Llámese Cambiemos, Juntos por el Cambio, o Juntos, el principal frente opositor vive un periodo de descentralización federal. Si quien estaba a la cabeza era un partido político con raíz en la Capital Federal, como es el PRO, ahora viene teniendo un corrimiento alejado de aquella geografía portuaria. Y la gran inconsistencia de ese proyecto electoral, es que si en lo discursivo se aferra a una proclama defensiva de los principios republicanos y la independencia de los tres poderes, en lo fáctico se pueden encontrar una plétora de casos que exhibe una doble moral.
A nivel nacional, esto se ha visto desde el intento por poner a dedo a dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, durante la presidencia de Mauricio Macri, por consejo del ahora prófugo de la justicia “Pepín Rodríguez Simón”. Hasta la promiscua relación de altos funcionarios nacionales y hasta el mismo ex mandatario, con magistrados que no solo los han beneficiado, como es el caso de la causas de espionajes denominadas “Comodoro Spy”.
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Sino que también han sostenido polémicas causas contra referentes del kirchnerismo. A la par que mediante designaciones en “comisión”, pasaban a ocupar puestos estratégicos por donde debían transitar esos conmocionántes expedientes. A lo que se suma ahora la aparición de videos que revelan la existencia de una “Gestapo”, que con la participación de los tres poderes, y los espías de la AFI, se dedicaban a armar causas contra sindicalistas molestos.
Ver Traslado jueces: Macri transformó a Comodoro PY en Comodoro PRO
La denuncia en la ONU contra Mendoza
Para algunos organismos de Derechos Humanos, ésta incidencia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial tuvo su versión experimental en la provincia de Jujuy, al mando del radical Gerardo Morales. Sin embargo, con mucha menos exposición, pero no por eso menos alarmante, en parecida situación se encuentra también la provincia de Mendoza, otro importante bastión que permitió la “nacionalización” del proyecto “cambiemita”. Principalmente, de la mano de quien era gobernador, de manera paralela a la presidencia de Macri, y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, actual presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación.
Así lo establece una denuncia internacional realizada a comienzos de diciembre del 2021, por parte de la “Asociación para la Promoción y Protección a los Derechos Humanos “XUMEK”, y de AJUS La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil (AJUS-LPBE). Se puede acceder en el siguiente link:
Allí, solicitan la intervención del Dr. Diego García Sayán, Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos, perteneciente a la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Con el fin de poner en vuestro conocimiento la preocupación por el debilitamiento de la calidad institucional del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza”.
“Los actos de intimidación al Poder Judicial mendocino, las relaciones de promiscuidad entre los miembros del Poder Ejecutivo local y miembros del Superior Tribunal, la persecución a quienes defienden opositores políticos, como la presión que se ejerce a quienes no se someten a la voluntad del actual Gobernador Rodolfo Suarez y su antecesor Alfredo Víctor Cornejo Neila (ambos del partido político “Cambiemos”), han socavado la independencia de éste Poder del Estado, agraviando la posibilidad de actuación imparcial de sus órganos, de los magistrados y de los abogados”, denuncia ese documento.
El que cuenta con la adhesión de distintos organismos de Derechos Humanos. Tales como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asociación Civil Hijos e Hijas por la Verdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Liga Argentina por los Derechos Humanos (LAPDH), Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH La Matanza y Asociación Argentina de Juristas (AAJ).
Para los denunciantes, explayado en sus 156 páginas, “el Plan Sistemático y Estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina, se vio replicado a la perfección en la provincia de Mendoza y posee los siguientes objetivos: El primero, sentar las bases para obtener impunidad propia, tanto por el accionar de su gobierno, como de los sectores políticos que lo acompañan; el segundo, es aparentar una supuesta legalidad en las políticas que afectan diversos derechos humanos; y el tercer objetivo es el de la persecución penal y proscripción política de las y los opositores al gobierno, atacando a líderes políticos, referentes de organizaciones sociales y sindicales y a abogadas y abogados defensores de derechos humanos”.
La intervención a la Suprema Corte de Mendoza
Cuando Alfredo Cornejo asumió la gobernación mendocina, el mismo día que Mauricio Macri ocupó el Sillón de Rivadavia en la Casa Rosada, tenía planeado extender de siete a nueve miembros a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el máximo tribunal de la provincia, pero sus intenciones se vieron frustradas. Era evidente que se trataba de una maniobra emula a la de los ‘90, por parte de Carlos Menem, cuando sumó más miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eligiendo a jueces afines.
Pero no obstante tuvo suerte, porque la primera vacante en la Corte mendocina ocurrió el 11 de octubre de 2016, con la renuncia de su decano de 83 años de edad, Hernán Salvini, designado en ese puesto en 1983 por el gobernador radical Santiago Llaver. El espacio fue ocupado por José Virgilio Valerio, un ex legislador de la UCR, el mismo partido político que el del gobernador Cornejo. Valerio venía cuestionado por organismos de Derechos Humanos, por resolver fallos homofóbicos y misóginos durante su desempeño en la 2° Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial.
El siguiente avance sobre la Corte, luego de la renuncia de Alejandro Pérez Hualde, quien alcanzó su edad para jubilarse, y que se quejó que en ese puesto “hay que estar dispuesto a pasar por todas las situaciones, desde opiniones hasta presiones”, fue la designación de Dalmiro Garay, un radical proveniente de Franja Morada, quien se desempeñaba como ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de Cornejo. Quien luego pasó a presidir el alto tribunal en julio de 2018, teniendo así el gobernador a dos afines suyos en la Corte. Ante ello cabe la pregunta que dirían La Nación y Clarín, si un ministro e integrante de La Cámpora, llegara a la Suprema Corte nacional.
En noviembre de 2019, antes que Cornejo cediera el mando a Rodolfo Suárez, Jorge Nanclares fue elegido presidente del Alto Tribunal, en reemplazo de Garay, situación que fue entendida por el gobernador saliente como una “traición”. Pero seguidamente en el 2020, ya en la gestión gubernamental de Suárez, Nanclares, quien integraba el tribunal desde los años ochenta, presentó su renuncia el primer día de junio por supuestamente estar en condiciones de jubilarse, tras de una campaña en su contra por parte del gobierno provincial.
Así, se propuso como reemplazo a la abogada María Teresa Day. Pero el ex juez de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, advirtió que ella no cumplía con los diez años de labor como abogada, requisito indispensable para ocupar semejante cargo. Luego la propia Corte fue la que decidió sí Day cumplía o no con ello, en un fallo plenario con sus siete integrantes, con cuatro votos por el sí y tres por el no. Habiendo aportado el cuarto voto en sustitución de Day, la camarista Alejandra Orbelli, quien resulta que compartió la primera sentencia que emitió Teresa Day como ministra de la Corte en el caso Tatti.
Precavidamente, para evitar un fallo judicial adverso, Rodolfo Suárez dictó rápidamente un decreto (Nº 822/2020) con el objeto de hacer efectiva la renuncia de Nanclares y así contar con la vacante de forma inmediata. “Tuvimos que tomar un juramento prematuro a Day, porque si no la Corte lo iba a impedir”, se sinceró el gobernador Suárez. No hubo ni tiempo de publicarlo en el Boletín Oficial.
Se sospecha que la notable preferencia gubernamental por Day, se debía a su apoyó al gobierno de Cornejo en distintas causas judiciales contra opositores. Day está siendo investigada por la justicia penal por haber intervenido en la designación de la hermana del Procurador General, quien era su jefe directo, en un cargo inexistente del Ministerio Público Fiscal.
Una gestión carcelaria
Tanto la gestión de Alfredo Cornejo (2015-2019) como de Rodolfo Suárez (2019 – 2023) se caracterizan por presionar a sectores del poder judicial para ejercer una administración de justicia de orientación punitivista y persecutoria, con fines electoralistas. Dentro de la mencionada denuncia internacional, destinado al relator de la ONU, existe una lista de casos testigos, que ponen en discusión si se trata o no de hechos aislados.
Sin mencionar que Cornejo siempre ha tenido afinidad con la ex ministra de Seguridad del presidente Macri, Patricia Bullrich, quien en la actualidad es una de las referentes del ala “dura” o “halcones” dentro de Cambiemos, en contraposición con el sector “dialoguista” del mismo.
Mientras de manera muy lenta el gobierno provincial copaba la Suprema Corte provincial, en el 2016, Cornejo designó en la Procuradoría del Ministerio Público Fiscal a Alejandro Gullé. A quien consideró, públicamente, como “un paladín de la justicia que funcionara como un segundo ministro de seguridad”. Declaración más anti-republicana no podía ser, ya que el mismísimo gobernador confundió los roles del poder judicial con los del ejecutivo.
Tal es así que el 23 de diciembre de 2015, dos semanas después de asumir como gobernador, a Cornejo se le erizaron los pelos cuando la Suprema Corte de ese entonces aceptó dar lugar a un habeas corpus, antes denuncias de irregularidades sobre el uso abusivo de detenciones preventivas.
Se remarcó al respecto que en los últimos cinco años, la población penal mendocina aumentó en más del 50%, de los cuales solo el 52 % tiene sentencia condenatoria firme, mientras que el resto son bajo el régimen preventivo, ordenada por un juez de Garantías. Además, la mitad de las personas detenidas sólo alcanzó el nivel primario completo o incompleto.
Según la prensa local, Cornejo “apuntó directamente al juez de la Suprema Corte, Omar Palermo, sobre quien afirmó que la organización de Derechos Humanos Xumek -que presentó el habeas corpus colectivo- depende de él”. Ante esas declaraciones, la Suprema Corte emitió un comunicado desmintiendo las palabras del gobernador.
El propio tribunal reconoció el hacinamiento y las pésimas condiciones generales de las personas detenidas. Por eso, otorgó un plazo de 60 días para regularizar la situación, estableciendo que la prisión preventiva deberá dictarse en los plazos de 10 días o 6 días desde la detención, o a falta de ella desde la indagatoria, y que las audiencias de control de las detenciones debían realizarse en forma oral.
Sin embargo, para dilatar el cumplimiento, el “paladín” Alejandro Gullé y el gobierno provincial presentaron un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue concedido formalmente y con efecto suspensivo. Esto permitió al Ejecutivo elaborar un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que impidiese la aplicación del fallo.
Así, el primer día de julio de 2016, se aprobó la Ley 8.869 que establece nuevos criterios para ordenar la prisión preventiva, modificando los plazos para que un fiscal solicite la prisión preventiva a un juez de Garantías, dejando sin efecto el control jurisdiccional inmediato que pregonaba la Suprema Corte. Luego el 11 de agosto de 2017, la Corte de la Nación decidió finalmente rechazar el recurso extraordinario federal, con lo cual hubiese dejado firme el fallo de la Corte Provincial. Sin embargo, su alcance quedó limitado por la nueva ley.
Por si fuera poco, en 2018, se sancionó el nuevo Código Contravencional de la provincia, mediante la Ley N° 9.099. Cuestionado por habilitar a la policía a realizar detenciones arbitrarias en sectores vulnerables, que ejercen trabajo callejero o que realizan manifestaciones sociales.
La denuncia ante la ONU también menciona que Cornejo renovó a todos los integrantes de los organismos de control independiente. Entre los que se encuentran el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, el Contador General de la Provincia, la titular de la Defensa Pública, y el Procurador de las Persona Privadas de la Libertad, entre otros. Sobre este último, Cornejo se negó a renovar la designación de Fabricio Imparado y llamó a un nuevo concurso.
La terna fue encabezada por el Procurador saliente, que se presentó nuevamente para cubrir el cargo; le siguió en el orden de mérito una integrante del Comité Provincial contra la Tortura; y en tercer lugar se ubicó Luis Romero, quien era director de la Dirección del Liberado. Algunos participantes del concurso impugnaron el orden de mérito, y pese a que no se habían resuelto los recursos presentados, el citado gobernador designó a Romero.
Desde que se concretó su designación, en mayo del 2019, este nuevo Procurador no ha convocado a los miembros de la Comisión Provincial para realizar las tareas propias de su función. A la par el gobierno impulsó un proyecto de ley para reducir a dos los representantes de las ONGs, y eliminar el concurso para la selección del Procurador, todo lo cual fue aprobado en agosto de 2020 (Ley Nº 9253).
Se estima que Mendoza tiene uno de los índices de “prisionización” más altos de todo el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que las medidas tomadas durante la gestión de Cornejo son regresivas, según el “Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas”, publicado en 2017. Cornejo acusó a la CIDH de estar “absolutamente tomada por Raúl Zaffaroni, Horacio Verbitsky y algunas ONG”.
Tanto el ex gobernador Cornejo, como su sucesor Suarez, han empleado en varias oportunidades el término despectivo de “saca presos”, para referirse a abogados que trabajan en diferentes organismos de derechos humanos y polemizan sus políticas carcelarias. Suárez lo empleó en la apertura de las sesiones ordinarias legislativas de mayo de 2020, cuando repudió otro habeas corpus, en el que se exigía medidas de prevención de contagios del Covid-19 en el interior de los establecimientos carcelarios.
El avance judicial contra los conflictos sociales
La presentación realizada ante el representante de ONU, enumera también una serie de conflictos sociales, que ponen a prueba a la supuesta independencia judicial existente en Mendoza, y que tanto pregona las distintas variantes de Cambiemos.
Tal es el caso de la batalla judicial que impulsó el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) contra la iniciativa “Ítem Aula”, consistente en descontar la décima parte del salario docente por ausentismo. Cuando se llegó a la instancia de la Suprema Corte, justo el mismo día que terminaba el plazo para dictar sentencia (15 de diciembre de 2016), el gobernador solicitó un fallo plenario, en momentos donde todavía no había emitido voto su juez favorito: José Valerio, y sí lo habían hecho otros dos magistrados, con el pronóstico que iba a ser a favor del sindicato.
El pedido de Cornejo fue aceptado inmediatamente y esto permitió un borrón y cuenta nueva en la causa, sin escuchar a las partes, y así La Suprema Corte falló en el 2018 a favor de la constitucionalidad de la política educativa gubernamental. Para el ministro Mario Adaro, único integrante que firmó en disidencia, estas maniobras “han creado un nuevo y delicado antecedente procesal: que la decisión definitiva de cualquier proceso pueda ser prorrogada, (…) según los intereses -más o menos poderosos- que subyazgan en las presentaciones”.
Además de Jujuy, las y los militantes de la organización territorial Tupac Amaru, también vienen padeciendo causas judiciales en su contra en la provincia de Mendoza. En este caso, presentadas por el Procurador General, el “paladín” Guillé, el gobernador Cornejo pretendía imponer la prisión preventiva contra cuarenta de sus delegados aduciendo que integraban una asociación ilícita.
Pero en setiembre de 2017, la Cámara del Crimen revocó la prisión preventiva a varios dirigentes sociales, señalando que: “No se requiere de conocimientos jurídicos, sino sólo de sentido común, para advertir que no hay una sola prueba para sostener la existencia de una asociación, con un plan sistemático u organizado para la comisión de delitos en forma indeterminada”.
Respecto a las acusaciones de extorsión, coacción y estafa, el Tribunal consideró que los hechos investigados no constituían delitos previstos en el Código Penal, afirmando: “estimamos que resulta infundada la construcción del Ministerio Público, pues nadie puede afirmar racionalmente que el incumplimiento de determinados compromisos de una relación social lícita no vaya a traer las consecuencias que ese acuerdo implica, debido a que ello significa negar las reglas que rigen la identidad social”.
Por su parte Cornejo repudió el fallo, al que lo consideró una “vergüenza”. Y luego ante el pedido de la dirigente de la organización, Nélida Rojas, por la devolución de los terrenos y vehículos a la Tupac Amaru, el gobernador escribió en Twitter que ese pedido era un “acto de caradurez e impunidad” que “se lo debemos a la 8va Cámara del Crimen”. Declaraciones que fueron repudiadas por la Asociación de Magistrados de Mendoza, señalando que esas palabras “directamente atacan al Poder Judicial”.
“Pretender influir en las decisiones del Poder Judicial adjudicando y publicando, a nuestro entender erróneamente, responsabilidades que no nos alcanzan, o induciendo a denunciar para enjuiciar a los magistrados por sus decisiones es un juego al que no nos prestaremos por el peligro intrínseco que conlleva: que es el de desmembrar el tejido social”, continuó con dureza el comunicado de prensa, emitido por la agrupación de magistrados.
No obstante el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de queja ante la Suprema Corte provincial en octubre de 2017. La que llamó a un acuerdo para resolver en diciembre, pero suspendió el llamado y remitió las actuaciones al Jury de Enjuiciamiento de Magistrados.
En marzo de 2018, se libró un nuevo llamado al acuerdo. Y como el Gobierno sabía que el juez Omar Palermo tomaría licencia, logró integrar la sala con Pedro Llorente, quien adelantando opinión había votado por la procedencia del Jury contra los magistrados de la Cámara 8va. Sin embargo los intentos de la defensa por apartar al juez Llorente fueron rechazados por el presidente Valerio. Con esta nueva composición, en septiembre de 2018, la Suprema Corte aceptó la queja presentada por Gullé, y en diciembre de 2018 anuló la resolución de la Cámara 8va.
Paralelamente el abogado Alfredo Guevara Escayola, defensor de integrantes de la “Tupac Amaru”, fue denunciado tres veces por el mismo Ministerio ante el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, denuncias que siempre fueron archivadas o desestimadas por improcedentes.
Finalmente la denuncia ante la ONU, mencionan otros casos de imputación contra referentes opositores al oficialismo mendocino, como los de los legisladores provinciales del Frente de Izquierda, Lautaro Giménez y Héctor Fresina. Quienes fueron acusados junto a otros dirigentes sociales, de participar en un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El abogado Enrique Jassid también fue imputado por su intervención en esta concentración. La Federación Argentina de Colegios de Abogados repudió este hecho.
También, el senador opositor Marcelo Romano fue imputado por “atentado contra la autoridad”, debido a una discusión durante un operativo policial, en el cual seis móviles policiales detuvieron a su hija en momentos en que se realizaban elecciones provinciales. En el mismo sentido, en noviembre de 2016, la Sala II de la Suprema Corte de ese entonces, reprochó la manipulación que hacía el Ministerio Público Fiscal, de la figura penal “asociación ilícita”, sin elementos probatorios solo para justificar la prisión preventiva de un ex intendente del PJ, tal como ocurrió en el caso de la Tupac Amaru.
De igual forma, en diciembre de 2019, a comienzos de la gestión de Suárez, distintas abogadas, entre ellas Julieta Lavarello y Florencia Alderisi, fueron arrestadas durante la represión contra una caravana vecinal en contra de la minería a cielo acierto. La primera declaró haber escuchado que por radio del móvil policial se ordenaba que “llevaran detenida a la mayor cantidad de gente posible”.
Beneficios a funcionarios oficialistas
Como contrapartida a estos casos, también se mencionan resoluciones judiciales que beneficiaron a quienes ocuparon cargos en el gobierno provincia. Entre ellos, el freno a distintas causas de corrupción. Tal como ocurrió en una denuncia contra Natalio Mena, secretario de Servicios Públicos, por dictar una resolución para avalar contrataciones directas o auto-contrataciones de determinados talleres, para la revisión técnica obligatoria del parque automotor.
La polémica se originó al constatarse que Nema se desempeñaba como asesor legal y apoderado de Instecmec SA, del Grupo de Transporte ANDREU, que lidera éste negocio. La denuncia la presentó la Cooperativa de Trabajo Perfil Ltda., donde señalaron que el juez Dalmiro Garay no debía tratar la causa, por ser ex ministro de ese mismo gobierno. Garay rechazó la recusación.
También existe un expediente en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, contra Lautaro Leandro Cornejo y Alba Lucía Panoccia, hijo y esposa del ex gobernador Cornejo. A raíz de que el joven denunciado habría constituido una serie de sociedades anónimas contratistas del Estado mendocino, a una edad relativamente baja.
Frente a ello, el procurador Gullé ordenó el traslado del fiscal Sebastián Capizzi, a cargo del departamento, siendo reemplazado por Javier Pascua. En septiembre de este año, Gullé emitió instrucciones particulares al nuevo Fiscal Jefe, para que archive la investigación, sin ordenar la pericia contable que había solicitado Capizzi.
Además, Gullé benefició al ex ministro de Salud, Rubén Giachi, acusado por el delito de lesiones en perjuicio de su pareja, golpeada durante el festejo de su cumpleaños, originando un escándalo que lo llevó a renunciar su cargo. Sin embargo Gullé instó su sobreseimiento aprobando una conciliación confidencial, bajo el argumento que no constituía un caso de violencia de género.
Persecución a funcionarios judiciales
Los funcionarios judiciales también padecieron amedrentamientos por parte del poder ejecutivo provincial. Tal es el caso del fiscal Daniel Carniello, quien denunció que días antes de las elecciones del 2015, el entonces candidato Alfredo Cornejo se apersonó en su domicilio para presionarlo a que impute a su opositor electoral. Al haberse negado, y ya desempeñándose Cornejo como gobernador, Carniello fue objeto de todo tipo de represalias, consistentes en denuncias penales y solicitudes de destitución que nunca prosperaron.
También se destaca las presiones que recibió el titular del Juzgado Federal Nº 3, Marcelo Garnica, y el juez de Garantías, David Mangiafico, quienes ordenaron liberar a seis albañiles que fueron arrestados por portar marihuana y tener un revolver guardado en un depósito, en desintonía con el discurso punitivista del gobernador.
A su vez, la Cámara de Apelaciones fue señalada por Cornejo como un enemigo “garantista”. En noviembre de 2016, se aprobó una ley (Nº 8.934), que eliminó el carácter de “Cámara de Apelaciones” al citado tribunal, convirtiéndola en la Cámara 8va del Crimen, y redistribuyendo los recursos de apelación entre las ocho cámaras existentes, diluyendo así el peso de las decisiones en segunda instancia.
También impulsó la Ley de Transformación de la Justicia Penal (Nº 9.040) con la que se disolvió todos los Juzgados y Cámaras del Crimen, para convertirlos en Juzgados y Tribunales Colegiados, cuya integración para la resolución de cada caso es dispuesta en última instancia por la Sala Administrativa de la Suprema Corte, dependiente del ministro José Valerio, el supremo favorito de Cornejo. De esa manera la garantía del juez natural consagrada por la constitución, pasó a depender de un dudoso bolillero o sorteo digital, en cada ocasión.
Otro caso de extorsión fue la de la jueza Érica Sánchez, quien era titular del Segundo Juzgado de Garantías y subrogaba en el Sexto Juzgado de Garantías por licencia de su titular. Fue ella quien recibió más de 20 expedientes con 24 pedidos de allanamiento y detención a militantes de la “Tupac Amaru”.
Teresa Day, en ese entonces Coordinadora General del Ministerio Público Fiscal, se hizo presente en el despacho de Valerio, para que presione a Sánchez a firmar el allanamiento. Valerio se comunicó con ella y le exigió lo que demandaba el ministerio Público Fiscal. Esta situación escandalosa se encuentra acreditada por las declaraciones testimoniales efectuadas bajo juramento por la propia Day, hoy ministra de la Suprema Corte.
La jueza Alejandra Mauricio también fue objetó de amedrentamientos, habiendo recibido hasta mediados de 2018 una docena y media de sumarios en su contra, padeciendo ese mismo año picos de estrés y licencia médica. Según declaró, el secretario de Justicia de Cornejo, Carlos D´Agostino, la citó a su despacho donde le manifestó lo siguiente:
“Yo te he llamado porque me llamó Alfredo”, refiriéndose al entonces gobernador. Renglón seguido añadió: “si vos no te quedas calladita y dejas de molestar con la ley 9.040 (que disolvió los juzgados y cámaras del crimen), “y todas tus críticas e inconstitucionalidades, te hacemos el juicio político y te sacamos así que calladita de aquí en adelante”.
Por último, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, también recibió presiones por el contenido de sus fallos, resultando amenazado con la iniciación de un Jury, por solo haber otorgado la libertad condicional a una persona en el 2017.
Como podemos contemplar, este informe ante la ONU, es una radiografía completa de lo que es la versión mendocina de Cambiemos en su lucha por disciplinar de cualquier manera a la justicia, no obstante sus declamaciones respecto su independencia. Acorde con lo que sucedió durante el periodo en el que Macri ejerció la presidencia.
En donde la justicia que antes los gobiernos a partir del presidente Carlos Menem manipulaban en defensa propia, gracias a los oficios de la SIDE y el súper agente Jaime Stiuso, pasó a ser manipulada para atacar y denigrar a los adversarios de Cambiemos. Siendo este el cambio esencial introducido en ella, conforme las notables evidencias que se van acumulando.-
Ver El suicidio de Nisman predispuesto por Stiuso y sus móviles locales e internacionales
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