ISRAEL: El apartheid reconocido por la ONU y ONG que muchos ocultan es la causa de la violencia allí

Por Redacción

Los medios occidentales realizan un gran alboroto desde hace un año, porque Rusia invadió a Ucrania empleando la fuerza. Y nada dice que desde hace 56 año Israel ocupa militarmente las tierras palestinas, y las ha transformado en un régimen de apartheid similar al que reino en Sudáfrica hasta el advenimiento a la presidencia de Nelson Mandela en 1994. Por su parte Yasir Arafat, que podría haber emulado a Mandela en Medio Oriente, murió en el 2004 envenenado con polonio según autorizadas fuentes, que la justicia francesa se encargó de no investigar.

Esa ocupación israelí de tierras palestinas, fue apoyada por EEUU como una prenda negociación, para mediante un canje de “paz por tierras”, lograr el reconocimiento de Israel por parte de los países árabes, y la creación de un estado palestino. Pero tras el magnicidio en 1995 por parte de un fundamentalista judío del premier israelí Isaac Rabin, quien había compartido un premio Nobel de la Paz con Arafat otorgado bajo esa premisa, ese objetivo se fue dilatando y prácticamente quedó en la nada tras el presunto asesinato de Arafat.

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Se abrió así tras la muerte de Rabin, y la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, y de la AMIA en 1994, lo que podría considerarse como la era del fundamentalista Benjamín Netanyahu. Que ahora con el regreso de él al poder en Israel, aliado con sectores ultrafundamentalista que cultivan el sueño del Eretz Israel (Gran Israel, sin palestinos de por medio) parece haber llegado a su máxima expresión.

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En todo sentido, dado que hasta pretende anular la separación de los poderes, al autorizar al Parlamento a revocar las decisiones de la Justicia. A la par que designó como ministro a un condenado por fraude y sobornos, que había negociado una rebaja de su pena a cambio de no ocupar mas una función pública. No obstante los grandes medios de prensa argentinos que critican la falta de institucionalidad de Venezuela, Nicaragua, y Cuba, parecen ni haberse enterado de lo que sucede en Israel, que ha originado grandes manifestaciones de rechazo por parte de su ciudadanía.

De esa manera gradualmente se fue instalando en Israel a la vista y paciencia de todos, especialmente de Europa y EEUU, un brutal régimen de apartheid. Ante el cual muy tardíamente, ante lo indisimulable de la situación, en abril del 2021 Human Rights and Watch  se vio obligada a emitir un informe condenatorio, con título “UMBRAL CRUZADO – Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”, con incluso el envío de una carta a Netanyahu.  

Luego en febrero del 2021 también Amnesty International se vio obligada a morosamente emitir un informe al respecto, titulado “ISRAEL: El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad”. Y otro tanto hizo l Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en agosto pasado, con el “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Michael Lynk”.

De los cuales en los grandes medios argentinos y occidentales, que selectivamente se escandalizan por minucias, no salió noticia alguna. Y por contrario en ellos y en Netflix y otros streaming, como para disimular ese brutal apartheid y crímenes de lesa humanidad, abundan lacrimógenas notas y películas referidas al sufrimiento y vidas ejemplares del pueblo judío. Lo mismo que hacía el cristianismo en la conquista de América. a la par que consideraba que africanos y aborígenes eran subhumanos, lo que parece repetirse con los palestinos.

Acorde con la notable capacidad de autocrítica del pueblo judío, antes que todos esos organismos, en enero 2021 también emitió un informe altamente condenatorio B’Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, con el informe Un régimen de supremacía judía entre el mar Mediterráneo y el río Jordán: eso es el apartheid que seguidamente Stripteasedelpoder.com reproduce íntegramente.

B’Tselem (en hebreo literalmente: en la imagen de), es el nombre que eligió para la organización su fundador el difunto miembro de la Knesset, Yossi Sarid, haciendo alusión a Génesis 1:27: “Y Dios creó a la humanidad a Su imagen. A imagen de Dios los creó” El nombre expresa el edicto moral universal y judío de respetar y defender los derechos humanos de todas las personas.

En más de 30 años de trabajo, B’Tselem se ha ganado un lugar en la comunidad de derechos humanos local e internacional, y ha recibido varios premios, incluido el Premio Carter-Menil de Derechos Humanos (1989, junto con Al-Haq); el Premio de Derechos Humanos de la Fundación Danesa PL (2011, junto con Al-Haq); el Premio de Derechos Humanos de Estocolmo (2014); y el Premio de Derechos Humanos de la República Francesa (2018, junto con Al-Haq). El proyecto de video de B’Tselem también ha recibido varios premios, incluido el premio British One World Media Award (2009) y el premio del Foro de Cineastas de Documentales de Israel (2012).

Es una organización independiente y no partidista. Está financiado únicamente por donaciones: subvenciones de fundaciones europeas y norteamericanas que apoyan la actividad de derechos humanos en todo el mundo y contribuciones generosas de particulares en Israel y en el extranjero.

En la presentación en su portal afirma: “La esencia del régimen de apartheid vigente entre el río Jordán y el mar Mediterráneo es promover y perpetuar la supremacía de un grupo sobre otro. B’Tselem trabaja para cambiar esta realidad, reconociendo que esta es la única forma de realizar un futuro en el que los derechos humanos, la libertad y la igualdad estén garantizados para todos los seres humanos que viven aquí, tanto palestinos como judíos.

Y su informe contiene los siguientes subtítulos, tratados pormenorizadamente: Dividir, separar, reinar, A. Inmigración – sólo para los judíos, B. Confiscación de tierras para los judíos mientras se hacina a los palestinos en enclaves, C. Restricciones a la libertad de desplazamiento de los palestinos, D. Negación del derecho de los palestinos a una participación política, No al apartheid: Este es nuestro combate.

Un régimen de supremacía judía entre el mar Mediterráneo y el río Jordán: eso es el apartheid

Más de 14 millones de personas, aproximadamente la mitad de ellas judías y la otra mitad palestinas, viven en el territorio situado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo bajo un mismo régimen. En los discursos públicos, políticos, jurídicos y mediáticos, la percepción común es que se trata de dos regímenes separados que actúan cada uno por su lado, separados por la Línea Verde. Un régimen, dentro de los límites del Estado soberano de Israel, es una democracia permanente, con una población de unos 9 millones de habitantes, todos ellos ciudadanos israelíes. El otro régimen, en los territorios ocupados por Israel desde 1967, cuyo estatuto definitivo se supone que se determinará en futuras negociaciones, es una ocupación militar temporal impuesta sobre unos 5 millones de súbditos palestinos.

Con el curso del tiempo, la distinción entre estos dos regímenes se encuentra cada vez más alejada de la realidad. Esta situación existe dese hace más de 50 años, el doble de tiempo que el Estado de Israel ha existido sin ella. Cientos de miles de colonos judíos residen actualmente en asentamientos permanentes al este de la Línea Verde, viviendo como si estuviesen al oeste de la misma. Jerusalén Este ha sido oficialmente anexionado al territorio soberano de Israel y Cisjordania ha sido anexionada en la práctica. Es más, la distinción entre los dos regímenes oscurece el hecho de que toda la región entre el mar Mediterráneo y el río Jordán está organizada de acuerdo a un mismo principio: hacer progresar y fortalecer la supremacía de un grupo – los judíos – sobre otro – los palestinos. Todo esto lleva a la conclusión de que no se trata de dos regímenes paralelos que simplemente mantienen el mismo principio. Hay un solo régimen que gobierna toda la zona y las personas que en ella viven, basado en un mismo principio organizativo.

Cuando B’Tselem fue establecida en 1989, limitamos nuestro mandato a Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este) y la Franja de Gaza. Nos absteníamos de tratar asuntos de derechos humanos dentro del Estado de Israel, en los límites de 1948, o de adoptar un enfoque global de la región comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Sin embargo, la situación ha cambiado. El principio organizativo del régimen ha ganado visibilidad en el curso de los últimos años, tal como lo demuestra la Ley Fundamental aprobada en 2018: “Israel, Estado nación del pueblo judío”, o las declaraciones a lo largo del 2020 sobre la anexión formal de partes de Cisjordania. Junto con lo descrito anteriormente, esto significa que no es posible tratar lo que sucede en los territorios ocupados como algo distinto de la realidad del conjunto de la región bajo control de Israel. Los términos que hemos utilizado en los últimos años para describir la situación, tales como “ocupación prolongada” o “realidad de un Estado”, ya no son adecuados. Para lograr hacer frente con eficacia a las violaciones de los derechos humanos, es esencial examinar y definir el régimen que gobierna toda la región.

Esta publicación analiza cómo actúa el régimen israelí para promover y lograr sus objetivos en el conjunto de la zona que se encuentra bajo su control. No presentamos     aquí una síntesis histórica ni una evaluación de los movimientos nacionales judíos o palestinos, ni del antiguo régimen de segregación racial de Sudáfrica. Estos temas son importantes pero van más allá de las competencias de una organización de defensa de los derechos humanos. Este documento presenta más bien los principios que guían al régimen, demuestra cómo los aplica y señala la conclusión que se desprende de todo ello en cuanto a la forma en que debería definirse al régimen y lo que ello significa para los derechos humanos.

Dividir, separar, reinar

En toda la región entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí aplica leyes, prácticas y una violencia de Estado diseñadas para cimentar la supremacía de un grupo – los judíos – sobre otro – los palestinos. Un método clave en la consecución de este objetivo es la ingeniería de espacios diferentes para cada grupo poblacional.

Los ciudadanos judíos viven libremente como si toda la región fuera un espacio único (con la excepción de la Franja de Gaza). La Línea Verde no significa casi nada para ellos: no importa si viven al oeste de la línea verde, en el interior del territorio soberano de Israel, o al este, en uno de los asentamientos que aún no han sido formalmente anexionados a Israel. Es irrelevante para sus derechos y su estatuto.

Para los palestinos, en cambio, el lugar donde viven es crucial. El régimen israelí dividió la zona en varias unidades que define y gobierna en forma diferente, otorgando a los palestinos diferentes derechos en cada una de ellas. Esta división es relevante únicamente para los palestinos. El espacio geográfico, contiguo para los judíos, constituye un mosaico fragmentado para los palestinos:

• Los palestinos que viven en el territorio definido en 1948 como territorio soberano israelí (llamados a veces árabes israelíes) son ciudadanos israelíes que representan el 17% de los ciudadanos del Estado. Si bien este estatuto les ofrece muchos derechos, no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos judíos, ni ante la ley ni en la práctica – tal como se detallará más adelante en este documento.
• Unos 350,000 palestinos viven en Jerusalén Este, espacio que se extiende a lo largo de una superficie de unos 70,000 dúnams [1 dúnam = 1000 metros cuadrados], que Israel anexionó a su territorio soberano en 1967. Se les define como residentes permanentes de Israel, un estatuto que les permite vivir y trabajar en Israel sin necesidad de obtener permisos especiales, recibir los beneficios sociales y el seguro médico, y votar en las elecciones municipales. A pesar de todo, la residencia permanente, a diferencia de la ciudadanía, puede ser revocada en cualquier momento, a total discreción del Ministerio del Interior de Israel. En ciertas circunstancias, el estatuto de residente permanente puede incluso expirar.
• Si bien Israel nunca anexionó formalmente los territorios de Cisjordania, trata a este territorio como si le perteneciera. Más de 2,6 millones de súbditos palestinos viven en Cisjordania, en decenas de enclaves aislados, bajo un gobierno militar estricto y sin derechos políticos. En aproximadamente el 40% del territorio, Israel transfirió algunos poderes civiles a la Autoridad Palestina (AP). Sin embargo, la AP se encuentra aún subordinada a Israel y sólo puede ejercer sus limitados poderes bajo el consentimiento y la autorización israelí.
• La Franja de Gaza alberga a casi dos millones de palestinos, quienes tampoco tienen derechos políticos. En el 2005, Israel retiró sus fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza, desmanteló los asentamientos judíos que había construido allí y renunció a toda responsabilidad por la suerte de la población palestina. Tras la toma del poder por parte de Hamas en 2007, Israel impuso un bloqueo a la Franja de Gaza que sigue vigente a día de hoy. Durante todos estos años, Israel ha seguido controlando casi todos los aspectos de la vida en Gaza desde el exterior.

Israel concede a los palestinos un conjunto de derechos diferentes en cada una de estas unidades – todos ellos inferiores a los derechos concedidos a los ciudadanos judíos. El objetivo de la supremacía judía se promueve de forma diferente en cada unidad, y así las resultantes formas de injusticia difieren: la experiencia vivida por los palestinos de Gaza es diferente a la de los súbditos palestinos de Cisjordania, de los palestinos residentes permanentes de Jerusalén Este o de los ciudadanos palestinos en territorio soberano israelí. Sin embargo, todas esas situaciones son variaciones del hecho de que todos los palestinos que viven bajo el dominio israelí son tratados como inferiores en derechos y estatuto con respecto a los vecinos judíos que habitan la misma zona.

A continuación describiremos los cuatro métodos principales que utiliza el régimen israelí para promover la supremacía judía. Dos de ellos se aplican en forma similar en toda la región: la restricción de la migración de los no-judíos y la confiscación de las tierras palestinas para construir comunidades exclusivamente judías, relegando así a los palestinos a pequeños enclaves. Los otros dos métodos se aplican sobre todo en los territorios ocupados: restricciones draconianas al desplazamiento de palestinos no-ciudadanos y la negación de sus derechos políticos. El control de dichos aspectos de la vida de los palestinos se encuentra totalmente en manos de Israel: en toda la región, Israel tiene el poder exclusivo sobre el registro de la población, la distribución de tierras, la lista de electores y el derecho (o la prohibición del mismo) a circular, entrar o salir de cualquier parte de la región.

A. Inmigración – sólo para los judíos:

Cualquier judío de mundo y sus hijos, nietos y cónyuges tienen el derecho de emigrar a Israel en cualquier momento y de recibir la ciudadanía israelí, con todos los derechos 3     asociados. Pueden recibir este estatuto incluso si deciden establecer su residencia en un asentamiento del territorio ocupado de Cisjordania, el que no ha sido formalmente anexionado al territorio soberano de Israel. En cambio, los no judíos no tienen derecho a un estatuto legal en las zonas controladas por Israel. La concesión del estatuto queda casi bajo la total discreción de los funcionarios del gobierno: el Ministro del Interior (dentro del territorio soberano israelí) o el comandante militar (en los territorios ocupados).

A pesar de esta distinción oficial, el principio organizativo sigue siendo el mismo: los palestinos que viven en otros países no pueden inmigrar a ninguna parte del territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, aunque ellos mismos, sus padres o sus abuelos hayan nacido o vivido allí. La única forma en que un palestino puede emigrar a las zonas controladas por Israel es casándose con un palestino o palestina que ya viva allí – como ciudadano, residente o súbdito – además de cumplir una serie de condiciones y recibir la aprobación israelí.

Israel no solo obstaculiza la inmigración palestina, sino que además impide el traslado de los palestinos entre las distintas unidades, si dicho traslado – a ojos del régimen – supondría una mejora de su estatuto. Por ejemplo, los ciudadanos palestinos de Israel o los residentes de Jerusalén Este pueden mudarse sin problemas a Cisjordania (arriesgando sus derechos y su estatus al hacerlo). Pero los palestinos de los territorios ocupados no pueden obtener la ciudadanía israelí y trasladarse al territorio soberano israelí, excepto en rarísimas ocasiones que dependen de la aprobación de las autoridades israelíes.

Las políticas israelíes sobre la reunificación familiar ilustran este principio. Durante años, el régimen ha impuesto numerosos obstáculos a las familias en que cada cónyuge vive en una unidad geográfica diferente. Con el tiempo, esto ha obstaculizado y a menudo impedido que los palestinos que se casan con un palestino en otra unidad pueda adquirir el estatus en esa unidad. Por lo tanto, decenas de miles de familias no han podido vivir juntas.

Cuando uno de los cónyuges es residente de la Franja de Gaza, Israel autoriza a la familia vivir allí juntos, pero si el otro cónyuge es residente en Cisjordania, Israel exige que se trasladen permanentemente a Gaza. En 2003, la Knéset (el parlamento israelí) votó una orden temporal (todavía en vigor) que prohíbe otorgar la ciudadanía israelí o la residencia permanente a palestinos de los territorios ocupados que hayan contraído matr monio con israelíes – contrario a los ciudadanos de otros países. En casos excepcionales, con aprobación del Ministerio del Interior, los palestinos de Cisjordania que contraigan matrimonio con israelíes podrán recibir un estatuto en Israel sin embargo, éste será otorgado solo en forma temporal y sin derecho a beneficios sociales.

Israel socava asimismo el derecho de los palestinos de los territorios ocupados – incluidos los de Jerusalén Este – a seguir viviendo en el lugar donde nacieron. Desde 1 967, Israel ha revocado el estatus de unos 250,000 palestinos de Cisjordania (incluido Jerusalén Este) y de la Franja de Gaza, en algunos casos alegando que habían vivido en el extranjero durante más de tres años. Aquí se incluyen miles de residentes de Jerusalén Este que se trasladaron a escasos pocos kilómetros al este de sus hogares, hacia partes de Cisjordania que no se encuentran oficialmente anexionadas. A todas estas personas fueron privadas de su derecho a regresar a sus hogares junto a sus familias, donde nacieron y se criaron.

B. Confiscación de tierras para los judíos mientras se hacina a los palestinos en enclaves

Israel practica una política de “judaización” de la región, basada en la idea de que la tierra es un recurso destinado casi exclusivamente para beneficio del público judío. La tierra se utiliza para desarrollar y ampliar las comunidades judías existentes y construir otras nuevas, mientras que los palestinos son desposeídos y acorralados en pequeños enclaves superpoblados. Esta política con respecto a la tierra se lleva practicando dentro del territorio de Israel desde 1948, y se aplica a los palestinos de los territorios ocupados desde 1967. En 2018, el principio subyacente de esta política fue inscrito en la Ley Fundamental: Israel es el Estado-nación del pueblo judío. Esta ley estipula que “el Estado considera que el desarrollo de los asentamientos judíos es un valor nacional y actuará para estimular y promover el establecimiento y el refuerzo de dichos asentamientos”.

En el interior de su territorio soberano, Israel ha promulgado leyes discriminatorias, la más destacada de ellas es la ley sobre la propiedad de los ausentes que autoriza a expropiar grandes extensiones de tierra de propiedad palestina, incluidos millones de dúnams en comunidades cuyos residentes fueron expulsados o huyeron en 1948 y se les impidió regresar. Israel también ha reducido considerablemente las zonas designadas para los consejos y comunidades locales palestinas, quienes tienen hoy acceso a menos del 3% de la superficie total del país. La mayor parte de los terrenos designados están ya saturados de construcciones. Como resultado, más del 90% de la tierra en el territorio soberano de Israel se encuentra actualmente bajo control del Estado.

Israel ha utilizado esta tierra para construir cientos de comunidades para ciudadanos judíos, pero ni una sola para ciudadanos palestinos. Con una sola excepción: un puñado de pueblos y aldeas que fueron construidos para concentrar a la población beduina, que ha sido despojada de la mayor parte de sus derechos de propiedad. La mayoría de las tierras en las que vivían los beduinos han sido expropiadas y registradas como tierras pertenecientes al Estado. Muchas de las comunidades beduinas han sido definidas como “no reconocidas” y sus residentes como “invasores”. En las tierras ocupadas históricamente por los beduinos, Israel ha construido comunidades exclusivamente para los judíos.

El régimen israelí restringe severamente la construcción y el desarrollo en el poco de territorio que queda en las comunidades palestinas dentro del territorio soberano de Israel. Además, se abstiene de desarrollar una planificación que refleje las necesidades de dicha población, y mantiene los espacios de jurisdicción de estas comunidades sin cambios a pesar del crecimiento de la población. El resultado es un conjunto de pequeños enclaves superpoblados donde los residentes no tienen otra opción que construir sin permisos.

Israel también ha aprobado una ley que permite a las comunidades con comités de admisión, que se cuentan por centenares en todo el país, rechazar a los candidatos palestinos por motivos de “incompatibilidad cultural”. En la práctica, esto impide que los ciudadanos palestinos vivan en comunidades designadas para judíos. Oficialmente, cualquier ciudadano israelí puede vivir en cualquier municipalidad o comunidad del país. En la práctica, solo el 10% de los ciudadanos palestinos lo hacen. Incluso entonces, suelen estar relegados a barrios marginados, debido a la falta de servicios de educación, religiosos y de otro tipo, el coste prohibitivo de comprar una propiedad en otras partes de la ciudad, o las prácticas discriminatorias en compra-venta de terrenos y casas.

El régimen ha utilizado el mismo principio de organización en Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este) desde 1967. Cientos de miles de dúnams, incluyendo tierras de cultivo y de pastoreo, han sido expropiadas de manos palestinas, con distintos pretextos, y utilizadas, entre otras cosas, para establecer y ampliar los asentamientos, incluyendo barrios residenciales, las tierras agrícolas y las zonas industriales. Todos los asentamientos son zonas militares cerradas a las que los palestinos tienen prohibida la entrada sin permiso. Hasta ahora, Israel ha establecido más de 280 asentamientos en Cisjordania (incluido Jerusalén Este), en los que viven más de 600,000 judíos. Otras tierras fueron expropiadas para la construcción de cientos de kilómetros de carreteras de circunvalación para uso exclusivo de los colonos.

Israel ha instituido un sistema de planificación separado para los palestinos en Cisjordania, concebido principalmente para impedir la construcción y el desarrollo. Grandes extensiones de tierra no están disponibles para la construcción, ya que han sido declaradas tierras estatales, zonas de tiro, reservas naturales o parque nacional. Las autoridades se abstienen de redactar planes de urbanización adecuados que reflejen las necesidades presentes y futuras de las comunidades palestinas en las pocas parcelas de tierra que se les ha dejado. El sistema de planificación separado se centra en la demolición de estructuras construidas sin permiso, también en este caso por falta de alternativas. Todo esto ha encerrado a los palestinos en docenas de enclaves densamente poblados, con el desarrollo afuera de los mismos – ya sea para uso residencial o público, incluidas las infraestructuras – casi completamente prohibido.

C. Restricciones a la libertad de desplazamiento de los palestinos:

Israel permite que sus ciudadanos y residentes judíos y palestinos se desplacen libremente en toda la región. La excepción es la prohibición de entrar a la Franja de Gaza, definida como “territorio hostil”, y la prohibición (sobre todo formal) de entrar en las zonas que supuestamente se encuentran bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina (zona A). En raras ocasiones, los ciudadanos o los residentes obtienen autorización para entrar en Gaza.

Los ciudadanos israelíes pueden asimismo salir y entrar al país en cualquier momento. En cambio, los residentes de Jerusalén Este no tienen pasaporte israelí y una ausencia prolongada puede dar lugar a la revocación de su estatuto.

Israel restringe sistemáticamente el desplazamiento de los palestinos de los territorios ocupados y generalmente les prohíbe desplazarse entre las unidades geográficas. Los palestinos de Cisjordania que desean entrar a Israel, Jerusalén Este o a la Franja de Gaza deben presentar una solicitud ante las autoridades israelíes. En la Franja de Gaza – que se encuentra bajo bloqueo desde 2007 –toda la población se encuentra recluida, puesto que Israel prohíbe casi cualquier desplazamiento de entrada o salida, excepto en casos excepcionales definidos como humanitarios. Los palestinos que desean salir de Gaza o los palestinos de otras unidades geográficas que desean entrar en ella deben presentar una solicitud especial para obtener un permiso de entrada a las autoridades israelíes. Los permisos son escasos y se obtienen a través de un mecanismo estricto y arbitrario, o un régimen de permisos, que carece de transparencia y reglas de atribución claras. Israel trata cada permiso otorgado a un palestino como un acto de gracia en lugar del cumplimiento de un derecho adquirido.

En Cisjordania, Israel controla todas las rutas entre los enclaves palestinos. Esto permite al ejército instalar puestos de control temporarios (checkpoints), cerrar los puntos de acceso a los pueblos, bloquear las carreteras e impedir el paso por los puestos de control a voluntad. Además, Israel construyó el muro de separación dentro de Cisjordania y designó las tierras palestinas entre el muro y la línea verde – incluyendo los terrenos agrícolas – como la “zona de costura” (“seam zone” en inglés). Los palestinos de Cisjordania tienen prohibido entrar a esta zona y están sujetos al mismo sistema de permisos.

Los palestinos de los territorios ocupados que desean viajar al exterior necesitan un permiso de Israel. En general, Israel no les permite utilizar el aeropuerto internacional Ben Gurión, situado en territorio soberano israelí. Los palestinos de Cisjordania, en cambio, deben volar a través del aeropuerto internacional de Jordania, pero sólo pueden hacerlo si Israel les permite cruzar la frontera terrestre entre Cisjordania y Jordania.

Cada año, Israel rechaza miles de solicitudes para cruzar esta frontera sin dar explicación alguna. Por su parte, los palestinos de Gaza deben salir a través del puesto de control de Rafah, controlado por Egipto, si está abierto y las autoridades egipcias les autorizan el pasaje. Los palestinos deben entonces hacer un largo recorrido a través del territorio egipcio. En muy raras excepciones, Israel autoriza a los gazatíes a viajar a través del territorio soberano israelí utilizando un transporte escoltado directo hacia Cisjordania, para luego continuar a Jordania y llegar finalmente a destino.

D. Negación del derecho de los palestinos a una participación política:

Al igual que sus homólogos judíos, los palestinos ciudadanos de Israel pueden participar en la vida política para promover sus intereses, por ejemplo, votar o ser candidatos a una función pública. Pueden elegir representantes, establecer partidos políticos o afiliarse a los existentes. No obstante, los palestinos electos son constantemente vilipendiados – incitación que propagan personalidades políticas claves– y el derecho de los ciudadanos palestinos de Israel a la participación política se encuentra constantemente amenazado.

Los aproximadamente 5 millones de palestinos que viven en los territorios ocupados no pueden participar en el sistema político que rige sus vidas y determina su futuro. Teóricamente, la mayoría de los palestinos pueden votar en las elecciones de la Autoridad Palestina. Sin embargo, dado que los poderes de la AP son limitados, aunque las elecciones tuviesen lugar con regularidad (las últimas fueron en el 2006), el régimen israelí seguiría gobernando la vida de los palestinos, ya que conserva los principales aspectos de la gobernanza en los territorios ocupados. Esto incluye el control de la inmigración, el registro de población, la planificación y la disposición del territorio, el agua, las infraestructuras de comunicaciones, las importaciones y las exportaciones, además del control militar en tierra, mar y el espacio aéreo.

En Jerusalén Este, los palestinos se encuentran entre la espada y la pared. Como residentes permanentes de Israel, pueden votar en las elecciones municipales, pero no pueden hacerlo en las parlamentarias. Por otra parte, Israel dificulta su participación en las elecciones de la Autoridad Palestina.

La participación política abarca algo más que el voto o la posibilidad de presentarse a las elecciones. Israel también restringe o niega a los palestinos derechos políticos como la libertad de expresión y la libertad de asociación. Estos derechos permiten a los individuos criticar a sus gobiernos, manifestar contra las políticas con las que discrepan, formar asociaciones para impulsar sus ideas y, en términos más generales, organizarse para promover cambios sociales y políticos.

Innumerables leyes, como la ley de boycots y la ley de la Nakba, limitan la libertad de los israelíes para criticar las políticas relacionadas con los palestinos en toda la región. Los palestinos en los territorios ocupados enfrentan restricciones aún más estrictas: no se les permite manifestarse, se les han prohibido muchas asociaciones y casi cualquier declaración política es considerada una incitación a la violencia. Estas restricciones son aplicadas asiduamente por los tribunales militares, que han encarcelado a cientos de miles de palestinos y constituyen un mecanismo clave para mantener la ocupación. En Jerusalén Este, Israel actúa para impedir cualquier actividad política, social o cultural asociada de alguna manera con la Autoridad Palestina.

La división del espacio también obstaculiza la posibilidad de una lucha palestina unificada contra las políticas de Israel. La variación en las leyes, los procedimientos y los derechos que se aplican en las distintas unidades geográficas, además de las restricciones draconianas a la libertad de movimiento, han separado a los palestinos en grupos distintos. Esta fragmentación no sólo ayuda a Israel a promover la supremacía judía, sino que además frustra las críticas y la resistencia.

No al apartheid: Este es nuestro combate

El régimen israelí, que controla todo el territorio situado entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, busca avanzar y cimentar la supremacía judía en toda la región. Para ello, ha dividido la región en varias unidades, cada una dotada de un conjunto diferente de derechos para los palestinos, siempre inferiores a los derechos de los judíos. Como parte de esta política, a los palestinos se les niegan numerosos derechos, incluido el derecho a la autodeterminación.

Esta política se aplica de diversas formas. Israel diseña demográficamente el espacio a través de un sistema de leyes y órdenes que permiten a cualquier judío del mundo o a sus familiares obtener la ciudadanía israelí, pero niega casi por completo esta posibilidad a los palestinos. Ha diseñado físicamente toda la región mediante la apropiación de millones de dúnams de tierra y el establecimiento de comunidades exclusivas para los judíos, mientras empuja a los palestinos a pequeños enclaves. El desplazamiento se determina a través de restricciones a los súbditos palestinos, y la ingeniería política excluye a millones de palestinos de participar en los procesos que determinan su vida y su futuro, mientras los mantienen bajo ocupación militar.

Un régimen que utiliza leyes, prácticas y violencia organizada para consolidar la supremacía de un grupo sobre otro, es un régimen de apartheid. El apartheid israelí que promueve la supremacía de los judíos sobre los palestinos, no surgió de la nada, ni es fruto de un discurso único. Se trata de un proceso que gradualmente ha ido institucionalizándose y haciéndose más explícito, con mecanismos introducidos en la ley y en la práctica para promover la supremacía judía. Estas medidas acumuladas, su omnipresencia en la legislación y las prácticas políticas, así como el apoyo de la opinión pública y del poder judicial que reciben, constituyen la base para nuestra conclusión de que se ha cumplido en requisito para calificar al régimen israelí de apartheid.

Si este régimen se ha desarrollado a lo largo de tantos años, ¿por qué publicar este artículo en 2021? ¿Qué es lo que ha cambiado? En los últimos años, hemos presenciado el aumento de la motivación y la voluntad de las instituciones y los funcionarios israelíes de consagrar la supremacía judía en la ley y declarar abiertamente sus intenciones. La promulgación de la Ley Fundamental: “Israel – el Estado-nación del pueblo judío” y las declaraciones que llaman a anexionar formalmente partes de Cisjordania muestran la verdadera cara detrás de la fachada que Israel se esforzó durante años en mantener.

La ley fundamental del Estado-nación del pueblo judío, promulgada en 2018, consagra el derecho del pueblo judío a la autodeterminación con exclusión de todos los demás. Establece que la distinción entre los judíos en Israel (y en todo el mundo) de los no judíos es fundamental y legítima. A partir de esta distinción, la ley permite la discriminación institucionalizada a favor de los judíos con respecto a los asentamientos, vivienda, desarrollo territorial, ciudadanía, lengua y cultura. Es cierto que el régimen israelí sostuvo esos principios antes. Sin embargo, la supremacía judía se ha consagrado ahora en ley fundamental, lo que la convierte en un principio constitucional vinculante, a diferencia del derecho ordinario o las prácticas de las autoridades que pueden ser puestas en tela de juicio. Esto indica a todas las instituciones del Estado que no solo pueden, sino que deben, promover la supremacía judía en toda la zona bajo control israelí.

El plan de Israel de anexar formalmente partes de Cisjordania cierra también la brecha entre el estatuto oficial de los territorios ocupados, que va acompañado de una retórica vacía sobre negociaciones acerca de su futuro, y el hecho de que Israel anexionó de hecho la mayor parte de Cisjordania hace mucho tiempo. Israel no cumplió con sus declaraciones de anexión formal después de julio de 2020, y varios responsables han hecho declaraciones contradictorias sobre el plan desde entonces. Independientemente de cómo y cuándo Israel avance con su plan de anexión formal de una forma u otra, su intención de lograr el control permanente de toda la zona ya ha sido declarado abiertamente por los más altos funcionarios del Estado.

La lógica del régimen israelí, y las medidas utilizadas para aplicarla, recuerdan al régimen sudafricano que pretendía preservar la supremacía de los ciudadanos blancos, en parte mediante una división de la población en clases y subclases, atribuyendo diferentes derechos a cada una de ellas.

Por supuesto, existen diferencias entre ambos regímenes. Por ejemplo, la división en Sudáfrica estaba basada en la raza y el color de piel, mientras que en Israel está basada en la nacionalidad y el origen étnico. La segregación en Sudáfrica se manifestaba asimismo en el espacio público, bajo la forma de una separación pública, formal y vigilada entre las personas, a partir del color de la piel, un grado de visibilidad que Israel generalmente evita. Sin embargo, ya sea en el discurso público o en el derecho internacional, el apartheid no significa una copia exacta del antiguo régimen sudafricano.

Ningún régimen será jamás idéntico. El término “apartheid” ha sido desde hace tiempo un término independiente, se encuentra arraigado en las convenciones internacionales y hace referencia al principio organizativo de un régimen: promover sistemáticamente el dominio de un grupo sobre otro y actuar para consolidarlo. El régimen israelí no tiene que declararse a sí mismo como régimen de apartheid para que sea definido como tal. Tampoco es relevante que los representantes del Estado proclamen a viva voz que Israel es una democracia. Lo que define el apartheid no son las declaraciones, sino las prácticas. Si bien Sudáfrica se declaró régimen de apartheid en 1948, no es razonable esperar que otros estados sigan su ejemplo, teniendo en cuenta las repercusiones históricas. Es más probable que la respuesta de la mayoría de los países al apartheid de Sudáfrica disuada a los estados a admitir que aplican un régimen similar. Queda por lo tanto completamente claro que lo que era posible en  948 ya no lo es en nuestros días, tanto jurídicamente como frente a la opinión pública.

Por muy doloroso que sea mirar de frente a la realidad, es más doloroso vivir bajo la dominación. La dura realidad descrita aquí puede seguir deteriorándose aún más si se introducen nuevas prácticas, con o sin legislación que las acompañe. Sin embargo, fueron personas quienes crearon esta situación y personas son quienes pueden hacerla empeorar o trabajar para sustituirla. Esa esperanza es la fuerza motriz detrás de este comunicado. ¿Cómo combatir una injusticia si no se la nombra? El apartheid es el principio organizador, reconocerlo no significa rendirse. Al contrario: es una llamada al cambio.

Hoy más que nunca, luchar por un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia es crucial. Existen varios caminos políticos hacia un futuro justo, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, pero en primer lugar debemos todos optar por decir no al apartheid.-

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