A pesar del “viva la libertad, carajo”, Argentina tuvo un fuerte retroceso en la libertad de prensa, bajando en el ranking de países con mayores garantías para la labor periodística, pasando del puesto 40 al 66 en sólo un año. Son 26 puestos de diferencia que, por lo que se puede decir que hubo una macro “devaluación” del 65% de esa libertad, como si hubiera una sintonía con la delicada estabilidad macroeconómica que vive su población.
Así lo señala el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la organización internacional que denuncia los ataques al periodismo en el mundo. La razón principal es acorde a lo que está ocurriendo en el mundo: los palos que imponen funcionarios públicos y administraciones públicas en distintos países:
“Un número creciente de gobiernos y autoridades políticas fallan en su papel de garantizar un marco ejemplar para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la ciudadanía a una información fiable, independiente y plural. RSF observa un deterioro preocupante del apoyo y el respeto a la autonomía de los medios, así como un aumento de las presiones que ejercen los Estados u otros actores políticos sobre ellos”.
Según su directora editorial, Anne Bocandé, más de la mitad de la población mundial está habilitada a participar de un sufragio electoral. Y aún así, los “Estados y las fuerzas políticas, independientemente de su orientación, desempeñan un papel cada vez menor en la protección de la libertad de prensa. Este desentendimiento se acompaña, en ocasiones, de un cuestionamiento del papel de los periodistas, o incluso de la instrumentalización de los medios en campañas de acoso o desinformación”.
Los ataques en Gaza como punto nodal del retroceso global
En el informe global, a partir de relevamientos de los hechos ocurridos durante el año 2023, hubo una “ausencia manifiesta de voluntad política” de que se apliquen los principios de protección a los periodistas, como las que estipula la resolución 2.222, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El ejemplo más palpable son los ataques bélicos en la franja de Gaza, comandadas por Israel, que “ha supuesto un número sin precedentes de ataques contra periodistas y medios desde octubre de 2023: más de 100 reporteros palestinos han sido asesinados por el ejército israelí, de los cuales al menos 22 se encontraban en el ejercicio de sus funciones”.
Por esa razón, Palestina está ubicada en el puesto 157, dentro del total de países de la lista, que son 180. Sin embargo, el reporte no se le escapa lo que ocurre en el territorio con mayor extensión que es Cisjordania, donde “los periodistas ya eran víctimas de atropellos por partida doble, tanto por parte de la Autoridad Palestina como de las fuerzas de ocupación israelíes, pero desde el 7 de octubre [del 2023] la presión israelí se ha intensificado, con un aumento de las detenciones y de las trabas al ejercicio del periodismo”.
Lo curioso es que Israel se ubica en el puesto 101 sobre 180. Es decir, estaría dentro de la mitad de los peores países en materia de libre expresión, a pesar de las proclamas de ser tildado como un emblema de la democracia y la libertad occidental. Para RSF, el “panorama mediático israelí se ha visto afectado por la formación de un nuevo gobierno, a finales de 2022, dirigido por una corriente política conservadora”. De hecho, recientemente el gobierno de Benjamín Netanyahu ordenó cerrar los estudios del canal televisivo Al Jazeera en su territorio, siendo prácticamente el último medio de esta naturaleza que realizaba coberturas en suelos atacados.
“Desde el comienzo de la guerra en Gaza, desencadenada por el ejército israelí el 7 de octubre de 2023 tras el ataque mortífero de Hamás, más de cien periodistas han muerto en seis meses a manos del ejército israelí en el enclave palestino, al tiempo que en Israel ha aumentado la presión sobre los periodistas. Las campañas de desinformación y las leyes liberticidas se han multiplicado en el país”, denuncia la organización.
En cuanto a su principal socio, Estados Unidos, RSF sostiene que tuvo un fuerte incremento de ataques a la prensa en el año 2020, época de la cuarentena global. Después de eso, “han disminuido significativamente, aunque sigue habiendo importantes obstáculos estructurales, en un país considerado antaño un modelo de libertad de expresión”.
Esto se debe a que el mapa mediático estadounidense “está muy concentrado” y “muchas de las empresas” obtendrían “beneficios en detrimento del periodismo de interés público”. También advierten que “las informaciones locales se han reducido considerablemente a lo largo de los últimos años” y que ha crecido “los medios partidistas” y que “la confianza de la ciudadanía en la prensa ha caído peligrosamente”.
Los peores descensos
La siguiente tabla expone a los países que estarían en el top de los que tuvieron los peores retrocesos de la libertad de prensa, según RSF. En ella se detalla la Puntuación Global, y como se compone promediando la Puntuación Política, Económica, Legal, Social, y en Seguridad. Y se consigna la diferencia de la Puntuación Global respecto la del informe del año anterior, en este caso 2023, para medir la envergadura de la “devaluación” a esa libertad. Como podemos ver, Argentina encaja dentro de los principales países, de una lista total de 180, que ha caído notablemente.
Bután, la ínsula situada en el Himalaya, fue la tuvo el peor retroceso en libertad de prensa. Es uno de los últimos países de haber habilitado la televisión e internet en todo el mundo, y los pocos medios que tiene están bajo las órdenes del gobierno de turno. Situación parecida a la de Togo. En el medio está Lesoto, que en 2023 fue noticia por el asesinato de un periodista de investigación. Las tres naciones bajaron más de 40 puestos del ranking.
Luego le siguen de Andorra, Malasia, y Papúa Nueva Guinea (por efectos de la concentración mediática privada, el control estatal, o el déficit de recursos para ejercerlo). Le sigue Ecuador, por efecto de la violencia narco que ha tomado estado público notorio el año pasado. Seguido por Burkina Faso, una nación inestable fruto de dos golpes de Estado ocurridos en el 2022.
Así llegamos a Argentina, con su retroceso de 26 puestos, que lo aproxima a los 28 de Burkina Faso, y sus dos golpes de Estado, y por encima de Georgia, que se caracteriza por las “injerencias de las autoridades”, en un contexto “hostil para los medios independientes y cercanos a la oposición”, y con “agresiones verbales y físicas contra los periodistas, e intentos de aprobar leyes destinadas a marginar a estos medios y a reducir el espacio de la libertad de expresión”, según Reporteros Sin Fronteras.
Incluso, como se puede ver, con sus 26 puntos de pérdida Argentina y Georgia, están al mismo es nivel que Afganistán. Y más arriba que Mongolia, Líbano, Kosovo, Niger, y El Salvador.
¿Qué pasa con Argentina?
La explicación de por qué en nuestro país tuvo un retroceso notorio de la libertad prensa que da RSF es la siguiente:
“La alta concentración y la opacidad de la propiedad de los medios, la polarización, la ausencia de políticas públicas para garantizar la pluralidad, así como la precarización del ejercicio del periodismo constituyen las principales amenazas a la libertad de prensa en Argentina. Todo ello abona el terreno para las presiones por parte del gobierno y las empresas a través de la publicidad privada y estatal, y del uso partidista de medios públicos nacionales, provinciales y municipales. La llegada al poder de Javier Milei, abiertamente hostil con la prensa, marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país”.
El párrafo antecesor sintetiza las problemáticas de largo, mediano y corto plazo. RSF apunta a que nuestro país tiene “leyes de inspiración liberal, aunque el ejercicio de la pluralidad se ve condicionado por déficits en las políticas públicas y por una elevada concentración”.
También denuncia que la “influencia en todos los mercados de medios del grupo Clarín, principal actor de la industria del sector, es muy acentuada”. Y menciona el peso que tienen el grupo La Nación, Telefe, e Infobae. Sobre la realidad federal, sostienen que hay provincias donde “la libre expresión se ve más condicionada por la connivencia de poderes económicos y políticos, lo cual potencia las amenazas”. Además, recalcan que el cierre de la agencia de noticias Télam “supone un duro golpe para el derecho a la información”.
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La cuestión de la concentración y la opacidad propietaria se pretendió resolver con la Ley de Medios Audiovisuales, cuya aplicación fue frenada por largos amparos judiciales, luego con la derogación de la ley por parte de Mauricio Macri en lo atinente a la concentración de los medios, y ahora con la “motosierra” de Javier Milei.
“Los medios más poderosos pertenecen a un reducido grupo de conglomerados, con vínculos en las empresas de telecomunicaciones y del petróleo. Entre 2015 y 2019, casi todas las normas anti concentración y destinadas a limitar los conflictos de intereses fueron anuladas”, dice el informe de RSF.
Tal es así qué en el indicador específico de lo legislativo, es decir, la ligada a las normas y leyes, vemos que pasamos del puesto 2 al 37, un enorme retroceso. El freno del mismo se le suma a las escasas herramientas políticas actuales para lograr una mayor pluralidad de voces.
La polarización, conocida como “grieta”, también ha sido marcada en los debates: “En las últimas décadas, la confrontación política ha tenido un reflejo directo en el sector de los medios, con un empobrecimiento de la calidad de análisis e información. El fomento del odio y la violencia encuentra eco en medios de diversas tendencias. Las cuestiones sociales, económicas y políticas delicadas se mantienen fuera del debate público, y la agenda mediática está muy concentrada en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires”, advierte RSF.
La infaltable pauta oficial, como también la publicidad de empresas privadas, llevó a que Argentina se convirtiera en un ejemplo bastante evidente a nivel global: “El Estado, a través de la publicidad, las exenciones fiscales y la concesión de contratos, juega un papel opaco. Los organismos de defensa de las audiencias y control del mercado de las telecomunicaciones son altamente dependientes del poder político de turno. El sector de los medios está debilitado por la grave crisis económica que se ha agudizado en Argentina”.
Acerca de la flamante gestión de Milei, el informe advierte que este gobierno “alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política. Sus partidarios lo difunden ampliamente”. A la organización no se le escapa su “intención de cerrar o privatizar los medios de comunicación públicos y de dejar de financiar a los medios comunitarios, unas medidas que empobrecerían el ecosistema informativo”.
Por último: “La polarización política y el ascenso de una fuerza ultra, como la del presidente Milei, han exacerbado la intolerancia y la violencia virtual o real, a menudo con el apoyo de la policía”. Si bien Argentina no se caracteriza por encarcelar y torturar periodistas, sí se señala que “los reporteros están expuestos a ser blanco de intimidaciones por parte organizaciones delictivas (narcotráfico, trata de personas, mafias de policiales, etc) y de la violencia policial cuando cubren manifestaciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suele apoyar a las fuerzas de seguridad sospechosas de cometer abusos contra manifestantes y periodistas”.
Una de las primeras medidas que tomó el presidente Milei, fue la de cancelar la pauta oficial en forma indiscriminada, para el año en curso. Aduciendo “la mentira, la difamación, la calumnia” ejercida por alguna prensa contra el gobierno. Pero más allá de los abusos cometidos por ella, eso es lo mismo que tirar el bebe junto con el agua sucia de la bañera, al haber ella fomentado la aparición de medios alternativos.
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Pero como un sucedáneo de ello, el grupo Clarín tenía una compra en curso de libros escolares por $ 9.600 millones, para finalmente en medio de las tensiones con ese grupo mediático, decidió anular totalmente dicha compra, a la que también habían concurrido otras editoras. A ello se sumó el traspaso de la administración de la pauta oficial, a la secretaría General de la Presidencia, a cargo de “El Jefe” según la llama el presidente Milei, o sea su hermana Karina Milei.
Quedando de esta manera el manejo de ella en manos de su dependiente, Manuel Adorni, encargado de la subsecretaría de Vocería Presidencial y Comunicación. Quien, si en algo se distingue, es por su intolerancia a la crítica por parte de la prensa. Habiendo sido además desde su inicio y mediante las redes sociales, uno de los creadores del fenómeno Javier Milei.
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Todo esto lleva al pronóstico qué en el próximo informe, donde se analizará un 2024 caracterizado por un año completo de la gestión presidencial de La Libertad Avanza, Argentina tendría un puesto incluso más abajo de lo que hoy ostenta.
Los mejores y los peores
Como se dijo, Reporteros Sin Fronteras utiliza un Puntaje Global para cada país, que se obtiene mediante el promedio de cinco indicadores. Las mediciones del año 2024, en comparación con las del año pasado, advierte que el que más empeoró es el indicador de lo político, referido al rol que tienen las fuerzas políticas y gubernamentales de cercenar a la prensa.
Quien se mantiene en el mejor puesto es Noruega. Se lo destaca por tener “un marco jurídico sólido”, un “dinámico” mercado de medios, con un “asentado” servicio público de radiodifusión, y un sector privado “diversificado y compuesto por empresas que garantizan la independencia editorial”.
Irlanda no estaría en su mejor momento. Está en el puesto 8, a pesar que tuvo posiciones más elevadas, debido a que “algunos partidos políticos han intimidado judicialmente a medios de comunicación”. De hecho, los irlandeses tenían anteriormente la medalla de plata, y ahora fue arrebatada por Dinamarca, a la que destacan por su capacidad de despertar interés público con el periodismo de investigación tradicional.
Tercero se encuentra Suecia, que “es el primer país del mundo en adoptar una ley para la libertad de prensa”, según el reporte. Lo destacan por “su especial apego a la independencia de los medios. Sin embargo, este clima favorable no evita que los periodistas sean objeto de amenazas, campañas de odio en Internet o procedimientos judiciales abusivos”.
Como contraposición a la realidad nórdica, tenemos que los países con los peores lugares en materia de libertad de prensa, según RSF, son Afganistán, que fue ocupada por EEUU; Siria, que padece una interminable guerra civil por EEUU e Israel; y Eritrea. En la región afgana, se debe por la “llegada al poder de los talibanes” que “supuso una sentencia de muerte para la libertad de prensa”.
Desde hace una década, en el país sirio “los periodistas tienen vetado el acceso a áreas enteras del territorio”. Mientras que Eritrea, en el último lugar, tiene como presidente a Issaias Afeworki, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Estos dos últimos países se han transformado en zonas sin ley para los medios, con un número récord de periodistas detenidos, desaparecidos o secuestrados. Para RSF, China, Vietnam y Corea del Norte también han sufrido un fuerte desplome de su indicador político.
Los cinco indicadores
En el indicador Político, RSF “evalúa el grado de apoyo y respeto a la autonomía de los medios frente a las presiones políticas del Estado o de otros actores políticos de la sociedad”. Según RSF los tres países que figuran en el top de los mejores resultados para la libertad de prensa para este indicador son Noruega, Dinamarca y Portugal.
A Portugal se lo distingue por “informar sin restricciones, aunque se enfrentan a desafíos económicos, jurídicos y en materia de seguridad”. Los tres peores, Turkmenistán, Vietnam, y Eritrea, son considerados como países con regímenes cerrados, donde incluso las cárceles vietnamitas serían uno de los que más alojan a periodistas y blogueros.
En lo Económico, RSF “evalúa las limitaciones económicas vinculadas con políticas gubernamentales, agentes no estatales (anunciantes y patrocinadores) y propietarios de los medios de comunicación”. En los tres primeros lugares aparecen Noruega, Suecia y Países Bajos.
En este último se resalta el asesinato en 2021 del periodista Peter R. de Vries, cuya conmoción ha hecho que la sociedad valore la libre expresión, como así también la reacción de las “autoridades que han desarrollado un sofisticado sistema de protección de la prensa”. Los peores posicionados son Eritrea, Azerbaiyán -cuyo presidente, Ilham Aliyev, “ha destruido cualquier tipo de pluralismo” y “libra una guerra despiadada contra las últimas voces críticas”– y Turkmenistán.
El tercer indicador, el Legal, “evalúa el entorno jurídico y legislativo en el que trabajan los periodistas (nivel de censura, capacidad de proteger a las fuentes, impunidad de la violencia contra los periodistas)”. Los tres mejores posicionados son Suecia, Noruega y Dinamarca. Mientras que los peores son Eritrea, Afganistán, y Cuba, considerando a este último como “el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa”.
El indicador Sociopolítico “evalúa el impacto de los condicionantes y presiones culturales y sociales (género, clase, etnia o religión) que entorpecen el libre ejercicio del periodismo o conducen a la autocensura”. En el top tres aparecen Noruega, Estonia y Portugal; pero sobre el segundo, RSF aclara que estonios y estonias “se enfrentan al riesgo de autocensura por las leyes contra la difamación y el ciberacoso”. Los tres peores son Corea del Norte, ya que “ejerce un control férreo de la información y prohíbe estrictamente el periodismo independiente”, y Afganistán y Turkmenistán.
Finalmente, el quinto y último, el indicador de Seguridad, “evalúa la capacidad de concebir, recabar y difundir información periodística sin riesgo de sufrir daños físicos o psicológicos, o perjuicios profesionales”. Los mejores posicionados son los más novedosos: Luxemburgo, Liechtenstein y Samoa.
Según RSF: “El sector de los medios de comunicación luxemburgueses se está redefiniendo tras la votación, en 2021, de un nuevo sistema de ayudas a la prensa. En principio, los medios gozan de una verdadera libertad de funcionamiento, pero la proximidad de los intereses de los periodistas al poder político y económico limita su libertad de expresión”.
Sobre Liechtenstein, tiene “pocos medios nacionales” por tener una población reducida, pero “puede beneficiarse de los programas de los países vecinos para mantenerse informada”. Mientras que en el archipiélago de Samoa, a pesar de su reputación, recibe “presiones autoritarias del ex primer ministro”. En cuanto a los tres peores son los ya conocidos Eritrea, Afganistán y Siria.-
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