Por Miguel Rodríguez Villafañe
Si uno consulta a la Inteligencia Artificial de ChatGPT, respecto cuantas “Academias Nacionales de Periodismo” existen en el mundo, solo señala a Argentina, disculpándose de no poder mencionar otras. Y si en el buscador de Google se busca en inglés “National Academy of Journalism”, las únicas respuestas están referidas a Argentina.
Esto confirma la afirmación del periodista Robert Cox, director del Buenos Aires Herald, quien debió exilarse de Argentina durante la dictadura militar, respecto que la argentina Academia de Periodismo era única en todo el mundo. Lo cual para él era un oxímoron, o sea una contradicción, al ser el periodismo desde siempre una profesión esencialmente eclética, lejos de los academicismos.
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No obstante, como se si trataran de célebres paniagudos, cada uno de los integrantes de la academia en cuestión cuenta con una poltrona con el nombre de alguna celebridad del pasado, donde posan sus muy importantes traseros. Con sus gastos soportados por el estado, lo mismo que se le reprocha a quienes se descalifican como choriplaneros.
Cox a su vez manifestó su desprecio por los periodistas de La Nación y Clarín, que hoy controlan dicha academia, porque sabían perfectamente lo que sucedía con los desaparecidos, y se negaban a publicar solicitadas denunciando eso. E incluso se burlaban de cómo eran eliminados, arrojándolos al mar con los vuelos de la muerte. Sin embargo hoy son los mismos que se rasgan sus vestiduras, porque el presidente de Venezuela Nicolás Maduro visita Brasil.
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Subiéndose al pedestal, dicha academia según lo expresa en su portal, considera que el periodismo es el “agente dinámico de la cultura e intérprete y orientador de la opinión pública”. Sin darse cuenta el enorme auto reproche que ello implica, si se considera la degradación cultural que existe en Argentina, tanto de su elite dirigencial como en amplias capas de la población. A lo que se agrega la existencia de la famosa grieta, cultivada diariamente con el “periodismo de guerra” que practican la mayoría de los integrantes de dicha academia, que nos está llevando a ser un país fallido.
También postula que “la práctica del periodismo se realice fundado en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la verdad, de la expresión de un pensamiento ecuánime para juzgar los actos individuales o sociales”. Que es precisamente lo que no se advierte en manera alguna en dicho “periodismo de guerra”.
Pero ahí no acaban las contradicciones, ya que recientemente también se despachó con las Veinte verdades, no peronistas, sino periodísticas. Y en la primera de ellas dice que “El rol del periodismo en la democracia del siglo XXI es… hacer rendir cuentas a todos los poderes”. De esa forma parece excusarse de no haber hecho eso en las dictaduras del siglo pasado, con las que los patrones de la mayoría de esos periodistas que trabajan o trabajaron en Clarín y La Nación, hicieron muy buenos negocios.
Seguidamente en otra “verdad”, afirma que “el periodista debe resguardar su independencia frente a los gobiernos de turno, otros poderes, las empresas privadas, y sus propias audiencias. Cosa que evidentemente no hicieron los muchachos de Clarín y La Nación en el caso del gobierno de Mauricio Macri, al que apoyaron irrestrictamente aun antes de que asumiera. Igual que a otros poderes, como la justicia, y el poder económico y financiero, además de alimentar diariamente el sesgo de sus audiencias.
Luego en otra “verdad”, recomienda “distinguir la información de la opinión, incluso en las redes personales del periodista”. Basta ver el contenido de los artículos y posteos de los integrantes de la academia, para apreciar que la información está 100 % contaminada de opinión. Lo que se aprecia notablemente con los giros verbales y adjetivos empleados, según quien sea él “quien” de la noticia.
También expresa que “La libertad de expresión tiene una limitación de hierro: no incitar al odio ni a la violencia, de modo que deben evitarse las agresiones verbales o escritas.” Lo cual nada se compadece con el “periodismo de guerra” que cultivan acendradamente la mayoría de los integrantes de la lokademia.
Y agrega más adelante, “cuando la información es difundida por personas que no quieren identificarse (“off the record”), el periodista debe aportar datos que ayuden a evaluar esa información, siempre que no pongan en riesgo el compromiso de anonimato”. Sin embargo si algo distingue a la mayoría de los integrantes de esa lokademia, es insertar en su notas largas y demoledoras citas entrecomilladas, no obstante ser de fuentes anónimas, dando muy vagas referencias de quién supuestamente proviene. Cuya enorme abundancia evidencia que se tratarían de citas anónimas autoimaginadas, o conforme el lenguaje de moda, autopercibidas.
Luego en otra “verdad”, afirma que “los errores deben ser corregidos e informados a las audiencias lo más rápido posible”. Cuando esto es lo que precisamente no abunda en estos académicos, que hacen recordar la mofa que hizo Humberto Eco en su último libro -Número Cero- respecto el “desmentidillo del desmentido”, donde dándole vueltas a la cuestión, siguen afirmando lo mismo.
Aprovechando que la doctrina jurídica de la “real malicia” con la que están protegidos, cuya demostración es cuasi imposible, les permite explotar maliciosamente las inexactitudes y errores deliberado. Para escrachar al enemigo que visualizan con su “periodismo de guerra”, confesado públicamente por el finado Julio Blank. Quien reconoció que “es mal periodismo”, pero no obstante subsiste incólume.
En esencia, la Academia de Periodismo, creada durante los dorados años del menemismo con ruido a lata, es otra pata de los muy vastos negocios comunicativos del señor Héctor Magnetto. Lo mismo que ADEPA (Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas), y FOPEA (Foro del Periodismo Argentino). Por ello y todo lo expuesto, Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal, abogado constitucionalista, y periodista de opinión, en un reciente artículo propuso que se le quiten los subsidios oficiales a esa absurda academia, única en el mundo.
Redacción
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Academia Nacional de Periodismo ¿Gasto público necesario?
El 12 de diciembre de 1955, Pedro Eugenio Aramburu dictó el decreto ley 4.362, sobre las Academias Nacionales. En sus fundamentos se sostiene: “en su seno se reúnen los hombres que, tras largos estudios y una valorada obra personal, han adquirido el caudal de una experiencia decantada y diversa” y agrega, “dan ocasión a que se disciernan a los ciudadanos merecedores de la gratitud de la patria la recompensa de un honor más apreciable que cualquier retribución material”. La norma dispone a su vez, que “el título de académico es vitalicio y constituye el honor que se discierne a quienes hayan dedicado su vida, con relevante mérito”, (art. 1).
Después, el presidente Carlos Menem, por el decreto 1.879, de fecha 16 de octubre de 1992, incluyó a la Academia Argentina de Periodismo en el régimen de las Academias Nacionales aprobado por el decreto-ley 4.362/55. El gestor del decreto presidencial fue el ministro de Educación Antonio Salonia, estrechamente vinculado al Grupo Clarín.
En su estatuto la Academia Nacional de Periodismo determinó, como uno de sus fines básicos: “Postular que el ejercicio del periodismo se realice fundado en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la verdad, de la expresión de un pensamiento ecuánime para juzgar los actos individuales o sociales”, (art. 2 inc. c).
Asimismo, en el Estatuto de la Academia se dispuso que, “los candidatos a académicos de número y correspondientes deben ser propuestos por escrito cuando menos por tres académicos de número… Dichas propuestas serán analizadas por una comisión integrada al menos por tres académicos de número designados por la Mesa Directiva”, (art. 19). “La propuesta del candidato o candidatos deberá hacerse en sesión privada” y “la votación se realizará en la sesión privada siguiente, será secreta… Para ser elegido es preciso reunir los dos tercios de votos de los académicos de número presentes en la sesión, la que deberá contar con la asistencia de la mitad más uno de los miembros de número”, (art. 20).
De lo referido surge, claramente, que la integración de los miembros de la Académica de manera vitalicia opera como un núcleo cerrado, en el que no se puede ingresar sino por una serie de compromisos internos, tanto ante los que proponen el o la candidato/a y ante los o las que aceptan la propuesta. Y todo ello, con lógicas de un tipo de club cerrado, en el que existen verdaderas bolillas negras para acceder o no, decidido en sesiones privadas y secretas.
Actualmente, con el referido mecanismo, casi el 80% de sus integrantes y directivos la Academia pertenecen o se desempeñaron, en los medios del grupo Clarín y La Nación. No se da una representación amplia del periodismo en general y tampoco se respeta la paridad de género.
En la dinámica referida las universidades, los gremios periodísticos, el Estado y la sociedad no pueden proponer académico/a alguno/a. De esa forma, de ninguna manera se responde integralmente, al objetivo de las Academias de reconocer libremente, sin acuerdos secretos y vínculos con medios de difusión determinados, “a quienes hayan dedicado su vida, con relevante mérito en el ejercicio del periodismo” y merecer la gratitud de la patria.
A su vez, esa estructura cerrada, con sede en la Biblioteca Nacional, se sostiene con fondos del presupuesto del Estado Nacional. El presidente de dicha academia, el periodista Joaquín Morales Solá, en una nota del diario Infobae, del 3 de marzo de 2021, reclamaba más dineros para el funcionamiento de la Academia y decía: “estamos en una situación muy extrema económicamente, al punto que, en el último mes tuvimos que recurrir a fondos de contingencia que tiene la Academia, pero eso se puede terminar en cualquier momento si no hay una actualización del Estado de las sumas que se nos destinan… El aporte histórico que hace el Estado a las academias, que no tienen forma de financiación, anduvo bien hasta mediados del año pasado 2020”.
Hay que agregar también que, gran parte de los/as periodistas de la Academia, siguiendo la perspectiva política de los sectores mediáticos a los que pertenecen, por lo general, en sus comentarios, se ensañan con los más débiles, criticando los gastos públicos destinados a los subsidios que se les otorga, los que consideran innecesarios y deficitarios. Pero no analizan que la “Academia-club de Clarín y Nación” que los nuclea, recibe dineros del Estado, cuando en los hechos, no se cumple con los requisitos que la justifican.
Tampoco la Academia se ha ocupado de trabajar un código de principios éticos, como lo refiere el estatuto, que rija el “ejercicio del periodismo” para que el oficio “se realice fundado en principios éticos y se manifieste por un constante ejercicio de la verdad”.
Al respecto, hay que referir, a manera de ejemplo que, el jueves 6 de abril de 2023, la periodista Laura Di Marco, en diálogo con la periodista Viviana Canosa en el programa “+ Viviana”, emitido por el canal LN+, se refirió respecto de la hija de la vicepresidenta y dijo que padecía “una anorexia nerviosa galopante”, que eso se da por “falta de madre, falta de nutrición materna”.
Las inaceptables afirmaciones de las referidas periodistas, fueron repudiadas por muchos sectores sociales y políticos. Así, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), organización de periodistas de ingreso amplio, mantenida por fondos aportados por los integrantes, presencia federal y elección de las autoridades democráticamente emitió un comunicado, en rechazo a los dichos estigmatizantes y discriminatorios que formularon Viviana Canosa y Laura Di Marco sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hija, Florencia Kirchner. En el mismo sostuvieron, que “Nuestro Código de Ética es muy claro al afirmar, en su artículo 34, que ‘los periodistas deben respetar la privacidad y la intimidad de las personas´, la libertad de expresión conlleva el cumplimiento de normas éticas y el respeto de las buenas prácticas profesionales”.
Sin embargo, en la situación no se pronunció la Academia Nacional de Periodismo. ¿Será porque su presidente Joaquín Morales Solá es periodista estrella del diario La Nación y del canal LN+; canal este último en el que se produjo la grave falta ética?
¿Se justifica seguir destinando fondos públicos, para sostener un grupo de periodistas como miembros/as vitalicios/as, que conforman un espacio cerrado, circunscripto a los pertenecientes a medios hegemónicos o vinculados a ellos, que se eligen entre sí, responden a los intereses de dichos medios, no han fijado principios éticos para el ejercicio del periodismo, ni se han manifestado ante un accionar éticamente reprochable?
Habrá que repensar el tema y actuar en consecuencia.-
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