Las grotescas falacias sobre el costo del aborto del ministro González García y otras

Ginés en griego quiere decir nacimiento, pero el ministro Ginés González García parece estar empeñado en que ellos sucedan lo menos posible, apelando para ello a groseras falacias, absolutamente inaceptables para un ministro de Salud Pública. Como el afirmar que “acá no hay dos vidas como dicen algunos acá, claramente es una sola vida y lo otro es fenómeno  que no está correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal, que hace mucho más de la mitad del mundo civilizado”.

Sin advertirlo y a su pesar, González García puso así en el centro de la escena el dilema bioético que está en juego. Consistente en el balance de que para salvar unas pocas vidas humanas, que en el 2018 fueron 19 en total, el Estado  se involucra directamente en la muerte de cientos de miles de seres humanos.

A los que se les niega la condición humana, impidiéndole los nacidos de que nazca, cuando esto sí que sería una plena igualdad derechos. Haciendo malabarismos para justificar eso, con el concepto jurídico de “persona”, al mismo  tiempo que la justicia ha concedido últimamente la calidad de persona, a primates superiores no sapiens.

Dicho inhumana afirmación de González García, fue eliminada en la versión que la Cámara de Diputados subió a youtube. Lo que muestra el tratamiento notablemente tendencioso que está le ha dado a tan delicado tema. Pretendiendo birlar de la escena esta cuestión bioética esencial, relacionada con la condición humana del no nacido o nasciturus; y el mandamiento que existe en todas las culturas de no matar a un semejante.

Al estar copadas las direcciones de las comisiones intervinientes en el tema, Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Salud Pública, por reconocidas promotoras de la legalización del aborto. Como Cecilia Moreau,  Ana Carla Carrizo,  Ana Carolina Gaillard, Mónica Macha,  Silvia Lospennato, y Pablo Yedlin.

Algunas de ellas relatan haber abortado, y otras reciben financiamiento de ONG extranjeras promotoras del aborto. Mientras que Yedlin está vinculado con el ministro en cuestión, por negocios en relación con la salud, entre otros las vacunas. Por lo que cabe preguntar si no les cabe las generales de la ley, y abstenerse de intervenir en un tema tan delicado.

Ver Los “líderes confiables” argentinos financiados por Soros: de la derecha hasta la izquierda están todos

En concreto, a las falsedades que había afirmado el presidente Alberto Fernández en su mensaje televisivo, anunciando del envió de la ley en cuestión al Congreso, luego ratificadas por su ex pareja y secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y el ministro González García, se sumaron seguidamente las grotescas falsedades en que incurrió este en su intervención en el Congreso. Principalmente relacionados con el supuesto gran negocio para el Estado que depararía la legalización del ahorro, por una supuesta economía hospitalaria, que está muy lejos de existir, como se pone en evidencia en esta nota.

Ver ABORTO: el presidente Fernández impulsó la ley con falacias  

La que incluso fue desmentida por el centro adscriptos al oficialismo CEPA, lo cual en cualquier otro país serio del mundo habrían derivado en un juicio político del ministro. Por incurrir en un desmesurado intento de engaño de los legisladores y la opinión pública, en un tema tan delicado. Cabiendo el interrogante si en el futuro se puede plantear la nulidad de la ley si llega a su promulgación, al haberse sancionado con fundamentos absolutamente engañosos suministrados desde su propiciador el Poder Ejecutivo.

Las muertes por abortos

Pero no solo disimularon esa enorme e inhumana torpeza del ministro González García, ignorando la Constitución Nacional y la legislación argentina al respecto. Sino que además se esmeraron entre otras cosas, en no preguntarle al ministro, la pregunta clave respecto el argumento enfático conque todas ellas sostienen la necesidad de legalizar el aborto, a los efectos de evitar “las muertes por abortos clandestinos”.

Referida a cuantas son las muertes actuales por abortos, y su tasa de mortalidad, que es una cuestión decisiva para justificar la sanción de esa ley. Y por supuesto el ministro González García, se encargó de birlar esa cifra en su exposición, dado que su mero enunciado hace que dicha ley sea bioeticamente y moralmente insancionable.

Al registrar el ministerio de Salud, del que González García es responsable, a través de DEIS (Dirección de Estadísticas e Informaciones de Salud) que en los últimos cuatro años las muertes por abortos rondan alrededor de 20 por año. Y en consecuencia la tasa de mortalidad es menos de una por millón de mujeres, si se descuentan los abortos espontáneos.

Las que además están en permanente caída, por la difusión de los abortos con medicamentos, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico basado en los datos de ese ministerio. Existiendo al respecto tasas de mortalidad por otras causas, muchísimos más elevadas en relación con las mujeres, en las que debería enfocarse un ministerio de Salud diligente.

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Tratando de disimular ese ocultamiento, el ministro González García se dedicó a enfatizar la cantidad de egresos hospitalarios por aborto, en forma tortuosa, tal como se verá seguidamente. Llegando incluso a presentar un enrevesado cuadro por provincia, que mostraba la tasa de egresos por esa causa, por cada 10 mil mujeres en edad fértil. La cual lógicamente es sustancialmente más elevada, en las provincias pobres más atrasadas, con su población en peores condiciones de vida, respecto las que cuentan con mayores recursos destinados a la salud y nivel de vida.

A los efectos de evitar referirse al quid de la cuestión, ejemplificado en que en el año 2018, hubo 295 muertes maternas en todo el país, y 19 muertes debido a un post aborto no calificado de espontáneo, que registró un solo caso. O sea el 6 % de total de muertes maternas, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico elaborado con los datos de DEIS.

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Las que contrastadas con las 40 mil muertes registradas por la pandemia, tornan a la cuestión del aborto insignificante. Al punto de preguntarse porque razón se ha sometido al Congreso su discusión, aun no terminada esta, con una población psicosocialmente alterada por los efectos de una prolongadísima cuarentena.

En el gráfico se observa que de los 24 estados, hay solo 9 que registran muertes por abortos, y 15 de ellos no lo registran. Cuyos porcentajes individuales son menores al 10 % del total de muertes maternas, dejando de lado el caso de Santiago del Estero. Y también los de la CABA, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, que no responden a la ley de los grandes números.

No obstante el ministro González García, escamoteando esos números, como un moderno Dr. Mengele, y olvidando el juramento hipocrático esencial de no dañar, afirma que la receta “técnica” para evitar esas pocas muertes anuales, como según él lo hace el Primer Mundo, es que el Estado y el sistema de salud intervenga anualmente en la interrupción de supuestamente cientos de miles de vidas humanas, conforme las cantidades sostenidas por los promotores de la legalización del aborto. Que con los años serán millones.

Esta medida estuvo lejos de ser adoptada por EEUU, la potencia que por razones de Seguridad Nacional, expuestas en el informe 200/74 o Informe Kissinger, patrocinó la legalización del aborto. Primero en EEUU, y luego en el mundo occidental, con la finalidad demográfica de limitar de cualquier manera la natalidad.

Ver La política del aborto liderada por EEUU por razones de Seguridad Nacional

Lejos del feminismo y el humanismo, Henry Kissinger, una personalidad patriarcal altamente cuestionada por su involucramiento en la violación de los derechos humanos, afirmó en ese informe que con fines estrictamente demográficos, el aborto era esencial, para transformar un embarazo no buscado, en un embarazo no querido.

Y lo mismo afirmó el ministro González García en su intervención, al afirmar que primero hay que tratar que “no ocurran los embarazos no intencionales, y segundo que si ocurren, se resuelvan “técnicamente” de una manera que no implique más dolores más muertes”. Ignorando así olímpicamente la muerte del por nacer, y pretendiendo involucrar en ella directamente al Estado. Lo que no hizo EEUU, dejándolo en un plano estrictamente personal.

Como consecuencia de ello, a partir de su legalización en EEUU en el año 1973, la cantidad de abortos registrados creció incesantemente. Hasta la aparición a fines de los ‘90 del aborto médico no registrado, que derrumbó el negocio de las clínicas privadas dedicadas a ello. Y la tasa de fertilidad femenina en ese país cayó de 2,48 hijos por mujer, a 1,72 actualmente.

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5103a1.htm

De esa manera la población proyectada para el 2020 de 430 millones de habitantes, cayó en este año a 330 millones, dejando 100 millones de americanos en el camino. Mientras que en los países europeos, tras la legalización del aborto, se dio un fenómeno aún más agudo, llegando a caer Italia a una tasa de 1,2 hijos por mujer, similar a la de China.

No obstante la ínfima cantidad de muertes actuales, que no supera una por millón, el ministro González García en su alocución insistió con su receta, poniendo al Primer Mundo como ejemplo. Dijo al respecto: “esto tiene una solución técnica y una solución que se aplica en todo, todo el mundo, todo el primer mundo aplica esto, sobran evidencias de que esto tiene solución. Vuelvo a decir es todo el primer, mundo todo el hemisferio…”

Soslayando que ese Primer Mundo que pone de ejemplo “técnico”, esta sobrepoblado y es el mismo que durante siglos se masacraron entre sí sus integrantes. Haciendo guerras totales, y bombardeos “alfombra” sobre ciudades indefensas, incluso con artefactos atómicos, lo que les costó cientos de millones de muertos. A la par que desconocía que africanos y aborígenes eran seres humanos, y los reducían a esclavitud y traficaban con ellos. Y lo mismo opinan hoy respecto los no nacidos o nasciturus, a los que también trafican como células madre e insumos para vacunas.

Las hospitalizaciones por aborto

Eludiendo esas cifras incuestionables de muertes irrelevantes, más allá de la tragedia personal y a falta de otras estadísticas, el ministro González García se dedicó a enfatizar respecto la cuantía de los egresos hospitalarios por aborto en el sector oficial. Diciendo desconocer enteramente su cantidad respecto el sector privado y obras sociales, no obstante ser nuevamente ministro de Salud, como lo fue entre el 2002 y 2007. Información que los países vecinos brindan en detalle, y habla a las claras del andrajoso ministerio que gestiona González García.

A esos efectos afirmó engañosamente, “respecto la situación de riesgo de los abortos se llame aguja, se llame perchas, se llame tallos de perejil, es naturalmente llena de riesgos”. Cuando los obstetras señalan que hace una década que han desaparecido prácticamente esos abortos mecánicos caseros, por la difusión de los abortos con medicamentos que aparecieron al final de los ‘90, hace ya más de 20 años.

Al respecto mostró un gráfico con la evolución de los abortos hospitalarios, afirmando que su “número es enorme”, llegando en el año 2017 a 38.599 casos. Pero aceptando a regañadientes que están bajando, y que no todos se pueden computar como abortos inducidos, por la existencia de los abortos espontáneos. Afirmando sin embargo y sin mayor precisión, que “mayoritariamente” son los inducidos.

Atribuyendo ese descenso, como si fuera la gran  novedad médica, lo que las chicas de las villas conocen desde hace años, al afirmar el ministro como maestro siruela: “y saben por qué es eso, por la innovación, eso se llama misoprostol, la idea de utilizar medicamentos que es la técnica novedosa que simplifica notablemente y hace que desaparezcan los riesgos”.

Seguidamente, tras referirse que se trataba de una cuestión de “justicia social”, señaló: “Cuál es el problema del misoprostol, ninguno del punto de vista terapéutico, inclusive se hace por vía ambulatoria. El problema del misoprostol es que cuesta hoy 2.800 pesos a las mamás, con lo cual es una barrera de acceso a muchas argentinas”.

Si tristemente 28 dólares es una barrera de acceso para muchas argentinas, el problema no es la legalización del aborto, sino la pobreza. Que le ha sido reprochada al gobierno que representa el ministro, de explotarla electoralmente, en vez de tratar de erradicarla. Y por eso ahora quiere involucrar directamente al Estado en la concreción de los abortos, que tanto Perón como Eva rechazaban, repartiendo misoprostol gratis, como una degradada fórmula de “justicia social” neoperonista.

Pero lo que es peor, y aún más engañoso por parte del ministro González García, es que evitó expresamente contextualizar dicha cifras de egresos hospitalarios por aborto, para una debida valoración por parte de su audiencia. Los que como se puede observar en el siguiente gráfico basado en los datos de DEIS, bajan sustancialmente (columna bordó) desde casi 69 mil hospitalizaciones por abortos en el 2005, a 39 mil en  el 2016, con una notable reducción del 43 %. Y concomitantemente la tasa de abortos por embarazo (línea negra eje derecho) bajó simultáneamente desde el 18,6 % en el 2006, al 12 % en el 2016.

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Lo cual muestra una mejora en la salud obstétrica por parte del sector oficial, dentro del rango de los abortos previstos clínicamente como espontáneos, cuya cuantía se considera entre el 10 % y 20 %. Lo que se refleja a su vez en el porciento de hospitalizaciones por aborto (línea roja eje derecho) que baja de un 5,4 % del total de hospitalizaciones en el 2005, sobre un total de 1,28 millones de hospitalizaciones. A un 3,2 % en el 2016, sobre un total de 1,23 millones de hospitalizaciones.

Representando esto un porcentaje ínfimo, como para describir al aborto como un problema de salud pública. Al que además hay que desagregarle los correspondientes a los abortos espontáneos, que lógicamente abundan más en las provincias más atrasadas, con su población en peores condiciones de vida, y buena parte de ellas hundida en la marginalidad.

Los costos del aborto según Gonzáles García

No obstante donde el ministro González García llegó a la cumbre con sus falacias como sanitarista, fue cuando con un utilitarismo extremo, planteo que la legalización del aborto era un gran negocio para la Salud Pública, por los ahorros que iba deparar. Una tesitura crematística acorde con su opinión que el no nacido o nasciturus, no es un humano sino solo un “fenómeno”.

La que además está basada en grotescos engaños, por los que el supuesto ahorro no es tal. Sin que ellos hayan sido puestos en cuestión  por el presidente de la comisión de Salud Pública, el sanitarista y diputado Yedlin. Allegado al ministro González García  a través de ISALUD, y ex ministro de Salud Pública de Tucumán.

En concreto, el ministro González García exhibió el siguiente gráfico, con el que pretendió demostrar el sustancial ahorro que reportaría la legalización del aborto o de los “abortos seguros”. Que estima nada menos que podrían llegar a los 46 mil millones de pesos, si se resta el importe de los “abortos inseguros”, los hechos “con medicamentos”. Como si actualmente estos no estuvieran difundidos en la población.

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Tras explicar que el gráfico está basado en una actualización al 2020, de un estudio hecho por “dos investigadoras” en el 2018, el ministro González García, como si fuera un buhonero vendedor de baratijas afirmó: “claramente ven lo que cuesta, no sólo cuesta en vivir las infecciones, en traumas, en injusticia, sino lo que cuestan en dinero. Cuesta 10 veces más el costo simplemente hospitalario de la costosa internación, que el costo previo de utilizar tecnología moderna y tecnología innovativa”. Volviendo a insistir así en la novedad del misoprostol, que cumplió ya más de 20 años.

Lo que no dijo el ministro González García, es que ese estudio fue hecho por encargo suyo, por las economistas Malena Monteverde y Sonia Tarragona, del Conicet y la Universidad ISALUD respectivamente. Fundada esta última en 1991 por el Sr ministro, que recién consiguió el título de universidad en el 2007, cuando él también se desempeñaba como ministro de Salud Pública.

Al respecto sus autoras en el mencionado estudio, bajo el título de “Agradecimientos”, afirman al final del mismo: “A la Asociación de Economía de la Salud por confiar en nosotras para el desarrollo del estudio. A Ginés González García por su compromiso con la Salud Pública, por ser el inspirador de este estudio, y por impulsarnos en la generación rigurosa de conocimiento para enriquecer la discusión sobre la base de información científica.” 

https://www.scielosp.org/pdf/scol/2019.v15/e2275

Pero esto es solo una anécdota para cúmulo de falacias que engloba la cuestión. Dado que para comenzar, se puede observar que con la actualización de costos que da cuenta el grafico del orden del 120 %, el ministro González García tomo el monto máximo calculado por las autoras, de $ 23.849 millones. Conforme esta resaltado en amarillo en el siguiente cuadro perteneciente a dicho estudio.

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Mientras que una de las autoras del mismo, en una entrevista concedida al Cronista en el 2018, optó prudentemente por tomar el monto mínimo ($ 9.561) y disminuir los abortos a 300 mil en lugar de 457 mil, rebajando así su monto a $ 6.257 millones. Cifras que son entre un 60 % y un 73 % menores a las esgrimidas por el Sr. Ministro, por lo cual el monto por el señalado se reduciría a entre $ 13.600 y $ 20.760 millones. Pudiéndose además apreciar en el siguiente cuadro, la extraordinaria variación de los precios unitarios relevados en el 2018 por las autoras.

https://www.cronista.com/economiapolitica/Cuanto-ahorraria-el-sistema-de-salud-si-el-aborto-fuera-legal-20180717-0058.html

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Pero esto no es lo peor de todo, que radica centralmente en la garrafal falencia que tiene ese estudio, asesorado sesgadamente por el ministro González García. Dado que la estructura de costos del anterior cuadro, está basada en un estudio publicado en el año 1991, en la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Con título “Estudio de morbilidad y mortalidad por aborto en 36 instituciones de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela” con la firma de F. Pardo y G. Uriza.

O sea proveniente de países no solo con mayor atraso en esa época que Argentina, sino además casi en la prehistoria de los métodos anticonceptivos y abortivos. Llegando así a la conclusión aberrante en dicho estudio, que actualmente el 75,6 % de los abortos clandestinos derivan en una hospitalización.

Si ello fuera así, conforme las hipótesis adoptadas por las autoras y el Sr. Ministro, de 457 mil abortos clandestinos anuales, el total de las hospitalizaciones posaborto en Argentina deberían trepar al menos -sin tener en cuenta los abortos espontáneos- a 346 mil hospitalizaciones anuales. Contra los 38.599 casos que previamente había señalado el ministro como correspondiente al sector oficial, cifra que incluye los abortos espontáneos.

Como se considera que este abarca el 40 % del universo de prestadores de salud, esto supondría que el total de hospitalizaciones por aborto en Argentina, treparían a un total anual de alrededor 96 mil casos. O sea 3,6 veces menos que las calculadas por las autoras, y avaladas por el ministro.

Con lo cual el costo de los supuestos “abortos inseguros” -sin descontar los espontáneos- cae a un monto de entre $ 3.800 y $ 5.800 millones. Al mismo nivel y aún más abajo de los “abortos seguros”, que propone concretar el Sr. Ministro, con la legalización de ellos a cargo del sistema de salud´. No existiendo así en manera alguna el supuesto ahorro o negocio esgrimido por él.

Esto sin tener en cuenta que seguramente las hospitalizaciones por aborto, representan una cuantía muy superior en el sector oficial de la salud, por la carestía propia de los pacientes que atiende. Y en tal sentido es el mismo ministro González García el que se pisa con sus mentiras, al afirmar previamente que “hoy hay 1.100 mil 1.200 abortos en el día de hoy, y 120 internaciones solo en los hospitales públicos”.

O sea le atribuye a las hospitalizaciones en el sector oficial, alrededor del 10 % del total de los abortos clandestinos. Que se elevaría como máximo al 25 %, si se lo proyecta para todos los sectores de salud; contra el 75,6 % que sostienen las autoras asesoradas sesgadamente por el ministro González García.

Y a ello hay que agregar además, que esa estructura de costos hospitalarios del año 1991, resulta de por si absolutamente  anacrónica. Al preverse en ella costosísimas y delicadas intervenciones médicas, como resultado de los abortos mecánicos y otros. Que han desaparecido con la aparición y difusión de los abortos médicos, que el Sr. Ministro falazmente presenta como una gran novedad.

El CEPA kirchnerista propinó un rotundo mentis a la falacia del ministro

Esa grotesca falacia pronunciada por el ministro González García,  fue incluso desmentida por un informe publicado paralelamente por CEPA, Centro de Economía Política Argentina de dura raigambre kirchnerista, con título “La economía del aborto: el costo fiscal oculto del aborto clandestino y la importancia de su legalización”.

En el mismo, en base a análisis de las mismas autoras esgrimidas por el ministro, Monteverde y Tarragona, se llega a la conclusión, como se puede apreciar en el siguiente cuadro extraído del mismo, que el supuesto sideral ahorro de $ 46 mil millones sostenido por González García, se reduce a solo $ 2.271 millones, o sea nada menos que en un 95 %. Y esto sin tener en cuenta que el análisis del CEPA incurre en un error parecido al del ministro, al sostener que las hospitalizaciones por abortos clandestinos llegan al 67 % del total de ellos, cuando según los registros de DEIS como se vio, no superarían el 25 %.

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https://centrocepa.com.ar/informes/279-la-economia-del-aborto-el-costo-fiscal-oculto-del-aborto-clandestino-y-la-importancia-de-su-legalizacion.html

El subtexto en torno la legalización del aborto

Todo esto pone en evidencia, que la legalización del aborto impulsada enfáticamente desde el Poder Ejecutivo, esconde un engañoso fraude. Consistente en tratar de presentar un problema como existía antaño, treinta años atrás, ocultando la verdadera situación que existe actualmente. Como consecuencia de la aparición de los abortos médicos, y la difusión de nuevas modalidades anticonceptivas.

Ver ABORTO: el presidente Fernández impulsó la ley con falacias

Que han transformado al aborto en un acto íntimo, igual que el acto sexual, sin intervención alguna de extraños. Pero en el que a toda costa el Poder Ejecutivo, sin ninguna consideración moral o bioética, quiere introducir al Estado y al sistema de Salud Pública. Como una solapada forma de promoción del aborto con fines demográficos, recomendadas desde el Banco Mundial y el FMI.

No siendo casual entonces que la ley se la pretenda aprobar apuradamente, a  la par de que se desarrollan cruciales negociaciones con el FMI. Como si fuera otra ofrenda dedicada a este organismo,  que tanto daño a hecho a Argentina con sus recetas. Y como si fuera un instrumento para detener la “fábrica de pobres estructurales”, en que se ha convertido Argentina desde hace 40 años. Por la mayor tasa de fertilidad que tienen en relación con el resto de la población, en un país peligrosamente semivacío.

Con esos intereses y políticas se encuentra consubstanciado el ministro González García, a través de ISALUD. Quien se despachó en la sesión con un tono patriarcal autosuficiente, con el “discurso del amo”, haciendo algunos guiños demagógicos hacia el feminismo radical. Y así sumará una nueva página negra, a su historia como ministro de Salud.

Tras haber dejado a Argentina, no con una disminución, sino con un aumento de la mortalidad, tras acabar su primera gestión como ministro en el 2007. Y tras haber aconsejado una interminable cuarentena, con enormes costos económicos y sociales, para que en Argentina no hubiera 30 mil muertos como Suecia, que ahora llegaron a 40 mil.

Ver CUARENTENA: solo debería ser para mayores de 50 años y personas en riesgo

El ministro González García va a ser así otro eslabón decisivo, para la legalización del aborto exigido desde el Norte. Al que se presenta como el cumplimiento de una promesa electoral, no obstante no figurar en la plataforma electoral del Frente de Todos. En la que solo se menciona la de “garantizar la implementación de la ESI y fortalecer el programa nacional de salud sexual, responsable y voluntario”. Y “garantizar el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (protocolo ILE).

La que por contrario prevé la: Incorporación de mecanismos de participación social, decisión y control social, como las consultas populares para los grandes temas políticos y de interés social.” Al que como mínimo habría que emplear para empezar a discutir el tema, atento lo delicado de la cuestión y sus implicancias bioéticas.

Por su parte el candidato a presidente Alberto Fernández, que hasta antes de las PASO sostenía qué al aborto solo había que despenalizarlo, seguidamente trató de gambetear las presiones verdes al respecto, diciendo que se podría hacer en dos pasos, comenzando con su despenalización. Para recién tras asumir la presidencia, lanzarse como impulsor de su legalización absoluta.     

Para la que se emplea como fuerza de choque a mujeres maduras, que tuvieron traumas con abortos inducidos, en tiempos aquellos en que no abundaban los anticonceptivos, ni existían los abortos médicos. Algunas de ellas financiadas por ONG dedicadas expresamente a promover el aborto. Y a adolescentes y jóvenes que por la acción de influencers pagas, adoptaron el aborto como una moda. Y como la última puerta de salida para el sexo fácil, máxime si es gratis, no obstante existir una pléyade de instrumentos anticonceptivos para evitarla.

Las que con todo derecho reclaman el cese de la violencia masculina, a la vez que exigen para sí el derecho a aplicar una violencia mortal sobre su cría no nacida. Lo que es compartido por el fecundador masculino, para evitar las obligaciones que depara la paternidad, que actualmente es indubitable. Como es el caso del femicidio de Chiara Paez en el 2015, asesinada por su novio con la participación de su familia, por negarse a abortar, lo que dio origen a “Ni una menos”. Pero por ese detalle, ese caso parece haber caído en el olvido.

A los anteriores métodos abortivos extra hospitalarios, el estado no los pudo reprimir, convirtiéndose así la despenalización del aborto en un consuetudo. Y ahora menos aún puede hacerlo, con los actuales métodos abortivos que no requieren la intervención de extraños. Pero de allí a pasar a ser partícipe de esas conductas, hay un abismo moral y ético de por medio, que es absolutamente injustificado franquear, por la ínfima mortalidad a la que se ha reducido. Máxime en Argentina, donde el estado ya incursionó en la trágica faena de hacer desaparecer argentinos.-

Ver Marta Alanís, del MTP y Gorriarán Merlo a Católicas por el Derecho a Decidir, el aborto y la Fundación Ford y otras

Ver La inhumana violencia del aborto que la humanidad seguramente dejará atrás

 

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Javier Llorens
Investigador en temas económicos y jurídicos | Asesor de la Comisión de Investigaciones del Senado de la Nación | Asesor Legislativo | Co-autor del libro: «La Argentina Robada»
Artículos: 205

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