Radiografía de la provincia de José Manuel de la Sota, pre-candidato a presidente. Del boom sojero al boom inmobiliario.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

Ejercer la banca presidencial es el sueño eterno del gobernador. La megalomanía no es un límite mientras se tengan los recursos necesarios. La provincia que ejerció su gobernación, desde hace dieciséis años, es el trampolín que piensa utilizar llegar a la Casa Rosada.

El modelo de José Manuel de la Sota, realizada en Córdoba, sin duda alguna también se pondría en práctica a nivel nacional, en caso de que ponga su trasero en la silla de Rivadavia. En muchos casos, no dista de la realidad argentina. Algunos de sus características han sido producto del panorama nacional. En otras, tendrá sus particularidades. Pero en definitiva, son los propios datos que le encuentran un sentido y precisión a su modelo.

A partir del arribo del paquete transgénico de Monsanto en 1996, con la siembra directa, la soja transgénica y el glifosato por detrás, Córdoba cambiaría su rumbo junto con el resto de las provincias. Esta Córdoba gobernada entre 1996 y 2015 es la república que hoy se rige en el territorio urbano y rural, cuyo líder propone que sea tomado como ejemplo a escala nacional.

Llegada de la soja

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura de la Nación, con datos suministrados por la Dirección Nacional de Información Agrícola y Forestal, durante el período 1998-1999, el país producía alrededor de unas 20 millones de toneladas de soja, mientras que en la provincia de Córdoba era de 5,2 millones: es decir, un 28% del total nacional, con unos rindes de 2.445kg/ha y 2.140/ha respectivamente. Pero al poco tiempo, a penas asumiera De la Sota como gobernador, los rindes sojeros superaron el promedio nacional. En 2014, se estimó una producción anual de 54 millones para el país (rindes de 2.774 kg/ha), mientras que en Córdoba fue de casi 15 millones (rindes de 3.004 kg/ha).

El gobierno delasotista duplicó la cantidad de hectáreas sembradas por soja: del año 1998 en el que había 2,5 millones de hectáreas pasó a arribar el año pasado a más de 5 millones de hectáreas.

De hecho, en el año 2014, el Producto Bruto Geográfico de la provincia saltó en un año de 191.612 a 248.323 millones de pesos a precios corrientes. Es decir, un incremento del 29,6%. Junto con el resto de las actividades agropecuarias, se acumularon 40.206 dentro del PBG del 2014. En el 2013, eran de 26.962, un incremento del 33%.

Las localidades que concentran más hectáreas de soja son Marcos Juárez (595.000), Unión (540.000) y Río Cuarto (510.000). Estos tres, según la campaña 2012-2013, son las únicas que alcanzan superar la barrera del millón de toneladas de soja producidas. Suman la mitad de toda la producción sojera de la provincia.

Sin actualización de los valores de tierra

A pesar de ser la economía de mayor crecimiento en la provincia, el campo ha conseguido beneficios tributarios en la historia del delasotismo.

En los últimos trece años, el gobierno delasotista jamás llamó a los jurys de valuación de parcelas rurales y, por ende, el campo paga el impuesto inmobiliario rural con un valor desactualizado. A tal punto que se trata de un cálculo anterior a las devaluaciones padecidas por la moneda nacional y el incremento de la divisas.

En noviembre de 2012, el propio gobernador De la Sota reconoció públicamente que estaba incumpliendo con la ley. Fue durante una comunicación telefónica para la radio Cadena 3, luego de que la Sociedad Rural de Jesús María publicara un comunicado exigiendo la baja del impuesto inmobiliario rural. Esta fue la respuesta del gobernador: “Si están tan disconformes, voy a cumplir con la ley. Llamo al jury, determinamos el valor de los campos, que hace 13 años que no se determina, y van a tener que pagar un 600 por ciento más. No hay gobernador que cuide al campo más que yo”.

La única orden de revaluar las parcelas fue decreta en septiembre de 2002, cuando el gobierno provincial cedió ante los pedidos de la Dirección de Catastro de realizar el revaluo, ya que los últimos jurys datan de los años 1992 y 1993. Es así que se emite el decreto 1.452, bajo la firma de Juan Schiaretti como gobernador provisorio. Sin embargo, en el año 2005, en plenas elecciones legislativas, Unión por Córdoba aprueba, por mayoría automática de la Legislatura, la Ley 9.255 que suspendió por tres años la convocatoria a los jurys.

Desde entonces, jamás se volvió a convocar los jurys, aún superando los tres años.

Según los números que manejó el licenciado economista José Abraham, en el año 2005 el campo contribuía con el 7% de la recaudación tributaria, mientras que en el 2009 se redujo en un 5,3%.

“El hecho de que los aportes rurales en su conjunto experimentaran una tasa de crecimiento menor que el total de lo efectivamente recaudado por la Provincia hizo que las contribuciones de este sector sean cada vez menores en términos de participación porcentual”, señala Abraham.

Agrotóxicos

Según estimaciones de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, se rocían en la provincia de Córdoba en promedio 50 millones de litros de glifosato por año, que es el mayor herbicida utilizado. Se dispersan en los cultivos de soja y maíz. La dispersión de los agroquímicos han sido polemizados a partir del surgimiento de distintos problemas de salud, en zonas aledañas a los campos.

El caso de Barrio Ituzaingó Anexo comenzó en el año 2001, donde sus habitantes habían denunciado un incremento notable de casos de cáncer, como así también abortos espontáneos y niños con malformaciones. Los casos llevaron al banquillo en 2012 a dos productores sojeros y un aero-aplicador, quienes dos de ellos fueron declarados culpables sin prisión efectiva. En estos momentos, se espera la causa madre para precisar posibles nexos entre los casos de cáncer del barrio con la aplicación de agroquímicos.

Hoy en día se calcula que hay una veintena de localidades cordobesas que han aplicado sus propios resguardos ambientales, alejando aplicación de agroquímicos, incluyendo el último caso que es Monte Maíz.

La Universidad Nacional de Río Cuarto ha hecho distintas investigaciones acerca del impacto que generan los plaguicidas con el material genético. “Se ha evidenciado la capacidad de glifosato de producir alteraciones genéticas a través de una variedad de ensayos en los que se han hallado resultados positivos”, señala Fernando Mañas, de la UNRC, a partir de análisis hechas principalmente a habitantes de Marcos Juárez.

Según el famoso “Informe sobre cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2009”, presentada en 2014 y realizada por la Fundación Oncológica con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, las más altas tasas de mortalidad por cáncer se concentran en la pampa húmeda. Estos son Marcos Juárez (229,8), Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4), San Justo (216,8), Río Cuarto (201,3) y, más por el norte, Sobremonte (201,3).

Este año, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC-OMS), declaró como probable cancerígeno al glifosato y el 2-4-D como posible cancerígeno.

Hasta el día de hoy, no hubo ningún funcionario de José Manuel de la Sota que reconociera una posible relación entre la aplicación de agroquímicos y el impacto contra la salud.

Deforestación

Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SADyS), entre el período 1998 y 2006, gran parte manejada por la administración de De la Sota, se padeció la mayor tasa de deforestación de todo el país. Se han registrado tasas de desmonte del 6,5% anual para la cuenca de Quilino (periodo 1997-2007) y del 7,7% para la cuenca del río Los Sauces (período 2000-2007).

Según un trabajo realizado por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), de la Dirección de Bosques del SADyS, Córdoba fue la provincia con mayor tasa de deforestación en el período 1998-2002, con un índice negativo de 2,93% anual. Situación peor que la que padeció el Amazonas durante ese período.

Los últimos rastros de bosque nativo que tiene la provincia equivale al 5% de lo que había hace cien años. De ese número, el 3,8% se distribuye en la región norteña del Chaco Occidental, un 0,6% de la región Chaco Oriental, y menos del 0,15% de la denominada región Espinal, en el centro de la provincia. Mientras que la región sudeste de la Pampa Húmeda, la presencia de bosque nativo es prácticamente nula.

Para la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, Córdoba deforestó 122.798 hectáreas de bosque nativo en el periodo 1998-2002, mientras que en el período 2002-2006 fue de 93.930 aproximadamente.

Es decir, que en las dos primeras gestiones de De la Sota se deforestaron 217.000 hectáreas de bosque nativo, casi 10% de todo el territorio nacional y una pérdida del 2,55%.

Hay más: según la Secretaría de Ambiente, en Córdoba se desmontaron 68.176 hectáreas de bosque nativo en el período 2007-2011. Prácticamente, el tiempo que gobernó por primera vez Juan Schiaretti, con una pérdida del 1,16%. Mientras que en el periodo que va de 2011 a 2013 es de 5.048 hectáreas desmontadas (-0,30).

Según la UMERF, en pleno período de gestión del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, se desmontaron, hasta el año 2013, 8.982 hectáreas de bosque nativo, de los cuales 6.048 estaban en zona roja. El departamento más devastado es Pocho (1.604), seguido por Sobremonte (1.088), Río Seco (1.053) y Colón (962).

Para el período 2012-2015 (hasta marzo), realizando los cálculos que ofrecen los número publicados por la ONG Guyra, entidad que revisa imágenes satelitales del Gran Chaco, se obtiene un resultado de alrededor de 15.208 hectáreas desmontadas en Córdoba. Mientras que para la Policía Ambiental de Córdoba, entre septiembre de 2014 y abril de 2015 se desmontaron 6.439 hectáreas.

Ley de Bosques

A partir de que se sanciona la Ley Nacional de Bosques Nativos (2007), la Secretaría de Ambiente de Córdoba anuncia la creación de una comisión para redactar una Ley de Bosques provincial, acorde con la nacional, donde participaron organizaciones y especialistas universitarios.

Luego de dos años de discusiones, se presentó el proyecto en la Legislatura. A último momento, el cuerpo jurídico cambió. La ley de provincial Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (Nro. 9814) fue aprobada el 5 de agosto del año 2010 a las 2 de la madrugada. Un día después, De la Sota firma su promulgación.

“Lamentablemente, el texto que se aprobó tiene un sesgo ruralista”, reconoció públicamente el legislador delasotista Marcelo Falo, presidente de la Comisión de Ecología. En el texto, se eliminó la protección de la pendiente en 5%, en referencia a los bosques de la zona serrana, y se agregó que los bosques en zona roja podían ser objeto de “aprovechamiento sustentable”. En otras palabras: aprovechar su “potencial productivo de bienes ganaderos”, o sea arrasar con el monte para el pastoreo.

Para la ONG Guyra Paraguay, quienes realizan relevamietos satelitales: En la provincia de Córdoba, se ha detectado la mayor cantidad de polígonos de deforestación con ocurrencia en la Zona Roja de Protección de Bosques, suman así 3.045 hectáreas deforestadas para este periodo del año de enero a diciembre del 2012. En la mayoría de los informes mensuales emitidos se han detectado deforestaciones en la zona roja en la Provincia de Córdoba”. En total, se deforestaron 7.961 hectáreas en ese año.

Debido a que estos puntos eran incompatibles con la Ley Nacional, el Estado no entrega los presupuestos respectivos a Córdoba para la preservación de sus bosques. Por ese motivo, De la Sota envío en agosto de 2013 el decreto Nro. 1.331, que suspende el término de “aprovechamiento sustentable”. Pero extrañamente tardó diez meses para que se publique en el Boletín Oficial, en agosto de 2013.

Inundaciones

La problemática de las inundaciones, que padece la provincia, acarrea una doble naturaleza con una misma génesis, en particular las ocurridas en febrero de 2015.

Por un lado, en la región de las Sierras Chicas, la expansión de la mancha urbana levantó un tobogán de cemento que, fruto del desarrollismo inmobiliario, impermeabilizó los suelos de las localidad que desbordó los arroyos. “Las inundaciones pluviales tienen su génesis no porque los conductos quedaron chicos. No porque las alcantarillas quedaron pequeñas. Es en la aprobación de loteos. Es en la concepción de las urbanizaciones”, fue lo que declaró Juan Carlos Bertoni, docente de la UNC, mientras dictaba la exposición de cierre de la Primera Jornada sobre Cambio Climático, organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. A pesar de eso, las autoridades delasotistas negaron rotundamente esta relación y redujeron el problema a una cuestión climatológica.

Por el otro lado, las hojas de la soja impiden la llegada del agua a los subsuelos, volviéndola impermeable. Esto llevó al caso extremo del pueblo de Idiazábal. Ubicada en el departamento de Unión y rodeada de campos de soja, las plantaciones evitaron que el agua de las tormentas no llegaran al suelo y forjó una completa inundación del pueblo, a tal punto que se padeció el éxodo total de su población. Idiazábal estuvo sumergida prácticamente una semana.

Expulsiones de campesinos

La expansión del negocio agrícola ha llevado incluso a diferentes conflictos sociales sobre la disputa de las tierras. En particular, contra habitantes que ejercen la actividad campesina como subsistencia de vida.

En 2013, el Estado Nacional presentó el Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores de familiares en la Argentina, sobre datos recolectados del 2011. Según el informe, de carácter no estadístico, se registraron 69 casos de conflictos por tierra en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Abarca un 8,10% de todos los conflictos del país. En total, son 119.974 hectáreas donde conviven 1.077 familias.

El caso más emblemático es el proceso padecido por la campesina Ramona Bustamente, quien vive en el paraje Las Marvillas, cerca de Sebastián Elcano. En el año 2003, fue expulsada de su vivienda por parte de los hermanos empresarios Scaramuzza.

En 2004, la familia Olivera padeció el desalojo empresario en paraje La Penca.

En el departamento de Río Seco, en la zona La Rinconada, se encuentras las tierras usurpadas por el empresario René Fritzler. Se trata de un caso que comenzó desde 2005. En ese entonces, el adinerado se apoderó del campo El Quebrachito, de los campesinos Amancio Angulo y Alberto Blas Marconi.

El campo La Libertad, de Ischilín, permanece veinte años de disputa por la posesión de las tierras, cuya titularidad a pasado de una mano tras otra, e incluso de parte de reconocidas entidades financieras. En noviembre de 2014, se remató la tierra por parte de la justicia, con un destino incierto. En esas 9.000 hectáreas conviven cincuenta familias dedicadas a la actividad campesina.

En 2013, la justicia reconoció la posesión de dos mil hectáreas por parte de ocho familias campesinas, en la comuna El Chacho, en la localidad de Minas. A su vez, la campesina Lidia Ozán consiguió su titularidad en el paraje San Antonio en la localidad de Cruz del Eje, luego de la usurpación de tierras llevadas a cabo por el empresario Bautista Balduzzi.

Toma de tierras

Mientras distintos casos de despojo de tierras se viven en el campo, en la región periurbana de la ciudad de Córdoba se concentra los mayores índices de judicialización, fruto de la decisión de tomas de tierras, forjadas por familias que no logran acceder a una vivienda digna. Algunos de estos casos han padecido aprietes de parte de la policía y la justicia. Se mencionan los casos de tomas de Cuesta Blanca, Piedra Blanca, Juárez Celman, entre otros.

Según un relevamiento del colectivo de académicos Llano en Llamas, Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales en la Provincia de Córdoba, en lo que va del período abril de 2013 y junio de 2014, el 80% de activistas procesados y judicializados están ligadas al reclamo por las tierras: se eleva a 97% si hablamos solo de los que tienen causa judicial en su contra.

La toma de tierra es una acción directa que muestra el carácter extremo de lo que significa la falta de acceso a la vivienda digna en Córdoba, a pesar del crecimiento económico, sojero e inmobiliario de la provincia.

Desarrollo inmobiliario

A finales del año 2001, distintos beneficiarios de la renta agropecuaria extrajeron sus ganancias de los bancos, para evitar caer en manos de los planes económicos del “corralito”. Esta decisión llevó a que los dueños de estos fondos de ahorro e inversión tuvieran un giro hacia el sector inmobiliario, como un modo de preservar su caudal de activos.

La necesidad de preservar las ganancias, por parte de los productores agropecuarios de la soja, acrecentó la demanda del negocio de la construcción. Es así que el “boom sojero” impulsó el llamado “boom inmobiliario”.

Durante el período 1993-2013, mientras la soja llevaba al campo a la tasa de crecimiento exponencial más elevada del resto de las actividades -un 17% a precios corrientes-, la construcción le siguió por detrás en segundo lugar: 15,2%.

De hecho, según un estudio de la firma Edisur, difundida en distintos medios de comunicación, la ciudad de Córdoba lideró el mercado inmobiliario nacional en el año 2010. El 20% de los espacios acaparados para el trabajo de la construcción se desarrollaba en la ciudad capital.

Aclaremos que el concepto de hogar alude a un grupo de personas que conviven entre sí, mientras que la definición de vivienda refiere a la estructura física que contiene al hogar.

Según el Censo nacional 2010, hay en la provincia de Córdoba 1.031.843 hogares. Según un informe realizado por el colectivo de investigación académica Llano en Llamas, Toma de tierras en la provincia de Córdoba, que desentraña los números del censo, el 48% de los hogares padecen algún problema habitacional. Es decir: 493.599 de los hogares. Ese porcentaje se distribuye por el hacinamiento crítico (3%), por vivienda deficitaria (10%) y por el hecho de que los que integran el hogar no son dueños de la vivienda ni de los terrenos (35%).

Es decir: hay 14.021 hogares que viven adentro de viviendas con condiciones deficitarias. Pero a la vez, según el censo, hay 253.658 viviendas que están vacías; un 20,6% del total de viviendas que hay en la provincia.

El censo 2008, realizado por la propia provincia, reconoce que del año 2001 al año mencionado, el hacinamiento se ha ido incrementando. De 33.875 hogares que estuvieron hacinadas en 2001, se elevó a 39.803 en 2008.

A su vez, según el Censo 2008, la cantidad de viviendas desocupadas es de 235.252. O sea: 21,18%.

En materia de viviendas desocupadas, el departamento de Calamuchita es el más crítico: un 39,4% de sus viviendas están vacías. Quienes lo siguen son los departamentos de Punilla (34,1%), Pocho (32,8%), San Alberto (32,2%) y Minas (31,2%). Es decir, que la región norte y noroeste de la provincia de Córdoba concentra la región de tasas de viviendas vacías y del desmonte, mientras el resto cosecha con pala los dólares de la soja se acomoda en el sudeste.

De 2001 a 2010, el peso relativo de propietarios de tierras y viviendas se redujo de un 67,5% a un 65,1%. Mientras que el inquilinato subió de 15,8% a un 21,4% en tan solo nueve años. Es decir, cada vez hay menos personas que tienen acceso a la tierra, mientras que hay más personas que tienen que alquilar. Hay que decir que la tercera parte de los departamentos que hay hoy en día se construyeron durante el delasotismo.

Reconfiguración de la ciudad

La investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UNC, Cecilia Mengo, establece que la ciudad de Córdoba padece un doble proceso: por un lado, la “suburbanización” -es decir, el traslado de habitantes hacia los márgenes del ejido urbano, haciendo decrecer la densidad habitacional del centro-; y por otro lado: la “segregación” –los que se asientan en determinados lugares, tienen características socioeconómicas similares entre sí, con lo cual la población pierde su mixtura social-.

Si bien esta es una característica que se remonta en décadas pasadas, la gestión de De la Sota los terminó agudizando.

En el año 2003, con un saldo de 190 villas en la ciudad de Córdoba, el gobierno emprendió el Programa “Mi Casa, Mi Vida”, para la construcción de los famosos doce “barrio-ciudad”, que se instalarían en las zonas periféricas de la ciudad. El financiamiento se logró mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, con una cifra de 215 millones de dólares.

Se construyeron 6.000 viviendas, distribuidas de la siguiente manera: Ciudad Sol Naciente (638 viviendas), Ciudad Evita (574), Ciudad Ampliación Cabildo (570), Ciudad de mis Sueños (565), Ciudad Obispo Angelelli (564), Ciudad de los Cuartetos (480), Ciudad Ampliación Ferreyra (460), Ciudad Juan Pablo II (429), Ciudad de los Niños (412), Ciudad Mi Esperanza (380), Ciudad Parque de las Rosas-Matienzo (312) y Ciudad Villa Retiro (264). Fueron trasladados en total 28.000 familias.

Según un trabajo realizado por los geógrafos Claudio Tecco y Estela Valdés, de la UNC, la población con mayor nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y con niveles de escolaridad por parte de los jefes de hogar menor o igual a los siete años, están instalados en las periferias de la ciudad de Córdoba.

A su vez, los investigadores seleccionaron cuatro áreas con alta segregación de pobreza (NBI igual o superior al 20%), ubicadas en distintos puntos cardinales. Luego, superpusieron la ubicación de los doce barrios-ciudad, instalados en la periferia. Se observa que los doce nuevos asentamientos, construidos con los dólares del BID, están ubicados en los lugares con mayores índices de segregación social.

“Desde esferas gubernamentales se sostiene que el precio del suelo es una variable determinante para que ello suceda, por cuanto otras localizaciones alternativas modificarían sustancialmente la estructura de costos –señalan Tecco y Valdés-. Dicho en otros términos, el precio del suelo es más bajo en las zonas no urbanizadas o en las que ya viven pobres, motivo por el cual se trasladan pobres a las zonas en donde ya los hay”.

En febrero de 2013, el diario La Voz del Interior realizó un relevamiento de los precios lotes en la ciudad. Luego comparó los precios de aquel entonces con las que estaban vigentes en noviembre de 2007. La conclusión: el valor de los terrenos dentro del anillo de Circunvalación creció alrededor de un 50%; algunos llegando al 70% e incluso al 100%. “Según los datos de mercado, los mayores incrementos se registraron en las zonas con menor oferta de tierra”, señala el periodista Diego Dávila. Nueva Córdoba es el barrio con la tierra más cara: tuvo un aumento de entre 82 y 87%. Y no tiene lugar para construir casas. Eso lleva a que las tierras sean ocupadas a determinados emprendimientos comerciales y/o recreativos-turísticos.

Asentamientos informales

El hacinamiento es un problema que se va concentrando en los llamados asentamientos informales. Según un relevamiento nacional de la ONG TECHO, realizado en el primer semestre de 2013, la provincia de Córdoba tiene 210 asentamientos informales, donde viven 28.600 familias. De esos asentamientos, 134 estás instaladas en ciudad capital (casi 64%), seguido por Río Cuarto (12%). Se estima que el 3,9% de la población provincial viven es esos asentamientos; se eleva a 7,9% si se toma solo la capital. Si hablamos de familias, se concentran más en capital (21.300) y en segundo lugar, en el departamento Colón (2.400), seguido de Río Cuarto (1.260).

El informe resalta que, por mediana, hay 52 familias por asentamiento informal cordobés. Sin embargo, los márgenes que son abismales. Se han encontrado siete asentamientos en la provincia donde conviven ocho familias. Pero también esta el caso del barrio Nuestro Hogar III de la capital, que según los propios vecinos es habitado por 1.200 familias.

A su vez, el 19% de los asentamientos informales cordobeses –es decir: la quinta parte- surgieron del período delasotista de 2004-2013.

Y finalmente: el 48,8% de los asentamientos tienen conexiones eléctricas irregulares. De la eliminación de excreciones, 76,3% lo hacen cavando su propio pozo ciego (es el segundo territorio en proporción en todo el país, seguida por la capital de Misiones por 89%) y solamente un asentamiento en toda la provincia (0,5%), que es el barrio Obras Sanitarias, lo hace por cloacas (la más baja del país). En conexión de agua, 93,2% no tienen agua corriente. 95,2% utilizan garrafas para calentarse y el 77,4% no tiene ni una sola calle con asfalto.

Para concluir, la primera década del siglo 21 ha sido el período de mayor crecimiento de familias en los asentamientos. Antes de 1980 fue del 9%, en la década del ochenta subió al 13%, durante el menemismo saltó al 16% y con el delasotismo; un salto ornamental del 62%.

La República

En este gran desierto verde y en estas grandes ciudades de edificios vacíos, la República cordobesa se cimienta en una sociedad fragmentada, inaceptable de sí misma de poseer su propia mixtura. Ese rechazo llegó a su punto de ebullición durante los saqueos del 3 y 4 de diciembre de 2013.

El modelo productivo es la leña de un fuego que configura los espacios de la provincia, en donde para mantener su status quo recurre a las fuerzas de la violencia represiva y la persecución judicial cuando todo aquel que interfiera en el proceso.

La República es la república de “El Hombre”. Pero como así se encuentra ésta realidad, también ésta República aparece en otras provincias. En otras repúblicas. Y a pesar de que “El Hombre” no contará con suficientes votos como para llegar a las elecciones presidenciales de octubre, las otras alternativas no parecen quedar disgustadas con sus proezas. Por la simple razón de que sus respectivas repúblicas han sido muy parecidas.

Para estas elecciones, “El Hombre” perecerá. Pero su República se quedará con el trono.

http://ecoscordoba.com.ar/la-republica-de-el-hombre/

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