Información tramposa sobre la iniciativa del buen uso de redes sociales

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El aparato de los grandes medios de comunicación salió con los tapones de punta a criticar la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) adoptada por el gobierno, para promover el “buen uso” o “buenas prácticas” en las redes sociales. Comunicada por el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, “a los fines que “dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

Con el estilo de predicadores tonantes que han adoptado últimamente los periodistas que se desempeñan en los grandes medios, FOPEA (Foro del Periodismo Argentino) que los aglutina, sacó inmediatamente un comunicado, oponiéndose al “proyecto para regular el uso de redes sociales” cuando en ninguna parte se menciona eso. Y llegando a la hipérbole lo equiparó con un “ciberpatrullaje”, asegurando que “estas iniciativas pueden desembocar en persecuciones y hostigamientos a voces disidentes”.

https://www.fopea.org/fopea-sobre-las-expresiones-del-secretario-de-asuntos-estrategicos-gustavo-beliz/

A ello se sumó la tradicional ADEPA (Asociación de Empresas Periodísticas Argentina) liderada por Clarin, que andan de capa caída ante la competencia de las redes sociales, que rotundamente en un comunicado afirmó que ello resulta “peligroso para la libertad de expresión y la pluralidad del debate público… No son nuevas las iniciativas, si tenemos en cuenta que tuvimos el “derecho a réplica” en los 80, la “ley mordaza” en los 90”. Ahora se presentan con otros nombres, pero con la misma fórmula de regular desde el Estado para restringir las libertades, que no son nuestras, sino que son un derecho de los ciudadanos, a quienes siempre se los pretende subestimar”.

Ver:https://adepa.org.ar/adepa-realizo-su-reunion-de-marzo-del-consejo-ejecutivo-en-buenos-aires/

Tratándose de una iniciativa que ha cundido en los países considerados los más civilizados del mundo, cabe la pregunta si FOPEA y ADEPA que lideran las comunicaciones en Argentina, están enteramente desinformados al respecto, lo cual revelaría la bajísima calidad informativa con que se manejan. Y por ello en el mapa de FOPEA la situación de la comunicación en Argentina figura calificada como «problemática».

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O quizás los puede la cerril e infantil actitud opositora que evidentemente los guía, con el que parecen decirle al oficialismo actual -no al pasado- “todo lo que diga será usado en su contra”. Lo cual revela también la pésima calidad de ese periodismo, olvidado del principio elemental de “las dos campanas”.

Pero finalmente cabe otra hipótesis, aún más cínica. Consistente en que cuanto más degradadas e inmundas sean las redes sociales, que actualmente funcionan como una cloaca de los sentires de una sociedad agobiada y confundida, más fácil, como se si tratara de una valla puesta a la altura del piso, será simular un “periodismo de calidad”. Como quien compara el detritus de un animal con un trozo de pan seco y mohoso, aunque este también resulte indigerible.

Creyendo que “periodismo de calidad” es entre otras cosas, poner citas entrecomilladas para tratar de darles un aura de veracidad, aunque no se diga quién es su autor, lo que puede llevar hasta el fraude periodístico, como parece suceder en los grandes medios. O haciendo circular textos sin firmas ni fuentes provenientes de grandes medios de EEUU en relación con la guerra en Ucrania, donde se detallan meticulosamente las horripilantes cosas que hacen los soldados rusos. Como si las hubiesen estado presenciando, lo que resulta imposible y revelan así que se trata de ficciones provenientes de batallones de guerra psicológica, en medio de una tragedia que merecería un trato riguroso.

Ante esta situación resulta muy oportuno reproducir el artículo de Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista experto en comunicación, periodista de opinión y ex juez federal, que pone en evidencia el inusitado desbarre en que incurrieron respecto al tema FOPEA, ADEPA, y  notables políticos de la oposición.
Redacción

Información tramposa sobre la iniciativa del buen uso de redes sociales

El secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, en el marco del Consejo Económico y Social hizo conocer, el 29 de marzo de 2022, entre otros asuntos, que se trabajará en la iniciativa para promover “el buen uso de las redes sociales”. Iniciativa esta, que ya había sido anunciada al Consejo el 24 de junio de 2021, cuando se comunicó que Argentina se sumó al “Pacto por la Información y la Democracia”.

El funcionario no hizo más que ratificar, en la nueva reunión del Consejo de este año, como se llevarán adelante las obligaciones emergentes del Pacto, sobre lo que ya se había anunciado en el encuentro anterior del año 2021.

A la fecha, todavía no existe proyecto alguno de regulación y se dejó sentado que se han convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer iniciativas, a los efectos de profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común, con el fin de que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia.

Pacto por la Información y la Democracia

El Pacto referido, al que se obligó nuestro país, en su momento, fue una iniciativa de la organización de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización esta no gubernamental internacional cuyo objetivo, es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional.

También contó con el apoyo de la Alianza para el Multilateralismo y acompañó la propuesta la Media Freedom Coalition (MFC), organización que colabora con 50 países, trabajando juntos de manera proactiva para abogar por la libertad de los medios y se preocupan por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios y hacen rendir cuentas a quienes los dañan y los restringen severamente para hacer su trabajo.

La elaboración del Pacto estuvo a cargo de una Comisión Internacional sobre Información y Democracia -copresidida por el secretario general de Reporteros sin Fronteras Christophe Deloire y la Nobel de la Paz Shirin Ebadi– que emitió el documento final en noviembre de 2018. Además, contó con el apoyo de numerosos países y el respaldo del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres y del Director General de la Unesco Audrey Azoulay, entre otros.

El Pacto internacional ya cuenta con 43 países adheridos, como Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Canadá, Chile, Chipre, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, India, Islandia, Italia, Letonia, Líbano, Lituania, Noruega, Países Bajos, Senegal, Sudáfrica, Reino Unido, Túnez y otros.

El Pacto de septiembre de 2019, compromete a los países que lo suscriben, a fomentar marcos jurídicos nacionales e internacionales que promuevan el ejercicio de la libertad de opinión y expresión y el acceso a una información fiable. Invitan a las empresas que configuran el espacio mundial de la información y la comunicación a respetar principios de transparencia, responsabilidad y neutralidad y a garantizar la compatibilidad de sus actividades con los derechos humanos para fomentar la información fiable. A su vez, “se invita a favorecer el acceso online a información libre, independiente, plural y fiable.

El acuerdo establece principios democráticos como la neutralidad política, ideológica y religiosa para los algoritmos, así como la transparencia de su funcionamiento. Con el fin acabar con el actual `caos de información´, también incide en la responsabilidad de los proveedores de servicios digitales a la hora de promover contenido fiable y pluralismo en la indexación.

El instrumento internacional responde a la necesidad de fomentar un entorno que propicie que los ciudadanos dispongan de información fiable para ayudarles a forjarse una opinión en un contexto de desinformación masiva en línea, lo que contribuye a socavar la confianza en las instituciones y los procesos democráticos, dentro de una creciente influencia de actores privados extra democráticos. A lo que hay que agregar el debilitamiento del periodismo profesional.

Al respecto Deloire, cuando se firmó el Pacto sostuvo, que: «Si las democracias no establecen las normas, los intereses privados y los dictadores lo harán por nosotros (…) Han reemplazado a los Parlamentos a la hora de regular el espacio de la comunicación y la información. Por eso nos hemos propuesto reconstruir un sistema de garantías democráticas adaptado a la era tecnológica”.

Lo referido tiene presente, que no cabe que las plataformas censuren cuentas en las redes sociales fuera de todo control democrático resaltando la urgente necesidad que se logre la transparencia de los algoritmos, que haya protecciones contra la desinformación vía mensajería privada y que se establezcan mecanismos concretos para la confiabilidad de la información.

Deloire también manifestó, en el marco de la reunión ministerial de la Alianza por el Multilateralismo, celebrada el 12 de noviembre de 2020, que debía trabajarse “en cuatro aspectos estructurales sobre los que debería reforzarse el marco regulatorio: la transparencia de las plataformas, la metarregulación de la moderación de contenidos, el fomento de la fiabilidad de la información y la eliminación de la distinción entre espacio público y privado en línea cuando los servicios de mensajería privada se convierten, de hecho, en un nuevo espacio público no regulado”.

Desinformación en el tema

Lo referido de particular importancia para el derecho humano a la información, sin embargo, con especial desinformación, muchos medios de difusión presentaron en Argentina el tema tratado por Beliz, como si hubiera sido una excusa para distraer la atención, sin referir que estaba en la agenda de trabajo del Consejo Económico y Social y la importancia del tema.

Tampoco refirieron que se trataba de una iniciativa de la organización de Reporteros sin Fronteras (RSF) y la propuesta realizada estaba dentro los compromisos asumidos por el “Pacto Internacional por la Información y la Democracia” firmado por la Argentina que pretende proteger la libertad de expresión ante manipulaciones hegemónicas y que, a su vez, no hay proyecto alguno todavía, sino que se consultaría a 40 universidades en la problemática.

Resulta grave que la actitud de desinformación y falta de seriedad informativa la asumiera a su vez, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que sostuvo, que “observaba con preocupación, por su potencial efecto sobre la libertad de expresión, el anuncio de una serie de iniciativas, que contarían con la participación de organismos estatales, orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales”.

A lo que se sumó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que afirmó, que “este tipo de iniciativas implican un riesgo claro para la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, derechos inalienables en una sociedad democrática y pluralista”. A esta postura, sin asidero real se sumaron políticos de la oposición de Juntos por el Cambio que afirmaron que la iniciativa era inconstitucional. Así lo afirmaron, por ejemplo, el jefe de gobierno de la CABA Horacio Rodríguez Larreta, el diputado nacional Mario Negri y muchos otros.

En honestidad periodística y política es de esperar una clara rectificación en la actitud indebida asumida por quienes, sin fundamentos, se han opuesto a la necesaria e importante iniciativa gubernamental.-

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Miguel Rodriguez Villafane
Miguel Rodriguez Villafane
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