Proyecto ley deuda externa Guzmán: más de lo mismo

Proyecto ley deuda externa Guzmán: más de lo mismo

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El proyecto que esta por tratar la cámara de diputados, es un “cheque en blanco” que le otorga amplísima facultades al poder Ejecutivo.  Además no propone auditar nada los préstamos tomados por las anteriores gestiones. Ni relevar quienes son nuestros acreedores. Y continua con las prorrogas de las jurisdicciones en los tribunales en el extranjero con el cual los Fondos Buitres han diezmado a Argentina. Todo esta diseñado para hacer un nuevo “Megacanje” y seguir en el sistema de la deuda en el cual Argentina está estancada hace décadas.  

Por Héctor Giuliano* – 24/1/2020

El 21 de enero pasado, el gobierno del presidente Alberto Fernández, a través del ministerio de Economía,  a cargo de Martín Guzmán envió al Congreso un proyecto de ley titulado “Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”. Mediante él, según dice el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional, se declara prioritario para el interés de la República Argentina, la restauración de dicha sostenibilidad en los términos del artículo 65 de la Ley 24.156 de administración financiera.

Un análisis del proyecto, permite destacar que la Ley de Emergencia Pública –27.541-, recientemente aprobada por el Congreso en diciembre pasado, ya le confiere amplísimas facultades al Poder Ejecutivo, es  decir a Alberto Fernández, para renegociar lo que quiera en materia de deuda pública.

Ahora bien, mas allá de esa cuestión, ¿qué significa “sostenibilidad de la deuda”?

La palabra “sostenibilidad”, no sustentabilidad, deriva de sostenible. Y según la Real Academia Española –RAE- hace referencia a lo que puede mantenerse a lo largo del tiempo sin agotarse o causar daños graves.

Aplicado a las finanzas y a la deuda pública, el término “sostenibilidad” debiera asimilarse a la solvencia de un país. Es decir, a la capacidad de repago de las obligaciones financieras del fisco. Sin embargo, esta premisa elemental no se cumple en materia de endeudamiento público no solo en Argentina, sino en ninguna parte del mundo.  Pues las deudas de los Estados nunca se cancelan. Siempre se refinancian. Es decir, se reestructuran bajo un régimen que podríamos denominar “deuda perpetua”.

El propio ministro Guzmán lo recordó expresamente el otro día diciendo: “se sirven los intereses, pero ningún país del mundo paga las amortizaciones de capital. Se refinancian”.

Ergo, como primer punto a destacar es que este nuevo proyecto de ley busca -con una amplísima delegación de facultades– autorizar al gobierno de Alberto Fernández a renegociar cualquier cosa en el marco del sistema de re-endeudamiento permanente. Tal cual lo hicieron todas las administraciones anteriores. Incluyendo las de Néstor Kirchner de la cual Fernández fue su Jefe de Gabinete.

En otras palabras es un verdadero “cheque en blanco” para que el gobierno de los Fernández pueda negociar lo que quiera.

Por esta razón, el nuevo proyecto de ley, no hace referencia alguna, ni fija limitaciones, ni da detalles acerca de la oferta de refinanciamiento que el gobierno y Guzmán presentaría a los acreedores en función de las facultades otorgadas.

Porque se trata de una delegación abierta y prácticamente ilimitada del Congreso al Ejecutivo, sin indicar restricciones que, como agravante, es redundante con los términos ya delegados por la Ley 27.541 de Emergencia Pública.

Mas de lo mismo…

Por otra parte, es importante destacar que el proyecto de Guzmán, para lo cual pide un “cheque  en blanco”, se refiere solamente a la deuda pública externa y no a la deuda total del Estado (externa e interna). Esto significa que los acreedores internos –que según el criterio de residencia son aquéllos que tienen domicilio declarado en nuestro país– no están alcanzados en forma directa por el presente proyecto.

El detalle no es menor. De aprobarse así,  gran parte de los acreedores, básicamente los Hedge Funds o “Fondos Buitres”, podrán actuar indistintamente como acreedores internos o externos después del gran cambio de manos que tuvieron los bonos argentinos desde la crisis de deuda de Macri del 2018. Dado que desde esa fecha, estos Fondos de Inversiones de Riesgo, vienen realizado importantes compras de bonos-basura. Pagando entre un 30-40% de su valor. Bonos que  ahora son reclamados al Estado Argentino al 100%. Con lo cual la historia con los Fondos Buitres se volverá a repetir y a mayor escala.

Por eso, ello es exigencia o requisito clave a favor de los acreedores que el gobierno Fernández –lo mismo que antes el de Macri– no blanquee la realidad de la insolvencia argentina. Es decir, que no reconozca el default de la Deuda porque ello provocaría una caída adicional en el valor de cotización de los títulos. Por ello, el Estado argentino sigue aceptando la fórmula de servidumbre de mantener los pagos de la deuda mientras negocia, en busca de más plazo. Prolongando así a las tasas de interés más caras del mundo, en esta “deuda perpetua”.

Sobre este punto, el alcance del proyecto es engañoso y equívoco porque el 50 % de la deuda pública -324 mil millones de dólares-, según el criterio de residencia del acreedor, es externa. Sin embargo, en término monetarios, el  80 % de la deuda está contraído en moneda extranjera. Con lo cual, el objetivo subyacente del proyecto en cuanto a preservar las reservas en divisas del Banco Central (BCRA) no necesariamente se cumplirá. Dado que gran parte de la deuda interna está en moneda extranjera o indexada por  este tipo de cambio.

¿Quienes son nuestros acreedores?

Otro aspecto a destacar del proyecto que está siendo negociado con la oposición en el Congreso, conforme lo hemos planteado desde hace años, nuevamente no tiene en cuenta que el primer paso concreto e indispensable en todos los casos de crisis de deuda, -sean del Estado o de cualquier particular o empresa- es necesario conocer quiénes son los acreedores de esa deuda. Esto es, quiénes son los tenedores de los títulos a ser refinanciados y en qué condiciones, ya que –por analogía con el derecho concursal- es la regla en toda convocatoria de acreedores.

Este relevamiento, entre otras cuestiones, permitiría: saber con quiénes está negociando realmente el gobierno de Fernández; cumplir con reglas elementales de transparencia de la información pública; y garantizar que las autoridades no sean cómplices en la práctica del anonimato de los capitales financieros que hoy estrangulan nuevamente las finanzas del Estado argentino.

La realización (confección) de este listado de acreedores no es nada complejo. Reside en la realización de un censo completo de acreedores. Idea que el autor de esta nota ha desarrollado en un trabajo reciente y a hecho llegar a las autoridades del actual gobierno,  pero los altos funcionarios intervinientes, siguiendo una tradición institucional al respecto, optaron por mantener todo este asunto del endeudamiento público en secreto.

No parece casual entonces, que se hable más de cuestiones ligadas al “reperfilamiento” o pateo para delante de las obligaciones, que de posibles mejoras en cuanto a quitas de capital o interés. Ni las declaraciones públicas de los funcionarios de gobierno que ponen más énfasis en las frases hechas para la galería, que en los puntos concretos y de fondo dentro de las negociaciones que se están realizando.

A litigar afuera

Por último, como ha sido destacado en forma sintomática, en su anuncio de remisión del proyecto al Congreso, para su tratamiento con carácter de “urgente”, el ministro Guzmán se refirió a las facultades adicionales (reiterativas o redundantes) del proyecto pero no hizo ninguna referencia a los lineamientos de las propuestas que serían planteadas a los acreedores. Ni los verdaderos propósitos de este nuevo cheque en blanco que el Ejecutivo pide al Parlamento para negociar en forma irrestricta lo que quiera (o lo que le impongan aceptar).

Este aspecto es peligroso. Y su punto más importante es el de formalizar -una vez más– la autorización para continuar emitiendo deuda con prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros. Exigencia clave de los acreedores, pensada, obviamente, en función de sus intereses. Con la cual, ante cualquier controversia, el Estado Argentino deberá continuar dirimiéndolas obligatoriamente en la justicia de otros países. Fundamentalmente bajo la legislación norteamericana del Estado de Nueva York.

Este controvertido articulo, casi copiado de los proyectos de Carlos Menen y Domingo Cavallo, desde el punto de vista histórico, jurídico y financiero, ha sido la clave o divisoria de aguas a la hora de defensa de Argentina frente a los embates especulativos externos. Cuestión donde los Holdouts o Fondos Buitres fue el ejemplo paradigmático de las peores consecuencias de tales males.

Sin embargo, para el gobierno de Alberto Fernández, la prórroga de jurisdicción ante tribunales foráneos –requisito ya establecido, autorizado y ratificado por otras delegaciones existentes- reviste un carácter especial para las negociaciones hoy en curso, cuyo objetivo básico, con un cheque en blanco, es llegar a una restructuración amigable con los acreedores que le permita seguir estando en el sistema de la deuda.

Y en este punto, cabe recordarlo, y esto es muy importante, que el objetivo básico de todas las conversaciones con los miembros del llamado “Club de la Deuda” –Acreedores, Bancos Agente/Colocadores, Asesores Financieros/Jurídicos, Agencias Calificadoras de Riesgo, Bróker/Corredores de Bolsa en general, etc.-  así como los organismos multilaterales de crédito intervinientes (con el Fondo Monetario a la cabeza), desde la gestión del gobierno Macri hasta la de Fernández han tenido como base un acuerdo definido de consuno, que es lograr un nuevo “Megacanje” para que la Argentina retorne al mercado internacional de capitales, justamente para volver a endeudarse.

Este es el objetivo final de todas las “negociaciones” que se están produciendo en torno a la nueva crisis de deuda por falta de liquidez y solvencia de la Argentina.

Para resumir:

1) El proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Deuda, estrictamente hablando, es innecesario, engañoso y hasta contradictorio en sí mismo. No establece bases para una verdadera solvencia fiscal, que es la capacidad de repago de las obligaciones del Estado que garantice una cancelación definitiva de tales compromisos.  Sino al revés, porque faculta en forma irrestricta al gobierno Fernández para que firme cualquier cosa a los efectos de una “sostenibilidad” que es sólo continuidad o refinanciación dentro de un sistema permanente de deuda pública eterna.

2) El proyecto está centrado en la deuda pública externa –no interna del Estado– y ratifica el principio de prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros. Un prerrequisito exigido por los acreedores y el FMI como garantía jurídica en contra de las posibilidades de defensa legal de la Argentina en caso de nuevas crisis de deuda.

3) El allanamiento del proyecto a las exigencias de los acreedores y del FMI deja en condiciones tanto o más vulnerables a nuestro país frente a reclamos privados externos. También deja abierta, otra vez, la puerta a la corrupción institucional del “Club de la Deuda”. Esto es personas e instituciones que se mueven en el sub-mundo financiero internacional,  al amparo del anonimato de los verdaderos actores, a través de los grandes negociados internacionales con las reestructuraciones de deuda externa de los países.

Es así como la tríada gobierno de turno–clase Política–medios, con el estribillo de la pesada herencia recibida, una vez mas, oculta a la opinión pública el clásico juego de fondo de las deudas traspasadas, para que nada cambie en el sistema de anudamiento permanente a la cual es sometida Argentina hace décadas.

* Licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública

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