Corte Suprema: el profesor Jirafales Rosatti da lecciones de buena fe a los legisladorcitos

Incurriendo en el “discurso del amo” señalado por Hegel y los psicoanalistas, el presidente de la Corte Suprema profesor Jirafales Rosatti, en su flamante falló respecto la pretensión del senadorito Luisito Juez de integrar el “Colegio de la Magistratura”, les indicó a sus alumnitos los legisladores cómo tener buenas costumbres y proceder con “buena fe”. […]

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Incurriendo en el “discurso del amo” señalado por Hegel y los psicoanalistas, el presidente de la Corte Suprema profesor Jirafales Rosatti, en su flamante falló respecto la pretensión del senadorito Luisito Juez de integrar el “Colegio de la Magistratura”, les indicó a sus alumnitos los legisladores cómo tener buenas costumbres y proceder con “buena fe”.

Parafraseando el dicho de Friedrich Hegel , “el pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere”, el supremo Jirafales Rosatti con su discurso del amo, parece decir “la Corte es la única parte del Estado, que sabe lo que hay que hacer”. Despreciando olímpicamente la independencia y equilibrio entre los tres poderes, y pasando a detentar lo que se podría denominar el “buenafecimetro” respecto los otros dos. Psicológicamente se podría decir que el “discurso del amo” proviene de la pérdida de la visión de ser un simple mortal, y el olvido adrede de los propios errores, faltas, y fallidos aún más graves, que son propios de la condición humana, tal como se verá seguidamente.

Jirafales Rosatti a lo mucho podría haber dicho, “alumnita Cris, se pasó de rosca al partir su bloque solo para evitar que su adversario Luisito Juez ingresara al “Colegio de la Magistratura. No lo vuelva a hacer, y designe por diez días hasta el 18 de noviembre a Luisito en ese puesto, hasta que se renueven sus integrantes a partir de esa fecha”.

Pero NO, Jirafales Ricardo Rosatti, con su fallo que también lleva la firma de los supremos Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, fue mucho más allá, y dijo “niña Cristina, como no ha habido una nueva elección legislativa que haya modificado la composición de la cámara, usted tiene que designar a Luisito para ese puesto hasta el año 2026, porque ese juego de que haya bloques, interbloques, y partición de bloques, es todo producto de la mala fe conque actúa esa cosa sucia de la política”.

Jirafales Rosatti y Rosenkrantz con su fallo dan una clase magistral a sus alumnitos legisladores respecto el obrar de “buena fe”. No obstante haber sido quienes aceptaron ser integrantes de la Corte Suprema, con un decreto ley supremo del presidente Macri. Y luego como si fuera el precio a pagar por esas designaciones, sancionaron el beneficio de la ley del 2×1 para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Sentencia que luego ante la indignación popular, se vieron obligados a anular.

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Y además recientemente se autoeligieron como autoridades de la Corte con autovotos, eludiendo olímpicamente la participación de los otros dos integrantes de la Corte. Y si ello fuera poco, en diciembre pasado, tras estar seis años paralizada la causa en la Corte, fallaron sorpresivamente anulando la ley vigente del Consejo de la Magistratura, a la que sustituyeron inusitadamente con una ley derogada por el Congreso, usurpando así funciones legislativas. Lo que le permitió a Jirafales Rosatti pasar a presidir ese ente, y disolver la disputa existente entre la Corte y el Consejo, respecto el manejo de los fondos de la justicia nacional.

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Así Jirafales Rosatti con su doble título presidencial, se pasea por las provincias y entes judiciales, tal como se puede ver aquí y aquí. Planteando el interrogante de que tiempo dispone para estudiar las miles de causas que caen en su despacho como presidente de la Corte. De las cuales un 40 % son rechazadas sin dar justificación alguna de ello, conforme a derecho, a la par que exige a los tribunales inferiores el debido fundamento de sus fallos.

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A ello cabe agregar que tanto Maqueda como Jirafales Rosatti, se han visto jaqueados por causas penales por administración fraudulenta, para las cuales se encuentran en una posición dominante para poder controlarlas, especialmente Jirafales Rosatti con su doble presidencia de la Corte y el Consejo.

A su vez la demora en dictar ese inusitado cambio legislativo por parte de la Corte, el cual desde dos años y medio atrás, desde mayo de 2018, contaba con el dictamen del cuestionado Procurador Gral Eduardo Casal, es otra muestra de mala fe por parte de Jirafales Rosatti. Ya que la legislación anulada era impugnada por la posición dominante que adquiría el oficialismo de turno, para controlar el Consejo de la Magistratura.

Por ello la Corte se cuidó de anular esa ley durante el gobierno de Mauricio Macri, y si lo hizo bajo la presidencia de Jirafales Rosatti, tras el retorno del kirchnerismo al poder, a fines de diciembre 2021, una vez terminada la pandemia. Dándole además con evidente mala fe al Congreso, un exiguo plazo de “120 días corridos” -cuando los códigos generalmente se refieren a días hábiles- para la sanción de una nueva ley, o en su defecto la implementación de la derogada. Habiendo transcurrido más de la mitad de ese plazo, con el receso del Congreso que va de diciembre a marzo.

Como si eso fuera poco en cuanto la “mala fe”, a ello se suma que en el 2016, la misma Corte con otros integrantes, había convalidado velozmente una treta parecida por parte de Cambiemos. Que le permitió afianzar el manejo del Consejo de la Magistratura, y manipular el traslado de los jueces en “comisión”. Para que cumplieran su cometido de procesar, encarcelar, y condenar a integrantes del anterior gobierno, como parte de la guerra judicial o lawfare, que es la “continuación de la política por otros medios”. Mas allá de la permanente invocación por parte de Cambiemos, respecto la independencia de los poderes y la República,

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A su vez la combinación de la treta del año 2016, sumado al falluto fallo de Jirafales Rosatti, hizo que Cambiemos pasara a tener dos representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, pese ser solo la segunda minoría. Correspondiendo las otras dos bancas al Frente de Todos, y al Peronismo Federal, con Graciela Camaño. Como el vicio nunca acaba donde empieza, esta habría sido una de las razones de la treta concretada en el Senado, para impedir la llegada de otro opositor, el senadorito Luisito Juez, a ese estratégico Consejo.

El cual casualmente, con la llegada de los nuevos consejeros y de Jirafales Rosatti a la presidencia, paralizó prácticamente su accionar. Y así jueces “en comisión” designados por el presidente Macri en puestos estratégicos, siguen cumpliendo su misión en ellos. Tales como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi integrantes de la Cámara de Apelaciones Federal porteña en lo Criminal y Correccional, no obstante haberse seleccionado sus posibles reemplazantes en dicho consejo.

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Por si faltara algo en relación al “discurso del amo” de Jirafales Rozatti, los restantes estamentos de la justicia que se pronunciaron previamente, dijeron que la cuestión planteada por el senadorito Luisito, era un asunto no judiciable, relacionado con el comportamiento interno de otro poder. Y por su parte el cuestionado Procurador Gral Casal en su dictamen de 29 de septiembre, no propició que la Corte se pronunciara, sino que la causa volviera a la cámara de origen para que se expidiera al respecto.

Además el presidente Jirafales Rosatti, que es quien distribuye las causas, con la oportunidad en que dictó el fallo, reveló no precisamente buena fe. Ya que evidentemente no actuó con la finalidad de hacer justicia para Luisito Juez, en una cuestión que a pocos días se tornaba abstracta, sino para condicionar el nombramiento del futuro integrante del Consejo de la Magistratura. A quién el mismo Jirafales Rosatti debe aceptar y tomarle juramento, erigiéndose, así como juez, parte, y ejecutor de la sentencia al mismo tiempo.

Quien con mala fe, no parece haber advertido que es tan malo que la primera minoría de Juntos por el Cambio se quede con la misma cantidad de representantes de la mayoría del Frente de Todos, lo que se conseguiría con el ingreso de Juez. Como que la mayoría del Frente de todos se quede con el representante de la segunda minoría. Los primeros mediante la constitución de un interbloque, y los segundos mediante la división de su bloque, creando así un interbloque similar al de Juntos por el Cambio.

A la par el alumnito “olfa” Luisito Juez, olvidando sus atributos como senador y la independencia de los poderes, ni lerdo ni perezoso, exigió a la vicepresidente CFK que lo designara como integrante del Consejo hasta el año 2026, amenazando con denunciarla penalmente en caso contrario. Para lo cual seguramente contara que la ayuda de la justicia que preside Jirafales Rosatti. Y como si esto fuera poco, tambien le pidió formalmente a Jirafales Rosatti, que le tome juramento como vocal del Consejo, si contar con la designación por parte del Senado.

Muy lejos de la buena fe, todo esto planteó un abierto conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, agravado por la prosa denostativa y adjetivada del fallo de la Corte, contra la actual autoridad legislativa en el Senado, brindándole así otra prueba a ésta respecto la existencia del lawfare. Como si no existieran ya suficientes fracturas y conflictos en la sociedad argentina, que arrastrada por la actuación de su dirigencia, parece marchar a constituirse en un estado fallido.
Redacción

Un fallo de jueces para un “juez”

Luis Juez volvió a ser noticia, luego de que la Corte Suprema de Justicia hiciera lugar al amparo que promovió el senador verborrágico cordobés para remover a su par del oficialismo, Martín Doñate, y pasara él a ocupar su cargo en el Consejo de la Magistratura. Ambito estratégico donde se designan y se retiran jueces, en el marco de que se reparten carpetazos judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobreviviente de un atentado homicida, y posible candidata presidencial para el próximo año.

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Doñate llegó a la Magistratura mediante una maniobra polémica del actual gobierno, llevada a cabo en abril pasado, donde el bloque de senadores del Frente de Todos se dividió en dos: “Unidad Ciudadana” y “Frente Nacional y Popular” para obtener una banca más en el Consejo, no solo por la mayoría, sino también por la segunda minoría, que sería en este caso “Unidad Ciudadana” por parte de Doñate. Poniendo así un freno al ascenso de Juez, como candidato del Frente PRO.

La división del oficialismo en dos bloques ocurrió luego de que la Corte estableció que la conformación del órgano de selección y sanción de jueces, que funcionaba desde el 2006, de 13 integrantes, era inconstitucional. Así, lo elevó a 20 integrantes y ubicó como presidente del Consejo al presidente de la Corte Suprema, avalada por el mismísimo Rosatti, en una autoimposición a lo Juan Manual de Rosas y Patron, el Restaurador de las Leyes e Instituciones.

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Pero la Corte le dio la razón al senador de la oposición, al considerar esa acción como un “ardid” y una maniobra “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.

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Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, no así la de Ricardo Lorenzetti, el fallo “juecista” fechado 8 de noviembre, ocurrió en el marco de que el propio Consejo de la Magistratura iba a cambiar sus miembros el 18 de noviembre. Según relevaron los periodistas Arí Lijalad y Franco Mizrahi para el portal El Destape, para entonces estaban electos 12 de sus nuevos 20 miembros, faltando los 8 que representan al Congreso: 4 por el Senado y 4 por Diputados.

La Corte impuso que de seis consejeros de la Magistratura se pasara nuevamente a ocho, los que conforme la ley anterior, debían representar al bloque de la segunda minoría de cada cámara. En ese entonces en el Senado, había 35 senadores del Frente de Todos, 18 de la Unión Cívica Radical, y 9 del PRO. A esos efectos en abril pasado el FDT se dividió como se dijo en dos: uno de 21 senadores y otro de 14. Representando por el bloque mayoritario los senadores María Inés Pilatti de Vergara y Mariano Recalde, que ya integraban el Consejo de la Magistratura.

Así el senador Martín Doñate fue designado vocal del Consejo de la Magistratrua por el bloque de la segunda minoría Unidad Ciudadana en lugar del Frente PRO. Por su parte el senador del PRO Luis Juez judicializó la cuestión, iniciando el expediente denominado “Juez, Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986”. Ahora la Corte falló en su favor, lo cual es interpretado por parte del kirchnerismo como una declaración de guerra abierta.

En concretó la Corte anuló el decreto parlamentario DPP N° 33/22, con el cual la Cámara Alta del Congreso designó para integrar el Consejo de la Magistratura al senador Claudio Martín Doñate, como miembro titular, y al senador Guillermo Snopek, como suplente. Disponiendo en consecuencia que en lugar de ellos sean Luis Alfredo Juez y Humberto Schiavoni.

Para los miembros de la Corte, la maniobra que realizó el Frente de Todos “no es respetuoso de las exigencias constitucionales y legales aplicables sino manipulativo y desnaturaliza el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador, por lo que no debe admitirse su validez”. También insisten reiteradamente que se faltó a la “buena fe” por parte de la mismísima Cristina Fernández de Kirchner, en su rol como presidenta del Senado:

“Que los antecedentes hasta aquí reseñados evidencian que el accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. También contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a las que debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas…”

“Dicho comportamiento, que permitió que el “Frente de Todos” y su desprendimiento “Unidad Ciudadana” se hicieran —como se dijo— de tres lugares en el Consejo de la Magistratura, no puede ser desatendido por este Tribunal en la medida en que transforma al proceso de designación de consejeros en un “juego de sorpresas”… En efecto, la manipulación de los bloques para desplazar la segunda minoría violenta el señalado criterio de buena fe, siendo este estándar un factor relevante al momento de ponderar las responsabilidades que pueden emerger en caso de incumplimiento de las sentencias judiciales y las conductas de los otros órganos del Estado a la hora de cumplir el procedimiento legislativo para la integración del Consejo de la Magistratura…”.

“La Presidencia del Senado debió haber nombrado a los representantes del bloque que constituía la segunda minoría a la fecha de la notificación del fallo, tal cual le fue solicitado por el “Frente PRO”. Lejos de ello, dicha Presidencia no solo omitió cumplir con ese pedido, sino que postergó su respuesta hasta que, finalmente, los hechos relatados le concedieron un rédito político contrario al referido pluralismo y a la expresión más elemental del ya citado principio de buena fe republicana.”

“La maniobra resulta más patente cuando se la compara con el debido proceso legislativo que debe ordenar la práctica institucional del Poder Legislativo. En otras ocasiones en que surgieron desacuerdos entre bloques parlamentarios, las presidencias de las cámaras garantizaron procedimientos abiertos para canalizarlos ya sea mediante audiencias en comisiones, exposiciones de los diferentes partidos, dictámenes que atendían… Constitucionalistas conocedores de ciertas prácticas institucionales como Bidart Campos o Carlos Nino, llamaban a “insistir” en el principio de buena fe constitucional y alertaban contra el ejercicio abusivo de las normas que regulan el poder público “con prescindencia de los fines que ellas procuran satisfacer”.

Seguidamente los tres supremos lanzan una serie de párrafos con términos bastante duros contra la estratagema del oficialismo, al calificarla de “artimaña”, “ardid”, “manipulación”, “beneficio ilegítimo”, etc., que se reflejan a continuación:

“No puede dejar de mencionar este Tribunal que la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático (artículo 36 de la Constitución Nacional).

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“13) Que la maniobra reseñada quiebra, además, las reglas más básicas del debido proceso legislativo… 14) Que las conductas descriptas, encaminadas a la obtención de un rédito político violentando la finalidad y el espíritu de las normas que gobiernan el procedimiento aquí cuestionado, imponen recordar que, como ya ha sostenido este Tribunal en otras ocasiones, la obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática que establece la Constitución Nacional pesa también sobre los partidos políticos, por su condición de instituciones fundamentales del sistema democrático (artículo 38 de la Constitución Nacional). Es por ello que sus conductas deben reflejar el más estricto apego al principio republicano de gobierno y evitar cualquier maniobra que, aun cuando pueda traer aparejado algún rédito en la contienda electoral, signifique desconocer las más elementales reglas constitucionales”.

Pero el fallo de los tres supremos claramente va más allá, porque no se trata de reponer a Juez hasta el cumplimiento del mandato de Doñate que vence el próximo 20 de noviembre, sino por todo el periodo próximo, a partir del 20 de noviembre de 2020 hasta el 20 de noviembre de 2026. Eso es lo que estipula en su punto 8), donde se expresa;

“8) Que la fecha de la notificación de la sentencia [de diciembre pasado] es el momento que el Congreso debe tener en cuenta para determinar cuál es el bloque de cada cámara que, por ser la segunda minoría, debe proponer el representante correspondiente, toda vez que no ha habido una nueva elección legislativa que haya modificado la composición de la cámara.”

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De esta manera, Rosatti, Ronsenkrantz y Maqueda además de anular el decreto parlamentario antes mencionado, habilitan la entrada de Luis Juez al Consejo de la Magistratura hasta noviembre del año 2026. Y así Juez podrá cumplir con su campaña electoral en Córdoba del año pasado, cuyo principal lema fue “Un Juez para Cristina”.

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Tonelli sí, sí… Doñate na, na…

Lo cierto es que esto expondría otra maniobra por parte del máximo tribunal, en su involucramiento a lo que el kirchnerismo denomina lawfare en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Dado que a principios de 2016, una discusión muy parecida surgió cuando el oficialismo de entonces, Cambiemos, propuso al diputado nacional del PRO Pablo Tonelli como representante en el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de la diputada kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, que pasó a desempeñarse como senadora.

Con el argumento que Tonelli representaba un “interbloque”, a pesar de que las designaciones para integrar ese Consejo la deciden los presidentes de los bloques. ¿Qué resolvió la Corte en ese entonces? Que lo que decida el propio Consejo está bien. Todo lo contrario a lo que hizo seis años después, para permitir la entrada del hiper opositor Juez al mismo Consejo.

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Tonelli es un peso pesado del derecho,  integrante de la “mesa judicial” macrista, que tiene actualmente como profugado en Uruguay a Fabian “Pepín” Rodriguez Simón. El abogado que inspiró al presidente Macri, en base a un decreto ley de las dictaduras, a designar a Rosatti y Rosenkrantz como ministro de la Corte Suprema con otro decreto.

Ver La ostensible ilegalidad del decretazo con el que Macri avanzó sobre la Corte Suprema

Es hijo de Ideler Tonelli, un camarista que juró durante la dictadura juró por el Proceso de Reconstrucción Nacional, y luego como secretario de Raúl de Justicia de Raúl Alfonsín, fue el redactor de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida con las cuales durante 20 años se evitó el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Y su estudió llevó adelante las causas referidas al Correo Argentino y al grupo Macri.

Ver La «indignidad moral» del diputado Tonelli, representante de Correo Argentino y Grupo Macri

En el siguiente video se puede apreciar a Tonelli, en una entrevista de archivo que concedió a Luis Novaresio, tratando de justificar con argumentos leguleyos, ese despojo de la vocalía correspondiente al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, avalado por el presidente de Diputados de entonces, Emilio Monzó.

Un reflejo de lo ocurrido en abril pasado, donde la presidente del Senado CFK, avaló la partición del bloque del Frente de Todos para desplazar al candidato del PRO, Juez, como vocal en dicho Consejo. Partir bloques o sumar bloques para constituir un interbloque, no tiene mucha diferencia, con el agravante en el caso de Tonelli, que era una vocalía perteneciente a otro bloque, cosa que trató de justificar diciendo que no son hereditarias, cuando claramente en ese caso lo era en relación con el bloque.

El fallo de la Corte en el caso Luis Juez, para destituir a Martín Doñate, se contrapone con la Acordada número 1, del año 2016 de la Corte Suprema, referida a la aceptación de Pablo Tonelli como integrante del Consejo de la Magistratura. En tan solo dos páginas, la Corte convalidó brevemente la aceptación del diputado del PRO diciendo simplemente que tomaba conocimiento de ello:

“2) Que a juicio de esta Corte, del texto de la Resolución n° 27/2016 surge que, frente a las impugnaciones deducidas en cuanto al título de uno de los miembros, el Consejo de la Magistratura ha puesto en ejercicio la atribución recordada por el Tribunal en la acordada 46/2015 como paso previo e imprescindible para recibir el juramento con el cual concluye el procedimiento legal para que la persona designada -por cualquiera de los diversos estamentos representados- asuma el cargo de miembro de aquel Órgano Constitucional.

3) Que en las condiciones expresadas, corresponde tomar conocimiento de lo decidido por el Consejo de la Magistratura de la Nación respecto de la aprobación del título como miembro de dicho Cuerpo del Diputado Nacional Dr. Pablo Gabriel Tonelli y, consecuencia, proceder con arreglo de lo establecido en el art. 2 de la ley 24.937, recibiendo el señor Presidente del Tribunal el juramento de ley por parte del nombrado”.

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Esto quiere decir que sí el Consejo de la Magistratura estaba de acuerdo, no había razón para contradecirlo. Ahora que el actual órgano está presidido por el autoimpuesto Horacio Rosatti, él mismo termina definiendo, como presidente e integrante de la Corte, que no es procedente la maniobra del actual oficialismo. Lanzando incluso duros “dardos gramaticales”, como diría Novaresio, contra la propia presidenta del Senado, a pesar que cabrían los mismos en contra el presidente de Diputados en el 2016, Monzó.

Quienes firmaron entonces la acordada a favor de Tonelli fueron Ricardo Lorezetti, Elena de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En ese entonces, todavía no estaba resuelto la polémica designación de la dupla Rosenkratz – Rosetti, tras que el presidente Macri pretendió designarlos a dedo con un simple decreto.

Ahora esta dupla amarillenta es la que avaló el avance del cordobés Juez en la Magistratura, contando la única firma en común de ambas resoluciones, la del también cordobés Maqueda. El mismo que se prestó a la autoelección de Rosatti y Rosencrantz como autoridades de la Corte, prescindiendo de los otros dos integrantes de ella, y que ahora se encuentra jaqueado por el afaire de la obra social de los judiciales.

Todo esto ocurre en un marco donde, como explicaron Lijalad y Mizrahi, hay un advenimiento de la reapertura de causas judiciales contra CFK, como son los casos del Dólar Futuro, la denuncia de Nisman por el Memorándum con Irán, y Hotesur – Los Sauces. La primera, había sido cerrada por la Cámara Federal de Casación Penal al asegurar que hubo “inexistencia de delito”, pero es la Corte de Rosatti quien tendrá la última palabra si se realiza o no este juicio.

Sobre el Memorándum, el fallo pro Juez se dio el mismo día donde en una audiencia en Casación Penal, familiares de víctimas del atentado a la AMIA y la DAIA, pidieron revocar el sobreseimiento a la vicepresidenta y otros implicados, dictado por el Tribunal Oral que debía juzgarlos, cuya última palabra también subiría hacia la Corte. Esa misma sala revisará el cierre de la tercera causa, la de los hoteles Hotesur y Los Sauces, efectuada por otro Tribunal Oral que juzgarla, a la par que se espera el fallo en la causa Vialidad, tras los resonantes alegatos efectuados por sus fiscales.

La crisis económica recesiva pronostica un posible triunfo de un frente opositor, cuya concreción va depender de la máxima estratega del oficialismo actual, que es Cristina Fernández. El aparato político – judicial – mediático lo sabe, y optan por esgrimir el lema que nadie escapa del archivo. O en este caso, del carpetazo.-

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