No obstante los enormes problemas socioeconómicos que enfrenta, como una nube de humo el Aleph de Argentina por donde pasan todos los acontecimientos, parece haberse situado en el domicilio de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la esquina de Juncal y Uruguay, en el recoleto barrio Recoleta.
Esto trajo como cola la bizarra instalación de un vallado por parte de la Policía de la CABA, para impedir que los simpatizantes del kirchnerismo llegaran al Aleph, el que por presión de la multitud fue derribado y no pudo cumplir con su misión. Lo que finalmente derivó en una negociación entre autoridades nacionales y de la CABA, para descomprimir la situación y el posterior retiro de los manifestantes, a cambio del abandono de sus posiciones por parte de la Policía de la CABA.
Esto fue interpretado como una defección por parte de los halcones del PRO encabezados por la ex Montonera Patricia Bullrich, que parece ser la émula de Carlos Tejedor en la revolución de 1880. Quienes como sí se tratara de un fortín en la frontera, no geográfica sino de la grieta, reclamaron que había que haber sostenido las vallas costara lo que costara, invocando la necesidad de sostener el orden de cualquier manera. Una consigna propia de los militares en el pasado Bullrich enfrentaba.
Seguidamente la justicia de la misma CABA, a través de un fallo del juez Roberto Gallardo, le ordenó al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que gallardamente retirara a la Policía de la CABA de allí, porque la seguridad de la vicepresidente de la Nación correspondía a la Policía Federal.
Ante ello, tapa de Clarín incluida, el Jefe de Gobierno de la CABA dijo que no se irá. Lo cual es otra muestra del notable grado degradación de la elite argentina, el periodismo y la justicia incluida, que proclama la República, las instituciones, y la división de los poderes, y achaca de no cumplir esto a sus adversarios políticos, al mismo tiempo que incurre en esas mismas inconductas. Y con los mismos argumentos de estos, al impugnar que Gallardo es un juez kirchnerista, de la misma manera que el kirchnerismo impugna que se trata de jueces y fiscales macristas.
En medio de este conflicto, sostenido con andanadas de mensajes en Twitter como campo de batalla, con contenidos agresivos propios no de políticos, sino de bandas de adolescentes enfrentadas, a la vicepresidente Fernández de Kirchner se le ocurrió insinuar que la halcón Bullrich es dipsómana.
Lo que encrespo aún más la batalla de tuits, acusando la violencia de la vicepresidente. Sin considerar la inusitada falta de profesionalismo y la politización evidenciada por parte de integrantes de la Policía de la CABA, que se dedicó a agredir de palabra y físicamente a diputados, legisladores, y familiares de la vicepresidente. Como si hubiésemos vuelto en parte a la era de las montoneras de antaño, que tanto dolor y división causaron a los argentinos.
Y sin que a nadie se le haya ocurrido investigar a fondo, los dos volquetes cargados con 14 toneladas de escombros depositados en las inmediaciones del Aleph de la vicepresidente, a la par que se instalaba el vallado en torno de él. Como propiciando una batalla campal, conforme la vieja táctica romana de “hacer chocar un bárbaro contra el otro”.
Esto, sin contar las bajas del otro bando, habría dejado heridas mucho más graves en los policías de la CABA de las que -victimizándose- dio cuenta el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. Como otra sobreactuación en este absurdo y bizarro conflicto, que es otra muestra de la degradación de la dirigencia argentina, donde todo se arregla, o mejor dicho se desarregla y se encona, con tuits y flash de imágenes.
Al respecto Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal, abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión, escribió recientemente un artículo titulado “Extralimitación de Rodríguez Larreta en sus facultades”, que Stripteasedelpoder.com reproduce a continuación, donde tras analizar la historia y la legislación concluye diciendo:
“El gobierno Federal es el verdadero dueño de casa y en todo caso las autoridades municipales tendrán que coordinarse con las autoridades nacionales para tomar decisiones, como las adoptadas, que afectan a autoridades federales. Es urgente volver a poner las cosas en su lugar, de lo contrario retrocedemos a 1880.”
Mal que le pese a Rodríguez Larreta y Bullrich, esta postura evidencia haber sido reconocida por Elisa Carrió, también abogada constitucionalista. Quién por su parte presentó un recurso de amparo en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 11, a cargo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya. Reclamando que se intime al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández a “garantizar la seguridad pública en el radio territorial coyunturalmente afectado por las manifestaciones” en el barrio Recoleta, en torno al edificio en el que vive la vicepresidente.
Redacción
Extralimitación de Rodríguez Larreta en sus facultades
Por Miguel Rodríguez Villafañe
La vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández, el 30 de agosto de este año 2022, ha sostenido que hay que replantear el funcionamiento jurisdiccional entre las facultades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las propias del gobierno federal que tiene su sede en esa ciudad.
Como diría Joaquín V. Gonzáles, en su “Manual de la Constitución Argentina”, con motivo de la discusión por la transformación de la Ciudad de Buenos Aires en capital federal, “todo gobierno supone la posesión de un territorio donde residan sus autoridades (…) Su importancia está en la naturaleza de las cosas, en la necesidad de dar unidad a todas las funciones, procedimientos y actividades que constituyen la vida civil y política. La capital es en el orden físico la realización del poder supremo en el orden constitucional”.
Así, el 6 de diciembre de 1880, luego de una dura y sangrienta lucha, se promulgó la Ley 1029, y con ella se declaró oficialmente a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República Argentina. Ello significó el momento en que el nuevo poder surgido en 1853 encontraba, definitivamente un espacio calificado y propio para ejercer exclusivamente su influencia y voluntad. El gobierno nacional tenía su sede y dejaba de ser huésped de una provincia. Distrito Federal que luego tomaría dimensiones definitivas al incorporársele los municipios de Flores y Belgrano.
Se daba lo que el presidente Nicolás Avellaneda sostuvo, que “Nada había dentro de la Nación superior a la Nación misma”, porque la nación, sin su asiento político en Buenos Aires, no era nada, y necesitaba, para bien o para mal, ese entorno físico que daba la potencia y el poderío requeridos para tomar el timón del país y manejarlo.
Luego, en la reforma constitucional argentina de 1994, se otorgó a la ciudad de Buenos Aires una nueva situación jurídica, sin transformarla en una provincia. En el art. 129 se dispuso, que “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad”.
Antes de 1994, la ciudad de Buenos Aires operaba como un simple municipio que tenía la facultad extraordinaria de tener representación propia en las cámaras de senadores y diputados del Congreso de la Nación, pero no elegía su Intendente Municipal, cuya elección era facultad del presidente de la Nación. Resultaba pertinente permitir que los habitantes de la ciudad eligieran su propio Intendente y sus autoridades locales.
Después la Ley 24.588, de noviembre de 1995, determinó en general, la distinción entre los intereses del estado nacional en la ciudad de Buenos Aires, y estableció que se aseguraba “el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación”, (art. 1) y se agregaba, que “la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y es titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones” (art. 1).
En este último aspecto, resulta que Cristina Fernández, vicepresidenta en ejercicio, en su vivienda del barrio de la Recoleta, ha sido víctima en todo momento de hostigamientos, fomentados por determinados medios de difusión hegemónicos. Prácticamente y por diversas razones, a cada momento frente a su casa se organizaban cacerolazos y distintos encuentros ruidosos hasta altas horas de la noche, con consignas e insultos en contra de la ex presidenta. Por su parte, los opositores en una política de odio, colocaban su cara en bolsas mortuorias, le deseaban la horca y a ella y a sus seguidores les prometían muerte en la guillotina, cárcel o exilio. También le apedrearon su despacho en el Senado de la Nación.
En ningún momento, la policía de la Capital Federal aplicó multas o sanciones, ni dispersaron a dichos grupos agresivos, tampoco les exigieron horarios para manifestarse o trataron de evitar los ruidos molestos que ello traía a los vecinos, con sus altavoces y gritos. En todo momento, a dichas manifestaciones se las rotulaba como propias del ejercicio de la libertad de expresión de quienes no querían a Cristina, y varios medios de difusión las trasmitían en directo. Las autoridades municipales entendieron que ello no afectaba al vecindario.
En agosto de este año, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en la causa denominada de “Vialidad”, incorporando hechos nuevos en el juicio, sin haber podido la defensa expedirse sobre ellos, solicitaron para Cristina una condenada a 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y un resarcimiento de $ 5.321.490.271. Contra eso, pidió la defensa la posibilidad de referirse y ofrecer prueba respecto de los nuevos hechos incorporados. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 donde tramita el caso, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, no lo permitió.
De allí es que, sumado a otras graves irregularidades y parcialidades de la causa en contra de la Vicepresidenta, muchos hombres y mujeres se desplazaron hasta su casa para manifestar su descontento con la manera arbitraria como la estaba tratando la justicia.
Pero resulta que el sábado 27 de agosto, la esquina de la casa de la Vicepresidente apareció vallada por la policía municipal de la CABA, mediante lo cual, se pretendía impedir que la sociedad demostrara su afecto a Cristina y la acompañara. Aparecieron vallas, la infantería de la policía de la ciudad de manera agresiva aplicó palos, gas lacrimógeno y gas pimienta contra los seguidores de la vicepresidenta que se manifestaban pacíficamente. Todo ello, en un contexto, de una verdadera prisión domiciliaria, sin garantizarle derechos esenciales a ella y a su familiar, ya que con violencia no le permitieron a su hijo Máximo ir a verla.
Resulta inaceptable que una autoridad de la Nación, como es la vicepresidenta dependa de los caprichos policiales de un intente de la CABA como Horacio Rodríguez Larreta. El gobierno Federal es el verdadero dueño de casa y en todo caso las autoridades municipales tendrán que coordinarse con las autoridades nacionales para tomar decisiones, como las adoptadas, que afectan a autoridades federales. Es urgente volver a poner las cosas en su lugar, de lo contrario retrocedemos a 1880.
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