La Corte Suprema onerosísima e inconstitucional con un costo de $ 300 millones por sentencia

Recientemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti se despachó diciendo: “La Constitución habla de defensa del valor de la moneda, con lo cual es muy importante el tema de la emisión monetaria, a mayor oferta se devalúa el valor, está en la carta magna, no es lo que a uno le parece, está escrito”.

Sin embargo, los integrantes de la Corte encabezados por Rosatti, se despacharon con un pedido de presupuesto para el año que viene de 55 mil millones de pesos. Y además registran a la fecha un superávit acumulado desde el año 2008 superior a los 31 mil millones de pesos, colocados en plazos fijos en pesos y dólares.

Lo cual pone en evidencia que se ha acostumbrado a pedir al fisco mucho mas allá de sus verdaderas necesidades. Siendo así cómplice del déficit fiscal y la emisión monetaria, que ahora su presidente Rosatti critica. Ejerciendo además una cuasi extorsión ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, que no se animan a recortar esos excesos presupuestarios, para tratar de congraciarse con ella, y no le falle en contra. Por aquello que decía Martín Fierro, “hacete amigo del juez y no le des de que quejarse”.

Además, según las “transparentes”  estadísticas de la Corte Suprema, entre 2012 y 2016 emitió solo un promedio de 188 sentencias “con fundamentos desarrollados por la Corte”. Lo que arroja un costo bruto de ella de casi 300 millones de pesos por cada sentencia elaborada. Cuyas estadísticas además desde el año 2016, tras el arribo a la Corte de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dejaron de ser “transparentes”. Dado que a partir de ese año los datos fueron suplantados por gráficos interactivos, en los que se escamotea ese dato sustancial, referido a la verdadera actividad desarrollada por los cinco grandes -reducidos ahora a cuatro- de la Corte Suprema.

Ese presupuesto, como da cuenta el siguiente artículo del ex juez federal, abogado constitucionalista, y periodista de opinión Miguel Rodríguez Villafañe, prevé un gasto en personal de 48 mil millones de pesos. Lo cual representa una retribución promedio anual superior a los 10 millones de pesos para los 4.700 y pico de burócratas que integran la Corte, con su magro rendimiento de elaboración promedio de solo 188 sentencias al año. La que además en opinión del autor de la nota, ha incurrido a través de su presidente Rosatti, en un “alzamiento contra el orden constitucional”, erigiéndose como un superpoder.
Redaccion

La Corte condiciona inconstitucionalmente a los otros poderes

Por Miguel Rodríguez Villafañe

Vivimos una grave ruptura de la dinámica propia de la arquitectura institucional básica del país. Los poderes Legislativo y Ejecutivo neutralizados en el cumplimiento de tareas esenciales para el funcionamiento constitucional y partidos políticos sin identidad, diluidos en coaliciones que condicionan cualquier acuerdo con dirección clara en Políticas de Estado, para el bien común.

No se logra nombrar hace 13 años al Defensor del Pueblo de la Nación; hace 5 años al Procurador General de la Nación; hace casi un año a la reemplazante mujer en la vacante existente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; que se sustituyan a jueces puestos en comisión, indebidamente, con carácter “provisorio” (Bruglia y Bertuzzi), durante la gestión de Mauricio Macri; la necesidad de reformar la dinámica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y existe un 25 por ciento de cargos vacantes en la justicia nacional y federal sin cubrir; entre otros aspectos urgentes a encarar, integralmente, entre todos los responsables.

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En ese contexto, el máximo tribunal del país, ha sido cooptado irregularmente en su poder por Horacio Rosatti actual presidente de la Corte y simultáneamente, Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, que ejerce la suma del poder público judicial. Además, con el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, ambos se auto eligieron para esos cargos, por tres años, desde octubre de 2021 hasta octubre de 2024. Reunión electiva irregular en la que se auto votaron con la colaboración del otro miembro Juan Carlos Maqueda. No se esperó, para dicha ocasión, a los otros dos miembros, como debió hacerse, a Ricardo Lorenzetti y a la ministra Elena Highton de Nolasco, que renunció luego, desde noviembre de 2021.

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A su vez, particularmente, el presidente como el vicepresidente de la Corte se han dedicado, en los últimos tiempos, a recorrer el país, para hacer proselitismo judicial entre jueces y juezas y dejar en claro un poder soberbio, por sobre los otros poderes del Estado. Actitudes éstas del Poder Judicial, que no tienen justificativo constitucional alguno.

Así, recientemente, al cerrar el XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales Federales y Nacionales de la Argentina, celebrado en la ciudad de Catamarca, el 29 y 30 de septiembre de 2022, Rosatti expresó: “Creo que la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y procesales, va a ser la que cuente con el consenso del Poder Judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la CSJN”. Pero, después, condicionó la aceptación de los cambios y dijo, que: “En la medida de nuestras posibilidades vamos a llevar adelante las reformas que sean necesarias”.

O sea, la CSJN ha limitado, inconstitucionalmente, a los otros dos poderes democráticos. Una cosa es consultar a la Corte y otra muy distinta que los planteos del tribunal se hagan amenazando que, como poder contramayoritario no electivo por el pueblo, pueda condicionar lo que puedan decidir constitucionalmente los poderes democráticos (el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Nación) y que agreguen, que las normas que se dicten las llevarán adelante, en la medida de sus posibilidades y mientras las consideren necesarias.

Los dichos de Rosatti implican un verdadero alzamiento al orden constitucional, con el agravante que lo hizo transformando en cómplices involuntarios al resto de las cabezas de diversos tribunales del país, reunidos en el Encuentro en Catamarca.

Lo dicho se agrava, toda vez que la declaración se hace, luego que la gran mayoría de los gobernadores de Argentina consensuaron un proyecto de reforma de la CSJN, que recientemente tuvo media sanción en el Senado de la Nación.

Por otro lado, ha quedado claro, como ha surgido en las discusiones en Comisión en el Senado que trató el proyecto, que la gran mayoría de los fallos no pueden verlos y analizarlos los ministros ya que, en promedio, firman entre 71 y 80 resoluciones diarias porque, como lo declaró en la Comisión, el 5 de mayo de 2022, el ex miembro del tribunal Eugenio Zaffaroni, sacan entre 15.000 y 17.000 resoluciones al año. Todo lo que hace que las sentencias del tribunal sean, en los hechos, una gran escenografía y no el resultado de jueces que se ocupen personalmente de cada caso o decidan sobre temas sobre los que no tienen especialidad.

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Además, la CSJN, con modos monárquicos, funciona sin tiempos para resolver sus casos y muchas veces con resoluciones tardías sin fundamentos, a tenor del inconstitucional artículo 280 del Código Procesal de la Nación que habilita, a poder decidir, sin dar razones, sólo mencionando el artículo del Código.

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Esto último se potencia negativamente, cuando se advierte que, en medio de ajustes en los que muchos sectores gravemente sufren, la CSJN ha mandado su presupuesto para el año 2023, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, el 15 de septiembre de 2022. Presupuesto que el Ministerio de Economía lo ha agregado textualmente.

En el mismo surge que los miembros de la Corte fijaron “el Presupuesto de Gastos de la CSJN para el ejercicio 2023 -aprobado por Acordada 21/22-, en la suma de pesos Cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($ 54.672.144.449).

Dicho monto, $ 47.905.179.309 se destina al pago del personal del tribunal, es decir un 87,6% del total del gasto a sueldos para 4.732 cargos. ¿Puede ser que solo la Corte tenga un gasto promedio de $ 10.123.664 anual, por cada persona de su dependencia (desde magistrados, funcionarios a empleados) o dicho, de otra forma, que para mantener la CSJN se deban destinar en gastos de empleados, en proporción, por cada uno de los cinco miembros que la integran, la suma de diez mil millones de pesos por año?

La CSJN intima a los otros poderes que le consulten cualquier reforma para que, si está de acuerdo, garantizar que las hará cumplir, pero a la vez exige que se les otorgue, sin consultar con los otros poderes, los montos referidos y no demuestran pautas alguna de austeridad en gastos, necesarias en la crisis económica que vivimos.

Mientras tanto, a tenor del presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, el monto solicitado por la Corte para el pago de sueldos de su personal, es igual al monto de cincuenta mil millones de pesos, que se le recorta al Plan Conectar Igualdad del Ministerio de Educación.

El Poder Judicial pierde la autoridad constitucional y moral necesaria, cuando se asume como superpoder, por sobre los otros poderes democráticos y por sobre las necesidades del país todo.-