El jueves 7 de agosto de 1997 Cristian Adrián Ritondo tenía 31 años, cumplidos apenas una semana antes. Era candidato a legislador por el Partido Justicialista porteño que respondía al presidente Carlos Menem en la boleta que encabezaba Octavio Frigerio, titular de la Comisión Nacional de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, un oxímoron en pleno menemato.
En plena campaña para las elecciones del 26 de octubre de ese año, Frigerio tenía como prioridad “recuperar la moralidad pública”, otro oxímoron menemista. Veintiséis años después, el hijo de Octavio Frigerio, Rogelio, terminó siendo gobernador de Entre Río por el PRO, el partido creado por el neomenemista Mauricio Macri; y Ritondo terminó siendo un menemista noventoso reciclado en uno de los armadores del macrismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El ahora diputado nacional Cristian Ritondo, abanderado del proyecto Ficha Limpia para proscribir a la ex presidenta Cristina Fernández, está encargado por Mauricio Macri para encabezar la delegación del PRO que negociará posibles alianzas políticas y electorales con la ultraderecha de Javier Milei.
El más peronista de la pata peronista del macrismo, debutó en la función pública y en el sistema de corrupción en 1990, hasta que fue separado de su cargo en 1992, tras ser imputado en una causa por corrupción, bajo el paraguas del intendente porteño Carlos Grosso.
Ese jueves 7 de agosto de hace 27 años y seis meses, no fue un día feliz para el joven Ritondo, candidato a legislador del pejotismo porteño y ex subsecretario de Juventud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA) porque le llegó a su casa de calle Carhué 1.388 en el barrio de Liniers, una cédula de notificación del juez Ernesto Botto con fecha del lunes 4, donde le informaba que lo acababa de procesar por el delito “malversación de los caudales públicos”.
En un prolijo y detallado escrito de 41 fojas, el juez Botto describe en el Sumario N° 22.042/94 (ex 32.733) al auto de procesamiento “de Cristian Adrián Ritondo, ex subsecretario de la Juventud de la Municipalidad de Buenos Aires; Juan Augusto Fortes, ex jefe del Departamento Presupuesto y Contable del referido organismo municipal y Alberto Armando Alipe, ex empleado del citado organismo municipal, todos los cuáles se encuentran imputados, con distinto grado de participación, en el delito que en principio fuera calificado como defraudación por administración fraudulenta”.
En el final de dicho escrito, el magistrado dictó el procesamiento de Ritondo por los delitos de “peculado en concurso real con el de encubrimiento bajo la modalidad de favorecimiento personal, manteniendo la libertad de la que viene gozando”, además de trabarle embargo por $ 150.000; que en la época de la Convertibilidad eran US$ 150.000.
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Joven, menemista y procesado por corrupción
La causa contra la joven promesa del menemismo porteño se había iniciado tres años por una denuncia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por sospechas en el desvío de fondos durante la intendencia de Carlos Grosso, cuando Ritondo se desempeñó como subsecretario de la Juventud.
Carlos Grosso, uno de los fundadores de la Renovación Peronista en los ’80 con el bonaerense Antonio Cafiero y el cordobés José de la Sota –después se sumó el pintoresco y patilludo gobernador riojano Carlos Menem– montó desde la Municipalidad porteña innumerables negociados con Franco Macri; por lo que no escapa que sus funcionarios y ex funcionarios después hayan abrevado en el macrismo de Mauricio, como el caso de Ritondo y los Frigerio.
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El joven Ritondo, vecino de Liniers, activo miembro de la barra brava de Nueva Chicago, club señero de Mataderos, que quedaba a sólo 30 cuadras de su casa de calle Carhué 1.388 no fue el único candidato a legislador procesado ese año: el ex titular del Concejo Deliberante en la era Grosso, José Manuel Pico, fugó a Brasil con ayuda de la SIDE menemista cuando ordenaron su captura por corrupción. El abogado de Pico fue Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de Javier Milei.
Al fuego del escándalo que originó la huida de Pico, el menemismo porteño decidió rearmar esa boleta elegida en las internas de 1996 y, como primera medida, colocó al economista Martín Redrado en el primer lugar. El resto de las candidaturas se discutió hasta último momento entre los sectores que apoyaron a Daniel Scioli y a Miguel Angel Toma en las internas, pero en el medio de esa disputa finalmente el mismísimo presidente Menem terció para que la lista la encabece Octavio Frigerio. El joven Ritondo, que jugaba en el tomismo, coló en la boleta, pese a la imputación del juez Botto. Scioli es actual ministro de Turismo de Milei, y Toma, ex Señor 5 duhaldista, opera para que la ministra Bullrich le dé un conchabo en Seguridad.
En esas elecciones del 26 de octubre de 1997, Marta Oyhanarte, candidata de la naciente Alianza entre radicales y el Frepaso arrasó con el 56,03%; segundo quedó el menemista Octavio Frigerio que arañó el 17,20%; el ex menemista Gustavo Béliz echado por Menem y aupado por Domingo Cavallo casi desbanca a Frigerio con el 17,01%; y otro que pasó por el menemismo, Jorge Argüello obtuvo sólo 1,88%.
La acusación
La acusación a la que tuvo acceso Stripteasedelpoder.com muestra en el Hecho N°1 atribuido a Cristian Ritondo, “a través del decreto municipal 915/92 del 14 de mayo de 1992, el entonces intendente Carlos Grosso entregó en favor de la Subsecretaría de la Juventud, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de $ 58.333,31 a fin de afrontar los gastos de pago de expensas y servicios públicos de los inmuebles sito en Florida 165, oficina 200, e Hipólito Yrigoyen 3.202, depto. 1, ambos afectados a la citada Subsecretaría (art. 2 del decreto aludido)”.
El juez Botto describe además que esa partida había sido depositada en la cuenta corriente N° 22697/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, casa matriz, cuyo titular era la Subsecretaría de la Juventud. Y explicita que el decreto asignaba la suma de $ 100.000, pero sólo fueron acreditados $ 58.333,31. Cabe aclarar que en esa época estaba vigente la Convertibilidad, por lo que la suma asignada al organismo conducido por Ritondo sólo para pago de expensas y servicios, fue de US$ 58.333,31.
La resolución del intendente Grosso, decía además que “el responsable de administración y rendición de dichos fondos” era el director General de la Juventud, Manuel Marrón, “rebelde en este sumario”.
Ritondo fue imputado y procesado en esta causa, la primera de su vida, con sólo 31 años y cuando militaba en el PJ porteño porque firmó la rendición de gastos de los casi $ 60 mil sin estar facultado para ello “suscribiendo la planilla respectiva en la cual se hiciera figurar la suma de $ 24.760,63 como gastos de alquiler de los inmuebles mencionados (correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1992), siendo que dichos pagos, amén de no corresponder abonarlos con esos fondos (por encontrarse afectados al pago de expensas y servicios públicos) ya habían sido pagados directamente por la Tesorería General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”.
-El Hecho N° 2 por el que fue acusado hace casi tres décadas el ahora operador macrista es más grave aún: “Se le imputa en su carácter de subsecretario de la Juventud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, haberse apropiado, entre el 20-7-92 y el 18-9-92, de la suma de $ 300 mil, la cual fuera asignada a dicho organismo por decreto municipal N° 1153/92 del 10 de junio de 1992 (también suscripto por el entonces intendente Grosso), y depositada en la cuenta N° 22697-4 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dinero éste que tenía por destino afrontar los gastos que demandaran los eventos que organizara dicho organismo municipal, y cuya administración y obligación de rendir cuenta documentada de fondos se encontraba en cabeza del nombrado (y también del prófugo Manuel Marrón)”.
El juez Botto en su acusación detalla que Ritondo y Marrón justificaron los gastos de los $ 300 mil –en la convertibilidad menemista eran US$ 300 mil- presentando “documentación respaldatoria con comprobantes adulterados o denunciados como sustraídos, proveedores inexistentes, facturas con precios unitarios distintos para el mismo producto, comprobantes correlativos en períodos prolongados, o comprobantes de gastos realizados con fecha anterior a la entrega de fondos”.
Ese monto apropiado ilegalmente por Ritondo, fue girado en beneficio del ex funcionario y de su cómplice Marrón a través de siete cheques de $ 50.000 y $ 10.000 –ambos librados el 23 de julio de 1992-; de $ 35.000, con fecha del 11 de agosto de ese año; de $ 60.000, del 24 de agosto de 1992; de $ 140.000, del 1 de septiembre; de $ 13.000 del 4 de septiembre y el séptimo con fecha 17 de septiembre de 1992 por la mínima cifra de $ 331,12. La auditoría realizada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires además reveló:
Comprobante adulterado: Factura N°: 0000-00002047 de Casa Cifra, por la suma de $ 5.800, cuyo original obra en fs. 210 de la cuenta rendida N° 1023/92, siendo que dicho comprobante había sido expedido por dicho comercio por la suma de $ 5, tal como surge a fs. 7 del Expte. N° 43.757 (auditoría).
Proveedores inexistentes: Se acompañan comprobantes de firmas que nunca existieron, tal como surge del análisis del Anexo IV de la auditoría (fotocopiado a fs.76 del principal, y cuyo original obra a fs. 119 del Expte. N° 43.757). Son ellos:
- Facturas de la “Librería Damar”, las cuáles no fueron reconocidas por su propietario, siendo que la imprenta que las habría confeccionado (“Imprenta Estudio Diagonal Sur”) no reconoció como propia dicha impresión, no existiendo en sus registros, los pedidos de trabajo correspondiente.
- Facturas de “Diseño Servicios Gráficos”, las cuáles presentan fechas anteriores a la constitución del comercio.
- Facturas de “Tecny SA” en las que se determinó que la facturación de la empresa no se correspondía con el servicio prestado: la empresa se dedica a fabricación de ruedas para ferrocarriles; y los servicios contratados fueron para tareas de provisión y tareas de montaje eléctrico para escenarios, herrería, carpintería y albañilería. Además, la firma había mudado su domicilio en febrero de 1989.
- Facturas de “Ferretería Atlis”, en este caso, el domicilio indicado en los comprobantes correspondía a un edificio y el teléfono a una familia. En ninguno de los casos, hubo un comercio.
Comprobantes robados: El titular de “Center Instrumental” denunció que en agosto de 1992 le fueron robados factureros y negó haberle realizado trabajos al Instituto de la Juventud.
Comprobantes con el precio unitario distinto para un mismo producto: Queda en evidencia en el expediente, la facturación realizada por la firma “Startfot SRL” para fotografías color de la misma medida.
El cúmulo de irregularidades en las facturaciones complicaron la situación procesal de Ritondo.
El pedido de auditoría por parte del sucesor de Ritondo
En la foja 10 de la requisitoria de procesamiento de Ritondo, Carlos Atilio Fernández Arce, presidente del Instituto de la Juventud desde el 1 de febrero de 1993 “refirió que no existían certezas sobre el estado contable del organismo y ante la necesidad de regularizar la situación a partir de su gestión, solicitó la auditoría por memorándum N° 16-IJ-93 que reconoció en su contenido y firma. Dijo que su antecesor era Cristian Ritondo, quien hasta agosto de 1992 fue subsecretario y responsable del área. Que con posterioridad se formó el Instituto que quedó fuera de nivel. Que mientras existía la Subsecretaría, como director General se desempeñó Manuel Marrón, y que la Dirección General Adjunta no la ocupaba nadie”.
Pero en la foja 16, Fernández Arce se desdice y le tira un salvavidas a su antecesor: “En cuanto al imputado Ritondo, dijo que éste tenía un cargo puramente político, por lo que seguramente se encontraba ajeno al manejo de los fondos dinerarios que eran asignados a la dependencia, aclarando que él sucedió a Ritondo y tampoco tuvo nunca el manejo del dinero”.
En su acusación, el juez Botto toma por cierto y fehaciente el testimonio del Auditor General de la Municipalidad José Eliseo Rousseaux. Quien como consta en la foja 19 del procesamiento del joven Ritondo, señala al ser consultado “en relación a si Ritondo tenía que controlar en qué se gastaba, dijo que ese era un tema interno de la propia estructura de la repartición, no obstante lo cuál, al serle exhibida la fotocopia acompañada por la defensa del nombrado (misiones y funciones del organismo) y sin poder pronunciarse sobre su veracidad, dijo que allí surgirían que las funciones de administración y control corresponderían a la Dirección General Técnico Administrativa, y que si dicho cargo fue ocupado por Marrón, este sería el responsable en forma primaria del control de los bienes de consumo y capital de la jurisdicción”, a la vez que destaca que “Ritondo era el responsable máximo del área”.
En la prueba documental colectada, Botto también apunta contra Ritondo, ya que en la “Nota de fs. 303 del expediente solicitada por este tribunal a la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario (…) en relación a la concreta pregunta formulada por el tribunal en el sentido de si Ritondo –como subsecretario de la Juventud- tenía responsabilidad en el manejo operativo del área financiera o contable, se hizo saber que el nombrado, como así también su sucesor Fernández Arce) tenían la responsabilidad superior del manejo del ente orgánico”.
En la acusación del juez Botto, también se incorpora en la foja 27 el testimonio del co-imputado Juan Fortes, ex jefe del Departamento Presupuesto y Contable de la Subsecretaría de Juventud: “Ritondo y Marrón eran las máximas autoridades de la Subsecretaría, y si bien ambos eran funcionarios políticos, todo el tema administrativo y de manejo de dinero pasaba por las manos de Marrón, en cambio Ritondo nunca estaba en el organismo, pues siempre andaba de conferencia, viajes al exterior, u organizando recitales (se conectaba con cantantes a los cuáles Marrón les pagaba)”.
El testimonio de Fortes no sonó a una defensa, sino a la confirmación que el joven menemista se dedicaba a dilapidar los dineros públicos y a “hacer caja” como un notable y conspicuo representante de la ahora denostada “casta”.
Los dichos del ex subalterno de Ritondo van en sintonía con lo declarado por el propio ex subsecretario de la Juventud durante la intendencia de Grosso, que consta en la foja 24 de la acusación: “Refirió haber efectuado durante el año 1992, aproximadamente 30 viajes de cabotaje, un mínimo de 3 a Montevideo, con una permanencia de 10 días en España representando al país en la 6ª Conferencia Iberoamericana de la Juventud, todo lo cual hubo de hacer en su condición de miembro del Concejo Federal de la Juventud, del cual fue elegido presidente en 1992”.
“No me encargo de los trapos de piso ni de las lamparitas”
Contradiciendo el cúmulo de pruebas testimoniales y documentales acerca de su responsabilidad operativa (y política) en la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en pleno apogeo del menemato, el joven Ritondo dijo cancheramente a modo de defensa que su responsabilidad consistía en:
“la elaboración de proyectos y políticas para los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, aclarando que su función era político institucional, y que no era el encargado de comprar un trapo de piso o una lamparita, desconociendo por ello las facturas que le fueran exhibidas, con excepción de la de “Startfot SRL” en las que dijo conocer al fotógrafo Fabián Sánchez, y aludiendo que el cambio de precio unitario en las facturas creía que obedecía al horario en que se efectuaba la tarea de revelado”.
En su prolija acusación el juez Botto desbarató la chicana defensiva, al sostener que “no se trata de hacerlo responsable de la compra de un trapo de piso o de una lamparita, sino de establecer qué fue lo que hizo con más de un cuarto de millón de pesos cuya administración le fuera expresamente encomendada, con la adicional obligación de rendir cuenta documentada de la inversión, administración de cuya responsabilidad no puede librarse, no sólo porque ello importaría vaciar de contenido el expreso mandato del decreto, sino también sus inherentes deberes como funcionario público, el cuál, en la cúspide jerárquica del organismo que le fuera confiado, disponía del poder para dirigir, ordenar e inspeccionar la conducta de sus subordinados y órganos inferiores”.
Valoración de la prueba
En su apartado ‘Valoración de la prueba’ el juez consignó que “sin perjuicio de las numerosas medidas de prueba que aún restan producirse, resultan a mi entender suficientes las hasta aquí reunidas para tener “prima facie” por acreditada, tanto la materialidad del hecho, como la responsabilidad penal de los imputados Ritondo y Fortes en los hechos que se les imputa, quedando Alipe en una situación expectante a resultas de la prueba a colectarse”.
Sin ahorrar palabras, el juez acusador advierte que “si sus energías de funcionario público hubieran estado realmente empeñadas en llevar a cabo los eventos para los cuáles se le asignaran los fondos, probablemente no hubiera existido margen para la comisión de los hechos de autos, pues la organización y seguimiento de ellos, necesariamente lo hubiera llevado a ejercer un control de gestión implícito que los hubiera conjurado o al menos hecho muy difícil.”
Agregando: “Adviértase que al menos documentalmente, y aunque sujeto a investigación, sólo uno de tales eventos parece en principio haberse llevado a cabo (Septiembre Joven); del resto que aparecen mencionados expresamente en el decreto, nada se sabe (“Buenos Aires Creativa”, “Post-Bienal”, “Consejo de la Juventud”, “Casa de la Juventud”, etc.)”.
En el cúmulo de pruebas contra Ritondo, el juez Botto expone los testimonios del auditor general de la Municipalidad porteña, Rousseaux y de Francisco Mazzara Bologna contador general de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad; además del “esclarecedor informe de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario de la MCBA, sino porque además resulta autocontradictorio con las propias manifestaciones del imputado, quién en su primera declaración (más allá de manifestar irónicamente que no era el encargado de comprar un trapo de piso o una lamparita) termina diciendo textualmente que:
“… era mi obligación la de racionalizar el gasto, es decir, la de administrar y la de rendir…” siendo que al momento en el que le llegaba la rendición de las facturas ‘…verificaba si lo que se había comprado o contratado se ajustaba al fin de los programas establecidos para los cuáles se habían pedido los fondos…’. Ello sin perjuicio de señalar que no creo que gastar el dinero en las revistas “Sex-Humor”, u otras de similar contenido, importaran gastos atinentes a programas del organismo (ver facturas del kiosco de diarios)”.
El juez Botto también acusó a Ritondo de tener una participación activa en el manejo del dinero público al haber firmado cuatro cheques por una suma de $ 285.000, llamando la atención que el de mayor importe, de $ 140.000 fue conformado telefónicamente por “un tal Alejandro Fernández, presunto asesor de Ritondo, cuya existencia y cargo se trata de establecer en esta investigación”. El juez dejó en claro en la foja 32 de la pieza acusatoria, que “los eventos no se hicieron y el dinero se sustrajo”.
También acreditó que el entonces subsecretario de la Juventud orquestó “una espuria rendición de cuentas” del uso de $ 24.760,63 presuntamente utilizados para pagar el alquiler de los locales donde funcionaban los organismos, “siendo que el canon por dicha locación ya había sido pagado por la Tesorería de la MCBA”.
Otra sospecha que pesaba sobre el accionar delictivo de Ritondo y el cesanteado prófugo Marrón era que “la subrogación de firma que Ritondo hiciera de Marrón, resulta más que sospechosa para este tribunal, toda vez que ese abandono del ex-director General del organismo, necesariamente debió resultar un alerta para Ritondo, pues ningún funcionario abandona intempestivamente un cargo, sin explicación alguna, y menos cuando hubiera tenido asignado el manejo de dinero, y se encontraran pendientes de cumplimiento las consecuentes obligaciones que le imponía el decreto 953/92”.
El juez Botto también advirtió que “esta actitud sospechosa de Marrón, lejos de haberle pasado inadvertida a Ritondo, necesariamente le generó la sospecha de la ocurrencia de hechos irregulares, por lo que su firma, en tales condiciones, no le permite exculparse válidamente, erigiéndose en aviesa ayuda que fundamenta el condigno reproche penal”.
La acusación también puso la lupa en el pago de obligaciones con cheques, cuando lo más seguro era el pago por transferencia cómo se hizo siempre con los alquileres de los inmuebles: “El sistema al que alude Ritondo (sacar el efectivo y guardarlo en la caja fuerte de la Secretaría), sorprende por lo groseramente violatorio a las más elementales normas de cuidado de los fondos públicos, y hace presumir, fundadamente, que toda esta debacle administrativo contable no era casual, sino que estaba preparada para facilitar la sustracción y evitar o entorpecer el ulterior control”.
Impunidad menemista
El 17 de noviembre de 1997, en un trámite relámpago para los tiempos de la Justicia –entre la denuncia y el procesamiento pasaron cuatro años– la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal con una resolución aprobada por unanimidad de sus tres miembros, el presidente Guillermo R. Navarro, y los vocales Eduardo A. Valdovinos y Alfredo Barbarosch, decidió sellar la impunidad de las jóvenes promesas del menemato: Cristian Adrián Ritondo, ex subsecretario de la Juventud de la Municipalidad de Buenos Aires; Juan Augusto Fortes, y del ex jefe del Departamento Presupuesto y Contable del referido organismo municipal, al revocar el procesamiento dictado tres meses antes, el lunes 4 de agosto de ese año, por el juez Botto, y declarar además su falta de mérito.
Lo increíble del caso (o no), es que en el revocamiento los jueces Navarro, Valdovinos y Barbarosch, admitieron, según cita el juez Botto en su resolución de sobreseimiento: “que “actualmente el proceso se encuentra en un virtual agotamiento probatorio y con un rebelde cuya comparecencia, según el superior, significaría un relevante aporte para dilucidar lo ocurrido, dado el rango jerárquico que detentaba dentro del organismo”.
Pero a continuación el mismo juez Botto, se encargo de manifestar su total disidencia con esa disposición de la Cámara, dejando dicho para la historia de uno de los principales promotores de Ficha Limpia que la tiene sucia:
“Con el debido respeto al criterio sentado por el tribunal revisor, me permito disentir abiertamente con este, toda vez que, probada -y no cuestionada- la materialidad del hecho (esto es, la sustracción de los caudales cuya administración le fuera confiada a Marrón y Ritondo), no cabe desconocer la indudable potestad administradora de este último, a la luz del acto administrativo que así lo dispuso, ni tampoco el manejo y poder de decisión que tenía respecto de los fondos públicos que le fueran confiados”.
Queda a las claras que al joven menemista de los ’90 lo salvó la Justicia adicta; la misma Justicia adicta que hoy hará jugar la Ficha Limpia en la ruleta político judicial.-
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