La invisible deuda externa, violatoria de los derechos humanos, la democracia, y la soberanía

“Argentina 1985” es un film que está conmoviendo a los argentinos, especialmente a los más jóvenes, como si ese tema relacionado con la demencial violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar, hubiese caído en el olvido. Pero muy pocos saben qué en ese mismo año, el presidente Ricardo Alfonsín le puso al hombro de los argentinos la agobiante mochila de la deuda externa generada durante la dictadura militar, incluida la de los privados. Y quizás su excusa histórica por ello es que no podía lidiar simultáneamente contra ambos enemigos.

Así apareció una nueva forma de violación a los derechos humanos, paulatina y de baja intensidad, que se refleja hoy en una enorme población hundida en la pobreza, la indigencia, y la lumpenización. Por efecto la continuación y profundización del proceso de desindustrialización y financierización de la economía, inaugurado por el ministro de la dictadura “Joe” Martínez de Hoz, que siguió soportando el país. El que también inicio el proceso de las “privatizaciones periféricas”, y el traspaso de la educación primaria de la nación a las provincias, no para mejorar su calidad, sino por razones de economía para poder atender la deuda.

Y en vez de la manda militar violatoria de la democracia, la manda vino a partir de entonces y a lo largo de 28 años en los 40 años que tiene la democracia, por parte del FMI y el Banco Mundial. Y también a lo largo de todos esos 40 años, por parte de los acreedores e inversores extranjeros. Los que prácticamente han hecho que los argentinos elegimos a un presidente, para que se arrodille frente a ellos. Y no solo como se verá, en lo relacionado con la cuestión socioeconómica.

O sea qué como una saga de la dictadura militar, ahora estamos bajo la dictadura de la deuda externa que se originó durante ella, y creció y se perpetuó a lo largo del tiempo. Sin embargo en los grandes medios, que abruman a sus audiencias con seudo escándalos como el del avión iraní, o el velo de las mujeres iraníes, ni se habla de la deuda, como si un velo la invisibilizara enteramente.

Al mismo tiempo que naturaliza sus amplios efectos, que van más allá de los socioeconómicos,  tal como lo hizo nada menos que el secretario general del megamedio Clarín, Ricardo Kirschbaum, que en un reciente editorial mostró para que sirve también la deuda externa, diciendo sin empacho alguno: “Un diplomático de una potencia europea quedó otra vez asombrado de la asimetría de la política exterior argentina con sus pedidos desesperados de ayuda y de inversiones, por un lado, y el voto contrario a esos intereses en organismos internacionales, por el otro.”

“Por supuesto que Massa es el primer perjudicado en esas piruetas ideológicas: el martes estará otra vez en Washington. El ministro, además de lidiar con las presiones internas y con las incoherencias políticas externas, debe enfrentar a un enemigo mucho más poderoso, que es la realidad argentina diaria.” Desquiciada desde hace mas de 40 años por la deuda externa.

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Los sucesivos gobiernos azotados por la deuda

Con el efímero Plan Austral, Alfonsín le puso en el hombro de los argentinos la deuda externa. Un anticipo del plan de Convertibilidad, que también contó con el apoyo del FMI, y la gran banca extranjera acreedora de la deuda externa cómplice de la dictadura militar, y con el que también se prometía la “privatización del crecimiento”.

Sin embargo Alfonsín no pudo terminar su mandato, no por los golpes militares de antaño, sino por un golpe de mercado, al interrumpirse el refinanciamiento del FMI y de la banca extranjera, al no haber cumplido estrictamente los mandatos de estos. Y así sus promesas electorales de “levantar las persianas de las fábricas”, y que con “la democracia se come, se cura, y se educa” quedaron en la nada.

Luego Carlos Menem, que prometía la “revolución productiva” y el “salariazo” apareció con el Plan Brady y el Plan Austral. Y así rifando todos los bienes colectivos en el altar de la deuda, y profundizando políticas extractivistas, pudo renovar su mandato, pero no le alcanzo para un tercero, cuando en 1998 empezaron los estertores de la Convertibilidad. Y en el camino siguiendo a Martínez de Hoz, traspasó la educación secundaria a las provincias, también por razones de economía para atender la deuda, explicando esto el estado desastroso en que se encuentra actualmente.

Y lo mismo hizo con las jubilaciones, traspasándolas estafatoriamente a las AFJP. Dado que no eran jubilaciones, sino un ahorro forzoso a devolver según las expectativas de vida de varones y mujeres, las mas desfavorecidas. Y en su reemplazo se debía contratar un seguro de pensión, que disminuía aún más los ínfimos haberes jubilatorios.

Ver El “reformismo permanente” del sistema previsional para llevar la jubilación a 70 años y resucitar las AFJP 

Lo reemplazó Fernando de la Rúa, que prometía honrar la deuda con el Blindaje Financiero, y mantener la convertibilidad, y ambas cosas se lo llevaron puesto de la peor manera. Con una veintena de muertos, y los bancos cerrados y empapelados con títulos de la deuda externa, que antes detentaban los grandes acreedores externos. Quienes de esta manera  la cobraron, quedándose a cambio con las reservas de los bancos que pertenecían a los ahorristas.

Ver Prat Gay, el gran encubridor del vaciamiento del sistema financiero en el 2001
Ver Recuerdos del 2001: la ficha sucia de los candidatos Prat Gay, Amadeo, Heller, y Olivera en 2009

Mientras la deuda externa seguía creciendo y creciendo, como se puede ver en el siguiente gráfico, donde se han actualizado los valores en dólares de antaño, a moneda constante a junio de este año, tomando el PBI en dólares publicado por el Banco Mundial. Superando a partir de la dictadura militar los niveles razonables en relación con el PBI, que como máximo no debería superar un 30 % según los expertos, alcanzado en esa oportunidad un 45 % del PBI.

Indicador que no obstante, no se refleja adecuadamente en el gráfico, con picos y valles pronunciados, por efecto de los sucesivos atrasos cambiarios que se sucedieron ínterin, y de las crisis de 1989 y 2001. Pero de todas maneras muestra la existencia de niveles lesivos de deuda externa  en proporción con el PBI, desde la dictadura militar en adelante, que actualmente se ha instalado a un nivel superior al de la salida de la dictadura militar.

El mandato de De la Rua fue completado en parte por Eduardo Duhalde. Quien se encargó que la salida de la convertibilidad, con un aumento de la deuda externa e interna, favoreciera a los mas ricos. Y así la pobreza estructural subió otro penoso escalón.

Seguidamente vino Néstor Kirchner, cuyo gobierno se vio notablemente favorecido por el aumento de los precios de los commodities agrícolas y energéticos, lo cual profundizó aun mas las políticas extractivistas, cuyo principal efecto es la concentración de la riqueza, y así pudo pagarle al FMI, librándose de su tutoría, y bajar la deuda interna. Y también la externa, mediante dibujar políticamente una notable quita, para eludir la investigación sobre la deuda reclamada por amplios sectores de la política y la sociedad, que era compensada con las Unidades Ligadas al PBI.

Generó así el problema de los fondos buitres, y una total ausencia de crédito externo privado. Que padeció su sucesora y esposa, Cristina Fernández. Quien por ello bajó la deuda externa, pero aumento sustancialmente la deuda interna, la deuda intraestado, y con el Banco Central, que quedó incapacitado para defender el valor del peso. Y también profundizó el extractivismo por parte de inversores extranjeros, como Chevron, para paliar la creciente penuria de divisas. Provocada por la fuga de capitales, que a su vez demandó la instauración del cepo cambiario a lo largo de su segundo mandato.

Ver Los responsables de la Deuda pública externa y Fuga de divisas según el INDEC

Seguidamente vino Mauricio Macri, que hizo peligrosamente lo inverso. Para salir improvisadamente del cepo cambiario, arregló con los fondos buitres y aumentó notablemente la deuda externa, llevándola a la proporción con el PBI más alta de todas. Como para aferrar a Argentina a una absoluta dependencia con EEUU, a la par que esta potencia enfrenta su conflicto existencial con la República de China, que es el mayor cliente de Argentina. A la par con sus megatarifazos profundizó aún más el extractivismo en Vaca Muerta con inversión extranjera.

Ver El megatarifazo del gas natural es una consecuencia del arreglo con los buitres

Pero igual que con Alfonsín y De la Rua, la deuda externa que trepo hasta un 65 % del PBI le estalló en la cara, y así reapareció en Argentina el FMI. Bajo cuyo mandato la pobreza, la dependencia, y la falta de una democracia genuina a los efectos de lograr la autorealización, subió otro notable escalón. Y así quedaron como una cruel burla sus promesas de “podés estar mejor”, “pobreza cero”, y “bajar la inflación es lo más fácil”.

Finalmente vino Alberto Fernández, quién por la ausencia de crédito externo bajo levemente la deuda externa, llevándola a un nivel del 50 % del PBI, pero subió la deuda interna para poder enfrentar la pandemia. Así la pobreza con una Argentina detenida por una exagerada cuarentena, subió otro escalón. Mientras que el Banco Central empapelado hasta la náusea con Lebacs y Letras del Tesoro, quedó absolutamente imposibilitado de lidiar con la inflación.

La que no es provocada sustancialmente por la emisión monetaria, sino porque el precio de los dólares paralelos que duplican al oficial, los fija la cotización de los bonos de la deuda externa en Nueva York. Llegando así el fenómeno de la deuda externa, que azota desde hace cuarenta años a Argentina y a sus gobiernos, a su más alta expresión destructiva.

Ver Cómo la deuda externa destruye día a día la economía y convivencia de los argentinos

A la par que el FMI logró imponer un absurdo programa, que tiene por única y exclusiva finalidad, más allá  de sus angustiantes necesidades económicas internas, que Argentina pueda volver al mercado de la deuda externa privada. Para así sacársela de encima como su principal deudora, en el crédito mas estúpido e irresponsable que dio en su historia. Al solo efecto de concretar un salvataje a favor de los acreedores extranjeros privados, y atar nuevamente firmemente a Argentina al carro de los EEUU.

Ver El plan estúpido del FMI y Macri que causó un enorme estrago en la economía
Ver La pésima negociación del Gobierno con el FMI lindante con la traición
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Pero de la deuda externa en Argentina nadie habla. El perverso fenómeno de la deuda externa, se ha invisibilizado absolutamente. Al punto que los grandes medios ignoraron enteramente la reciente visita a Argentina que concretó durante diez días, entre fines de septiembre y principios de octubre pasado, la “Experta Independiente de la ONU sobre la deuda externa, otras obligaciones financieras, y los derechos humanos”, la economista keniata Attiya Waris. No obstante los agobiantes que son esos tres aspectos de la realidad para los argentinos.

Ver Colonialismo mental, desinformación, medios de difusión, y deuda externa en Argentina

Seguidamente Stripteasedelpoder.com hace una traducción y extracto de sus palabras relacionadas con esos temas, por parte de esta diplomática internacional que está lejos de plantear discursos rupturistas, llegando incluso a elogiar al Estado argentino por “respetar la deuda pasada”.

Pero claramente le reclama a la dirigencia argentina, el no haber concretado una rendición de cuentas de la deuda externa que oprime al país, afirmando: “es bastante sorprendente que en 40 años de democracia el Estado no haya puesto en marcha algún tipo de mecanismo de búsqueda de la verdad para llevar a cabo investigaciones sobre el proceso de la deuda”. Señalando también su directa relación con la vulneración de los derechos humanos.

A lo que cabe agregar el hecho de qué, como se puede ver en el gráfico, ella creció subitamente, despues del demencial intento de guerra con Chile en 1978, y antes de la guerra de Malvinas en 1982. A la par de que se multiplican las evidencias de que esta última -e incluso ambas- habrían sido una trampa de EEUU para cambiar el statu quo de las islas Malvinas, y poder instalar una base de la OTAN en ellas, ante la expansion de la URSS en el Atlántico Sur.

Pero a la degradada dirigencia argentina la cuestión de la deuda ni siquiera la inquieta bajo la perspectiva de una guerra de por medio,  no solo como una guerra por otros medios, sino como una red de seguridad para mantener sujeta a Argentina al área de EEUU tras los resultados de ella.

Ver MALVINAS: cómo EEUU embocó a Galtieri y emboscó a Argentina
Ver MALVINAS 1982: la guerra planificada por EEUU y la OTAN y ejecutada por el Reino Unido
Ver La deuda externa sucia que apareció entre el conato de guerra con Chile y la guerra de Malvinas   

Waris también señaló el peligro de la profundización de las políticas extractivistas, incluido el petróleo y el litio, a los efectos de solo enfrentar la deuda. Y criticó los recargos establecidos por el FMI, el regresivo sistema tributario argentino que favorece a los más afortunados; la absoluta impunidad en relación con las transferencias de riquezas a paraísos fiscales; incluso por parte de políticos argentinos a los que se les permite tener cuentas en el extranjero; la relación entre inflación y tipos de cambio, y la falta de transparencia, principalmente en las cuestiones financieras.

Declaración de la Sra. Attiya Waris, Experta Independiente de las ONU sobre la Deuda Externa, otras y Derechos Humanos en su visita a Argentina, 26 de septiembre – 5 de octubre de 2022

Introducción

En la presente declaración, la Experta Independiente evaluará, de forma preliminar, el impacto que la deuda externa y las obligaciones financieras sobre el goce de los derechos humanos y cómo los procedimientos y procesos de recaudación y redistribución de recursos fiscales del país pueden ser utilizados de manera que contribuyan a la legitimidad fiscal y la realización progresiva de los derechos humanos, a través de la implementación de un enfoque basado en los derechos humanos, y de inclusión y protección de la diversidad de este pueblo multicultural, multirracial y plurinacional, contribuyendo así, a la protección de las poblaciones más marginalizadas y vulnerables.

Máximo de recursos disponibles/eficiencia

“De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben adoptar todas las medidas posibles, individualmente y a través de la asistencia internacional, hasta el máximo de sus recursos disponibles para proteger y promover los derechos humanos. Por lo tanto, los Estados deben diseñar y aplicar políticas fiscales, tributarias, de endeudamiento, comerciales, de asistencia, y monetarias, junto con otras medidas, de manera deliberadamente que se dirijan a la realización de los derechos humanos”. Argentina ratificó los principales tratados internacionales de derechos humanos y continúa progresando en su implementación.

Deuda

A pesar de ser una gran responsabilidad, el Estado argentino debe ser elogiado por respetar la deuda pasada, y no sólo debe utilizar los recursos existentes para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos, sino también generar recursos potenciales de manera sostenible, cuando los primeros no sean suficientes. Los servicios sociales tienen una larga tradición en el país y han sido respetados por los sucesivos gobiernos. Asumir la deuda externa de buena fe a nivel federal y provincial, podría verse como una forma de movilizar recursos y mantener una economía que permita la realización progresiva de los derechos humanos.

En este sentido, Argentina tiene una historia de préstamos con el FMI desde 1956 (con 22 acuerdos stand-by y 3 facilidades extendidas, entre otros), cuya sostenibilidad y legalidad, en relación a algunos acuerdos, ha sido puesta en duda. Durante la crisis financiera de principios de la década de 2000, Argentina incumplió un préstamo del FMI de 21.600 mil millones de dólares, además de suspender los pagos a los acreedores (95.000 mil millones de dólares en bonos). En 2018, cuando el país atravesaba una crisis financiera, se llegó a un acuerdo de préstamo de 44.500 mil millones de dólares con el FMI, el mayor préstamo concedido a un país en la historia de la institución.

En 2022, el personal del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo de 30 meses de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 30 meses por unos 44.500 millones de dólares, acompañado de una serie de reformas estructurales de política monetaria y fiscal. Este acuerdo se estableció para cubrir los vencimientos del Acuerdo Stand-By de 2018, obtener apoyo presupuestario para financiar parcialmente las necesidades del Tesoro Nacional, y reforzar las reservas del Banco Central. El acuerdo también incluía revisiones trimestrales vinculadas a los desembolsos.

La primera revisión recomendó un endurecimiento de las políticas fiscales en el segundo semestre de 2022 para cumplir el objetivo de déficit primario fiscal del 2,5% del PIB. Fue conjuntamente acordado en la segunda revisión que debería haber una revisión de los incentivos fiscales a las sociedades comerciales y un mayor cumplimiento de los ingresos mediante el fortalecimiento de la estructura fiscal, la información y los marcos normativos para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.

De acuerdo a la Experta Independiente, el ciclo de endeudamiento público que ha asumido Argentina a lo largo de los años, si bien es útil para mantener la estabilidad de la economía, no se traduce en un aumento directo de los recursos para invertir en derechos humanos, más aún después de la múltiple crisis que ha vivido y sigue viviendo el mundo, si se considera que la deuda actual se ha tomado para pagar deuda anterior, y que los fondos entran y salen del tesoro, prolongando el período de pago.

La Experta Independiente tomó conocimiento que el Estado ha negociado una ventana de 10 años para ralentizar el flujo de pagos, una ventana que tendría pagos bajos hasta 2027 y pagos más reducidos hasta 2034. Esto, unido a la consolidación macro y a la mayor capacidad de exportación prevista, debería permitir a Argentina satisfacer sus necesidades financieras y emitir nueva deuda en los mercados de capitales, según se le informó a la Experta.

La Comisión bicameral permanente de seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de la deuda en el Congreso podría ser llamada a explorar el vínculo entre estos dos espacios y potencialmente preparar un análisis de costo-beneficio en este período de tiempo. Esto permitiría una reflexión de los costos y beneficios de los procesos de obtención de recursos utilizados históricamente para poder informar futuras decisiones.

El crecimiento esperado de las exportaciones impulsadas por la deuda se basa principalmente en el aumento de la producción de petróleo y gas, litio, cobre y otros productos mineros, el impulso a la industria alimentaria, la industria del conocimiento y el hidrógeno verde y energías renovables, todos estos sectores que según el Estado tienen un importante potencial de crecimiento.

Esto trae aparejada la discusión sobre las consecuencias económicas, sociales, culturales y ambientales de tales actividades y los efectos adversos que pudieran tener en el goce de los derechos humanos, especialmente para las comunidades que habitan las áreas donde estas actividades extractivas podrían llevarse a cabo, donde el agua es escasa y donde es necesario que haya un efectivo compromiso pacífico, participativo y de respeto por el consentimiento informado de los/as participantes en los procesos de toma de decisiones para mantener el tejido de esta sociedad diversa. La información sobre el endeudamiento para este tipo de actividades extractivas, así como las salvaguardas deberían ser comunicadas eficazmente a la población.

Sería importante considerar la posibilidad de no extraer algunas de las reservas de minerales como el litio y el hidrógeno, sino utilizarlas como garantía de financiación y colocar los ingresos en un fondo de riqueza soberano que también podría utilizarse para respaldar el peso argentino, y para fortalecer la economía de las provincias, así como proteger el ambiente. La Experta Independiente señala que, aunque su atención se centró en el análisis de la deuda externa y su impacto en los derechos humanos, esta cuestión de la comunicación debería ser abordada.

Respecto de la deuda, la parte de la deuda privada de Argentina no debería ser olvidada. Las agencias de calificación crediticia tienen un efecto negativo en las tasas de los cupones y aumentan el costo de la deuda tanto en el mercado primario como en el secundario. Esto puede reducir el espacio fiscal de los países, lo que lleva a limitar la inversión en protección social, alimentación, sanidad, educación o medidas contra la pobreza, por lo que no debe tenerse en cuenta y deben evitarse por completo los mercados secundarios de bonos, a menos que esta situación pueda estabilizarse en el mercado global.

Rendición de cuentas y justicia

Según el acuerdo “stand by” firmado por Argentina con el FMI en 2018, el FMI transfirió alrededor de 45 mil millones de dólares, equivalentes al 10% del PBI y cerca del 1000% de la cuota argentina en el organismo, convirtiéndose en el mayor préstamo otorgado a un país. Este acuerdo no sólo no alcanzó su propio objetivo de corregir los desequilibrios macroeconómicos y estructurales y mejorar la confianza de los mercados, como evaluó incluso el FMI, sino que además contenía una serie de irregularidades, incluyendo la de no seguir los procedimientos administrativos vigentes y no estar disponible en español.

Debería de realizarse una rendición de cuentas referida a la deuda pública externa en la historia del país, incluyendo el acuerdo de deuda de 2018. Respecto a este acuerdo, se han presentado varias peticiones de acceso a la información, (información de la que la gente se ha visto privado hasta ahora), ante los departamentos pertinentes del Gobierno y el poder judicial, sin resultado alguno; de hecho, estos expedientes de la deuda de 2018 siguen pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo.

La Experta Independiente también observó que el uso de la cláusula de limitación de la acción en casos bajo la judicatura parece ser común, lo que da lugar a que no se produzcan conclusiones y decisiones en casos clave que buscan la determinación de responsabilidades. La Experta Independiente lamenta no haber podido plantear estas cuestiones a la judicatura, ya que ésta no estaba disponible para discutirlas, durante la visita.

En 2016 se creó una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de las Adquisiciones y Pagos de la Deuda Externa de Argentina a través de la Ley 27-249, en sustitución de otra Comisión similar establecida en 2014 que, sin embargo, no llegó a funcionar. Esta comisión decidió investigar la deuda externa y la fuga de capitales, pero la investigación no ha avanzado y la Comisión parece haber estado inerte hasta ahora. También es desafortunado que el mandato de la Comisión de 2016 se limitara a investigar la deuda externa actual, sin incluir la del pasado.

Dado que la raíz del problema de la deuda argentina atraviesa varios regímenes políticos diferentes y se remonta a los tiempos de la dictadura cívico-militar, y teniendo en cuenta todos los esfuerzos realizados por el Estado para proporcionar reparación y resarcimiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante ese tiempo, es bastante sorprendente que en 40 años de democracia el Estado no haya puesto en marcha algún tipo de mecanismo de búsqueda de la verdad para llevar a cabo investigaciones sobre el proceso de la deuda. Esto sería importante para la memoria colectiva y las garantías de no repetición sobre los abusos financieros que tuvieron lugar en ese contexto.

En 2020, el Estado presentó una denuncia penal contra un ex presidente del Gobierno y dos ex presidentes del Banco Central en relación con la deuda de 2018, dirigida por la oficina anticorrupción. La denuncia se basaba en dos supuestos delitos: malversación de fondos públicos y administración fraudulenta de bienes del Estado, ya que el préstamo se solicitó para un fin y se utilizó para otro distinto. En concreto, se habría tomado para reforzar las reservas del Banco Central y, en menor medida, para vender divisas en el mercado libre de cambios, pero ocurrió lo contrario.

Esta denuncia penal es un paso positivo al tiempo que se reconoce que, tras 230 años de endeudamiento, esta es sólo la segunda denuncia de este tipo. Sin embargo, esto pone en tela de juicio la responsabilidad de todos los poderes del Estado, ya que la justicia federal debería desempeñar su papel para hacer rendir cuentas a los responsables de asumir una deuda insostenible y buscar la repatriación de estos activos estatales.

Impacto sobre los derechos humanos

A la Experta Independiente le preocupó escuchar de forma repetida que el nivel de vida en Argentina ha disminuido deforma general durante los últimos cinco años. Durante el período comprendido entre 2017 y 2020 la población viviendo por debajo de la línea de pobreza superaba el 40%. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el primer semestre de 2022, el 36,5% de la población (10.6 millones de personas) vive por debajo de la línea de pobreza; de los cuales el 8,8% de la población (2,6 millones de personas) vive en situación de extrema pobreza. Para la Experta Independiente son especialmente preocupantes los niveles de pobreza en los niños y niñas. Entre aquellos viviendo en la pobreza, según el INDEC, más de la mitad (50,9%) son niños y niñas de entre 0 y 14 años. En paralelo, Argentina presenta una severa brecha de desigualdad, con el 20% más rico de la población acumulando casi el 50% de los ingresos totales.

También se informó que desde 2015 ha habido una reducción del poder adquisitivo de los salarios. Antes de la pandemia, la pérdida global del poder adquisitivo de todos los salarios ascendía al 16,7% y el número de trabajadores registrados en el sector privado disminuyó. La pandemia de COVID 19 agravó esta situación debido a las estrictas medidas de aislamiento, que fueron de las más largas de la región latinoamericana…

Argentina dedica el 3% de su PIB a la asistencia social. Sin embargo, los niveles de asistencia proporcionados, junto con los efectos negativos de la inflación y un presupuesto federal de dos años de antigüedad, no han tenido un impacto considerable en la reducción de los niveles de pobreza. También dedica el 8% de su PIB a las pensiones, pero muchos trabajadores están decidiendo no jubilarse, ya que las prestaciones de jubilación no son suficientes para mantener un nivel de vida adecuado.

La Experta Independiente también fue informada de que la Decisión Administrativa 826/2022 preveía recortes en programas importantes, como el “Programa Conecta Igualdad” y “Planificación y Desarrollo Territorial”, en los sectores de la educación y la vivienda, y en la construcción de guarderías; recortes que pueden socavar la consecución de los objetivos establecidos por estos programas y la realización de una serie de derechos humanos. Otros programas, como los de educación universitaria y los de becas para estudiantes universitarios procedentes de los grupos de menor renta de la sociedad, podrían recibir los fondos necesarios para seguir funcionando como consecuencia del impuesto sobre el patrimonio.

El Experto ha recibido información de que el proyecto de presupuesto para 2023 contempla una reducción del gasto de casi el 9% en comparación con el presupuesto actual; el 50% de este recorte se explica por la caída del presupuesto asignado a la Seguridad Social (Asignaciones Familiares, Prestaciones de Jubilación y Pensiones No Contributivas).

Sobrecargos

La cuestión de los pagos por los sobrecargos también debe ser cuestionada, ya que prima facie va en contra de permitir que un Estado utilice el máximo de sus recursos disponibles y cumpla con las obligaciones inmediatas para la realización de los derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2021 se solicitó a Argentina que realizara pagos de sobretasa que superaban el presupuesto total asignado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable juntos. Como resultado del acuerdo de 2018, Argentina pagaría entre 2021 y 2026 unos 4.000 mil millones de dólares en sobrecargos, que superaban los 3.600 mil millones de dólares en cargos y comisiones del préstamo. Es decir, los sobrecargos duplican con creces el costo del acuerdo (lo elevan en un 113%)

Sistema fiscal

La generación de ingresos en Argentina se basa en gran medida en la imposición de impuestos sobre el consumo de bienes y servicios, mientras que parece haber un bajo nivel de imposición sobre los bienes personales y se planteó la preocupación por las exenciones fiscales injustificadas. El impuesto sobre los bienes personales ascendió al 2,53% del total de los ingresos fiscales en 2021, mientras que el IVA sobre el consumo contribuyó al 29,4%, lo que constituye una política tributaria regresiva que afecta especialmente a las personas sin ingresos o con ingresos más bajos. Además, la pérdida de ingresos atribuible a las exenciones fiscales puede haber ascendido al 2,67% del PIB.

Es importante señalar que el Gobierno introdujo algunas políticas redistributivas durante la pandemia con la introducción del impuesto extraordinario sobre grandes patrimonios en diciembre de 2021, aumentando los impuestos en un 1,50% para los activos que superan los 100 millones de ARS y en un 1,75% para los activos que superan los 300 millones de pesos argentinos. Con ello se recaudaron cerca de 2.400 mil millones de dólares en ingresos adicionales para hacer frente a la pandemia, incluyendo equipos médicos y subsidios a pequeñas empresas, entre otros.

Si bien es importante, al ser una medida extraordinaria, ha tenido una duración limitada y como resultado no ha impactado en la regresividad general del sistema tributario. Argentina, al proteger a su población, mantuvo durante la pandemia uno de los aislamientos más largos y, como resultado, podría considerarse que este tipo de medidas impositivas se podrían mantener durante un período más largo debido, al retraso en la reincorporación de la gente a la actividad económica; sin embargo, esta medida requeriría un extenso debate político.

Según datos de 2020 de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, Argentina pierde alrededor de 2.684 mil millones de dólares anuales por los flujos financieros ilícitos producidos por la elusión y evasión fiscal de personas y empresas que transfieren sus ganancias a paraísos fiscales o jurisdicciones secretas. De estos, 2.341mil millones de dólares son de transferencias de empresas multinacionales y argentinas con negocios en paraísos fiscales y el resto, 343 mil millones de dólares, son de individuos que transfieren sus ingresos no declarados al extranjero, reduciendo así la cantidad de dinero que circula en la economía y pagando menos impuestos. La decisión de recaudar el impuesto extraordinario sobre el patrimonio durante el COVID 19 es ha sido de suma importancia para apoyar los derechos humanos.

Inflación y tipos de cambio

La alta inflación parece estar constantemente en el debate público. La inflación está provocada por la multiplicidad de crisis mundiales, la dependencia de las exportaciones y los múltiples tipos de cambio. Entre 2021 y 2022, Argentina alcanzó el 70% de inflación y se teme que se podría acercar rápidamente al 95%. Las múltiples prácticas cambiarias, con un tipo de cambio inestable en el mercado paralelo (dólar blue) y varios tipos de cambio oficiales: el oficial, el de la soja y una posibilidad futura de un tipo de cambio para el Mundial de futbol en Catar, litio y tecno que parecen estar en discusión en lo que parecerían ser medidas a corto plazo para reponer las reservas del país, con el fin de mantener los calendarios de pago de la deuda, con un posible efecto en el aumento de la inflación y  la reducción de la certidumbre, la previsibilidad y la estabilidad. Otras opciones podrían ser una moneda electrónica como medio de pago respaldada por el banco central o el uso de activos basados en el oro/litio como herramienta de diversificación, así como evitar el acarreo (carry trade).

Estas variables macroeconómicas, de la forma en que se han correlacionado en Argentina, no parecen propiciar un entorno en el que el máximo de recursos disponibles se dirija a la realización de los derechos humanos. De hecho, la inflación se ha convertido en uno de los principales generadores de la pobreza, según algunos interlocutores, y parece haber una gran dispersión de recursos que podrían utilizarse de otro modo. Los grupos que viven por debajo de la línea de la pobreza, incluso en situaciones de extrema pobreza, se ven afectados de forma desproporcionada por la inflación…

Este proceso inflacionario y de diversos tipos de cambio puede suponer un reto en la creación de reservas estatales y en el mantenimiento de la liquidez del Estado, posiblemente porque los ahorros no se están depositando o invirtiendo, sino que hay una especulación relacionada con el dólar y la moneda digital, y la percepción social de la confianza en el Estado se refleja en estas acciones.

Acceso a la información y transparencia

La Experta Independiente fue informada de que la legislación y las prácticas de acceso a la información son bastante eficientes en Argentina. Sin embargo, también se le informó de las limitaciones al acceso a la información fiscal y financiera en general, incluyendo en casos en los que hay un interés público; así como al principio de transparencia. Además, la legislación fiscal todavía permite el secreto financiero, ya que es anterior a la legislación que defiende los principios de transparencia y acceso a la información.

Parece haber una falta de información en áreas como el impacto de la política fiscal en los derechos humanos; el nivel de carga fiscal soportado por diferentes sectores de la población; los beneficiarios de exenciones, beneficios y renuncias fiscales y las cantidades correspondientes; los nombres de los titulares de cuentas offshore en paraísos fiscales y estimaciones públicas de evasión y elusión fiscal. Esto incluye a los funcionarios públicos a los que actualmente se les permite tener cuentas bancarias en el extranjero, aunque la Experta Independiente entiende que hay un proyecto de ley pendiente en el Congreso para considerar el cambio de esta posición.

La Experta también recibió información sobre la falta de acceso a la información sobre los documentos relacionados con el acuerdo stand-by de 2018 con el FMI; incluso para los documentos requeridos por la legislación argentina. Este es un asunto que actualmente es objeto de litigio. También se plantearon preocupaciones similares a nivel provincial sobre el acceso a la información por parte de la comunidad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la de Jujuy.

Coherencia política

La coherencia política parece ser necesaria también en lo que respecta a la política y la práctica en relación con las empresas. Ha habido informes que indican que varias empresas han establecido sucursales en el extranjero para evitar y potencialmente evadir regulaciones fiscales, laborales y cambiarias. Aunque el marco legal argentino para frenar la opacidad en las estructuras de las empresas y el secreto de propiedad es un paso positivo, el registro de la propiedad efectiva aún no está abierto a todos y no existe una legislación que exija la presentación de informes públicos de las empresas multinacionales.

Conclusión y recomendaciones

Argentina lleva casi 40 años endeudándose y lidiando con múltiples crisis y problemas de deuda mientras implementa servicios sociales. Con anterioridad a la pandemia del COVID-19, el país estuvo de nuevo envuelto en una situación similar que acabó afectando a los derechos humanos de los argentinos.  Esto también puso en entredicho la capacidad del país para mitigar los efectos negativos de las múltiples crisis a las que se enfrenta Argentina.

A pesar de estas recurrentes crisis de deuda, económicas y financieras, Argentina ha demostrado su capacidad de resistencia gracias a un marco legal e institucional anclado en una Constitución que reconoce los derechos humanos y eleva los instrumentos de derechos humanos que Argentina ha ratificado a rango constitucional. Una sociedad civil y un mundo académico vibrantes y comprometidos que nunca han dejado de exigir rendición de cuentas y transparencia, también han contribuido a que Argentina se levante después de cada crisis. Sin embargo, en opinión de la Experta Independiente, sigue siendo posible progresar para maximizar el uso de los recursos para la realización de los derechos humanos y evitar cualquier retroceso.

Todos los interlocutores con los que se reunió la Experta Independiente hablaron de la falta de confianza en la economía y en la capacidad de las instituciones de los Estados para gestionar las crisis económicas y financieras. Parece que existe una larga tradición de los argentinos de mantener los ahorros en dólares estadounidenses y fuera de la circulación financiera oficial (en cajas fuertes, en el extranjero o bajo el colchón, pero no en cuentas bancarias).

La Experta Independiente recomienda que el Gobierno considere la posibilidad de reorientar los ahorros del dólar hacia el oro u otras monedas y alejarlos de las monedas digitales más inestables que no son una clase de activo global. Si bien las ramas competentes del ejecutivo han establecido una hoja de ruta para ir en la dirección de desarrollar el mercado de capitales local con el fin de impulsar la confianza, la Experta también escuchó que las medidas destinadas a la creación de empleo bien remunerado y la productividad deberían de ser reforzadas al mismo tiempo.

Argentina cuenta con un importante potencial en todo tipo de recursos que, bien orientado y focalizado, debería ayudar al Estado a progresar en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos en todas las esferas de la vida. Por lo tanto, la Experta Independiente espera que su evaluación preliminar y sus recomendaciones, emitidas con un espíritu de reconocimiento de los inmensos esfuerzos que los gobiernos han realizado a lo largo de los últimos 40 años y con una visión de diálogo constructivo, respalden a todos los poderes del Estado para avanzar rápidamente hacia el objetivo común de hacer realidad todos los derechos humanos de todas las personas en el país.

La Experta hace las siguientes recomendaciones al Estado y a las provincias:

• Fortalecer las medidas para garantizar la coherencia en todos los ámbitos de las políticas públicas, así como la supervisión de la conducta empresarial, prestando especial atención al papel de las empresas en el desvío de recursos del Estado;
• Tomar medidas para facilitar e institucionalizar la participación de la sociedad civil, la academia y los sectores interesados en las negociaciones, el seguimiento y las revisiones de la deuda pública;
• Considerar la posibilidad de dictar normas específicas, basadas en las leyes de procedimiento administrativo y de administración financiera, que aclaren y den certeza a los pasos necesarios para asumir la deuda pública con los organismos multilaterales de crédito;
• Mejorar el acceso a toda información, incluyendo, pero no limitado a, la información fiscal, junto con los objetivos de la política fiscal, y los datos y el impacto de estas políticas, de forma que sea comprensible para todos, así como toda la información relacionada con los proyectos en las provincias;
• Continuar trabajando en la estabilización de la tasa de inflación y considerar el mantenimiento de un tipo de cambio único;
• El Estado podría considerar un mecanismo/proceso para sacar a la luz lo ocurrido durante la asunción cíclica de la deuda pública;

Además, hace las siguientes recomendaciones al FMI:

• En una transición de recuperación tras la pandemia, conceder un alivio de la deuda a los países de renta media, como Argentina; dado que estos países no pueden devolver toda la deuda sin refinanciarla;
• Considerar la revisión de sus políticas de sobrecargos, ya que los países endeudados, incluida Argentina, están luchando con crisis múltiples e interconectadas y tratando de recuperarse de ellas.