El juicio de los bebés del Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” –cinco fallecidos y ocho con lesiones- llegó con un final esperado, tras 57 audiencias desarrolladas en 163 días, según lo dispuestos por los jueces de la Cámara Séptima del Crimen, Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman: la absolución del ministro de Salud, el policía Diego Cardozo; y la condena a prisión perpetua de la enfermera Brenda Agüero.
Antes de conocerse la sentencia en su contra, Brenda Agüero dijo las últimas palabras: “A esos niños jamás les hice nada. Pase lo que pase, estoy sumamente en paz”. Al escuchar el fallo, sólo cerró los ojos. Además de la prisión efectiva, la enfermera fue condenada a indemnizar a los familiares de las víctimas; costas que también deberá afrontar el Estado provincial con más de $ 600 millones porque las lesiones y decesos ocurrieron en un hospital estatal cordobés.
En cambio, los magistrados Soria, Cesano y Huberman rechazaron todas las demandas civiles contra los ex funcionarios y ex directivos del hospital, quienes no responderán con sus patrimonios por los distintos daños a las víctimas.
Si bien la decisión de las sentencias por los bebés muertos y lesionados en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” recayó en los ocho jurados populares, que el pasado miércoles 18 de junio tras más de diez horas de debate decidieron la condena a la enfermera Agüero por mayoría y no por unanimidad –quedó patentizada la duda, cuatro votos por la absolución y cuatro por la condena-; quiénes decidieron el destino final de la enfermera, fueron los dos jueces técnicos Cesano y Huberman.
En Córdoba el sistema de jurados populares se inició en 2005, con la implementación de la Ley 9.182 que habilitó el uso de jurados escabinos. Un jurado mixto, donde ocho ciudadanos legos y dos jueces técnicos participan en la deliberación y decisión sobre los hechos y el derecho en un proceso judicial.
A diferencia del jurado clásico anglosajón, donde 12 ciudadanos legos deciden únicamente sobre los hechos, en el sistema escabinado, los vecinos elegidos como jurados y dos de los tres miembros del Tribunal deliberan conjuntamente para resolver los casos.
Córdoba es una provincia pionera, con la variante de los jurados escabinos –civiles y jueces técnicos-; y ahora en casi toda Argentina hay jurados populares en los tribunales provinciales. En Catamarca hay otra variante, siendo la única provincia del NOA con jurados populares, pero con el sistema clásico de EE.UU., seis mujeres y seis varones para respetar la equidad de género, dirigidos por un solo juez técnico. Y otro condimento en Catamarca es que para condenar o absolver, debe haber unanimidad en el jurado.
La Provincia de Buenos Aires, en tanto, tiene sistema clásico de 12 jurados, pero para dictar sentencia no necesita unanimidad, sino mayoría agravada. Por su parte la CABA tiene un sistema similar, pero que requiere unanimidad.
En América latina sólo Argentina y Brasil tienen un sistema real y operativo de juicio por jurados clásico; nuestro país con un modelo más puro y extendido a varios tipos delictivos; mientras que el país vecino sólo aplica jurados populares a delitos dolosos contra la vida.
México y Bolivia tienen reconocimiento constitucional o formas alternativas, pero no plenamente desarrolladas como juicio por jurados clásico. Mientras que Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua no tienen implementado juicio por jurado clásico, aunque algunos contemplan formas de Justicia comunitaria o participación ciudadana en otros niveles del proceso penal.
Torcer la voluntad popular
Desde que finalizaron las audiencias de testigos a mediados de abril pasado, hubo una fuerte presión sobre quiénes debían decidir las sentencias por parte de los jueces Cesano y Huberman. No es la primera vez que los jurados populares reciben sugerencias o indicaciones a la hora de resolver sus fallos por parte de los jueces técnicos.
Con el voto empatado de los jurados populares y la confirmación de los vocales; la principal acusada fue condenada por los delitos de homicidio reiterado y calificado por procedimiento insidioso reiterado por cinco bebés fallecidos y, en grado de tentativa, por ocho que sobrevivieron a los ataques. Los episodios ocurrieron entre el 18 de marzo y el 6 de junio del año 2022.
El ex ministro de Salud, Diego Cardozo, hombre fuerte del gobierno de Juan Schiaretti durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 fue absuelto por unanimidad de los jurados populares por el delito de encubrimiento. En ese caso, cuando ya se habían asegurado la absolución por parte de los jurados populares, en una impostada muestra de independencia política, Cesano y Huberman fallaron contra el ex ministro.
Mientras que la ex directora del hospital, Liliana Asís, con el voto de la mayoría de los jurados recibió una pena de cinco años de prisión por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente agravado; y cuatro de inhabilitación especial. La Cámara resolvió además, que Asís puede recuperar su libertad bajo el pago de una caución de $ 35 millones, hasta que la sentencia quede firme. La ex directora llegó al juicio con prisión domiciliaria, por tener más de 70 años de edad.
Las más de diez horas de debate y que las decisiones no fueran por unanimidad, sino por mayoría de los jurados populares, evidenciaron que a lo largo de las 56 audiencias, los hechos no sucedieron como los planteó la acusación de los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, basada en la débil instrucción del fiscal Raúl Garzón.
Alejandro Escudero Salama, abogado y ex subdirector administrativo del Neonatal, fue condenado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado a cinco años de prisión e inhabilitación especial por cuatro años.
Marta Gómez Flores, ex jefa del Servicio de Neonatología, fue condenada por omisión de los deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica a cinco años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por cuatro años.
Adriana Moralez, ex jefa de Seguridad del Paciente, fue condenada por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado a cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación.
Pablo Carvajal, ex secretario de Salud, fue condenado por encubrimiento doblemente calificado, a cuatro años de prisión.
Salvo la enfermera Brenda Agüero, la imputada de menor rango que seguirá alojada en el complejo carcelario de Bouwer –fue detenida el 19 de agosto de 2022, hace 34 meses- el resto de ex directivos y ex funcionarios quedó en libertad hasta que la sentencia quede firme.
“Se demostró que la absolución de Cardoso fue negociada por él mismo; ni siquiera un mérito de sus abogados Lucas de Olmos y Germán Matheu. Es conocido el audio donde el propio Cardozo, ni bien se inició la investigación, le dice a una periodista que no hubo criminalidad en la muerte de los bebés. Incluso, su abogado de entonces, el ex fiscal General Darío Vezzaro, fue sacado del medio y a Cardozo le impusieron estos dos abogados”, detalló a Stripteasedelpoder.com el defensor de uno de los funcionarios y ex directivos condenados.
Y agregó: “A lo largo del proceso, y esta condena lo confirma, el ex ministro Cardozo negoció su impunidad, sentando precedente para otros procesos judiciales donde estén involucrados ex ministros; se salvó la ‘institucionalidad ministerial’, los ministros son impunes. A cambio de esa impunidad o inmunidad, Cardozo entregó a parte de su equipo: Carvajal, Escudero Salama, Moralez y Gómez Flores fueron condenados ¿Todos menos él?, sospechoso”.
Además, hubo cuatro absoluciones: la ex subdirectora médica del hospital, Claudia Ringhelheim; la médica especialista en Pediatría y Neonatología, María Alejandra Luján; la exjefa de Enfermería, Alicia Beatriz Ariza; y el abogado y ex secretario de Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto.
Para los jueces de la Cámara Séptima del Crimen, los 13 bebés fueron reconocidos como víctimas de violencia institucional.
El poder se protege a si mismo
Con el testimonio de los testigos que desfilaron por Tribunales II desde enero hasta abril pasado, y los cuatro votos en disidencia para condenar a Brenda Agüero como una asesina serial, quedó demostrado el montaje armado desde el poder político y judicial provincial desde épocas del gobernador Juan Schiaretti, que intentó instalar en la opinión pública a través del Grupo Clarín que esta enfermera es la responsable de haber asesinado a Francisco, Benjamín, Ibrahím, Angeline y Melody entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022; y de haber lesionado a otros ocho recién nacidos.
La acusación del fiscal de Instrucción Raúl Garzón, imputando penalmente a Agüero de haber asesinado a los bebés inyectándole potasio o insulina creó un falso enemigo de la sociedad, operación llevada adelante sin ningún asidero probatorio -amplificada por las terminales mediáticas de La Voz del Interior, Radio Mitre y El Doce pertenecientes al Grupo Clarín- para influir en la opinión pública y los jurados populares; fue sostenida desde enero pasado hasta el día de la sentencia por los fiscales de la Cámara Séptima del Crimen, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini.
Con base científica, como la patóloga pediatra Marta Cohen, aportada por la defensa de Brenda Agüero, los testigos derrumbaron la teoría de la hiperpotasemia como causal de la muerte de los cinco bebés: “En Reino Unido y en toda Europa se dejaron de hacer pruebas de potasio post mortem, porque no sirven; carecen de rigurosidad científica. Post mortem, los estudios de sangre pueden dar valores anormales y dar falsos positivos”, declaró bajo juramento y por videoconferencia.
Se filtró que hasta abril pasado, los ocho jueces legos no estaban convencidos de la criminalidad de los actos de Agüero y si la sentencia se hubiera dictado en esa fecha, su suerte hubiera sido otra.
¿Por qué el Poder Judicial de Córdoba operó para apuntar y condenar como asesina serial a la enfermera Brenda Agüero y en el mismo acto absolver al ex ministro Cardozo?
Dos ex ministros del cordobesismo afrontan procesos penales
El ex todopoderoso Alfonso Mosquera, quien era ministro de Seguridad cuando Blas Correas fue asesinado por efectivos de la Policía de Córdoba en un caso de gatillo fácil ocurrido el 6 de agosto de 2020; debe ser juzgado para determinar si participó activamente de una red de encubrimiento que buscó enmascarar el crimen del chico, plantándole un viejo revólver, entre otros delitos.
Mosquera además enfrenta el juicio por violencia de género ejercida contra una mujer policía, subordinada suya cuando era ministro, con la cuál mantuvo una relación sentimental. En el caso del femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 y cuya serie se estrenó en Netflix en estos días, el ex ministro de Seguridad del cordobesismo fue el testigo que le brindó coartada al viudo Marcelo Macarrón, para justificar su presencia en Uruguay la madrugada del crimen de Villa Golf.
Martín Gill, ex funcionario y diputado nacional kirchnerista, y ex intendente de Villa María y ex ministro de Cooperativas del cordobesismo también afronta un juicio por violencia de género, por una denuncia de su ex pareja. De fluido nexo con los ex gobernadores José de la Sota, Schiaretti y con Martín Llaryora, el dirigente que transitó por los andariveles del delasotismo, el cristinismo y el cordobesismo a la vez, conoce mucho sobre obra pública y su financiamiento.
Condenar a un ministro, en el caso de los cinco bebés muertos en el Neonatal, a Diego Cardozo, abre la puerta para que el Poder Judicial de Córdoba condene a ex ministros como Mosquera y Gill. Una caja de Pandora que nadie quiere abrir.
El tribunal
Además, Schiaretti dejó en el Poder Judicial provincial resortes que le responden, desde el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Angulo, hasta fiscales de Instrucción como Garzón. Por caso, los integrantes de la Cámara Séptima del Crimen, responden al TSJ, de –hasta ahora- mayoría schiarettista.
En el caso del vocal José Daniel Cesano, es un garantista y en su vasta obra tiene similitudes con el jurista italiano Luigi Ferrajoli. Pero en sus fallos, como el que condenó a Brenda Agüero y absolvió al ex ministro Cardozo, parece más al inquisidor español Tomás de Torquemada. Quienes transitan los pasillos de Tribunales II no dudan en calificarlo como “un hombre del sistema” que quiere llegar a la edad jubilatoria sin mayores altibajos. Fuel el principal operador entre los jurados populares.
Laura Huberman, la otra vocal, tiene un pasado en los Tribunales de Cosquín, donde la fiscal Paula Kelm tuvo una polémica participación en la investigación del femicidio de la turista Cecilia Basaldúa. Y el ex policía y fiscal antidrogas Raúl Ramirez, que también estuvo a cargo de esa inesclarecida causa, está a punto de ser juzgado por no investigar la desaparición de 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana que estaban bajo custodia de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Ver Cordobesismo: tres de los cuatro investigadores del femicidio de Cecilia Basaldúa fueron detenidos por violencia de género
Ver El inesclarecido femicidio en el Cerro de la Cruz de Carlos Paz y las defecciones de la Policía y la Justicia cordobesa
Allí en Cósquín, por caso, Huberman fue la defensora oficial de Mario Mainardi, el hombre rosarino que alojó en su vivienda de Capilla del Monte a Cecilia Basaldúa hasta que desapareció en abril de 2020. Pero antes, por el mismo caso, cuando llegaron Susana y Daniel Basaldúa, los padres de Cecilia a Capilla del Monte; Huberman los representó legalmente. La actuación de la entonces asesora letrada de Cosquín a ambos lados de la ventanilla –primero en representación de la familia Basaldúa, y después en representación de un presunto agresor de Cecilia- si no raya la ilegalidad, es de una falta de ética absoluta.
En la Cámara Séptima, Huberman está como jueza subrogante cubriendo una vacante, porque concursó y no le dio el puntaje. Debe volver a concursar para esa vacante y los “puntos extras” que puede lograr son gracias a la obediencia debida del TSJ; si no llega a aprobar y pasar la terna, regresa como asesora legal a Cosquín. De ahí, que desde abril pasado, también trabajó sobre los jurados populares para torcer su opinión del juicio.
El fallo fallado
Inmediatamente culminados los alegatos el 28 de mayo, en el ambiente se respiraba que el fallo iba a ser absolutorio y se ordenaría una nueva investigación. Orientada hacia la farmacia tercerizada y el tema de los medicamentos, por el cuál Brenda Agüero había anunciado a su superior Fabiana del Soto que había lotes vencidos y faltantes. O por el negociado de los laboratorios, anunciado en exclusiva por StripteasedelPoder.com en enero pasado, ni bien comenzó el juicio. O la prueba que quedó luego de que se desmantelara el Centro Obstétrico, donde trabajaban, cerca de 25 personas.
Pero al revés de las películas en donde el jurado que estaba embargado a lo largo del juicio, inmediatamente pasa a deliberar, hasta conseguir una falló unánime, esto en el caso en cuestión solo sucedió 21 días después, el 18 de junio, tras escuchar las palabras de los imputados y de las madres damnificadas.
De esta manera el juicio se enfrió a la fuerza, y se comenzó a operar con la persuasión de los jueces técnicos Cesano y Huberman hacia los jueces legos. Por caso, la votación sobre la culpabilidad de Brenda Agüero quedó empatada, en cuatro jurados por la absolución y cuatro por la condena; desempatando los integrantes de la Cámara, Huberman y Cesano.
El abogado defensor de la enfermera, Gustavo Nievas, le dijo a StripteasedelPoder.com: “Llegamos al final del juicio con este resultado, como consecuencia de una investigación penal preparatoria muy mala llevada adelante por el fiscal Garzón. Por eso, todo el proceso se llevó adelante teniendo a Brenda como única hipótesis, en vez de buscar otras líneas investigativas; por eso, al finalizar el proceso, es muy difícil que podamos decir ‘hemos llegado a la verdad’.
Luego de la sentencia Nievas señaló: “La lucha por la inocencia de Brenda Agüero va a continuar porque hemos dispuesto interponer un recurso de casación luego de leer los fundamentos de una sentencia que consideramos vergonzosa”.
El defensor agregó que “en el juicio quedó acreditada la existencia de un ecosistema político, jurídico, económico, judicial y mediático, que desde hace tres años, en busca de un botín que van a sacarle a la Provincia, estuvieron trabajando para instalar la idea de que Brenda Agüero es una asesina serial. Mintieron, tergiversaron pruebas, sembraron pruebas falsas, comunicaron a la población pruebas que no existían y lograron instalar en una parte de la población que poco a poco fue decreciendo, la idea de que Brenda Agüero es una asesina”.
Nievas señaló, además, que “ese ecosistema está preparado para repartirse un botín que lo van a sacar de los bolsillos de la Provincia, es decir de todos y cada uno de nosotros”.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 23 de julio próximo, lapso en el que se debatirá sobre la división de criterios en el fallo: “En esa fecha va a haber un voto que tenga argumentos a favor de Brenda, que representa a los jurados que votaron a favor de la inocencia de Brenda y otro voto en un sentido contrario. O sea, cuando la causa llegue al Tribunal Superior de Justicia, van a estar nuestros argumentos del recurso de casación, pero además los argumentos dentro de la propia sentencia en la parte de un 50% de los jurados populares que creyeron en la inocencia de Brenda Agüero”, detalló el penalista Nievas.
“El juicio fue un circo”
El fin de semana anterior a la sentencia que condenara a Brenda a Prisión perpetua, Radio Alta Gracia 103.9, publicó una entrevista exclusiva con la enfermera, donde acusó: “Yo creo que el juicio fue… perdón, pero el juicio fue cualquier cosa; fue un circo, no sé cómo explicarlo. Había días en que decía ‘qué buenos actores que son’, porque los abogados querellantes…era como si estuvieras en una obra de teatro y no en un juicio penal”.
Sentada en el banquillo de los acusados como si se tratara de la única imputada en la causa y que no hubiera 10 imputados más -hasta el ex ministro Diego Cardozo, el funcionario más importante del Gobierno de Juan Schiaretti en plena cuarentena por Covid-19- Brenda Agüero agregó que “este juicio fue un juicio muy sucio, muy manipulado, muy… no sé cómo llamarlo. Poca seriedad. Sí he notado que mis abogados han recibido mucho maltrato, no sólo en la etapa propiamente del juicio, sino en todo”.
En una sala donde recibió a los colegas de la Radio Alta Gracia 103.9 sólo está Brenda y su abogado, Nievas. A días antes de la sentencia, la enfermera que el pasado 2 de junio cumplió 30 años, cuenta lo que repitió a sus íntimos, familiares y compañeras de presidio: “La parte mediática fue muy shockeante para mí, porque si bien yo sabía que la causa es mediática, es como lo que dije el día que declaré ‘soy consciente de la causa, soy consciente de lo que estoy enfrentando’, pero una cosa es ser consciente y otra cosa es vivirlo. Yo sabía que la cosa es mediática y el primer día yo estaba sentada y acá estaban los periodistas… fue muy fuerte”.
A la vez aclara: “No sé si el sistema me maltrató. En la causa somos 11, y todo el tiempo era ‘Brenda Agüero, Brenda Agüero, Brenda Agüero’. El primer día, cuando entraron los medios, mi abogado me agarró la mano porque estaba muy nerviosa y les dijo ‘allá hay otros imputados’, porque tenía todas las cámaras acá, y allá había más imputados. El plus siempre fue hacia mí: yo era la asesina serial para la prensa”.
Desde el 19 de agosto de 2022, cuando fue detenida -hace 34 meses-, esta enfermera del Hospital Materno Neonatal de Córdoba repasó una y mil veces las semanas previas al 11 de agosto de ese año, fecha en que desde el Gobierno de Córdoba se decidiera informar en exclusiva al Grupo Clarín acerca de la muerte de los cinco bebés -para tratar de que fuera una detonación controlada y direccionada-; y logró determinar por qué la utilizaron de chivo expiatorio: ella denunció el faltante de vacunas, como así también el vencimiento de lotes.
“En Enfermería, nosotras tenemos un supervisor, hay un jefe, personas con más categorías. Cuando pasa X situación, vos tenés que avisar a tu superior, que fue lo que pasó, lo que yo hice. Una vez que vos avisás, se supone que tu tarea finalizó. Si yo le aviso a mi jefa, mi jefa es la que tiene que avisar a quién corresponda. Yo le avisé a la que era supervisora mía en ese momento, Fabiana del Soto, sobre faltantes y vencimientos de medicamentos. Ella me dijo que los iba a reponer y que iba a manejar la situación, nada más”, contó Brenda al equipo de Radio Alta Gracia 103.9.
Los testigos interesados
En su declaración del jueves 23 de enero pasado –el juicio comenzó el 6 de enero-, Del Soto declaró bajo juramento ante el tribunal de la Cámara Séptima del Crimen: “No fue un error. Ninguna enfermera inocula potasio porque sabe lo que sucede. Esto fue intencional”. Y avanzó en su testimonio direccionado: “Ahora pienso que si sucedió algo, quien lo hizo buscaba hacer daños a esos niños. Lo hizo sabiendo. La enfermera sabe qué dosis o qué medicación usar”.
En el primer semestre de 2022, al momento de las muertes de los cinco bebés y de las lesiones de otros ocho, la enfermera del Soto era supervisora en el Centro Obstétrico del Neonatal: “Lo que llamaba la atención eran las descompensaciones en el Centro Obstétrico. Es común que fallezcan bebés, pero en la terapia”, dijo en enero pasado, casi tres semanas después de iniciado el proceso contra los 11 imputados.
En estos 34 meses transcurridos desde que se conocieron las muertes hasta hoy, Del Soto fue ascendida a jefa de Enfermería del Hospital Materno Neonatal de Córdoba. “No había pasado eso en el hospital. Eran recién nacidos que a las horas fallecieron. No estaban internados con patologías previas. Eran bebés sanos. Esto no solía ocurrir”, dijo. La prueba y las declaraciones a lo largo de las 56 audiencias, desmintieron a Del Soto.
Para señalar sin dudar a la enfermera que denunció el faltante de medicamentos y el vencimiento de otros lotes, Fabiana del Soto declaró: “Los frascos de potasio y de vitamina K son totalmente diferentes. No es posible confundirlos. No se usa potasio en los bebés” y apuntó: “Cuando ocurrió la primera muerte nadie sospechó. Pero a partir de la segunda muerte sí”.
Los testigos direccionados
Francisco, la primera víctima fatal por la que imputaron y condenaron a Brenda Agüero, nació el viernes 18 de marzo de 2022 a las 11.46. Era el tercer hijo de Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, los tres nacidos por cesárea.
Mientras que Benjamín, la segunda víctima fatal por la que condenaron a la enfermera, nació el sábado 23 de abril de 2022 a las 8.13. Su mamá Damaris Bustamante cursó 39 semanas de embarazo y el bebé pesó 3,310 kilos. “Fue un parto horrible. Me obligué a poder declarar, fue lo único que puedo hacer por mi hijo”, dijo la mamá de Benjamín horas después de declarar en este juicio, el jueves 9 de enero pasado. Fue el primer testimonio de la mamá de uno de los cinco bebés muertos. En su declaración bajo juramento, Damaris admitió: “No puedo decir que ella le inyectó algo”.
En su entrevista con Radio Alta Gracia 103.9, Brenda Agüero advirtió: “Yo me enteré en el juicio, que cuando estaban haciendo el allanamiento, las madres estaban yendo a reunirse con el gobernador (Schiaretti). O cuando supuestamente estaba en secreto de sumario, pero (Carlos) Nayi sabía todo”.
El 14 de enero declaró Vanessa Cáceres como testigo y apuntó directamente a los directivos del Hospital Materno Neonatal y al Gobierno provincial: “Nos mostraban a la persona que estaban acusando y al mismo tiempo nos metían en la Casa de Gobierno; entré descompuesta, fui vomitando en el camino. El gobernador, en teoría, no sabía nada. La verdad es que yo sinceramente no creo que no hayan sabido”.
Además acusó: “Nunca me ofrecieron ayuda psicológica. Con las madres no tuvieron respeto. Nos dejaron solas, desde el Ministerio, desde el hospital. Si no hubiéramos puesto el cuerpo, nada de esto hubiera sucedido”.
“Yo siento el dolor de las madres, acá hay una realidad: los niños no están y los que han sobrevivido tienen sus secuelas, eso es algo que no se puede evitar. Yo les diría que busquen Justicia, yo siento que tienen hambre y sed de venganza. Antes del 19 de agosto, ninguna de las mamás sabía quién era Brenda Agüero”.
“Cuando declararon en fiscalía decían que la persona que les había sacado los bebés era rubia, alta, flaca, pelo castaño; otras la describían como morocha; una dijo que era una señora mayor; y después del 19 de agosto cuando comenzó a difundirse todo a nivel mediático, mi foto, mi nombre y mi apellido; ahí empezaron con que era yo”, aseguró la enfermera en la entrevista radial.
Los medios
La construcción mediática de Brenda Agüero como la responsable de las muertes de los bebes, convertida en asesina serial, quedó expuesta en el juicio, luego de que Damaris Bustamante, mamá de Benjamín reconociera a Brenda como la enfermera responsable de la muerte de su hijo. Lo denunció su defensor Nievas, tal como lo publicara en exclusiva Stripteasedelpoder.com en enero pasado.
“Esta testigo en su primera declaración dijo que no pudo identificar a nadie de los que estaban en la sala de partos. Y acá viene algo que es grave: un día, la suben a un auto de la Policía, la llevan a la Casa de Gobierno, al Panal, y un funcionario que ella obviamente no puede identificar, le mostró una foto de Brenda Agüero. Tal es así que el fiscal le dijo, “¿Le mostró una sola foto de Brenda Agüero?”; ¿Por qué?, porque el reconocimiento exige que sea más de una foto; si no es nulo, y aparte es como un acto irreproductible porque tiene impacto en la persona, que no se lo borra más de la cabeza.”
“Y ella respondió: “Sí, me mostró una sola foto, me dijeron, ‘esta es la culpable, esta es Brenda Agüero’”. No, obstante eso, la subieron a un móvil y la llevaron a la a la Jefatura de Policía, donde declaró de las cuatro de la tarde hasta las 12 de la noche. Y en toda esa acta, nunca nombró a mi defendida Brenda Agüero. Dijo, sí, hubo una que era más joven, otra que tenía una colita como todas las enfermeras, porque la hacen recoger el pelo, que tenía una colita recogida; y que estaban todos de bata, de barbijo y de cofia. No sé cómo la pudo reconocer. Al margen de esto, nunca pudo reconocer a Brenda Agüero; pero cuando llegó al juicio, obviamente, después de toda la difusión que tuvo, declaró contra ella: ‘Brenda me hizo esto’, ‘Brenda me hizo eso’, ‘Brenda me hizo…’; obviamente con el adoctrinamiento de alguien”.
Sobre la acusación de la fiscalía, Brenda le dijo a la radio del Tajamar: “Yo escuchaba, sólo escuchaba. Yo a los hechos ya los había leído. Ya llegaría el momento en que hablara yo y la defensa”. Y agregó: “Sí fue muy shockeante cuando la fiscal Mercedes Balestrini, toda vestida de blanco con el dedo me señalaba y me gritaba ‘asesina’, y sentía que me faltaba el aire”.
Ya en enero, Nievas había advertido esa situación: “Este es un caso muy armado, con la única hipótesis que le servía a ellos en el invierno del 2022, que es cuando explotó esto, se puso en marcha lo que yo denomino el protocolo de encubrimiento, que es detectar rápidamente cuando una situación, una noticia puede impactar en mediano o largo plazo contra el Gobierno, y proceden inmediatamente a tirar a los medios de comunicación una alternativa, y después se la deriven a un fiscal amigo del poder, y el fiscal acomoda la causa para adentro y para afuera forma y confunde a la opinión pública, sobre todo para focalizar a la sociedad en la convicción de que esas personas que han detenido son las culpables”.
Apenas tres días antes de ser condenada, Brenda se defendía en radio: “No soy ese monstruo que crearon; ese monstruo nunca existió y nunca va a existir. Siempre me dediqué a los niños, me encantan. Desde que me recibí traté de ir por esa rama, hasta que lo logré”; y dio un dato que muestra cómo la afectó la acusación:
“Yo le contaba a mi abogado, que lo que tengo que enfrentar es a la mamá de los bebés, a la mamá, al papá. Me pasó hace poquito en la visita. Yo acá tengo mucha afinidad con una chica, me contó cuando su hermana quedó embarazada; y la visita pasada la hermana vino ya con el bebé. Yo la conocí y la vi embarazada; y cuando se acercó esta chica con el bebé para que yo lo viera, porque ella me compartió todo el embarazo de su hermanita, no supe qué hacer. El corazón me iba a mil, quería abrazarlo al bebé, pero sentía que iba a tener todas las miradas encima de mí. Es difícil, es muy difícil”.
Todos contra Brenda
Brenda Agüero siempre supo que en el juicio no había 11 imputados en condiciones iguales de afrontar el proceso. Era Brenda y 10 más. “Si bien los abogados defensores son los abogados del resto de los imputados, era sabido que nosotros vamos a estar solos. Gustavo (Nievas), Juan (Riveros) y Cinthya (Mackena Hadad) están solos en esto. Los otros abogados hicieron su círculo y cuando tuvieron que usar a mis abogados para no mancharse ellos, los han usado; y cuando mis abogados necesitaron de ellos se han lavado las manos” contó en su larga entrevista con Radio Alta Gracia 103.9.
“Cuando yo lo escuché a Cardozo y seguía hablando de criminalidad me dio bronca. Cuando yo declaré, lo primero que dije fue que yo no sabía lo que había pasado en el Neonatal. Y eso lo sigo sosteniendo: yo no sé que pasó en el Neonatal. Después que fueron los peritos, de que se hicieran las autopsias, se expusieran las autopsias, después que fueron los médicos forenses, creo que fue en marzo eso, ahí fueron desglosando ellos, de los 13 casos, qué patología tenía cada niño y qué fue lo que desencadenó, ya sea el fallecimiento o que tengan alguna patología los sobrevivientes. Ahí quedó demostrado que no hubo asesinatos. Esos niños no fueron asesinados, ni hubo intentos de homicidios. Eso medio muchísima más tranquilidad, pero hasta que yo no los escuché a los peritos, yo no sabía lo que había pasado”; dijo la enfermera.
Entre enero y la semana pasada, cuando se leyeron las condenas impuestas, Brenda Agüero y sus abogados dieron una batalla en soledad, mientras que los directivos del neonatal y los funcionarios provinciales actuaron en bloque.
Por caso, la frase que más sonaba en los pasillos de Tribunales II era: “la van a sacrificar a Brenda, la van a tirar a la hoguera; para salvar al sistema. Cada tanto el sistema necesita sacrificar brujas para salvarse”.
Cardozo, un prócer para el fiscal
Durante la etapa de alegatos, ocurrió algo muy curioso y que provocó la indignación de los familiares de los bebés, el fiscal Sergio Ruiz Moreno demostró que forma parte del círculo rojo cordobesista y responde al establishment del schiarettismo, porque sólo solicitó penas efectivas de prisión a tres de los 10 funcionarios imputados.
Pero además, reivindicó la figura de uno de los 11 imputados en la causa, el ex ministro de Salud al momento en que ocurrieron las cinco muertes de los bebés y las lesiones a otros ocho: “Con el doctor Cardozo a la cabeza, se trata de gente con una fuerte vocación de servicio, los sueldos que cobran no tienen que ser la motivación que los lleven a trabajar en los horarios y con el compromiso que lo hacen, con la capacitación que tienen. Es sin dudas, para mí, la vocación de servicio que tienen.”
“A eso no lo puedo desconocer al momento de valorar las condiciones personales, porque eso tiene mucha relevancia para la mensuración de la pena. Y porque es necesario decirlo en tiempos en los que la salud pública, que nunca fue bien cuidada, pero en estos tiempos de recortes en particular está sufriendo situaciones absolutamente críticas y funciona con el hombro que les ponen”, alegó el fiscal, sin ponerse colorado, defendiendo la figura del imputado con mayor rango jerárquico.
Y siguió ponderando a uno de los 11 imputados: “Cardozo nos dio una lección de integridad cuando hizo su última declaración. Dijo que desconfiaba de todo y de todos. Y aseguró que no tenía el panorama claro y que hubo atentados intencionales a los bebés”.
En el tramo final de su alegato, donde solicitó una pena de tres años de prisión condicional contra el ex ministro de Salud, por los delitos de “encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público”; el fiscal Ruiz Moreno volvió a reivindicar al acusado: “No sólo sus hijos, sino toda la sociedad cordobesa, debe recordar al ministro Cardozo por su entrega en la pandemia. Todo esto justifica la no conveniencia de una pena efectiva que debe ser en modalidad de ejecución condicional”.
Luego de escuchar al fiscal, que alabó la figura de Diego Cardozo y solicitó una pena leve de ejecución condicional, Vanessa Cáceres, mamá de Francisco, volvió a denunciar un “pacto de silencio” entre los funcionarios y que “nadie se salió del libreto. Hay un bloque que no permite que se sepa qué encubrieron o por qué no denunciaron a tiempo”.
El fiscal Ruiz Moreno cargó toda la responsabilidad penal de las cinco muertes de los bebés y las lesiones a otros ocho sobre la humanidad de Brenda Agüero, solicitando al tribunal la pena máxima de condena, prisión perpetua; mientras que fue benevolente con el funcionariado a la hora de pedir la sanción penal:
Para los funcionarios políticos de la cartera de Salud, el ex ministro Diego Cardozo; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal y el ex secretario de Coordinación y Gestión Administrativa, Alejandro Gauto, había solicitado tres años de condena en suspenso, o sea no irán a prisión.
Mientras que para la ex directora del Neonatal, Liliana Asís; contra el vicedirector administrativo Alejandro Escudero Salama y contra la ex jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores; el fiscal solicitó penas de cuatro años de prisión efectiva. La misma pena pidió para la entonces coordinadora del Comité de Seguridad del paciente del Neonatal, Adriana Luisa Moralez, una de las médicas que más fuerte cargó contra la enfermera Agüero durante el juicio.
Finalmente, Ruiz Moreno había pedido penas leves para para la ex jefa de Enfermería, Blanca Alicia Ariza y las médicas Claudia Ringelheim y María Alejandra Luján, para quiénes solicitó una pena de un año en suspenso, que puede redimirse con una multa.
Las penas solicitadas por las querellas
Cuando fue el turno de las querellas, a cargo de Carlos Nayi y Daniela Morales Leanza, los pedidos de condena fueron prisión perpetua para Brenda Agüero, al considerarla una asesina serial; mientras que para los funcionarios del Ministerio y el personal directivo del Hospital Materno Neonatal, los pedidos fueron más elevados que los de la Fiscalía de Cámara:
Para el ex ministro Diego Cardozo y el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal; Nayi y Morales Leanza coincidieron en solicitar seis años de prisión efectiva. Las mismas penas pedidas para la ex directora del Neonatal, Liliana Asís y la ex jefa de neonatología, Marta Gómez Flores.
Para Adriana Luisa Moralez, la médica que señaló sin miramientos a Brenda, Nayi solicitó cinco años de cárcel; mientras que Morales Leanza, pidió seis, un año más.
-En el caso del ex subdirector Escudero Salama, Nayi y Morales Leanza solicitaron cinco años de prisión efectiva, monto similar a los solicitados para la ex jefa de Enfermería, Blanca Alicia Ariza y la médica Claudia Ringelheim.
Mientras que en el caso del ex secretario de Coordinación y Gestión Administrativa, Alejandro Gauto, los dos querellantes solicitaron cuatro años de prisión efectiva y para la médica María Alejandra Luján, tres años y medio.
Lo que viene
Cuando el 23 de julio próximo, las defensas de los condenados y absueltos; los fiscales de Cámara y los querellantes lean los fundamentos de la sentencia; se abrirá otro capítulo que intentará pavimentar la impunidad. Los abogados defensores de Brenda presentarán una casación, reclamando se revea la sentencia, teniendo el antecedente no menor de que de los ocho jurados populares, cuatro fallaron a favor de la enfermera y cuatro en contra.
En el caso de los directivos y funcionarios condenados, sus defensas reclamarán que las penas impuestas fueron acordes a los reclamos de las querellas y superiores a las solicitadas por la fiscalía a cargo de Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. Por lo cuál le exigirán al Tribunal Superior de Justicia que adecuen las condenas a los pedidos del fiscal.
De esta manera, como el fiscal Ruiz Moreno fue muy benévolo con varios de los sentenciados, las condenas pasarán a ser de carácter condicional y no de pena privativa de la libertad, por lo que los condenados no pasarán ni un día en prisión, salvo la enfermera Agüero, sacrificada en la hoguera del Poder Judicial cordobesista.
¿Los abogados de las querellas, Carlos Nayi y Daniela Morales Leanza, se opondrán a la baja de los años de condena?; NO ¿Por qué? Por una razón meramente pecuniaria: si el proceso sigue abierto y no se resuelve, no se podrá hacer efectivo el pago de la indemnización por parte del Estado provincial a las familias de las víctimas, monto que la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba resolvió que sea de $ 601.606.324,44.
La indemnización asignada por los jueces contempla la pérdida de chance futura, el daño extrapatrimonial, el daño emergente y los gastos terapéuticos incurridos por las víctimas y sus allegados. La Justicia ordenó compensaciones para los padres de los fallecidos que oscilan entre $ 45 y $ 60 millones por persona. Tales asignaciones incluyen la reparación del sufrimiento emocional y el costo de tratamientos necesarios.
Además, se estipularon desembolsos a favor de los niños que lograron sobrevivir a los ataques. Algunos de ellos percibirán montos que superan los $ 11 millones por daño extrapatrimonial, junto con importes por lucro cesante o la cobertura de terapias futuras.
Un juicio que no terminó
En todo proceso judicial, la investigación preliminar la realiza el fiscal instructor, quién en base a prueba directa o indicios, arma la arquitectura acusatoria que sirve para llevar a un sospechoso a juicio. O no, y sobreseerlo por falta de pruebas.
Pero ya en el proceso oral y público, no alcanza con tener íntima convicción a la hora de condenar, hacen falta certezas, pruebas reales y no meras sospechas de que una persona es la autora material o intelectual de un hecho delictivo. La duda debe convertirse en certeza para asegurar una condena; de lo contrario, el acusado debe ser absuelto precisamente por el “beneficio de la duda”. En el caso de Brenda Agüero, nadie vio cuando la enfermera atacó a los bebés. Ni cuando manipuló las drogas para atacarlos.
Hay una serie de preguntas que no fueron respondidas en el proceso con certeza.
¿Es Brenda Agüero una asesina serial?
De los 13 casos analizados, porque nunca se supo si hubo más lesionados o muertos adjudicables a esta causa; no se pudo responder con plena seguridad que Brenda fuera una asesina serial y solitaria. La única prueba indirecta de ello, conque se fundó la condena, es que Brenda Agüero estuvo presente en esos treces casos. Reconocida como una persona que amaba su profesión, paradójicamente su esmerado presentismo parece haberla llevado a la condena
A los peritos de la Policía Judicial se les sumaron tres especialistas no cordobeses, para tener una mirada objetiva y no contaminada del caso: el pediatra Julio Trentadue, el toxicólogo Luis Ferrari y el neonatólogo Néstor Vain.
Al analizar los 13 casos como un conjunto, tal lo expuesto por el fiscal de Instrucción, Raúl Garzón, Trentadue y Vain coincidieron en que en sólo cinco de los 13 casos –dos víctimas fatales y tres lesionados-, podría haber estado una mano humana como responsable. Y en este universo reducido de sólo cinco casos con sospecha de una acción criminal humana, las personas que siempre estuvieron en esas guardias, son otras además de Brenda Agüero. Además, en 11 de los 13 casos, también hubo un hombre que nunca fue investigado.
La Policía mostrando a las madres la foto de Brenda Agüero para señalarla como una homicida fue una manipulación tan maligna como los medios del Grupo Clarín que hicieron lo mismo con la opinión pública. ¿Cómo una parturienta puede identificar en ese momento de estrés a una enfermera particular, en medio de un universo de varias enfermeras vestidas iguales con cofia, barbijo y ambo?
Hace más de 20 años, cuando el violador serial Marcelo Sajen asolaba Córdoba, una víctima apodada “Ana” para preservar su verdadera identidad, describió ante el viejo Canal 8 (Telefé Córdoba) a su violador como norteño o boliviano; y dio como seña particular un lunar en la zona íntima de su agresor. Varias de las víctimas declararon ante los investigadores que el predador sexual era norteño y poseía un lunar en sus partes íntimas.
Tras su identificación como Marcelo Sajen, se confirmó que no tenía rasgos norteños ni del Altiplano; y luego de su muerte trágica, la autopsia reveló que no existía tal lunar y que en cambio lucía un tatuaje en una pierna, que ninguna víctima detectó. La opinión pública fue contaminada con la opinión publicada.
¿Cómo los atacó?
No hay ni un solo testimonio aportado en las 56 audiencias que confirme con certeza que Brenda Agüero atacó a los bebés. Ni tampoco que confirme la manipulación de potasio o insulina por parte de la enfermera. En los registros oficiales de la Farmacia del Hospital Materno Neonatal no hay registros de que Agüero solicitara alguna de estas dos sustancias. Ni que las hubiera adquirido en forma particular.
Además, como dijo la especialista Cohen, el exceso de potasio en cadáveres no se utiliza más. Y otro dato aportado por la acusación, pero que sirvió a la estrategia defensiva de la enfermera: el potasio se utiliza en casos de reos condenados a pena de muerte, se lo suministra porque provoca el deceso en cuestión de segundos, sin sufrimiento. No fue el caso de los bebés, que fallecieron en lapsos que iban desde minutos, hasta horas.
Otro punto nunca aclarado es la periodicidad de los hechos: hubo casos aislados y hasta cuatro presuntos ataques en una misma guardia.
El vice gobernador Calvo y las incubadoras que alteraron la escena del crimen
El viernes 10 de junio de 2022, “el vicegobernador Manuel Calvo, a cargo del Ejecutivo, hizo entrega de nueva aparatología para el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Para mejorar aún más la atención hospitalaria, se pusieron a disposición del nosocomio, 20 incubadoras de cuidados intensivos; 15 monitores multiparamétricos; cuatro camas de partos; tres monitores fetales; dos electrocardiógrafos; dos mesas de cirugía y dos equipos de RX rodantes”, informó el sitio oficial del Gobierno de Córdoba.
La gacetilla afirmaba, además, que “el centro hospitalario también incorporó dos máquinas de anestesia de mediana complejidad; dos electrocardiógrafos; dos respiradores HF; incubadora de transporte; dos centrífuga de mesa; microscopio binocular; sistema de frío calor; dos electrobisturíes; dos lámparas scialíticas dobles; dos luminoterapias y software para digitalización” y que “el vicegobernador destacó la importancia de esta política pública, que apunta al cuidado de los recién nacidos, de sus madres y de las familias cordobesas en general”.
Apenas cinco días antes, entre el lunes 6 de junio y el martes 7 durante la guardia, hubo cuatro hechos graves con bebés, donde dos víctimas fallecieron y otras dos resultaron lesionadas. Precisamente, las primeras denuncias sobre hechos sospechosos se radicaron en la Unidad Judicial 18, que recayeron en la fiscalía de Jorgelina Gutiez, subrogada entonces por Silvana Fernández. Esas denuncias, incompletas y faltas de contexto, fueron presentadas por la médica de guardia Valeria Cagliero y un policía que estaba de adicional en el Neonatal.
En la instrucción y en el juicio, el entonces ministro Diego Cardozo, aseguró que se enteró por primera vez de muertes sospechosas en el Neonatal, y que ni bien se anotició intervino el hospital, ordenó separar agentes, inició una investigación administrativa y pidió que se judicializara y se siguiera el resultado de las autopsias de los dos casos que ya estaban en conocimiento de la fiscalía.
Sin embargo, entre esos cuatro casos y la llegada del vicegobernador Calvo a entregar material, pasaron cinco días. Y tras el desembarco de Calvo, en tiempo récord, el Hospital Materno Neonatal sufrió cambios importantes, además de la incorporación de las incubadoras: hubo reformas en el Centro Obstétrico y se modificó completamente la Farmacia.
Recién a mediados de julio, un mes después de las denuncias, el fiscal Raúl Garzón se decidió a allanar el nosocomio. Pero la escena del crimen, ya había sido alterada. ¿Por qué allanó Garzón? Gracias al testimonio del ingeniero Francisco Luperi, presentado por La Voz del Interior como el gran héroe que permitió descubrir el accionar de una asesina serial.
Luperi no es el salvador de nada, ni de nadie; sólo contó a Garzón lo que quiso, porque no es ni fue testigo directo, sino que el testimonio sirvió para proteger a su esposa, la médica anestesista Virginia Zamora. Quién en vez de contarle a él como una charla de sobremesa acerca de sus sospechas, debería haber informado a sus superiores.
¿Por qué la prensa tomó por cierto el testimonio de Luperi, que declaró el 4 de julio y no el de la médica y el policía que denunciaron un mes antes dos casos fatales y dos con lesiones? Otra construcción mediática de las tantas armadas para esmerilar a Brenda Agüero y presentarla como una heredera de Salem.
Otro dato que no pasó desapercibido para los defensores de Brenda y de los directivos del Neonatal: no hubo reconstrucción de los hechos, ni reconocimiento del lugar de los hechos por parte de los jueces ni de los jurados del Cámara Séptima del Crimen. ¿Los jurados sabrán que durante el lapso en que ocurrieron los 13 casos hubo en el hospital de la avenida Cardeñosa muchas más gente que la enfermera Brenda Agüero? ¿Sabrán las dimensiones y qué es el Centro Obstérico?
Cámaras que no filman.
En el Hospital Materno Neonatal, como en otras dependencias públicas hay cámaras de seguridad. El análisis de los registros fílmicos podría haber aportado información para determinar cómo y cuando comenzaron a descompensarse los bebés.
Pero el fiscal Raúl Garzón no incorporó ni una sola secuencia o fotograma de esas cámaras. Las versiones al respecto fueron dos: una que las cámaras no funcionaban y sólo estaban colocadas para amedrentar. Y la otra que en julio de 2022, cuando Garzón llega a la causa por el testimonio de Luperi, se encuentra que por el paso del tiempo ya no se podía obtener el material registrado, porque había sido borrado.
Si desde junio, luego de la denuncia de los cuatro casos, las autoridades del Ministerio de Salud iniciaron una investigación interna, una de las medidas debería haber sido analizar las cámaras. Pero no se hizo.
Un Pacto de silencio.
Lo dijeron las madres de los bebés. Lo dijo la propia Brenda Agüero. Eran dos causas judiciales: la de la enfermera y la de los 10 directivos y funcionarios. Luego del alegato del fiscal, Vanessa Cáceres, mamá de Francisco, apuntó: “Nadie se salió del libreto. Hay un bloque que no permite que se sepa qué encubrieron o por qué no denunciaron a tiempo”.
¿Nadie se dio cuenta de que las muertes y lesiones ocurridas entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022 eran hechos anormales? ¿O se dieron cuenta y encubrieron para evitar responsabilidades mediatas? ¿Ninguna autoridad tomó en serio la denuncia de la médica y el policía que trabajaban en el Neonatal, y sí tomaron por cierta la denuncia de un ingeniero ajeno a la cotidianeidad del hospital?
Durante la etapa de instrucción trascendieron testimonios del ex ministro Cardozo con la ex directora Asís y con una periodista radial, donde daba cuenta que sí estaba al tanto de lo sucedido, como así también de la no criminalidad de los actos que terminaron en la muerte de algunos de los bebés, sino de consecuencias “naturales” de patologías y comportamientos, como así también de mala praxis profesional. Sin embargo, el ex ministro calló y al finalizar su última palabra cargó los cañones con la posibilidad de estar ante un hecho criminal que terminó con la vida de cinco recién nacidos. Ese silencio terminó operando para su absolución.-
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