Conocido en el mundo tuitero por desearles a los bonaerenses “inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil” por no votar como él quiere, Lucas Salim, empresario de la firma PROACO en sociedad con la todopoderosa IRSA de Eduardo Elsztain, amenaza judicialmente al centro vecinal de barrio Parque Chacabuco. Son vecinos que vienen reclamando y denunciando hace años la construcción de dos mega edificios conocidos como ‘Proyecto DUO-Distrito Córdoba Shopping‘, un emprendimiento que transgrede las normas urbanísticas y carece de estudio de impacto ambiental.
El proyecto consiste en dos torres de 14 pisos, completamente vidriadas, en pleno barrio residencial. La inversión inicial rondaría los 50 millones de dólares y la construcción se realizó sin estudios de impacto ambiental, social ni urbanístico. El impacto en el sector es crítico: se trata de una zona habitada por familias y geriátricos, que hoy sufre un sistema de cloacas colapsado, inundaciones recurrentes durante febrero y marzo, y un tránsito saturado en horas pico.
La Pata Radical
El arquitecto y ex docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, Arquímedes Federico, focaliza toda la gravedad del caso en los desastres que causan los convenios urbanísticos. Se trata de acuerdos entre el Estado —en este caso la Municipalidad de Córdoba— y un privado (generalmente gigantes inmobiliarios) para habilitar, modificar o flexibilizar normas urbanas.
A cambio de una contraprestación que en la mayoría es obscenamente inferior al beneficio que obtiene el privado con esa modificación, o incluso la ‘mejora’ termina siendo solo para el entorno directo del proyecto. En ambos escenarios, un negocio ventajoso para las empresas, que se apropian para sí de la denominada “plusvalía urbana”.
También, María Beatriz Valencia, una arquitecta y urbanista de Córdoba integrante de la Red “Nuestra Córdoba” ya fallecida, supo criticar duramente el uso y abuso de los convenios urbanísticos en la ciudad de Córdoba, por considerar que la planificación y decisión acerca de dónde se construía era del desarrollista y no del Estado.
En el caso del barrio residencial de Villa Cabrera – Parque Chacabuco, la ordenanza 8.256 establecía que la altura máxima de edificación era de 10,50 mts, equivalente a planta baja y dos pisos. Sin embargo, en diciembre del año 2018, durante el último tramo de la gestión del ex intendente radical Ramón Javier Mestre, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó un polémico convenio urbanístico que habilitó a la UTE IRSA-PROACO a la construcción de dos torres de 14 pisos y oficinas en el predio del shopping de Villa Cabrera que es propiedad de IRSA.
De esta manera, donde se podían hacer tres pisos, la empresa de Elsztain y su socio Salim, que todo el día tuitea contra la “corrupción K”, en exclusiva fueron autorizados a edificar 14 pisos. Un 300% más de lo que permite la ordenanza urbana. Edificios que ya se están construyendo.
A cambio de este enorme beneficio que le dio el intendente Mestre a IRSA y a PROACO de millones de dólares, en el convenio, las empresas desarrollistas se comprometieron a edificar… ¡dos dispensarios en barrios populares! Casi una burla.
“Hacen un doble negocio porque tienen a toda una población cautiva arriba en las torres y abajo todo el consumo con el shopping Córdoba al que tendrán acceso directo mediante un ascensor. Un negocio redondo. Win- win para Eduardo Elsztain” graficó Arquímedes Federico.
En relación a las contraprestaciones (los dos dispensarios) estos son de costos infinitamente menores respecto a los beneficios económicos que recibirán IRSA y PROACO con la edificación de torres. Son una suerte de “coima que se convierte en canon para la Municipalidad, le dieron carácter legal a la coima” disparó el arquitecto.
Finalmente, el profesional también detalla que el drama de los edificios en altura propuestos en barrios residenciales, también consiste en que éstos producen sombra, no favorecen al desarrollo verde en los barrios, e inhiben a las viviendas la posibilidad de instalar generadores eléctricos que se alimenten con el sol.
Faustinelli & Cia.
En el convenio de Mestre con IRSA, aprobado por el Concejo Deliberante, los dispensarios en contraprestación tenían que estar ubicados, según lo determinaron los concejales, en Villa Cornú y Ampliación Vicor. Pero en él “se olvidaron” de algo muy elemental: realizar el estudio de impacto ambiental que implica el proyecto DUO, a pesar de los requerimientos de los propios vecinos que hace décadas habitan en Villa Cabrera y Parque Chacabuco.
María Isabel Palacios, una de las tantas vecinas de Villa Cabrera que vienen denunciando los atropellos de IRSA y PROACO, explicó: “Mestre decretó dar vía libre, porque nos comentaron que el impacto ambiental no daba bien en la zona, entonces decretó la construcción en altura, aún sin realizar formalmente y públicamente dicho estudio”. Por esta razón, desde los centros vecinales de Parque Chacabuco y vecinos autoconvocados de Villa Cabrera, decidieron convocar al abogado Alfonso Buteler para solicitar pedidos de informe a distintos estamentos municipales y provinciales.
En una falta total de compromiso con el ciudadano que paga los impuestos, ninguno de estos pedidos al municipio y la provincia, fueron respondidos a los vecinos de Villa Cabrera y Parque Chacabuco. Y para colmo, en el interín, el abogado Buteler de la “sagrada familia” judicial, a pesar que tenía todos los elementos para litigar, no tuvo la presencia y contundencia que ameritaba denunciar este laberinto de la burocracia estatal.
Sin embargo, la autora de esta nota junto con Stripteasedelpoder.com, pudieron descubrir el porqué de este abandono y silencio burocrático. Y por qué ningún funcionario del gobierno de Mestre respondió nada.
Resulta que el ingeniero civil Gustavo Vanoli y sus hijos, Jeremías Vanoli Faustinelli y Lucas Vanoli Faustinelli, son hasta el día de la fecha “responsables profesionales” de IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. Y a la vez, su esposa, Gabriela Faustinelli, era nada más ni nada menos que asesora personal de Mestre en tema ambiental (2015-2019) cuando se aprobó el polémico convenio autorizando la trasgresión a la norma que regulan la altura.
Previo a ello, la Gabi había sido desde el 2011 al 2015 ¡Secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba! Secretaría que nunca reclamó el Estudio de Impacto Ambiental a IRSA-PROACO. Un proyecto que habría sido barajado desde el 2010. Según datos de La Voz, Faustinelli cobraba $87.900 en 2015 en la gestión de Mestre, un sueldo que ajustado por inflación, hoy superaría cómodamente los 12 millones de pesos, (después se preguntan por qué a la rosca nadie la quiere soltar).
¿Se entiende por qué los empresarios del ladrillo pudieron avasallar todo con total impunidad?
En otras palabras: en el proyecto DUO de Elsztain y Salim trabajan el marido y los hijos de la ex funcionaria municipal, Gabriela Faustinelli, quien era la principal responsable de revisar dicho proyecto y el convenio urbanístico. Una irregularidad o presunto hecho de corrupción, de una familia vinculada estrechamente al radicalismo, que en el desarrollo urbanístico de IRSA-PROACO en Villa Cabrera, operó a ambos lados del mostrador.
Y qué si algún fiscal independiente si los hay, investiga a fondo, este conflicto de intereses podría derivar en un escándalo de proporciones y frenar definitivamente las obras en curso.
Pero las relaciones de los Faustinelli-Vanoli con lo más alto del poder de Córdoba no se detuvo allí. El hermano de la ex Secretaria de Ambiente de Mestre, Hipólito Faustinelli, en el momento en que se aprobó el convenio era Director de Vialidad de la Provincia en el gobierno del cordobesista Juan Schiaretti. Cargo que ocupa hasta el día de la fecha con la gestión de Martín Llaryora de Hacemos por Córdoba, según el archivo que existe sobre su currículum en Google. O sea, mientras Gabriela Faustinelli, esposa de Vanoli, empleado de IRSA, estaba en la municipalidad con el radicalismo, su hermano Hipólito estaba en la provincia con los pejotistas. Es decir, están en los tres lados del mostrador.
Para quienes no lo conocen, en su largo y sinuoso currículum, Hipólito “Poli” Faustinelli -de pura sangre radical- aparece siempre ligado a la obra pública. Fue secretario de Obras Públicas en las localidades de Villa del Rosario y Río Segundo (ciudad en donde además fue elegido intendente en dos periodos) y participó en la intervención de la provincia de Corrientes de la mano de Oscar Aguad.
Donde se desempeñó como presidente del Instituto Provincial de Viviendas y presidente de Vialidad Provincial en el año 2000, llegando a ser Ministro de Obras Públicas y Servicios en el año 2001. Además, en su paso como diputado nacional desde 2009 hasta 2013 eligió- para sorpresa de nadie- ser presidente de la Comisión de Viviendas en la Cámara de Diputados de la Nación.
¿Qué tendrá de tentadora la industria del cemento para la familia Faustinelli? Vecinos de la ciudad de Río Segundo señalan que el ex intendente sigue teniendo empresas “fantasmas” que realizan la obra pública de los intendentes de Hacemos por Córdoba. Como es el caso del actual intendente, Darío Chesta, que llegó gracias a sus indicaciones y armado político.
A modo de resumen podemos decir que el desarrollismo inmobiliario como el de IRSA y PROACO se nutre, fortalece y posibilita gracias a la inexistente discriminación política o sea la famosa casta. Sean radicales o pejotistas, todos votan a favor de los peces gordos. ¿Le brindará algún servicio a IRSA-PROACO en el proyecto DUO?
Lo concreto es que uno de los encargados de poner la firma para poner en marcha las torres de IRSA- PROACO en el shopping de Villa Cabrera fueron nada más ni nada menos que Vanoli y Asociados, directamente vinculados a los Faustinelli. Esta consultora es conocida también por realizar los estudios de impacto ambiental en otras obras muy cuestionadas en la provincia de Córdoba, como la nueva traza del Camino del Cuadrado, el country El Terrón de Mendiolaza de Manuel Tagle y el nuevísimo parque acuático Infinito Water Park cuya crítica publicó este portal.
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IRSA y PROACO amenazan a los vecinos que reclaman el estudio ambiental
Tras la tibia actuación del abogado Buteler, después de muchos años de lucha, una vecina de barrio Parque Chacabuco que vive sobre la calle Tuyutí, detrás del shopping de IRSA, pudo obtener una medida cautelar por los problemas de contaminación sonora emanados de los equipos de climatización del centro comercial, donde se están construyendo las torres.
Según un informe técnico elaborado por el doctor e ingeniero civil Marcos A. Montoro, surge que: “existe una evidente contaminación por ruido en la vivienda estudiada. Esta contaminación por ruido afecta la funcionalidad y habitabilidad de la misma, por cuanto para mitigar los efectos de la contaminación sonora se requiere mantener los ambientes de manera permanente con puertas y ventanas cerradas”.
Además, el informe sostiene que “los incrementos de niveles sonoros determinados superan los límites indicados por la ordenanza 12.208”. Por esta demanda, el Poder Judicial ordenó a las empresas IRSA y CENCOSUD a que “en el plazo de 30 días deberían arbitrar los medios necesarios para adecuar las emisiones sonoras de los equipos de ventilación/aire acondicionados ubicados en calle Tuyutí”. Siendo esto un buen precedente respecto al conflicto que los demás vecinos tienen con la firma IRSA-PROACO por los daños que surgen de la erección de las torres.
Este fallo fue un envión, para que vecinos de Villa Cabrera y Parque Chacabuco iniciaran reclamos en las calles del barrio, con pancartas, fotos y videos contra las torres de IRSA. Reclamo que fueron difundidos en las redes sociales con el usuario “Vecinos.VillaCabrera”.
Como respuesta a la visibilidad que cobró el reclamo, Salim, sabiendo quizás que todo su convenio urbanístico DUO lleno de irregularidades, está prendido con alfileres, absurdamente intimó judicialmente, al centro vecinal de Parque Chacabuco y “toda persona humana” para hacer cesar de manera inmediata cualquier pedido de “recurso de amparo ambiental” u otra acción judicial que se quiera hacer respecto al emprendimiento de IRSA-PROACO.
Textualmente la curiosa intimación, con la torpe intención de intimidar, decía: “INTIMO al Centro Vecinal de Parque Chacabuco y a toda persona humana que adhiera, participe o colabore en la promoción de un eventual recurso de amparo ambiental o cualquier otra acción judicial en contra de PROACO SOCIEDAD ANÓNIMA, a cesar en forma inmediata con la intención de llevar a cabo tales acciones” dice textualmente el escrito enviado por Salim “ BAJO APERCIBIMIENTO de iniciar las acciones legales pertinentes”.
Sus amenazas dejaron expuesta donde yace la gran preocupación del dueño de PROACO socio de IRSA: en el estudio de impacto ambiental que nunca se efectuó. En donde estaba metida Gabriela Fustinelli, asesora y ex secretaria de ambiente de Mestre, esposa del empleado de PROACO Gustavo Vanoli.
A pesar de estas amenazas de Elsztain y Salim, los vecinos de Parque Chacabuco y Villa Cabrera no se rindieron, y decidieron confrontar con la compañía. Y junto a otros 14 centros vecinales declararon como “persona no grata” a Lucas Salim “por sus prácticas intimidatorias, su conducta pública reiterada y su accionar contrario al respeto por la vida comunitaria y a la convivencia democrática, haciéndolo responsable eventual principal de cualquier daño o perjuicio que pudiera recaer sobre la persona o los bienes de los vecinos que, en ejercicio legítimo de sus derechos, se organizan para limitar el avance depredador del poder concentrado inmobiliario”.
Por la polémica desatada, existen versiones que señalan que el actual intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, estaría dispuesto a tomar cartas en el asunto, para impulsar la elaboración de un informe de impacto ambiental “en silencio”. Informe que debería haberse hecho 10 años atrás. Pero, del dicho al hecho…
Cabe recalcar que Salim y PROACO en enero de 2024 estuvieron en el tapete. Fue cuando otros de sus convenios urbanísticos en la avenida Vélez Sarsfield, “Pocito Social Life”, sufrió un grave percance. Cuyo nombre que oscila entre el sarcasmo y la crueldad, porque en ese lugar antes existió un asentamiento conocido como “Villa El Pocito” cuyos habitantes fueron trasladados a las denominadas “ciudades satélites”, eufemismo de guetos, para disponer sus terrenos a la especulación inmobiliaria.
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Concretamente, haciendo honor a su nombre, se produjo un estrepitoso socavón en dicha avenida, al ceder el muro colado para la construcción del subsuelo, lo que ocasionó que el asfalto se hundiera tras una intensa lluvia. Fiel a su estilo, Salim tuvo que dar odiosas explicaciones públicas y fue señalado -una vez más- por las sobre exigencias que efectuaba a sus empleados.
En una ciudad donde el poder político impulsa la densificación urbana aun cuando existen aproximadamente 57 mil viviendas vacías y cientos de personas durmiendo en las calles; donde nadie puede explicar la existencia de departamentos cuyo valor se estima en 400 mil dólares, pero que en los cedulones municipales figuran como baldíos; donde el uso del suelo parece quedar a discreción de gigantes como IRSA o PROACO; y donde los concejales votan ordenanzas en contra de los vecinos para favorecer los megas negocios de los empresarios del ladrillo, parece que son los propios vecinos de los barrios, como los de Villa Cabrera y Parque Chacabuco, quienes deben hacer respetar su derecho a vivir dignamente.-
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