La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba tomó una postura que deja muy mal parado a un gran exponente nacional del agrobusiness. Por votos mayoritarios, se ordenó el procesamiento al rosarino Plácido Enrique Humanes, ex-CEO de la firma Bunge Argentina SA, la corporación del agronegocio más longeva del país. El delito señalado es por evasión agravada por el uso de facturas apócrifas. El fallo rechazó lo decidido por un juez federal de Villa María, que desestimó la causa en el 2021 por falta de méritos. La apelación a ello fue impulsada por fiscales del Ministerio Público Fiscal y la AFIP, quien había hecho la denuncia original.
Enrique Humanes fue director general del Cono Sur de Bunge entre los años 2000 y 2018. También fue miembro del Comité Ejecutivo de Bunge Limited, cuya sede está en Missouri (EE.UU.) desde un año antes que ocurrieran los delitos apuntados. Antes de eso, en los ’80, fue gerente de operaciones de la química Dow Chemical, y en los ’90 trabajó en un cargo parecido para Unilever, otra multinacional. En la actualidad, sigue invirtiendo en el agro, distribuida en distintas firmas, mientras organiza simposios empresariales en la ciudad portuaria de Rosario.
La denuncia contra Plácido Domingo, por parte de la AFIP-DGI, fue presentada el 28 de marzo de 2019. El organismo estatal detectó irregularidades referidas a salidas no documentadas del año 2011, que implicaba una pérdida para el fisco cercano a los $ 2.149.945,94 de ese entonces. Para eso, Bunge habría utilizado facturas apócrifas de dos empresas que no tenían suficiente solvencia, ni tenían actividad comprobada vinculada al rubro.
Como no pudo demostrar la veracidad de esas operaciones, se concluyó que nunca existieron. Luego, el 30 de septiembre, la AFIP formuló una nueva denuncia, esta vez por operaciones similares realizadas en 2012, por la suma de $2.981.512,06, y en el 2013 por el monto de $ 3.137.711,91. O sea un total equivalente a un millón y medio de dólares.
En palabra de los fiscales María Marta Schianni y Carlos Gonella, “el empleo de firmas o empresas apócrifas por parte de grandes empresas como Bunge Argentina S.A., no se genera por engaño, error u omisión de controles, pues el nacimiento de estas estructuras que permiten ocultar a los operadores reales, responde a las exigencias del mercado y particularmente de las grandes empresas que precisan reducir los costos de producción”.
Acópiame los papeles
Las facturas reputadas de ficticia fueron emitidas por dos firmas relacionadas con Benge: “Lemos, Lobestein y Asociados SA” y “Porte SRL”. En la resolución de la mencionada Cámara, se pueden encontrar las inconsistencias que llamó la atención a los sabuesos del fisco.
Por ejemplo, Lemos trabajaba como una acopiadora e intermediaria de productores para preservar y vender lo cosechado a Bunge. En base a los cómputos de la AFIP, muchos de los dominios de los vehículos utilizados para traslado de esos granos “responden a rodados no aptos para el transporte de mercaderías por cuanto son automóviles para el transporte de personas”.
Lo mismo pasaba con Porte SRL, que según la AFIP, en el análisis de las cartas de porte automotor, “un 34% de ellos eran vehículos utilitarios o sin capacidad para el transporte de granos”. De hecho, “ninguno de los vehículos utilizados para realizar los transportes estaba a nombre de la firma y los que usa se encuentran registrados a nombre de personas físicas o jurídicas que no se corresponden con la empresa en cuestión”.
A esto se le suma que Lemos tendría declarado “solo tres empleados, un número insuficiente para hacer frente a las actividades que manifiesta realizar”, además que “sus acreditaciones bancarias eran notoriamente superiores a sus ventas declaradas y poseía un activo de escasa relevancia y de fácil realización, no poseyendo ningún bien registrable a su nombre”.
La insolvencia de la firma también se manifestaba en que “ninguno de los vehículos utilizados para realizar el transporte estaba a nombre de la firma y los que usa se encuentran registrados a nombre de personas física o jurídicas que no se corresponden con la empresa en cuestión”
En cuanto a materia fiscal, Porte SRL “sólo habría presentado declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2019 (con ventas y compras cero), no habiendo hecho lo propio para los períodos fiscales en que Bunge Argentina SRL declara haber tenido operaciones con ella (2011 a 2013)”.
Para el Ministerio Público Fiscal, “desde sus orígenes, estas empresas constituyeron simples estructuras creadas con único objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales tanto propias como de terceros, permitiendo a su vez a estos terceros que operan con ellas, obtener un beneficio ilícito consistente en la devolución de retenciones de IVA, que las empresas apócrifas nunca ingresaron a las arcas del Estado”.
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Otro dato llamativo demostrativo de que Bunge operaba al margen de la ley, fue que las “acreditaciones eran automáticamente retiradas en efectivo” desde el banco o bien por medio de “cheques a terceros, que carecen de causa y que por tal motivo impiden corroborar su contraprestación”.
Esto “no es esperable de quien dirige empresas de la envergadura que posee Bunge Argentina S.A., pues se trata de operaciones comerciales de entidad, que implican una suma importante de dinero, que se están confiando a firmas que no poseían, trayectoria, inmuebles, cartelería o publicidad; que tampoco contaban con automóviles o camiones; que los rodados consignados en las cartas de porte responden a vehículos no aptos para el transporte de mercaderías o se encuentran registrados a nombre de personas físicas o jurídicas que no se corresponden con la empresa en cuestión”, sostienen los fiscales.
En los hechos del año 2011, se trataron de 18 transferencias bancarias, realizadas entre el 10 de febrero hasta el 29 de diciembre, a Lemos, y 47 transferencias a Porte SRL por un monto total de $6.142.702,68. Humanes habría provocado un “perjuicio fiscal” de $2.149.945,94, que correspondían a las salidas no documentadas de ese año, constatado por personal dependiente de la AFIP.
Como segundo hecho, en el 2012, el CEO de Bunge utilizó facturas truchas para simular operaciones comerciales con las dos empresas, basados en montos que se retiran de las cuentas, quedando las mismas “prácticamente sin saldo”. El perjuicio: unos $2.981.512,06. Finalmente, el tercer y último hecho, en 2013, la modalidad fue reiterada, dando una pérdida al fisco de $3.137.711,91, de los cuales no se pudo identificar a los verdaderos destinatarios.
Los tumbos de Bunge y Born siempre cerca del poder
La empresa estadounidense Bunge es una multinacional que existe desde comienzos del siglo XIX. Arribó a nuestro país a finales del mismo, mediante la firma Bunge & Born, considerada como uno de los grupos económicos más pesados del siglo XX en Argentina, al punto de que el presidente Juan Domingo Perón la denominaba “El Pulpo”, y por ello creó el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.
Y en un discurso pronunciado el 9 de agosto de 1950, explico esta medida diciendo: “Estaba esa maravillosa organización de que he hablado: el monopolio, llámese ese monopolio – como ustedes saben que se llama –Bunge y Born, Dreyfus, etc. Ellos eran los que acopiaban, es decir, los que le compraban al chacarero en la chacra y le pagaban seis, cinco y cuatro pesos. Transportaban el cereal en los ferrocarriles y lo cargaban en los puertos, lo llevaban a Europa y lo vendían al precio que querían. Pero el pobre productor recibía seis pesos y este pulpo intermediario recibía treinta o cuarenta con lo que el otro había producido, a la par que el que lo comía pagaba cuarenta y cinco o cincuenta.”
Luego en 1974 tras la muerte de Perón y durante el mandato de Isabel Perón, se produjo el dudoso secuestro y pago de un enorme rescate de los hermanos Born, por parte de la organización guerrillera Montoneros. Llevada a cabo por Rodolfo Galimberti, el entonces cuñado de la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Quien también participó en ese operativo, que costó la vida de un ejecutivo de Bunge y Born pariente suyo.
Posteriormente en los meses de 1989, durante el primer gobierno del peronista Carlos Menem, quien se encargó de dar vuelta como un guante los preceptos peronistas, dos directivos de la firma, primero Miguel Ángel Roig y luego Néstor Rapanelli, aceptaron ser los primeros en ocupar el puesto del Ministerio de Economía. Allí, sentaron las bases de la economía de ese entonces, bajo el nombre informal de “plan BB”. Y por su parte Galimberti reapareció como socio de uno de los hermanos Born y de muchachos pertenecientes a la CIA.
Ver El cambio en las retenciones benefició nuevamente al ex senador K cordobés Roberto Urquía de AGD
En el libro Robo para la Corona de Horacio Verbitsky, se señala lo siguiente: “Un operativo de cooptación de Menem había comenzado junto con la campaña electoral. El 3 de enero de 1989 el vocero del candidato, Juan Bautista Yofre, quien desde 1986 daba periódicas charlas sobre temas políticos para directivos de Bunge & Born, acompañó en un vuelo privado a La Rioja al vicepresidente ejecutivo del holding, Néstor Rapanelli, y al encargado de los negocios petroleros de Pérez Companc, Oscar Vicente. Los representantes de los dos mayores grupos económicos del país llevaron a La Rioja dos inquietudes: la parte económica de la plataforma electoral y por qué vía canalizar los aportes financieros a la campaña sin pasar por ávidos bolsillos intermediarios”.
Ver El Agujero Negro de la Democracia
El holding Bunge & Born apostaba tanto al PJ de Menem, como a la UCR de César Angeloz, aunque no en la misma proporción: “Contribuyó con 3 millones de dólares a la campaña del peronismo y con 2 a la de la Unión Cívica Radical”, añade el ex periodista de Página/12, quien concluyó: “Barrionuevo precisó que el menemismo había recibido en total 8 millones de dólares de los empresarios e identificó a cuatro aportantes: Bunge & Born, Loma Negra y Pérez Companc con 700.000 dólares cada uno; Macri con 600.000 y una docena de autos Fiat; Supercemento (de Tonino Macri, el hermano de Franco) con 600.000 dólares, y Bridas con 500.000 dólares”.
Desde mediados de los años ochenta, la empresa cordobesa Aceitera General Deheza, de la familia Urquía, aliada con Bunge, emprendió la tarea de llevar a cabo el complejo agro-exportador “Terminal – 6”, ubicado en la ribera del río Paraná, junto con otras empresas. Se trata del primer puerto privado, ocupando un predio de 320 hectáreas en la localidad de Puerto Grande, provincia de Santa Fe.
Hoy, comparte el directorio con la estadounidense Bunge. Desde su página web, señala que en la “Terminal – 6” “tiene lugar la molienda de soja y la producción de biodiesel y glicerina refinada. La empresa posee una capacidad de molienda de granos de soja mayor a 20.000 toneladas diarias para la producción de aceite crudo, harina proteica y pellets de cáscara. Asimismo, se lleva a cabo la producción de biodiesel y glicerina refinada para consumo interno y de exportación”.
A su vez, tanto Bunge como AGD tienen su segundo puerto santafesino, bajo el nombre de Guide S.A., en el puerto de Rosario. Se trata de una terminal de líquidos, con capacidad de almacenaje de 73.000 toneladas, donde se cargan y descargan aceites crudos y refinados, con dos muelles. Actualmente, AGD y Molinos concentran el negocio de la industrialización del girasol, en particular la comercialización de su aceite comestible, mediante las marcas Natura y Cocinero.
La polémica resolución 125
En el 2008, se desató el “conflicto del campo”, la pelea callejera entre sectores agropecuarios y el gobierno kirchnerista en ese entonces, por el lanzamiento de la famosa Resolución 125 del Ministerio de Economía, a cargo en ese entonces ministro de Economía Martín Lousteau.
Consistía en la aplicación de derechos de exportación o retenciones de forma móvil, es decir variándolas según la cotización del momento, de determinados cultivos como la soja. Esto generó un enfrentamiento entre productores rurales y el gobierno, con cortes de las rutas troncales, que lindó con la insurrección civil.
La que concluyó con la pretensión de que la normativa del Poder Ejecutivo se transformada en una ley, cuyo proyecto tras ser aprobado en Diputados fue rechazado en el Senado, por el voto “no positivo” de desempate, a cargo de su presidente y vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.
Pero en el medio: el ingeniero Mario Cafiero había presentado una denuncia penal, con datos oficiales de la Aduana, donde demostró que durante el breve tiempo que estuvo vigente la Resolución 125 de Lousteau, las cerealeras se habrían robado alrededor de 1.700 millones de dólares. Fondos que debían pertenecer a los productores a quienes le compraron sus granos, o al fisco.
Esa denuncia penal fue ratificada con una demanda civil que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entabló contra las exportadoras de granos nucleadas en CIARA – CEC (Cámara Industria Aceitera República Argentina – Centro Exportadores Cereales). Y por la paralela creación en el Congreso de la Nación de una comisión para investigar esas maniobras.
Como una muestra del pluri poderío de CIARA – CEC liderada por Bunge, la denuncia penal de Cafiero murió sin pena ni gloria en Comodoro Py. Por su parte la demanda civil de la AFIP nadie sabe cómo terminó. Y la comisión investigadora del Congreso nunca se reunió, y fue abolida dos años después.
Ver LOS MALOS CÁLCULOS DE LOUSTEAU CON SU 125 PARA BENEFICIAR A LAS CEREALERAS
La mega tramoya perpetrada a la par que se incendiaba el país, consistió en cobrarles a los productores sojeros una retención del orden de 45%, como fijaba la 125, pero luego le tributaban al Estado entre 25 y 30%, alzándose así con una millonaria e indebida ganancia. Para eso las exportadoras de granos manipularon las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).
Pocos meses antes, septiembre del 2007, la soja había cotizado unos U$S 350 la tonelada, con una retención del 27,5%, un precio máximo histórico, lo que hizo creer que había llegado a su precio tope. Ante el advenimiento de una posible suba de la alícuota de las retenciones, se registró una masiva venta de granos futuros por parte de las exportadoras.
El problema sobrevino cuando la soja siguió subiendo, hasta alcanzar, en marzo de 2008 a U$S 575 la tonelada. Eso implicaba millonarias pérdidas para las cerealeras por la diferencia de valores con las DJVE, más otros 1.300 millones de multa, por no cumplir con ellas.
Eso se evitó con la Resolución 125, que fijó retenciones móviles de acuerdo al precio de los granos, con la cual se bajó su precio al productor a valores de fines del 2007. Y además, las cerealeras compraban la cosecha a los productores descontando una retención del orden del 45 %, y luego en base a sus DJVE a la Aduana, sólo le liquidaban el 27,5 %.
“De esta manera la enorme pérdida de u$s 1.656 millones gracias al oportuno dictado de la resolución 125 en forma previa a la inminente cosecha, pudo revertirse en una módica ganancia de u$s 62,5 millones. Un nivel adecuado al que se suele dibujar en los balances en esa actividad”, sostuvo la denuncia de Cafiero.
En el informe elaborado por Cafiero y Javier Llorens, integrante de Stripteasedelpoder.com , habían relevado que el total exportado desde noviembre del 2007, cuando estaba en vigencia la resolución 389 -previa a la 125- ascendía a U$S 12,5 mil millones de ese entonces, con un total recaudado en retenciones por U$S 2,9 mil millones.
Sin embargo, debieron ser U$S 4,2 mil millones de recaudación para el fisco si se computaba, al momento del despacho de aduana, las alícuotas vigentes por derechos de exportación, y no las que estaban congeladas por los DJVE. Una diferencia de U$S 1,3 mil millones, tal como lo exponen los siguientes cuadros extraídos de dicho informe. Donde vemos que el complejo de la soja fue el principal rubro en esa mega maniobra.
A la vez, el nombre de las empresas que se birlaron esos U$S 1,3 mil millones, aparecen en la siguiente tabla extraída de ese informe. Allí vemos que quien encabeza la principal diferencia están bajo la denominación de exportador “No informado”, que se alzaron con más de U$S 472 millones.
Pero quien figura como la firma identificada con mayor tajada es Bunge Argentina SA, con un total de U$S 181 millones. Sin embargo, si se suma a Aceitera General Deheza, de la que como hemos expuesto son más que notorios socios, habría que agregar un redondeo de U$S 96 millones. Eso da un total de U$S 377 millones. Prácticamente, la cuarta parte de todo lo birlado en aquellas calientes jornadas que se sucedieron entre finales de 2007 y mediados de 2008.
Un artífice de esta mega maniobra fue el senador kirchnerista Roberto Urquía, dueño de AGD y socio de Bunge, quien habría sido el principal lobista para que se crearan las retenciones móviles, como luego a regaña diente reconoció el gobierno kirchnerista. En los considerandos de un decreto redactado en el 2012 por el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Que seguidamente fueron cambiados tras el torvo reclamo de CIARA – CEC liderada por Bunge, dando así otra muestra de su pluri poderío.
Además según el informe de Cafiero, en el Congreso Nacional, el aceitero Urquía se encargó de modificar la ley de granos (N° 26.351) para permitirles a las cerealeras realizar las maniobras con las DJVE; obtener una modificación de la Resolución 125, con rebajas de las retenciones a favor de la industria aceitera; y garantizar el quórum en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Agricultura, que él integraba, para que la 125 sea transformada ley, cosa que evitó el “voto no positivo” de Cobos.
Bionegocios en Córdoba
Para terminar: otro negocio que tienen Bunge y AGD, en este caso en la provincia de Córdoba, es la empresa Promaíz SA. La firma posee una planta de molienda de maíz, ubicada en la localidad de Alejandro Roca, en plena pampa húmeda. Según su página web, procesan unas 350 mil toneladas anuales de maíz y elaboran 140 mil metros cúbicos de etanol o bioetanol. Siendo una de las principales beneficiadas con la flamante ley provincial de biocombustibles.
En 2019, en su última campaña electoral para gobernador de Juan Schiaretti, Promaíz le aportó 3 millones de pesos; fue una de las firmas que más fondos otorgó para bancar los actos proselitistas del frente Hacemos Por Córdoba.
Desde entonces, Schiaretti ha puesto el concepto de “biocombustibles” como un emblema de Córdoba. A la hora de contraponer contra la cuenca hidrocarburífera de las provincias cordilleranas y patagónicas, y con los privilegiados “pituquitos” de Recoleta, como proclamó su socio político Martín Llaryora.
Ver El cordobesismo de Schiaretti funciona a toda máquina con bioetanol
No es extraño entonces que la poderosa Bunge ande detrás de los biocombustibles cordobeses. Habiéndose encontrado no obstante con la sorpresa de ser sentada -por ahora- en el banquillo de los acusados ante los tribunales federales de Córdoba. Que por su distancia con Comodoro Py y los “pituquitos” de Recoleta, parecen no saber quién es “El Pulpo” Bunge. Uno de cuyos poderosos brazos a la luz de los antecedentes mencionados, también llega hasta la justicia.-
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