Los responsables de la deuda externa y con el FMI, de menor a mayor

Emilio Luque es un empresario de Tucumán que en octubre del año 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias y, además, tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos.

Todo ese proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses mediante los cuales suspendió el pago de los salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% del valor que le hubiera correspondido, que encima pagó en 13 (trece) cuotas.

Paralelamente, Emilio Luque adquirió los Ingenios Concepción y Marapa, con sus 3.400 hectáreas de caña, a la empresa Atanor en el año 2016 por 200 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el productor azucarero más importante de la provincia.  Por lo que no se entiende porque el Fisco, nacional y provincial, no auditan sus cuentas para saber cómo fue que generó esos 200 millones de dólares.

Y como compró para sí, en los cuatro años de la gestión de Macri, 17.802.944 dólares tal como figura en el listado que acompaña la nota “Ahora las personas” de Horacio Verbitsky, publicada en “El Cohete a la Luna” del 31 de mayo de 2020, cuando no paga impuestos por esa suma y, tiene deudas con la AFIP y, se infiere que también tiene deudas con la Dirección General de Renta de la Provincia.

Seguidamente Stripteasedelpoder.com reproduce en forma tabulada dicha lista correspondiente a las 100 primeras personas que durante el gobierno de Macri adquirieron 73.640 millones de dólares, monto que supera en más un 60 % lo que Argentina le debe al FMI.

Listado formación activos externos 100 primeras personas físicas

El secreto financiero que encubre la fuga de divisas

Contamos esta historia porque amparándose en los Art. 39 y 40 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977, el Banco Central de la República Argentina, que armó el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde afirma que casi siete millones de personas físicas y jurídicas compraron en esos años de la gestión de “Cambiemos” la suma de 86.200 millones de dólares, pero los 100 mayores compradores adquirieron 24.679 millones de dólares en ese lapso.

Sin embargo no dice quienes eran esas personas y empresas en una interpretación muy particular del secreto bancario. Tan particular que es un secreto para que no sepa la población quienes fueron los beneficiados por la política macrista y, sin embargo, cuando hay que pagar esa deuda, que lo haga el pueblo argentino.

Es más, el Presidente del BCRA, Miguel Pesce, en una reunión organizada por el mismo BCRA en noviembre 2021 y, sabiendo fehacientemente quienes fueron los grandes compradores de dólares de ese período, afirmó que para poder pagar hay que solicitarle al FMI quince años de plazo y no los diez años que implica la injerencia del FMI en nuestras cuentas y en nuestra soberanía fiscal, monetaria y comercial.

Y solicita ese plazo porque no pagan la deuda los que compraron los dólares y los fugaron, la pagan los asalariados, los jubilados y pensionados, los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo, etc. percibiendo menores ingresos.

La ley 21.526 de la dictadura rige porque la Corte alfonsinista sólo atinó a decir que la validez de los actos legislativos de la dictadura estaban supeditada tan sólo al reconocimiento explicito o implícito del gobierno constitucional que lo sucediera. En tanto, la Corte menemista fue un paso más allá y alegó que poner en cuestionamiento las miles de normas emanadas de gobiernos de facto ponía en riesgo la seguridad jurídica (Dictamen del Rodolfo Barra)

Seguridad jurídica basada en legislación de una dictadura asesina y cobarde, cuando en ese mismo Art. 39 de la ley 21.526 afirma que exceptúan de tal deber (guardad secreto) los informes que requieran:

1. Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
2. El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones;
3. Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales.

Cuando posteriormente, la ley 27.275 del año 2016 denominada de “Derecho de Acceso a la Información Pública” en su Art. 1 dice: “… garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Con la excepción dispuesta en su Art. 8º Inciso “b”: Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.

Cuál es la interpretación que hace el BCRA, la AFIP y la Justicia de las leyes que se debe guardar en secreto de donde extrajo los fondos Emilio Luque, que no trepida en dejar 1.200 trabajadores sin sus puestos.  Que no paga los aportes y los impuestos a la AFIP y a la Dirección General de Rentas y que, seguramente, percibe créditos de bancos oficiales.

No hay secretos ni para los jueces, ni para el BCRA, ni para la AFIP, por ende cada una de esas instituciones en forma separada y conjunta deberían llamarlo a Emilio Luque y exigirle que transparente sus cuentas y que pague al erario público las contribuciones que le corresponde.

De igual manera se debería proceder con Marcelo Midlin y decirle como hizo su grupo económico “Pampa Energía” para comprar 903,9 millones de dólares entre los años 2016 a 2019, si no declaró ni pagó impuestos a las ganancias en ese período en forma proporcional a ese monto. Y así, empezar con las primeras cien empresas que informará Horacio Verbitsky en “El Cohete a la Luna” con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri”. Seguidamente Stripteasedelpoder.com publica el tabulado de ellas.

Ver Biografía no autorizada de Mindlin (I): de testaferro de Soros y Lewis a empresario predilecto de Macri
Ver Biografía no autorizada de Mindlin (II): de testaferro Lewis a Cristóbal López de Macri

Listado formación activos externos 100 primeras personas jurídicas

Lista que nunca fue desmentida ni por el BCRA ni por esas mismas empresas, quienes compraron 55.735 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos. Se debe llamar a los titulares de esas firmas y decirle señores ustedes no declararon y menos que menos pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron, ¿de dónde extrajeron esa suma?, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

En la nota referida “Los 100 de Macri”, el autor afirma que entre esos grande fugadores de capital encabezan el lote Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares. En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, que es el principal detentor de la deuda externa argentina, reconoce que tiene participación en su capital.

Ver BlackRock vs Argentina: del buitre Paul Singer al águila imperial Larry Fink

Cuenta también con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná).

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También esta Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe); Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny, en el que Larry Fink  también reconoce tener participación en su capital accionario; en el Banco Santander;  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

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Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.  De hecho, en lo que va de este siglo, desde el 1 de enero de 2000 hasta octubre 2021, el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) en 200.192 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

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Los beneficiados de siempre agro y petróleo

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández con el pretexto de impulsar las ventas al exterior para conseguir lo dólares suficientes para pagar la deuda y sus intereses, propicia dos leyes claves. En directo beneficio de quienes aparecen ser los más beneficiados en los listados previos referidos a la formación de activos externos y fuga de capitales:

Una denominada “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que “consensuó” con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y contiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no los necesita, dado que sus principales cámaras que son CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales) declaran haber ingresado en los primeros 10 meses del año 2021, 28.000 millones de dólares por la venta de 95 millones de toneladas de granos y derivados y, además, el sector agroindustrial en su conjunto representa el 17 % del PBI en todo el país y el 65 % de las exportaciones nacionales.

Le confiere diversas ventajas tributarias, como la de amortizar contablemente en menor plazo la compra de  equipos  e inmuebles, pero sobre todo le da estabilidad fiscal hasta el año 2025, por lo que no se le puede subir los derechos de exportación (retenciones) que son muy bajos y que es el  mejor mecanismo de desdoblar los precios internos con los externos (además de aumentar la recaudación para el Estado).

Y el otro proyecto es peor, le confiere a las empresas hidrocarburíferas una vigencia por 20 (veinte) años de estabilidad tributaria e incentivos y tratamientos diferenciales en lo tributario, arancelario y cambiario, cuando el complejo petrolero, las compañías YPF S.A.; Pan American Energy S.L (Bulgheroni y la petrolera Británica “British Petroleum”, que detrae petróleo del mar argentino frente a nuestras Islas Malvinas); Vista Oil & Gas Argentina (es una operadora independiente en la ventana de shale oil de la formación Vaca Muerta, liderada por el ingeniero Miguel Galuccio, ex CEO de YPF) Tecpetrol S.A. (Techint); Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.; Capex S.A.; Compañía General de Combustibles S.A.; y Pampa Energía.

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En extracción (producción) de gas las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol (de Techint), Apache y Chevron. El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekían, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía, que conectan las cinco cuencas que existen en el país. Todas las empresas que se apropian de la renta de nuestro subsuelo.

Ver Breve semblanza de los mega lobistas prebendarios Rocca, Bulgheroni, Eurnekian

Barones petroleros versus menesterosos

En este caso de los “barones del petróleo” hay un notable agravante, por una doble vía. El secreto financiero e impositivo que protege a los fugadores de divisas, el gobierno lo va levantar en el caso de los usuarios de los servicios de gas, electricidad -y también agua- para suministrar a la Secretaria de Energía los datos de ingresos y egresos de la AFIP, hoy blindados por la ley de protección de datos.

Mediante un decreto presidencial que habilite vulnerar la protección de los datos de ingresos y gastos personales que detenta la AFIP. Para poder aplicar una segmentación tarifaria que tenga alguna correspondencia con la realidad de los ingresos de los usuarios, y permita una corrección en las bases de datos de las empresas. Y se va hacer porque es un pedido del FMI para limitar el subsidio a las tarifas de energía y agua, y para investigar el destino del crédito del mismo organismo no se hace.

La otra vía es que en cuanto a la disminución del déficit fiscal que exige el FMI, estos subsidios económicos compiten directamente con las prestaciones sociales que se destinan a paliar la penuria socioeconómica existente en la mitad de la población, según las estadísticas del INDEC. Registrándose así un inusitado choque entre la plutocracia petrolera y los menesterosos.

Quienes este último año con el ajuste del déficit del ministro Guzmán, perdieron notablemente, al ver disminuidos en términos reales sus partidas menos un 14 %, a la par que los subsidios a los barones petroleros aumentaron un 35 %. Y para el año próximo año el Presupuesto prevé una partida de 782 mil millones de pesos para programas sociales (1,3 % del PBI), versus 865 mil millones de pesos previstos para subsidios energéticos (1,4 % del PBI).

Mientras que algunos expertos aseguran que estos últimos podrían ser incluso muy superiores, hasta llegar a 1,6 billones de pesos, o sea 2,6 % PBI. Poniendo así en duda no solo el éxito de la segmentación, la que además podría deparar sustanciales aumentos tarifarios desde la clase media para arriba. Sino también el plan del gobierno que se pacte con el FMI.

https://www.clarin.com/economia/segmentacion-tarifas-expertos-creen-servira-resolver-problema-caja-guzman_0_qcAmeop6e.html

Concretamente desde la privatización de YPF y la instauración del precio internacional de la energía como parámetro, en vez de los costos de las empresas como dispone la ley de hidrocarburos, se abrió un dilema en relación con el precio de la energía en incesante aumento. O megatarifazos como hizo el macrismo, o subsidios fiscales, como hizo el kirchnerismo.

Ambos de una u otra forma dañinos. Al bolsillo de la población, especialmente en los sectores bajos, en el caso de los tarifazos. O en las cuentas del fisco y el correspondiente déficit fiscal, en el caso de los subsidios energéticos. Siendo notable que el 1,4 % del PBI destinado a los subsidios a la energía, supera largamente el punto del PBI del déficit fiscal, que supuestamente el ministro Guzmán discute con el FMI para el año 2022.

A la par la petrolera Vista Oil de Gallucio, que figura en el listado  de la fuga de capitales informa que tiene costos de u$s 12 el barril. Pero los barones del petróleo pretenden el precio de u$s 80 por barril correspondiente al petróleo Brent del Mar del Norte, el más caro del mundo, que se obtiene mediante explotación off-shore.

http://www.oetec.org/nota.php?id=4568&area=2

Esta pretensión de tener ingresos enormemente superiores a los costos, que tras la privatización de YPF con el kirchnerismo derivó en cuantiosos subsidios energéticos, los barones del petróleo la justifican sibilinamente, diciendo que si no les conviene invertir en otras regiones. Como si los argentinos tuvieran ingresos al nivel de EEUU o los europeos, para hacer frente a esas tarifas, y por esa razón aparecen los subsidios fiscales que agujerean el presupuesto. Resultando inadmisible que el estado no sepa si se trata de un subsidio o una prebenda.

Al mismo tiempo actualmente se niegan a construir el gasoducto Vaca Muerta Saliqueló, porque eso les permite vender a Chile el gas facturado al precio local, y dejar en el exterior de una manera u otra la diferencia respecto el GNL (Gas Natural Licuado importado). De igual manera que la española Repsol financió la adquisición de YPF -algo así como una mojarra que se come un pejerrey- reventando Loma de la Lata.

La solución ante ello, no es mediar en una pugna entre barones del petróleo y menesterosos, o inventar segmentaciones como requiere el FMI, sino volver a la legalidad. O sea aplicar el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos que establece: “Cuando los precios de petróleos importados se incrementaren significativamente por circunstancias excepcionales, no serán considerados para la fijación de los precios de comercialización en el mercado interno, y, en ese caso, éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos de explotación de la empresa estatal, las amortizaciones que técnicamente correspondan, y un razonable interés sobre las inversiones actualizadas y depreciadas que dicha empresa estatal hubiere realizado”.

Tomando a YPF como empresa testigo bajo una dirección honesta, como la que tuvo bajo la conducción del Gral. Enrique Mosconi en los tiempos de Hipólito Yrigoyen. Y si los barones privados del petróleo no aceptan esa tesitura, y amenazan con abandonar áreas y yacimientos para irse a medrar en otras regiones, YPF debería hacerse cargo de ellos. Financiado las inversiones en base a un blanqueo de los tenedores de dólares que compren obligaciones u acciones de YPF, garantizándoles en todo caso dividendos pagaderos en dólares.

La verdad

El problema real es que la suma obtenida por un brutal ajuste externo en base a maximizar las exportaciones y a reducir el consumo de alimentos y energía, se fuga casi en su totalidad. Es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país, pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante, recuperar los puertos y el Río Paraná, o una suficiente red ferroviaria, no.

Sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero. Como surge del mencionado informe del BCRA, revelando que de los 64,5 miles de millones de deuda externa que tomo el gobierno de Macri entre enero de 2016 y abril 2008, 41,1 miles de millones, el 64 %, tuvo como destino la fuga de capitales. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico tomado del mismo. 

No es justo que el pueblo argentino, que viene de sufrir las consecuencias del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, pague esa deuda. Por eso, en vez de aceptar calladamente la presión del FMI y de los que fugaron capitales para que se acuerde con dicho organismo internacional, primero, antes que nada, se debe auditar exhaustivamente como hicieron los Luque, los Midlin, y los notables compradores de dólares en la gestión de Macri, para comprar los millones de dólares que compraron.

En base a un fulminante proceso de acumulación y desacumulación que se puede apreciar en el siguiente gráfico, extraído del informe mencionado del BCRA, que se invirtió en forma notable en marzo y abril del 2020, a la par que el gobierno de Macri tramitaba el préstamo con el FMI.

Es más, de ese modo, se debería recuperar gran parte de esa fuga para amortizar gran parte de la deuda con el FMI. Atento que conforme el mencionado informe del BCRA, de los 45,5 miles de millones del préstamo del FMI, 45,1 miles de millones, el 99 %, se fueron como fuga de capitales. Poniendo esto en evidencia, la notable violación a su estatuto en que incurrió el FMI, cuyo artículo sexto prohíbe el uso de sus recursos, para hacer frente a una considerable y continua salida de capital. Tal como sucedió a la vista paciencia del mismo y del gobierno de Macri.-

Ver La carta de Cristina y la necesidad de un referéndum respecto el acuerdo con el FMI

*Horacio Rovelli, es Licenciado en Economía por la UBA, y profesor en ella de Política Económica en la Facultad de Ciencias Sociales, y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas. Es también vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre temas económicos y financieros.