Milei contra la Justicia Social y a favor de la mercadocracia

Mi Ley, dice Javier Milei, es dolarizar y botar a la basura la justicia social. Y los sesudos doctores de la City y la Justicia, discurren si es constitucional o no la dolarización. Pero nada dicen respecto la justicia social, que claramente esta estampada, mal que le pese a Milei, en el artículo 14 bis […]

Milei Justicia Social Mercadocracia

Mi Ley, dice Javier Milei, es dolarizar y botar a la basura la justicia social. Y los sesudos doctores de la City y la Justicia, discurren si es constitucional o no la dolarización. Pero nada dicen respecto la justicia social, que claramente esta estampada, mal que le pese a Milei, en el artículo 14 bis de la constitución, que se empeña en repugnar. A la par que, paradojalmente, cosecha los votos en los sectores mas rezagados de la sociedad.  Seguidamente Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal, abogado constitucionalista, y periodista de opinión, en sendas notas refuta a Milei al respecto, por incumplir la ley y querer instalar un trasnochado darwinismo social.

Ver La loca dolarización de Milei imitada por Bullrich que hará volar todo por los aires

Javier Milei en contra de la Justicia Social

El 13 de agosto de este año 2023 Javier Milei, al ganar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.) en su discurso triunfal gritando dijo: “Estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvidan de que alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima aberración es la justicia social, pero se olvidan de que es injusto que la paguen solo algunos.

Aún más, Milei también había sostenido, respecto del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que “es la idea de la justicia social materializada en un artículo” y por ello, dicha norma es “parte del cáncer argentino”, razón por la cual haría todo lo posible por declararla nula, en caso de acceder a la presidencia.

El artículo 14 bis establece que: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable… jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

El artículo anterior fue complementado por la reforma constitucional de 1994, cuando determinó que el Congreso Nacional debe: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”, (art. 75, inc. 23).

También hay que recordar que, desde la misma perspectiva negativa de la justicia social, ya en junio de 2022, el actual vicepresidente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz, en la Universidad de Chile había sostenido que: “Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho.

Tanto Milei como Rosenkrantz se han referido, evidentemente, en contra de una de las valiosas frases históricas que pronunció Eva Perón y que implican el eje de una búsqueda de igualdad y justicia para todas las personas y está contemplada en la normas constitucionales antes referidas.

Ellos, en su inaceptable postura, que no respeta contenidos básicos de nuestra constitución nacional, tampoco hablaron de la verdadera injusticia que se da cuando se exige pagar deudas públicas ilegítimas de naturaleza usuraria, injusta, odiosa e írrita que de ninguna manera pueden significar un derecho a respetar sin cuestionar y menos, como pasa con la deuda externa, que nos condiciona y perjudica gravemente, y que solo benefició a los pocos que se quedaron con el dinero, pero la pagamos todos/as.

Ver Para qué sirve la deuda externa (I) para impedir la autodeterminación de los pueblos

Esa deuda es la que verdaderamente nos somete y es la base del actual desequilibrio fiscal y económico de la Argentina impuesta, además, con requerimientos indebidos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ver Los responsables de la Deuda pública externa y Fuga de divisas según el INDEC

Además, hay que reparar, que los especuladores y beneficiados de esa injusticia, a los que no se los da a conocer nunca su nombre, son los sectores que hicieron un golpe de estado financiero el 14 de agosto de este año, al otro día de las P.A.S.O., con una suba injustificada del dólar y obligaron a adoptar, una vez más, políticas de ajustes y pagos, que atacan directamente a la Argentina toda y su futuro.

La postura contra la justicia social asumida por Milei y Rosenkrantz, en definitiva, implica una manera de garantizar a los supuestos acreedores de las deudas financieras ilegítimas y usurarias el pago de sus requerimientos, por sobre el derecho humano a la justicia social, no obstante, el grave sufrimiento que ello implique para nuestro pueblo todo. También en ello nos obligan a condicionar y entregar nuestras riquezas naturales, incluso, por ejemplo, como sucede en la explotación del litio a cualquier precio, en contra de derechos de los pueblos indígenas y de normas ambientales fundamentales.

Ver El escandaloso saqueo del litio en Argentina

Hay que evitar que triunfe el ideal del esclavista de colonizar la mente de los que tiene sometidos para que ellos piensen, actúen y defiendan los intereses de su amo. Al punto tal que, para nuestra preocupación, en esa colonización de la conciencia, el ensayista e investigador Pablo Semán ha llegado a sostener hace poco, que: “Creo que la idea de justicia social ya no significa nada para muchísima gente de las clases populares”.

La Justicia Social implica la necesidad que se luche con firmeza contra las causas de la pobreza; contra la falta de tierra, techo y trabajo; contra quienes niegan derechos sociales y laborales esenciales; contra la especulación financiera insaciable y contra la cultura que lleva, desde una lógica de consumo y rentabilidad, a hacer un uso utilitario de las personas atacando su dignidad.

La Asamblea General de Naciones Unidas el 26 de noviembre de 2007 proclamó el 20 de febrero de cada año el “Día Mundial de la Justicia Social”.

A su vez, el 10 de junio de 2008, en la “Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa”, se afirmó que: “La justicia social busca un equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad, pero para ello es necesario garantizar educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además, fortalecer la seguridad y certeza jurídica”.

Debemos defender la justicia social como una de los logros esenciales de nuestra sociedad consagrados al servicio del bien común.

No a la Democracia de Mercado

Asistimos a la construcción de una realidad, en la que se busca que mande, en gran medida, la lógica comercial y financiera del llamado “mercado”, por sobre un abrazo leal y fraterno en humanidad.

Asimismo, la llamada “sociedad de control” tiene en el aspecto tecnológico-comunicacional el centro del denominado “biopoder”, en el que el poder es direccionado a condicionar y mandar sobre la vida y modo de pensar de las personas y las sociedades. La propia vida se ha transformado ahora en un objeto del poder, para que éste logre comandar efectivamente la misma, con lógicas de consumo. Y, sin educación adecuada en su debido uso y con juicio crítico meditado, las nuevas tecnologías de la comunicación, sus algoritmos y la inteligencia artificial, pueden conducir a verdaderos colonialismos o neocolonialismos mentales virtuales al servicio del mercado.

A su vez, el “mercado” es un concepto anónimo y oscuro que decide, pero no asume responsabilidades directas específicas y resulta diluido en un concepto amplio en el que, casi nunca, se dice quienes lo manejan. Además, en muchos casos, éstos no tienen patria y sus domicilios sociales y fiscales están en paraísos, para pagar menos impuestos. Esos sectores, son los que se benefician con grandes ganancias y los que, si les conviene, producen los llamados “golpes de mercado” aumentando el valor del dólar o generando una inflación ficticia. Sin embargo, esas movidas de intereses cancerígenos para la sociedad, se las presenta como determinantes y necesarias a tener en cuenta y respetar, por sobre derechos y necesidades sociales a cuidar en justicia.

Ahora, desde la perspectiva mencionada, ciertas propuestas políticas neoliberales, como las de Javier Milei y Patricia Bullrich, nos quieren hacen creer que nuestra realidad institucional debe manejarse como un “Democracia de Mercado”. En dicho objetivo se propone una libertad absoluta del capital y de sus movimientos y una apertura irrestricta de nuestras fronteras al comercio internacional y a la explotación de nuestras riquezas, sin importar que en ello se destruya nuestra industria nacional o se contamine nuestro ecosistema.

En sus propuestas se quiere que el Estado deje en manos del mercado lo poco que le queda de poder soberano. El mercado, también se dice, debe regular ámbitos sociales básicos, como la educación, la salud, el trabajo, la previsión social (jubilaciones y pensiones) e incluso se propone privatizar hasta un recurso básico como es el agua. Todo eso, por sobre los mandatos constitucionales y las leyes que se opongan al accionar o necesidades del mercado, sin importar que de esa manera se empobrezca, precarice o destruya cualquier intento de justicia social.

Aranguren y el aumento indebido del gas

En el aspecto antes señalado, cabe recordar que, como abogado, representando a las Pequeñas y Medianas empresas (APYME) interpuse un amparo colectivo, en contra de los aumentos desmedido del valor del gas efectuados en el año 2016, que traían gravísimos perjuicios a la producción, el comercio y a la población en general.

Fundé la postura, entre otros argumentos, en la circunstancia que el Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, designado por presidente Mauricio Macri, estaba inhabilitado para dictar las resoluciones del enorme aumento del precio del gas, ya que dicho accionar violaba lo que dispone la ley 25.188 de Ética Pública.

Esta norma establece que todo funcionario debe “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años”, (art. 15, inc. “b”). Aranguren había sido gerente (CEO) de la empresa Shell Argentina hasta poco antes de asumir y dicha empresa es la que, desde 1914, explota y comercializa gas en el país. Así y conforme a lo dispuesto por la referida ley, dicho funcionario no podía resolver los aumentos dispuestos y sus resoluciones eran nulas de nulidad absoluta (art. 17).

El planteo se ganó en primera instancia en el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, pero el Estado Nacional, atento la norma estorbaba los objetivos de Macri, al apelar la medida judicial de primera instancia, sostuvo que las limitaciones de la Ley de Ética Pública, no deben aplicarse “en cuanto establecen límites para que el Estado pueda sumar a sus filas a profesionales empresarios de la actividad privada que son los más preparados como Aranguren” e instó a los jueces a no acatar dicha norma. La Cámara Federal de Córdoba obedeció y rechazó el amparo y todo el pueblo tuvo que soportar aumentos desmedidos y nulos de la energía, que favorecieron a sectores como a la empresa Shell Argentina.

Sin embargo, Macri dijo que, de esa forma, se lograba “el mejor equipo de gobierno en los últimos 50 años”. La realidad demostró, que dicho gobierno nos hundió, condicionó y endeudó gravemente como país, con grandes deudas externas, incluso algunas de hasta por 100 años.

Desde esa perspectiva de mercado lo que estorba no se cumple y ahora en ese razonamiento, Milei sostiene que seremos más libres, por ejemplo, eliminando o no respetando la Justicia Social como lo que dispone el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Norma que ordena, entre otros aspectos, la tutela de la protección del trabajo y asegura dignidad en la labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas y retribución justa; la protección integral de la familia; gozar de una jubilación y tantos otros aspectos esenciales a cuidar en materia de derechos humanos.

No a la “mercadocracia”

La lógica del mercado produce relaciones económicas desiguales y en el mercado a los individuos se los considera meros espectadores a convencer, pero no sujetos con derechos a garantizar desde la dignidad humana. En este papel asignado, sólo implica la consideración de su capacidad adquisitiva para usar, consumir o comprar.

Además, en este contexto, el gobierno en la Democracia termina funcionando como un ámbito que, en definitiva, se ocupa, principalmente, de dar seguridad al capital y al mercado. Detrás de los fines referidos, al mercado se lo transforma en un “Poder”, que maneja las actividades económicas, financieras, comerciales, políticas, educativas y sociales y vuelve a la Democracia, en una verdadera “Mercadocracia”, en la que una minoría con hegemonía económica, financiera y mediática ejerce el poder de hecho, sobre todas las instituciones del Estado.

Todo ello, con la complicidad de grandes medios de difusión y del propio Poder Judicial.

El mercado debe ser controlado por el Estado y las fuerzas sociales, para que se logre garantizar que se satisfagan las exigencias esenciales de las personas y de la nación, en una Democracia que asegure la verdadera soberanía del pueblo.-

Ver Biografía no autorizada de Javier Milei “No vengo a guiar corderos. Vengo a despertar leones”

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