “una profesional de extensa trayectoria y conocimiento de derecho administrativo, previsional y procesal, excelente manejo de personal y de gran contracción al trabajo, además de gozar de su absoluta confianza”.
En declaraciones al diario La Nación, el juez federal había justificado su decisión al sostener que “yo propongo a la secretaria conforme me autoriza la ley, y propuse a otra que es de planta y no dijeron nada. No soy de la corporación y no designo a mi familia acá adentro”.
Y en declaraciones a Perfil Córdoba, Vaca Narvaja sostuvo que “de lo que se trata con esta designación de una funcionaria de adentro y otra de afuera es de combatir la endogamia del Poder Judicial que lo aísla de la sociedad, que tiene el 90% de consideración negativa. No puedo mantener posturas de personas que han pasado toda su vida acá adentro, porque vengo de afuera y tengo otra visión que caracteriza mis fallos. En muchos casos, es una mirada divergente de estas personas que llevan 40 años acá”.
Como rechazo al nombramiento de la abogada de ANSeS, por sobre de los empleados del Juzgado Federal N° 3, o de la planta de los Tribunales Federales, los trabajadores nucleados en la UEJN, encabezados por el secretario general de la Delegación Córdoba Tripputi, realizaron una serie de protestas públicas con afiches, gráfica y redes con imágenes de paracaidistas planeando sobre el edificio de Ciudad Universitaria. Pero además elevaron una queja formal a la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por Sánchez Torres.
Una semana después de que Vaca Narvaja propusiera a Del Valle Trujillo, el 5 de agosto pasado, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió a favor del planteo de la Unión de Empleados Judiciales Nacionales:
“En un histórico fallo la Cámara Federal de Córdoba actuó en defensa de la carrera judicial y de los y las judiciales conforme lo solicitamos. Nombrar a una paracaidista sin experiencia no sólo vulneraba la carrera sino la dignidad y la justa expectativa laboral. Hay cientos de judiciales con sobrada experiencia para ese cargo. Basta de propuestas utilizando la confianza”, señaló Tripputi, aplaudiendo la medida de Sánchez Torres y los camaristas, Montesi, su pareja, Avalos y Navarro.
El secretario general de los judiciales nacionales en Córdoba, detalló que uno de los puntos más importantes de la acordada de la Cámara Federal, es que hizo caso al reclamo de la UEJN que puntualmente marcó que designar en un cargo a quien no pertenece a la justicia federal “afecta la carrera judicial” y “constituye un verdadero menoscabo a los derechos de todos los agentes”. Por eso la campaña contra el nombramiento de la abogada de ANSeS hizo foco en su carácter de “paracaidista”.
La Cámara le ordenó a Vaca Narvaja que designe para cubrir las vacantes a alguno de los 11 prosecretarios que trabajan a su mando, con antecedentes como para ascender y buenas calificaciones:
“Cuenta con 11 cargos de prosecretario administrativo para priorizar en el momento de la elección de un secretario, personal con la antigüedad e idoneidad conforme las calificaciones elevadas y aprobadas ante el Tribunal”. Y que “los únicos cargos que permiten la designación en base a la confianza son aquellos de secretario privado y de relator de vocalía”.
Ni bien asumió como juez federal, Vaca Narvaja designó a dedo a tres funcionarios, que ingresaron junto con él y hoy son secretarios del Juzgado Federal N° 3: Juan Miguel Ceballos, Ezequiel de la Torre, y Patricio Lutteral. Esa vez, Vaca Narvaja sí pudo nombrar a personal de estrecha confianza, porque recién ingresaba a la justicia federal, y debía conformar su equipo de trabajo:
“Es entendible que en ese momento el personal que designe deba revestir cierto nivel de confianza”, sostuvo la Cámara en su resolución de rechazo al nombramiento de Trujillo. Precisamente, el juez había propuesto a su ex compañera en ANSeS debido a “…gozar de su absoluta confianza”.
Escalada en el conflicto
Pero el jueves de la semana pasada, el conflicto entre los judiciales y Vaca Narvaja escaló cuando los trabajadores montaron un maniquí y empapelaron Tribunales Federales contra la designación de la abogada de ANSES.
El secretario Juan Miguel Ceballos, nombrado por Vaca Narvaja presentó una nota ante la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, para plantear la “repudiable acción” de la UEJN con “alusiones injuriosas y agraviantes” hacia el juez, que incluyeron “un maniquí vestido con saco, corbata y una cabeza de vaca con un cartel con la leyenda ‘No confío en los judiciales’”.
Según Ceballos, la protesta “cruza de manera alevosa el límite entre la libertad de expresión del supuesto reclamo sindical y el derecho a que se respete la integridad moral y trayectoria de Miguel Hugo Vaca Narvaja”.
En otro párrafo señala que la “discrepancia respecto de la política de designación de funcionarios o respecto de la apertura de la judicatura a profesionales ajenos a la carrera judicial constituye una cuestión opinable y susceptible de debate”. Pero advierte: “El disenso debe expresarse en un marco de respeto institucional y civilidad democrática, sin acudir a prácticas que lesionen la honra y dignidad de quienes ejercen la magistratura”.
El propio juez explicó a Perfil Córdoba: “Trabajo en la Justicia Federal, no en un jardín de infantes. No pueden poner un ‘afichito’ con caricaturas de vaca y un muñequito con una cabeza de una vaca. Es injuriante para el prestigio del Poder Judicial, no para mi persona. Y eso depende de la Cámara Federal de Apelaciones, que no está cumpliendo con su rol de cuidar el prestigio del Poder Judicial. Agrego una infidencia: a mi viejo en la cárcel lo colgaban en el travesaño del arco, le entraban a dar y le decían “vos sos Vaca”. Él respondía: “Yo soy Vaca Narvaja”. Les enfurecía el doble apellido. Parece que acá pasa lo mismo con el gremio”.
Pero el juez aprovechó y elevó la disputa por encima de una cuestión gremial: “Este conflicto ridículo y payasesco es absoluta responsabilidad de la Cámara Federal, de su presidente Abel Sánchez Torres, que no cuida el prestigio del Poder Judicial”.
En un año electoral, donde las tensiones político partidarias tienen alto impacto en la Justicia; y teniendo en cuenta que causas sensibles del Juzgado Federal N° 3 están por ser dilucidadas en debate público y hay vasos comunicantes entre gremios, funcionarios del peronismo provincial y municipal; y postulantes a ocupar el sillón de Bustos Fierro; la interna de la Sagrada Familia recién comienza.-
