El comendador del litio antiaborigen Morales fue derrotado electoralmente en Jujuy

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales, que fue elegido por el precandidato Horacio Rodríguez Larreta para “endurecer” su formula y competir con la halcón Patricia Bulrrich, recibió una paliza electoral en su propio terruño. Solo lo votaron el 17 % de los electores jujeños, o sea solo 1 cada 6 de ellos.

Y a la candidata Bullrich que pretendían emular, solo la votaron el 4,1 % de los electores, menos que los votos en blanco y anulados, que fue un 4,4 % del padrón. Por su parte a Javier Milei lo votaron el 29 % de los electores, o sea 2 de cada 7 jujeños, mientras que a Unión por la Patria solo lo hizo 1 cada 7 electores, el 15 % del padrón.

En el siguiente gráfico con el color amarillo, se puede apreciar el alicaído resultado que tuvo la candidatura del fiero gobernador Morales en su terruño, al punto de no haber triunfado en ninguno de sus departamentos. Abrumado por el No voto con blancos y anulados incluidos, de las columnas rojas.

Y por las columnas violetas de Javier Milei, que triunfo en casi todos los departamentos, excepto en Santa Bárbara, Santa Catalina y Valle Grande, donde lo hizo Unión por la Patria. La derrota fue de una dimensión tal qué en dos departamentos, Cochinoca y Humahuaca, fue superado por el Frente de Izquierda.

El resultado expresa una profunda insatisfacción de la sociedad jujeña, hacia quien mano manu militari impuso una nueva constitución entre gallos y medianoche, sin ninguna participacion popular, y por ello la votación podría considerarse un referedúm en cuanto a ella. Sancionada con el objeto de concentrar el poder en el Poder Ejecutivo, y facilitar la explotación irrestricta del litio por parte de la gran minería. Y ello lo llevó a enfrentarse directamente con los pueblos originarios, que habitan la región donde este oro blanco se encuentra.

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Pero no se trata de las vetas de plata del Cerro Rico o Potosi codiciada por la colonia español, en cuya explotación a lo largo de los siglos se calcula que murieron millones de seres humanos aborígenes o de origen africano. Sino de salmueras, o sea que está de por medio un elemento indispensable para la vida como es el agua.

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En los siguientes dos artículos Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal, abogado constitucionalista y periodista de opinión, expone las peripecias que han sufrido en el pasado los indígenas de Jujuy. Y las actuales que les toca padecer por el obrar del comendador Morales, empeñado en extraer el litio cueste socialmente lo que cueste, como en la época de la conquista española.
Redacción

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Indígenas no respetados en sus derechos en Jujuy

Por Miguel Rodríguez Villafañe

En este agosto, mes de la Pachamama, nos obliga a pensar sobre las reivindicaciones que llevan adelante los pueblos indígenas de Jujuy y su valioso Tercer Malón por la Paz. Éste ha ido a la Ciudad de Buenos Aires, pasando por diversos lugares del país, para pedir por sus derechos y que se derogue la nueva constitución de Jujuy.

Desde siempre las comunidades indígenas han peleado por preservar sus territorios colectivos, con nobleza, sin egoísmos y buscando el respeto al ecosistema, al agua y a su cultura.

Batalla del Abra de la Cruz

En la región de la Puna, cabe recordar un hecho histórico, poco referido. Hace 149 años, el 3 de diciembre de 1874, se dio la batalla del “Abra de la Cruz” o “Combate de Cochinoca”

En dicha ocasión, los indígenas peleaban por la propiedad de sus tierras ancestrales y poder trabajarlas, sin el peso agobiante de las exigencias de terratenientes ilegítimos, que les cobraban altos arrendamientos por cultivarlas; o los obligaban a trabajar para ellos o los expulsaban de las mismas.

Atento a dichas injusticias, los aborígenes puneños de Yavi, Rinconada, Santa Catalina, y Cochinoca se alzaron. No tenían armas de fuego, propias de un ejército de esa época y sólo contaban con boleadoras, hondas hechas de lana de llama, flechas, lanzas y otras armas rústicas.

Ante la postura de los aborígenes de exigir sus derechos, el gobernador José María Álvarez Prado ofreció batalla en defensa de los intereses de los terratenientes. Los indígenas triunfaron en el combate frente de un batallón de 300 soldados. El comandante Álvarez Prado cayo prisionero, pero no fue ejecutado por sus captores y lo dejaron en libertad.

Batalla de Quera

Luego de la derrota, un año después, Álvarez Prado, como segundo comandante, con aproximadamente 1.100 soldados profesionales, bien equipados, el 4 de enero de 1875, se enfrentó a los indígenas, en la llamada “batalla de Quera”. El combate se libró contra indígenas sin armas adecuadas para el enfrentamiento, en una lucha encarnizada y desigual.

Derrotaron a los indígenas, pero los vencedores, sin la hidalguía de los aborígenes y en una actitud diferente a la de aquellos en la batalla de Abra de la Cruz, capturaron a los jefes indígenas Federico Zurita, Benjamín Gonza y Laureano Saravia Anastasio Inca fueron fusilados en el acto y sus cuerpos puestos en exposición como escarmiento.

Venganza moral a la memoria

Ahora, paradojalmente, el Ministerio de Educación del Gobierno de Jujuy de Gerardo Morales, ha habilitado el funcionamiento de las llamadas academias premilitares. Hay dos, una de ellas con el nombre de “General Álvarez Prado”, que funciona, con sedes en Quiaca, Humahuaca, Tilcara, Perico, San Pedro, San Salvador y Palpalá.

La designación de la academia, en sí misma, constituye una ofensa moral a la memoria activa de los indígenas, ya que fue el comandante que fusiló sin miramiento a sus jefes en la batalla de Quera.

Las academias son pagas y reciben a niños llamados “aspirantes” de 7 a 13 años y otros, en calidad de “cadetes”, de 14 a 23 años, de ambos sexos. Allí, les dan instrucción militar y se les promete facilitarles el ingreso a la Policía provincial como a institutos militares nacionales.

Asimismo, se les hace realizar acciones militares inadecuadas para la edad, sin respetar los valores fundamentales a cuidar, propios de los derechos de los menores. A éstos, a su vez, se les hace cantar consignas en contra de los reclamos indígenas. En una verdadera colonización mental, se los prepara para repudiar las acciones reivindicativas de los pueblos originarios, eliminando en la conciencia de muchos de ellos, sus orígenes y su cultura, y adiestrándolos para luchar contra su propio pueblo.

Reforma inconstitucional

La debida restitución de territorios ancestrales, aún hoy, sigue siendo una deuda impaga para con los pueblos originarios. Sus tierras son ocupadas por empresas multinacionales para extraer minerales, especialmente el litio y/o por manejos del gobierno de Gerardo Morales en la temática, sin respetar debidamente los derechos indígenas.

A lo referido, en la afrenta que implica, se suma el dictado ilegítimo de una reforma parcial de la Constitución de Jujuy, cuestionada en todos sus pasos y modos de sanción. Cabe resaltar, que el gobernador Morales fue el presidente de la Convención constituyente, violando el artículo 131 de la constitución jujeña vigente de 1986, que prohibía al Gobernador ser convencional, por ser “incompatible el cargo con cualquier otra función o empleo público” y el artículo 100, que determina: “los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones” y sin embargo, el gobernador, en varias ocasiones, tomó decisiones como  tal, mientras era convencional; entre otras irregularidades que se dieron. Además, la nueva constitución jujeña viola artículos fundamentales de la Constitución Nacional.

Ver La nueva constitución de Jujuy discrimina a los indígenas
Ver Las profundas inconstitucionalidades de la nueva constitución de Jujuy

Represión ilegal

Ante las legítimas protestas por la ilegal nueva constitución, se llevó a cabo un accionar violento represivo de una policía adiestrada, sin respetar derechos humanos, ni protocolos básicos para el actuar debido.

Los reclamos indígenas y de otras fuerzas sociales que peticionaban por sus derechos, tal el caso de los docentes, fueron atacadas con un uso inadecuado de armas no letales, pero peligrosamente activadas, por ejemplo, balas de gomas disparadas en la cara a poca distancia. Hay varios indígenas heridos y con pérdida de ojos por ello.

Además, hubo policías, sin uniforme, tirando piedras a los manifestantes. Se produjeron muchas detenciones arbitrarias. Incluso, hay pueblos como Tilcara, donde se hizo cortar la luz de noche, para que la policía, en muchos casos en camionetas sin identificar, notificaran citaciones o detuvieran a personas.

Asimismo, algunos médicos se hicieron cómplices y denunciaban a quienes iban al hospital para ser asistidos de heridas o golpes, comunicando a la policía de la situación, como presuntos delincuentes, por presumir que las heridas eran con motivo de los piquetes o enfrentamiento con la policía. Incluso, demorando su atención, cuando la cuestión era urgente cuidado.

Poder judicial permisivo

Mientras tanto se ha dado un Poder Judicial permisivo que toleró, en los hechos, graves violaciones de derechos humanos, cuando se dieron arrestos arbitrarios, vejaciones, apremios, se realizó inteligencia indebida, allanamientos ilegales y detenciones quienes asesoraban legalmente a quienes protestaban, como el caso del abogado Alberto Nallar, que hoy cumple una prisión domiciliaria.

Responsabilidad Federal

Es imprescindible que, a la brevedad, el Poder Ejecutivo nacional envíe abogados a pedir participación en las múltiples causas armadas, para garantizar los derechos de los/as implicados/as. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 28 dispone, que: “cuando se trate de un Estado Federal”, es el gobierno nacional el que debe hacer cumplir todas las disposiciones de la Convención.

Ojalá se escuche a los indígenas, ¡JALLALLA! (palabra quechua-aymara, que une los conceptos de esperanza, celebración y dicha).

Necesarias prontas soluciones para los indígenas norteños

Por Miguel Rodríguez Villafañe

La Argentina firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -Pacto de San José de Costa Rica- y la incorporó con jerarquía constitucional en 1994, (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha sostenido que nuestro país, ha quedado obligado internacionalmente a que todos sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contempla, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional, (Fallos: 319:2411, 3148 y 323:4130). Además, se dejó sentado que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana y su jurisprudencia nos obliga.

Asimismo, la Corte IDH, el 06/02/2020, en el caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina” determinó, que el Estado Argentino no había respetado el derecho de propiedad comunitaria en la Provincia de Salta, de las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete). También estableció en la causa, que “el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos” y, en función del artículo 26 de la Convención rescató, con firmeza, la necesidad de defender “los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural”. En función de las diversas irregularidades señaladas de incumplimiento de la Convención por parte de Argentina, resolvió el tribunal internacional condenarla y ordenó que efectuara “las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas víctimas en el caso”. También indicó las diversas reparaciones y acciones a cargo del país e le impuso pagar las costas y gastos del juicio.

Las referidas situaciones criticadas por la Corte IDH se dan ahora, en gran medida, en lo que están viviendo en la Provincia de Jujuy los indígenas del lugar.

A ello se suma que, con motivo de las protestas que hicieron por la falta de respeto a sus derechos fueron reprimidos arbitrariamente y sometidos a procesos, -judiciales y administrativos contravencionales- a muchos/as de los/as que reclamaban. Al punto tal que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -órgano complementario de la Corte IDH- urgió al Estado argentino que se ocupe de hacer “respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.

Mientras tanto, Corte Suprema nacional en Bs. As., en un acto inaceptable como organismo de una democracia, no recibió para escuchar a los indígenas del Tercer Malón de la Paz, cuando tiene una causa fundamental que les compete, planteada ante dicho tribunal.

Por su parte, el poder legislativo nacional propone crear una comisión para investigar las graves violaciones producidas, pero no hay fecha de concreción de dicha comisión y tampoco tiempo para expedirse. Menos se sabe, ante la comprobación de las graves violaciones, lo que se procederá a hacer por los legisladores. Sin embargo, ya están dadas las condiciones para intervenir a la Provincia de Jujuy, (art. 75, inc. 31 de la Const. Nac.) y no se actúa en consecuencia.

Instaurado el miedo

Mientras tanto, en los hechos, en Jujuy, manda el miedo. Las personas, particularmente los indígenas son amedrentados en verdaderos acosos sicológicos inaceptables. Por ejemplo, frente a la casa de sus dirigentes, les ponen un auto de la policía, sin razón. Obviamente se busca hacer sufrir, miedo e incertidumbre, especialmente, a la familia y a los allegados del dirigente.

En diálogo con AM750, (reproducido por el diario Pág. 12 de fecha 08/08/23), el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla descartó una posible intervención de la provincia “porque no se tienen los números” de legisladores necesarios en el Congreso de la Nación para decidirla, pero llamó a “visibilizar con acciones políticas que hay graves violaciones a los derechos humanos … Vemos como los tres poderes responden linealmente al gobernador y eso es un peligro“. Hizo referencia a los abogados y abogadas que, en su tarea de defender a las comunidades indígenas, terminaron imputados inaceptablemente, por el delito de sedición, como si hubieran estado programando un golpe de estado.

En la entrevista Pietragalla agregó, respecto de las justas quejas de los indígenas y su derecho de peticionar, “No se puede responder con procesamientos de delitos que pueden llevar hasta 20 años de condena. Es un peligro lo que está pasando” en todos lados en la provincia. Sostuvo, además, la importancia de la designación de interventores al frente del Partido Justicialista jujeño, como lo ordenó el Presidente del Partido Nacional Alberto Fernández.

Sin embargo, los interventores que se hicieron cargo, perdonaron a muchos/as de los/as que actuaron convalidando el accionar indebido de Morales. Aún más, Daniel Scioli, importante referente justicialista, en un reportaje efectuado por el periodista Daniel Salas, publicado en el diario El Tribuno, el 05/08/23, respecto de la situación en Jujuy, “remarcó como muy importante lo que Rubén Rivarola plantea en su campaña como precandidato a senador por Unión por la Patria” y agregó:

“Sé del compromiso que Rubén (Rivarola) tiene con la provincia y el país” ¿Cómo? ¿Ahora se felicita al presidente del Partido Justicialista intervenido y se apoya su candidatura a senador nacional por la provincia, cuando una de las razones por las que se justificó intervenir el Partido Justicialista provincial fue la responsabilidad que se asignaba a Rivarola, en mucho de lo que pasó y pasa en Jujuy?

Soluciones concretas pronto

A su vez, más allá de la buena voluntad, lo cierto es que, frente a la oficina abierta por la Secretaría de Derechos Humanos en Jujuy, hay un auto de la policía jujeña registrando todo lo que sucede y por supuesto conociendo quién va a denunciar o entra y sale de dicha oficina. Evidentemente, ello coarta la posibilidad de ir espontáneamente, porque luego no se sabe las represalias directas o indirectas que pueden darse.

El Poder Ejecutivo nacional, responsable ante la comunidad internacional de hacer respetar los pactos de derechos humanos, debería actuar activamente, no quedar a la espera que le digan lo que pasa e ir a inspeccionar las comisarías y las cárceles para ver la situación de los detenidos y también, comparecer en las causas que se les ha abierto y como tercero interesado (art. 28 de la CIDH), analizar si se respetan los derechos humanos en ellas. No se debe esperar, hay que actuar y pronto.

Asimismo, resulta inaceptable que tantos y tantas detenidas, por reclamar sus derechos, sigan con graves procesos judiciales, mientras que, a los responsables directos de las situaciones injustas son felicitados y promocionados como candidato a vicepresidente Gerardo Morales por el partido radical y juntos por el cambio y el a senador nacional Rubén Rivarola por el partido justicialista. Así, la democracia representativa resulta hipócrita con su pueblo.-

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