Enredado en su laberinto, el fiscal Mazzuchi reveló que la Provincia no cumple con la ley de Registro de Perfiles de ADN. La semana pasada, el polémico fiscal de Villa Carlos Paz le anunció en exclusiva a La Voz del Interior que a pedido de los abogados que representan a familiares de Andrea Castana, iba a solicitar a la Policía el informe genético a cerca de 40 uniformados que trabajaron o vivieron en Villa Carlos Paz en marzo de 2015, fecha en que fue asesinada la joven. Hay una ley vigente desde hace casi dos décadas, sancionada en 2005 como consecuencia del violador serial de Nueva Córdoba, pero no se cumple.
En el cuarto de siglo de gobierno cordobesista hubo una política de Estado que no cambió nunca, gobernara su fundador José Manuel de la Sota, su socio Juan Schiaretti o el heredero Martín Llaryora: el marketing.
Esa política se aplicó a los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, la Legislatura y el Poder Judicial; y fue lo que hizo el pasado jueves 3 de octubre el fiscal de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi al anunciarle en exclusiva a La Voz del Interior novedades en uno de los crímenes más resonantes de la década: “Caso Castana: extraen muestras de ADN a policías que trabajaban en Carlos Paz en 2015”.
La noticia brindada por el fiscal que investiga la violación y femicidio de Andrea Castana, ocurridos en el cerro La Cruz de la ciudad de Punilla el 11 de marzo de 2015, es una nueva puesta en escena marketinera: “Convocaron a unos 40 hombres que eran efectivos de la Departamental o tenían domicilio en esa ciudad cuando fue violada y asesinada Andrea Castana en el Cerro de la Cruz”, publicó la terminal local del Grupo Clarín. Por caso, El Diario de Carlos Paz y Bambacoop; además de otros medios regionales, se enteraron por las redes y por el diario de Héctor Magnetto acerca de las novedades brindadas por el fiscal.
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El caso Castana
El miércoles 11 de marzo de 2015, hace nueve años, después de las 13, Andrea Castana (36), dejó a sus dos hijos en la escuela Remedios de Escalada y estacionó su auto Ford Ka frente a la casa de sus ex suegros. Luego subió al cerro La Cruz –a pocos metros de la vivienda- y se sacó una selfie que a través de WhatsApp compartió con una amiga.
Un rato más tarde, un vecino la cruzó y minutos después escuchó pedidos de auxilio, por lo que llamó a la Policía. Esa tarde a las 19, comenzó la búsqueda, que incluyó policías, baqueanos, bomberos, perros y el helicóptero policial. El operativo de rastrillaje estuvo a cargo del superpoderoso Diego Concha, jefe de Defensa Civil durante los gobiernos de De la Sota y Schiaretti, pero antes que nada, un hombre oriundo y conocedor del valle de Punilla.
El viernes 13 de marzo, dos días después de la desaparición de Andrea, entre la estación 9 y 10 del Vía Crucis que hay en el cerro, una voluntaria encontró su cadáver bajo unas ramas y piedras. Estaba a un kilómetro de la cisterna donde horas antes habían encontrado la ropa de la víctima.
Pasaron nueve años y día a día, el fiscal Mazzuchi se esmera en acompañar con paso cansino este vía crucis de impunidad, con una investigación espasmódica, plagada de marketing y errores garrafales, que sólo presenta avances cuando los nuevos abogados de la querella Daniela Pavón y Gerardo Battistón reclaman acciones.
Por caso, entre junio de 2015 y marzo de 2020, la causa se mantuvo activa mientras el comisionado policial Eduardo Molina de Homicidios de esta Capital se hizo cargo. Tras la partida del detective capitalino, la investigación se paralizó hasta que Pavón y Battistón llegaron para representar a los padres de la víctima, en octubre de 2022, hace exactamente dos años.
Luego de la asunción de los nuevos querellantes, hace un año y medio aproximadamente, en los primeros meses de 2023, el fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado decidió darle impulso a la investigación y le envió a Mazzuchi una nueva instructora en la causa, Silvana Pen quien arrancó desde cero a leer foja por foja.
Hecha la ley, hecha la trampa
Los rimbombantes anuncios de la semana pasada del fiscal revelan algo fundamental y que expresaron claramente en sus escritos los abogados Pavón, en representación de Luis Castana, y Battistón, en representación de Susana Alicia Villafañe –los padres de la víctima- el incumplimiento de la Ley Provincial 9.864, en su artículo 7, inciso ‘E’, del año 2009:
“Según la norma citada, el Registro Provincial de Perfiles de ADN está integrado, entre otros, por “Perfil de ADN del personal perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba, al Servicio Penitenciario de Córdoba, a la Policía Judicial de Córdoba, a los cuerpos técnicos oficiales y demás agentes públicos provinciales directamente vinculados a las investigaciones penales, como así también a cuerpos policiales y de seguridad y/o vigilancia pública que intervengan en la jurisdicción de la Provincia”.
El escrito de los abogados querellantes Pavón y Battistón agrega: “Atento a que las muestras obtenidas del cadáver de la víctima ya se habían cotejado con las muestras existentes en el Registro Provincial de Perfiles, con resultado negativo; solicito se oficie a dicho Registro para que informe si en el mismo obran muestras de ADN de la totalidad del personal policial que revistaba en la ciudad de Villa Carlos Paz al 11 de marzo de 2015 o que, revistando en otra localidad, tuviese domicilio en el ámbito de esta ciudad.”
Y agregaron: “Para el caso de respuesta negativa, solicito se oficie a la Policía de la Provincia de Córdoba para que proporcione según registros, la nómina completa de personal que revistó en esta ciudad al 11 de marzo de 2015 y los que, revistando en otra localidad tenían domicilio en ésta. Ello a fin de que sean citados a fin de la extracción de muestras de ADN, para su posterior cotejo con las muestras obtenidas del cadáver de la víctima y que se corresponderían con la del supuesto autor”.
Más allá del oportunismo de Mazzuchi, de presentarse como el gran investigador, el pedido de cotejar los ADN de los policías por parte de los abogados de los padres de Andrea Castana, pone luz sobre un hecho gravísimo: el incumplimiento de la Ley Provincial 9.864 de 2009 sobre el Registro de Datos Genéticos, que modificó la Ley 9.217 sancionada en febrero de 2005 que creaba el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas “constituido sobre la base de la huella genética digitalizada obtenida de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN), en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por la presente Ley”.
Esta normativa, sancionada durante el gobierno de José Manuel de la Sota en su artículo 1 establecía entre otras cosas que “dicho Registro depende de la Secretaría de Justicia y estará a cargo de un Director”. Mientras que en el artículo 2 establecía:
“Por huella genética digitalizada se entenderá el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de información que comprenda un mínimo de trece (13) marcadores genéticos validados a nivel internacional, que carezca de asociación directa en la expresión de genes – no codificante -, que aporte sólo información identificatoria y que resulte apto para ser sistematizado y codificado en una base de datos informatizada, sin perjuicio de la utilización más amplia de la muestra biológica que pudiera disponerse sólo en el marco de una causa judicial, previo requerimiento fundado de la autoridad judicial interviniente y dentro de los límites establecidos por la legislación vigente”.
En el inciso ‘D’ del artículo 3, de la ley de 2005, se establecía el objeto de dicho Registro: “Discriminar las huellas del personal policial y de policía judicial que interviene de alguna forma en el lugar del hecho y procede a la disposición del cordón criminalístico, como un aspecto de la cadena de custodia y para determinar posibles casos de contaminación biológica de evidencia”.
En el inciso ‘E’ del artículo 6, de la Ley 9.217 del año 2005, se hace mención a la incorporación de los miembros de las fuerzas de seguridad provinciales a este padrón: “Huellas genéticas del personal perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba, al Servicio Penitenciario de Córdoba, a la Policía Judicial de Córdoba y a las demás fuerzas de seguridad”. Si se cumple con esta ley, desde policías y guardiacárceles hasta agentes de la Guardia Urbana municipal de Villa Carlos Paz deberán desfilar por los laboratorios para la extracción de sangre y así dejar su huella genética en los registros provinciales.
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Sajen, el violador serial
En los años 2003 y 2004, un violador serial, posteriormente identificado como Marcelo Mario Sajen atacó a más de 30 mujeres, en su mayoría jóvenes en la zona de barrio Nueva Córdoba, el parque Sarmiento y los barrios Jardín, Iponá y San Fernando.
Debido a que Sajen seguía atacando impunemente pese a los operativos dispuestos por el fiscal Juan Manuel Ugarte -se hizo cargo de la causa en septiembre de 2004- se sospechaba que el violador serial podría ser miembro de la Policía de Córdoba; o al menos, un delator o informante, cómo publicaron Dante Leguizamón y Claudio Gleser en La marca de la bestia, una prolija investigación periodística editada en 2005 acerca del predador sexual más peligroso del historial delictivo cordobés.
Marcelo Sajen era un ladrón de autos, que levantaba los vehículos en Nueva Córdoba, principalmente en las calles Rondeau u Obispo Oro, cerca de clínicas y sanatorios, aprovechando que sus propietarios demorarían, al menos una hora en regresar a buscarlos. Este ambiente del robo y compra-venta clandestina de autopartes siempre fue una caja de financiamiento de policías corruptos, de allí la aceitada relación del violador serial con agentes que lo tenían como informante.
En los registros judiciales cordobeses hay asentadas al menos 30 denuncias penales; pero la cifra trepa a 94 de acuerdo a relatos de propias víctimas que no se presentaron a la Justicia, ubicando a Sajen como un caso único en el mundo con casi un centenar de casos.
Los retratos hablados del violador, aportados por sus víctimas -atacadas de noche, en penumbra y amenazadas con un arma- coincidían con el physique du rôle de un alto porcentaje de efectivos de la Policía de Córdoba; otras de las variables que incidían en la necesidad de crear el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas a propuesta del gobernador De la Sota, experto en anuncios marketineros.
La pesquisa dio un giro radical cuando el director general de Investigaciones Criminales, comisario general Eduardo “Bebucho” Rodríguez encomendó al entonces jefe del Departamento Homicidios, comisario mayor Oscar Vargas, hacerse cargo de la investigación.
Vargas convocó a su oficial de calle de mayor jerarquía, comisario inspector Rafael Sosa, para diseñar las tácticas de búsqueda del predador. Así, al analizar decenas de violaciones ocurridas desde las décadas de los ’80 y ’90; Vargas encontró un período ventana en el cuál no hubo violaciones ni abusos sexuales siguiendo el modus operandi de los hechos cometidos en la zona donde actuaba el predador: “Se fue de Córdoba, estuvo preso o internado en un psiquiátrico”, analizaron los detectives.
La Justicia cordobesa solicitó a sus pares de todo el país, registros de hechos similares y no hubo casos de esas características; se eliminó entonces, la migración a otras provincias. Al analizarse los registros de delincuentes sexuales internados en instituciones de salud mental, los resultados también fueron negativos. La única posibilidad que quedaba era que durante al menos una década, el atacante hubiera purgado una condena.
El fiscal Ugarte y el comisario general Vargas comprobaron que entre 1991 y 1997 se habían registrado ataques similares en el barrio San Vicente y alrededores, que se interrumpieron entre 1999 y 2002. El fiscal Ugarte explicó cuando se cumplieron 15 años de la muerte de Sajen, que “entre 1997 y 1999, el violador serial utilizaba las armas de fuego con total desparpajo; en cambio entre 2002 y 2004, si bien las mostraba, las exhibía, se cuidaba más. Llegué a la conclusión de que el sospechoso había caído por el uso de arma de fuego, por eso estuvo detenido en el lapso 1999-2002. De acuerdo a la calificación de esa época, los hechos se calificaban como ‘robo calificado con uso de arma’, por lo que me dispuse a analizar en esa ventana de 1999 al 2002 quiénes habían estado detenidos por robo con uso de arma y quiénes habían recuperado la libertad condicional”.
Paralelamente, Ugarte mandó a analizar todas las prendas íntimas y ropa almacenadas en las cámaras de refrigeración pertenecientes a la víctimas de asaltos sexuales desde los ’90 a la fecha, 2004: “Policía Judicial había guardado evidencias, vestigios biológicos de las violaciones del ’97 al ’99, tan debidamente preservadas, que en la mayoría de los casos, salvo uno que por poca cantidad no pudimos realizar la pericia de ADN, nos dieron positivo en todos los casos”, recordó Ugarte.
El cruce de los resultados de ADN con los nombres de los detenidos en esos períodos puso a Sajen en la mira de los investigadores. También había cuatro sospechosos más, pero fueron descartados tras un prolijo pero persistente seguimiento.
En medio de una creciente ola de inseguridad, donde las mujeres temían salir a la calle cuando caía el sol; la obstinación por detener al violador serial llevó al comisario general Vargas a poner como señuelo a su propia secretaria, Adriana Britos, quien en los atardeceres llegaba a la zona del parque Sarmiento y se quedaba hasta entrada la noche, tratando de atraer al predador de decenas de víctimas.
El gobernador De la Sota puso a disposición una recompensa de $ 50 mil, unos US$ 16.700 de la época; y un ex compañero de prisión no dudó en delatar a Sajen y señalar por dónde se movilizaba. Una verdadera cacería se desató el 28 de diciembre de 2004, que terminó esa misma tarde, cuando acorralado, el sospechoso se suicidó frente a la Policía.
Ver Radiografía del régimen feudal del Unicato cordobesista De la Sota & Schiaretti
El diletante
El fiscal Mazzuchi dejó pasar tiempo valioso entre marzo y junio de 2015, tres meses en los que desaparecieron pruebas que podrían haber cerrado el círculo sobre el o los asesinos de Andrea Castana, como por ejemplo, seguir el rastro del teléfono celular de la víctima. Como si se tratara de un diletante del Derecho y no un avezado fiscal de Villa Carlos Paz, Mazzuchi permitió a familiares de la víctima que dieran de baja la línea telefónica de la mujer.
Al anularse esa línea perteneciente al aparato de Andrea Castana, se cortó toda posibilidad de que al activarse nuevamente esa línea, por error o por confianza del o los asesinos, la señal impactara en alguna antena de telefonía móvil y se geolocalizara el aparato. Con la ubicación del teléfono de Andrea, se podría haber llegado a los sospechosos o sus relaciones cercanas.
A la pasividad del fiscal, se le sumó la complicidad del primer querellante, el abogado mediático Carlos Nayi, quién en octubre de 2022 fue reemplazado por Pavón como querellante del padre de Andrea: “Los tiempos de Justicia, los tiempos de Nayi y mis tiempos, no son compatibles. Ya es demasiado tiempo. Es una persona que tiene mucho trabajo. Está muy ocupado. Tiene los casos más resonantes de la provincia de Córdoba. Yo necesito a alguien que esté un poco más arriba”, declaró el padre de la víctima a FM 100.7 Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, cuando anunció que la reconocida abogada feminista tomaba la querella por Andrea.
Pese a las dilaciones del fiscal Mazzuchi y el entonces querellante Nayi; fueron el suboficial mayor Eduardo Molina y el instructor Francisco Pajés, quiénes durante cuatro años y medio, desempolvaron expedientes sueltos y se entrevistaron con decenas de personas; además solicitaron a los poderes judiciales de Santa Fe, Mendoza y Salta, información genética sobre predadores sexuales.
Gracias a ese trabajo de escritorio, se cotejaron más de 100 ADN de agresores sexuales que podrían haber estado en el Valle de Punilla el verano en que fue violada y asesinada Andrea. En Villa Carlos Paz existe un registro de peones golondrina, donde mayoritariamente provienen de estas las provincias Jujuy, Salta y Santa Fe.
Así se llegó a determinar que en 2004 hubo una víctima de abuso sexual con acceso carnal que fue sometida por el violador y femicida de Andrea: la prueba genética fue contundente. Ese caso, que estaba en la fiscalía del polémico Gustavo Marchetti, no había sido investigado. Quien además de recibir condenas por amenazas y violencia de género, parece haberse especializado en no esclarecer caso. Como fue el asesinato del ex presidente de EPEC, la empresa provincial de energía, Francisco Pérez Zorrilla sucedido en 1986, en el que todas las evidencias señalan que fue un trágico parricidio.
En 2019 la nueva instructora Ivana Maldonado, reemplazante de Pajés, quiso torcer el rumbo de la investigación. Por las discrepancias con la nueva instructora, en marzo de 2020, Molina se fue de la Fiscalía y regresó a sus tareas de investigador de Homicidios, hasta que se retiró con honores y ascenso de la fuerza en enero de 2024.
En agosto de 2020, cinco meses después del desplazamiento del detective capitalino y ante la parálisis de la investigación, el padre de la víctima, Luis Castana se encadenó frente a los Tribunales y amenazó con quitarse la vida colgándose de una soga si el fiscal Mazzuchi no firmaba un petitorio con una serie de requerimientos.
Otra vez, la causa se paró, hasta que en abril de 2021, la dupla Mazzuchi/Nayi nuevamente llamó a los medios y en una rueda de prensa en la zona de la aerosilla, fiscal y querellante coincidieron: “Estamos en la recta final”. Un bluff, donde el abogado mediático se explayó a su gusto: “Luego de un trabajo arduo, 25 cuerpos de expedientes y más de 5.700 fojas, la investigación comienza a dar resultado. Estamos en la recta final y es muy importante lo que puedan hacer los peritos con las cámaras que están en la base de la aerosilla. Qué se escuchó, qué se captó en las imágenes y si eso se corresponde con datos que ya han sido incorporados al expediente”.
Nayi aseguró esa vez que “desde un primer momento esta querella anunciaba que la hipótesis que sobrevivía sobre otras, sin descartar las que estaban a su alrededor, era la de un crimen por encargo. Se está consolidando esa hipótesis y seguiremos trabajando”.
Y con su lenguaje tribunalicio avanzó: “Estamos en el epítome de una investigación ardua, profunda y compleja, sobre una hipótesis que la querella sostiene: estamos hablando de un autor intelectual y personas que actuaron desde la actividad propia de un sicariato en la ejecución final con el objetivo de remover un obstáculo. El obstáculo era Andrea Belén Castana. Y cuando hablamos de un obstáculo hablamos de una persona que molesta, que genera inconvenientes en la vida cotidiana de otra”.
La causa a manos de Mazzuchi está tan mal planteada, que hasta aún hoy, la carátula de la causa sigue siendo “González; Lazzaroni, Luján, Villa”; porque en un primer momento se apuntó contra el ex esposo de Andrea, Juan Manuel Lazzaroni, su empleado Diego Luján, el periodista Fernando Villa, y Omar González, un hombre con antecedentes penales por robo.
La misma noche que Andrea fue encontrada, el fiscal ordenó detener a su ex marido, a quien acusó de homicidio agravado por femicidio. También detuvo a su empleado Luján y a su amigo Fernando Villa, acusados por encubrimiento agravado. Lazzaroni estuvo preso una semana y posteriormente fue desvinculado del caso.
En el caso de González, la ex fiscal de Cosquín, Alejandra Hillman -era fiscal General adjunta al momento del crimen de Andrea-, ordenó detener en junio de 2015 al cuarto sospechoso de 47 años de edad y con un prontuario que incluyó cinco condenas previas por robo calificado, lesiones graves, lesiones gravísimas y privación ilegítima de la libertad; además de cuatro reincidencias. Y antecedentes de delitos de índole sexual cuando era menor. Sin embargo, el ADN colectado en el cadáver de Andrea, dejó a Omar González fuera de las sospechas.
El jueves pasado, luego de que Mazzuchi informara sobre el chequeo genético a policías, el periodista Andy Ferreyra reveló en X una torpeza del fiscal de Villa Carlos Paz: “Hace dos semanas, el fiscal envió un oficio al Ministerio de Justicia provincial dirigido a ‘la ministra Laura Echenique’. Tuvo que volver a hacerlo porque Echenique no es ministra desde diciembre, cuando asumió Julián López. Hace muchos años que me preguntó reiteradamente: ¿quién bancó políticamente todos estos años a los fiscales de Carlos Paz, Mazzuchi y Marchetti, este último recientemente jubilado y condenado levemente por amenazar de muerte a su exesposa?”.
Al igual que lo ocurrido durante el paso del detective Eduardo Molina por la investigación de la violación y femicidio de Andrea Castana, los pocos avances que se observan desde Fiscalía, son producto de la tarea de escritorio de la instructora Silvana Pen. Por caso, fue ella quién encontró otros tres hechos de abusos sexuales en el cerro La Cruz, además del ocurrido en 2004, que había sido hallado por Molina y cuyo rastro genético es coincidente con los restos biológicos encontrados en el cadáver de Andrea en 2015.
Con toda esa información, el fiscal General Delgado decidió que genetistas del Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI) participaran de la investigación. El 5 de mayo pasado, partieron hacia los laboratorios que el FBI tiene en el estado de Florida, rastros genéticos colectados en 2004 y 2015 en las dos víctimas.
Respecto de los agentes federales de EEUU, Andy Ferreyra también posteó en X que éstos solicitaron a la Justicia cordobesa “que se revisen todos los videos y filmaciones de la Aerosilla de los días en los que estuvo desparecida Andrea Castana, porque nunca los pidió el fiscal durante casi 10 años de la causa”. ¿No era que estaban en la recta final, como alardeó el mediático Nayi en abril de 2021, en su rol de vocero de Mazzuchi?
Diego Concha y otro anuncio marketinero
Golpes de efecto. Flashes. Marketing. Y nada. Con la investigación paralizada, en mayo de 2022 y tras la detención de Diego Concha en noviembre de 2021 por violencia de género, el fiscal Mazzuchi ordenó comparar los rastros genéticos hallados en el cadáver de Castana con el ADN del ex director de Defensa Civil de la Provincia.
Hasta 2020, los investigadores ya habían solicitado –sin suerte- a la Justicia que realizara análisis genéticos a todos los que participaron de la búsqueda y los rastrillajes de la víctima, incluido Diego Concha. Desde los efectivos de Defensa Civil, pasando por policías, bomberos, baqueanos y lugareños; ya que sospechaban que el asesino de Andrea y violador de las otras mujeres podría estar camuflado como colaborador para tener acceso a la causa y saber el rumbo de la pesquisa. Mazzuchi nunca los escuchó.
¿Por qué en mayo de 2022 el fiscal Mazzuchi decidió cotejar el ADN de Diego Concha? Entre los lugareños y baqueanos habría familiares del ex funcionario de Defensa Civil, y se trata de determinar si Concha o algunos de ellos tienen alguna relación con el crimen de Andrea, más allá de su autoría material.
Un dato que no pasa desapercibido en Villa Carlos Paz: desde el femicidio de Andrea Castana, no hubo más ataques sexuales en el cerro La Cruz. Sobre ese dato objetivo sobrevuela una sospecha: “La forma de actuar habla de alguien que actuó sobre seguro. Nos recuerda al violador serial Marcelo Sajen, que conocía cada rincón de Nueva Córdoba. Evidentemente el asesino de Andrea es alguien que cuenta con algún tipo de información, es un policía, tiene familiares policías; participó de los rastrillajes o tiene parientes en los rastrillajes. Hay una fuga de información. Evidentemente Mazzuchi no es Ugarte, y no aprendió nada del caso Sajen”, detalló una fuente a Striptease del Poder.-
Ver CRUZ DEL EJE: un ejemplo de la casta y democracia partida por el eje y la acción popular contra ella
