La dictadura del FMI y la Dictadura Militar. En la primera nota de esta serie Las malas praxis del FMI (1) 1976 – 2006 Resumen, publicamos el Resumen Ejecutivo del informe confeccionado en el 2005 por el hoy fallecido Mario Cafiero y Javier Llorens titulado “El trasfondo de la debacle argentina”, compendiando la enorme responsabilidad que tiene el FMI al respecto.
En esta segunda entrega publicamos la Introducción de dicho informe, y los acuerdos que firmó con el Fondo la última dictadura militar, hasta que el presidente Jimmy Carter sancionó a Argentina por la violación de los derechos humanos, impidiendo su ayuda financiera. Que fue suplantada con creces por parte de la mega banca privada norteamericana.
La debacle de Argentina comenzó en 1976, cuando el FMI o IMF comenzó a ejercer una solapada tutela o dictadura sobre nuestro país, que con sus recetas nos ha mandado al fondo. Es hora no solo de decir basta, sino de demandarlo por su recurrente mala praxis.
Ver El plan estúpido del FMI y Macri que causó un enorme estrago en la economía
EL TRASFONDO DE LA DEBACLE ARGENTINA
Po Mario Cafiero y Javier Llorens
Introducción
Con motivo de la catástrofe argentina del año 2001, el FMI decidió crear la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), cuya primera tarea fue analizar la crisis argentina. En consecuencia el 30 de junio de 2004 emitió su informe titulado “INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PAPEL DEL FMI EN ARGENTINA, 1991–20011”
En su Resumen Ejecutivo el informe comienza diciendo: “La crisis argentina de 2000–02 fue una de las crisis cambiarias más graves de los últimos tiempos. Tras tres años de recesión económica, en diciembre de 2001, Argentina se declaró en cesación de pagos de su deuda soberana y, poco después, abandonó el régimen de convertibilidad que había mantenido una paridad fija entre el peso y el dólar de Estados Unidos desde 1991.
La crisis tuvo devastadoras repercusiones tanto en lo económico como en lo social, e hizo que muchos observadores cuestionaran el papel cumplido por el FMI durante la década precedente, período en el que la institución había trabajado casi sin interrupción en el país por medio de cinco acuerdos de financiamiento sucesivos”. (p. 6)
Mas adelante en la Introducción precisa: “… El régimen de tipo caja de conversión, mediante el cual se había fijado la paridad del peso al valor del dólar de Estados Unidos desde 1991, se desplomó en enero de 2002 y, para finales de ese año, el tipo de cambio era de 3,4 pesos por dólar… La economía se contrajo 11% en 2002, con lo que la reducción acumulada del producto desde 1998 alcanzó casi el 20%. El desempleo trepó a más del 20%, y la incidencia de la pobreza aumentó drásticamente.” (p. 14)
Y continua en el Resumen Ejecutivo: “La crisis fue consecuencia de la falta de adopción de las medidas correctivas necesarias con oportuna antelación por parte de las autoridades argentinas, sobre todo en lo que se refiere a la consistencia de la política fiscal con el régimen cambiario elegido. Por su parte, el FMI, en el período previo a la crisis, cometió el error de respaldar durante demasiado tiempo políticas inadecuadas, pese a que ya a fines de los noventa era evidente que no existía la capacidad política para adoptar la disciplina fiscal y las reformas estructurales necesarias…”
“El FMI apoyó los esfuerzos de Argentina por preservar el régimen cambiario mediante un compromiso sustancial de recursos, los cuales fueron posteriormente incrementados en dos ocasiones. Este apoyo era inicialmente justificable, pero el FMI continúo prestándolo hasta fines de 2001 pese a que en repetidas ocasiones las políticas demostraron ser inadecuadas.
En retrospectiva, los recursos utilizados en el intento de preservar el régimen cambiario durante 2001 podrían haberse aprovechado mejor para paliar al menos algunos de los costos inevitables del cambio de régimen, si el FMI hubiese decidido suspender antes el apoyo a una estrategia que, tal como se había puesto en práctica, ya no era sostenible y en su lugar hubiera insistido en un enfoque alternativo.” (p. 6 y ss)
En el punto 2 de la Introducción particulariza: “El papel que desempeñó el Fondo Monetario Internacional (FMI) merece especial atención por, al menos, tres razones. En primer lugar, a diferencia de lo ocurrido en Corea e Indonesia, países en los que el FMI no había tenido programas durante varios años previos a las crisis, en Argentina existían programas con el FMI desde 1991.
Segundo, siendo también en este sentido la situación diferente a la de los otros casos, la crisis argentina no hizo eclosión súbitamente. Se observaban señales de posibles problemas por lo menos desde 1999, lo que indujo al gobierno a celebrar un nuevo acuerdo stand-by con el FMI a principios de 2000. Tercero, los recursos del FMI se destinaban a apoyar el régimen de tipo de cambio fijo del país, al cual desde hacía mucho tiempo el organismo consideraba esencial para la estabilidad de los precios y fundamentalmente viable.” (p. 14)
Seguidamente explica los alcances de su informe: “En esta evaluación se examina la función del FMI en Argentina en 1991–2001, centrándose especialmente en el período de gestión de la crisis transcurrido entre 2000 y los primeros días de 2002. Si bien el foco principal de la evaluación es el período de crisis, es necesario examinar lo sucedido en el decenio precedente para entender por qué y cómo, pese a su amplia intervención en el país, el FMI no pudo ayudar a que Argentina evitase y gestionase mejor la crisis... Toda evaluación se beneficia necesariamente de una visión retrospectiva …” (p. 14).
A esta altura, ante tantos desaciertos auto-reconocidos de entrada en el informe de la OEI, cabe apuntar que el FMI es una organización internacional que según su propia definición “se encarga de velar por la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional (el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio entre las monedas nacionales que hace factible el comercio entre países). Las actividades del FMI buscan fomentar la estabilidad económica y evitar las crisis, ayudar a resolver las crisis cuando éstas se producen, y fomentar el crecimiento y aliviar la pobreza. Para lograr estos objetivos, el FMI emplea tres mecanismos principales: la supervisión, la asistencia técnica y la asistencia financiera.”
Para lograr esos objetivos el FMI administra cuotas de sus 184 países miembros por 312 mil millones de dólares, con préstamos pendientes de reembolso por 71 mil millones de la misma moneda, otorgados a 82 países, contando para ello con un ejército de 2.700 funcionarios especializados, jactándose en su último informe de haber provista asistencia técnica por 381 años-empleado durante el ejercicio 2005. Su costo de funcionamiento bordea los dos millones de dólares por día. Gasta un millón y medio por día en sueldos, y medio millón en otros gastos, costando su dirección, o sea la Junta de Gobernadores y su Directorio Ejecutivo, 60 millones de dólares al año.
Sin embargo este colosal organismo con sus miles de especialistas, a lo largo de una década no pudo prever la catástrofe que se incubaba en Argentina, y por contrario a lo largo de ella, en el triple rol que desempeñó en Argentina, de supervisión, asistencia técnica y asistencia financiera, cometió garrafales errores, y precisamente en lo que es su especialidad y razón de ser como organización; la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria, y el evitar las crisis, según lo acepta de entrada en su informe la OEI.
En sus conclusiones en el Resumen Ejecutivo, a los efectos de deslindar responsabilidades, el informe de la OEI hace referencia a “deficiencias analíticas y limitaciones de datos”, ”insuficiente atención”… “sobreestimación”… “poco rigor…” “escasa condicionalidad estructural” etc, por parte del staff de funcionarios del FMI (p.8), para terminar diciendo en p. 10:
“El Directorio Ejecutivo no cumplió cabalmente con su responsabilidad en materia de seguimiento y no analizó las posibles ventajas y desventajas de distintas opciones. En cierta medida, todo esto parece reflejar el hecho de que algunas decisiones clave fueron tomadas al margen del Directorio y que la gerencia consideró que algunos temas críticos eran demasiado delicados para debatir abiertamente sobre ellos en sesiones plenarias del Directorio.”
En la página 16 el informe de la OEI aclara que: “En la evaluación se hace amplio uso de los documentos del FMI que se pusieron a disposición de la OEI. Esta Oficina, sin embargo, no tiene acceso automático a documentos de índole estrictamente interna de la gerencia ni a las comunicaciones entre la gerencia y las autoridades nacionales, excepto cuando esos documentos se distribuyen también al personal técnico. Dado que a menudo se realizan consultas directas entre la gerencia y los principales gobiernos accionistas del FMI, y los materiales que se nos proporcionaron no cubren estas consultas, nuestras opiniones sobre ciertas cuestiones de política se basan en información limitada, hecho que se destaca toda vez que pertinente.”
A priori estas aseveraciones brindan un gravísimo cuadro, por un lado, de negligencia por parte del personal especializado del FMI, que debía efectuar la supervisión y brindar su asistencia técnica, e informar franca y lealmente al Directorio. Y por el otro lado una gestión intransparente y discrecional por parte de un Directorio Ejecutivo, que aparece digitado por intereses ajenos a la finalidad del FMI como organización.
Y es claro que si tal como el informe lo describe, existió un estado de complicidad entre quienes tenían que informar y no lo hacían como debían, o lo hacían asimétricamente; y quienes tenían que decidir y no lo hacían como correspondía, o lo hacían en forma discrecional e intransparente, el curso de los acontecimientos bien puede desembocar en cualquier extremo, como lo fue la catástrofe argentina.
Información asimétrica, discrecionalidad e intransparencia, son vocablos que aparecen en los modernos manuales referidos a la corrupción. El economistas Robert Klitgaart de la Universidad de Harvard, desarrollo una formula para analizar la corrupción, diciendo que Corrupción es igual a Monopolio, más Discrecionalidad, menos Transparencia, concluyendo que “cuando mas monopolio haya en una organización, cuanto mas discrecionalidad tengan los funcionarios y menos transparencia su actividad, habrá mayores posibilidades de actos corruptos”.
El monopolio que detenta el FMI como organismo de asistencia financiera internacional es incontrastable, y se ve agudizado por las condicionalidades cruzadas de los otros organismos multilaterales de crédito, que requieren el previo visto bueno del FMI para brindar su asistencia financiera.
Al respecto el experto Joseph Nye ha definido a la corrupción como “un comportamiento que se aparta de las obligaciones normales de la función pública, por motivos privados”, apuntando por otro lado el experto Nethaniel Leff que “la corrupción es una institución extralegal que utilizan ciertos grupos o individuos para influir en la burocracia en un grado mayor del que podrían de otro modo”.
El alegato ante la OEI
En el año 2002, en mi carácter de diputado que había realizado una investigación respecto el vaciamiento del sistema financiero argentino en el 2001, que luego como coautor junto a Javier Llorens publiqué mediante el libro “La Argentina robada – El corralito, los bancos y el vaciamiento del sistema financiero argentino” (Ediciones Macchi) fui invitado a exponer ante la OEI durante la visita que hizo a Buenos Aires, según consta en la página 176 del informe de ella en su versión en español.
En esa oportunidad expuse el convencimiento, acompañado de abundante prueba legal consistente en los balances de los bancos, de que la catástrofe del año 2001 había sido propulsada por los bancos extranjeros tenedores de deuda, que para salir del riesgo argentino ante el horizonte de cesación de pagos que avizoraban, internalizaron títulos de la deuda argentina, para llevarse a cambio las cuantiosas reservas financieras que entonces existían.
Expuse también que, lógicamente, esa enorme maniobra de empapelamiento del sistema financiero argentino no podría haberse llevado a cabo sin la complicidad de las autoridades económicas argentinas, y del FMI, que a todo lo largo de ese año se comportó como un irresponsable prestamista de última instancia, alimentando la fuga de divisas.
Lógicamente, esta versión no aparece expuesta en el informe de la OEI. Pero esta Oficina de Evaluación bien podría haber sido advertida, conforme la conminación de las generales de la ley, de que todo lo que dijera en sus informes podría ser usado en contra del FMI, a los efectos de fundar esos gravísimos cargos.
Y efectivamente sucedió esto, dado que la retahíla de hechos inexplicables que el informe de la OEI expone muy prolijamente en su informe, presentados como un cúmulo de desaciertos, negligencias y omisividades; mediante un reordenamiento o reinterpretación de ellos, ajustados en forma grave, precisa y concordante, permite incriminar ampliamente al FMI en esa maniobra de vaciamiento de un país; siendo además esto corroborado por las posteriores relaciones que se afianzaron entre las ex autoridades del FMI responsables de esos hechos, y quienes realmente se beneficiaron con ellos.
Pero como todas las historias de crimen, corrupción y sometimiento, para esclarecer el origen y la integridad de los hechos en todos sus alcances, es necesario remontar el hilo conductor de ellos treinta años para atrás, para partir de una deuda externa que:
- nació odiosa en un gobierno militar, en base a las recetas recomendadas por el FMI
- que requirió luego la intensa gestión del FMI, para que la novel democracia la aceptara
- que por ser impagable, por la presión del FMI se canjeó en parte por activos públicos, mediante las privatizaciones
- que a los efectos de asegurar la intangibilidad de esa conversión de deuda en activos, se requirió a su vez de un régimen de convertibilidad monetaria, que el FMI salió a apoyar expresamente cuando debió aconsejar abandonarlo
- derivó esto en una profunda inconsistencia macroeconómica, que a la postre impulsó a los acreedores de la deuda, que al mismo tiempo detentaban las privatizaciones, a idear con el apoyo del FMI un maniobra de salida del riesgo argentino, a cambio de llevarse las reservas financieras,
- al mismo tiempo que con el apoyo del FMI, contradictoriamente se trataba de sostener la convertibilidad de cualquier manera, para mantener incólume el negocio de las privatizadas
- propugnando finalmente con el apoyo del FMI, la dolarización como sucedáneo de la convertibilidad a favor de esos mismos intereses
- a tal efecto tras el estallido de la crisis, el FMI fomentó el caos económico como vía para llegar a la dolarización, al mismo tiempo que lograba la impunidad para quienes habían participado en esa maniobra, con su exigencia de derogar la ley de subversión económica
- coincidiendo por ende la política de desendeudamiento implementada por el gobierno, con la estrategia de salida del FMI tras la crisis, después de haber cumplido acabadamente su rol de prestamista irresponsable de última instancia para la fuga.
Esta gran secuencia de hechos, que surge de analizar la relación de Argentina con el FMI desde el año 1976 en adelante, a través de los textos de las Cartas de Intención, que a la larga han terminado manifestando la verdadera intención de su protagonista, se ve a su vez corroborada por calificados testimonios que acaban de salir a la luz, que revelan el porque de la deuda y de las crisis de deuda, los que se encuentran expuestos en las conclusiones.
William Blaque dice en uno de sus “Proverbios del Infierno”, “aquel que deja que abuses de él, te conoce”.
Argentina, por haber sido abusada durante treinta años por el FMI y el sistema de la deuda, hoy conoce a sus abusadores.
Y esto a su vez la enfrenta a un formidable desafío, que es el dilema ante el cual se encuentra todo abusado:
La de consentir el abuso, lo que a su vez extingue la culpa y responsabilidades del abusador, y degrada aun mas al abusado.
O el de denunciar el abuso, que además de abrir la posibilidad de una reparación, le permitiría explicar al mundo las razones de su debacle como Nación, para así erigirse dignamente sobre nuevas bases, fundadas esencialmente en la autodeterminación y la autorrealización.-
1976 al ‘83 – El proceso Militar: El FMI cómplice de la Dictadura y en la generación de una deuda impagable
El 24 de marzo de 1976 usurpó el manejo de los destinos del país una sangrienta dictadura, que con enormes diferencias con respecto a los alzamientos militares conocidos hasta entonces, insertó una bisagra en la historia del país. Su accionar se caracterizó por el montaje de un aparato represivo sin precedentes, manejado desde el poder Estatal, que tuvo por objetivo la destrucción de toda oposición mediante el secuestro, la tortura y el exterminio de miles de personas.
El FMI dio por su parte una clarísima señal internacional de apoyo a la inauguración de ese negro periodo que se habría, al desembolsar inmediatamente después del golpe un crédito a favor del nuevo gobierno de facto. Este préstamo, de facilidades extendidas a países con problemas de balanza de pagos por la suba brusca del petróleo, por un monto de 110 millones de dólares, había sido acordado durante el gobierno de Isabel Perón, pero su desembolso solo se efectivizó tras el golpe militar, quedando claro así que el FMI puso lo suyo para ayudar a derrumbar al tambaleante gobierno democrático.
El FMI se comportó de la misma manera en el año 2003, cuando fue el primero en apoyar el golpe de Estado que se intentó en Venezuela contra el actual presidente Chávez, al ofertarles asistencia financiera a los golpistas fracasados apenas estos asumieron el poder, razón por la que en Venezuela el FMI es denominado Fondo Golpista Internacional.
Luego el FMI reforzó sustancialmente su ayuda a ese sangriento gobierno militar, al otorgar un nuevo crédito en agosto de 1976, por 300 millones de dólares, y al ampliarlo en septiembre del año siguiente, por otros 185 millones, a la par que el Eximbank otorgaba nuevos préstamos la Argentina. A su vez un director de ese organismo, el argentino Adolfo Diz pasó a desempeñarse como presidente del Banco Central.
La cúpula militar de ese gobierno criminal de manos ensangrentadas, fue posteriormente juzgada y condenada por delitos de lesa humanidad. Pero una parte de ese lúgubre escenario aún permanece en penumbras, porque deliberadamente no fue iluminado para que lo vea la sociedad. Es el ocupado por los socios locales e internacionales de esos jefes de manos ensangrentadas; ligados al gran mundo de las finanzas, en donde desempeñaron un papel tan importante como oculto, el FMI, el Banco Mundial, y la banca privada internacional, en la que descuella la actuación de los bancos CITIBANK, CHASE, y JP MORGAN.
Entre las figuras locales, descuella la actuación del abogado de multinacionales, empresario, banquero, y primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. En su gestión puso énfasis en lo financiero y en las “privatizaciones periféricas”, trasladando al sector privado las unidades de negocios mas productivas de las empresas públicas. Con el lema de “achicar el Estado es agrandar la Nación” y que “es lo mismo fabricar caramelos que acero”, fue el verdadero precursor de todos los desastres que vinieron después.
Martínez de Hoz fue el hombre que los referidos intereses financieros mundiales, impusieron como superministro de Economía en Argentina. Es conocida la anécdota por la cual el presidente de la Trilateral Commission, el banquero David Rockefeller, exigió personalmente a mediados de 1979 a quien entonces presidía la Nación, el Gral. Videla, no solo la “seguridad” de que Martínez de Hoz sería ratificado en el cargo, ante la creciente oposición que encontraba en las filas militares, sino que además debía gozar de “todo el apoyo político” del Gral. Videla.
Es obvio que un gobierno dictatorial aislado del mundo por las denuncias de gravísimas violaciones a los derechos humanos, debía someterse a esa exigencia de los banqueros extranjeros, ya que estos eran prácticamente el único vínculo que tenían con el exterior.
En el Banco Mundial también se desempeñaba como director el argentino Adalbert Krieger Vasena, otro ex ministro de gobiernos de facto, que como Martínez de Hoz era representante de bancos y multinacionales extranjeras.
El resultado concreto de esta conjunción de gobierno de fuerza bestial, padrinazgos de financistas privados, y avales de organismos multilaterales de crédito, fue que la deuda externa argentina se multiplicó seis veces en seis años. Pasó de 7.000 mil millones de dólares en 1976, a 42.000 millones de dólares en 1982, sin que nunca se haya esclarecido debidamente en que fue empleada, asegurando diversos análisis que alrededor de 30 mil millones de ese incremento sería “deuda sucia”, de carácter fraudulento, que se fugó del país y apareció como ahorros en el exterior de residentes argentinos.
Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, a partir de allí se inauguró la equivalencia entre deuda externa y fuga, al pasar a representar la fuga en 1983 un 60 % de la deuda, oscilando a partir de allí la fuga entre el 60 y 70 % de la deuda, para saltar en el 2001 al 86 % de ella.
La importancia del fallo de la Justicia Argentina en la causa Olmos
Un antecedente de singular relevancia a este respecto lo constituye la Causa caratulada “OLMOS, Alejandro s/ Denuncia” tramitada por la Justicia Federal, en la cual el juez interviniente Jorge Ballesteros, determinó la existencia de por lo menos, cuatrocientos setenta y siete ilícitos vinculados al endeudamiento externo ocurridos durante dicho interregno militar.
En dicha causa también quedó acreditada la inexistencia o desaparición de registros sobre el endeudamiento; la promulgación de normas inconstitucionales a los fines de someter al Estado Argentino a la jurisdicción de Tribunales Extranjeros; el endeudamiento de empresas públicas a fin de desviar los fondos hacia finalidades distintas a las denunciadas; la nacionalización o estatización de deuda privada que mediante este procedimiento fue finalmente asumida por la Nación, etc.
Con relación a la responsabilidad de los organismos internacionales de crédito, la resolución del Juez Ballesteros expresa que “debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual aparecería de buen grado una nueva asistencia que mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce el país, dando así razón a su controvertida existencia”.
Con respecto a los sujetos beneficiados, la resolución judicial mencionada expresa que la deuda externa “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.
Una de las primeras conclusiones que puede extraerse de esta causa judicial, es que el régimen militar, ante la inexistencia absoluta y provocada de los controles republicanos, pudo consolidar un proyecto político-económico sin oposición posible en el marco de una masiva violación de los derechos humanos.
Es ostensible que, la cantidad de delitos vinculados al endeudamiento externo, su persistencia, concordancia y magnitud, acreditan la implementación de un proyecto metódico y deliberado cuyos resultados desastrosos no podían ser ignorados por los tecnócratas de entonces. Hubo una concepción político-económica que solo pudo llevarse a cabo mediante una metodología brutal que, además, serviría para darle sustento financiero el aparato represivo.
La deuda odiosa incubada y consentida por el FMI
Así como para perpetrar el terrorismo de Estado, fue necesaria una organización que hiciera operables los grupos de tareas, los centros de tortura y detención, el exterminio y desaparición de personas, etc. Análogamente, en el plano económico, este régimen requirió de un sistema de corrupción estructurado.
Quienes lideraron la dictadura sabían que su supervivencia en el poder dependía, tanto del terror que infundían, como de la transitoria y artificial sensación de bienestar que los economistas del régimen pudieran procurar bajo el fenómeno de la llamada “plata dulce”.
La adquisición irresponsable de préstamos del exterior permitió ese sostenimiento transitorio. Luego al amparo de la inexistencia de controles al movimiento de capitales, auspiciada por el FMI, y a la adopción de un tipo de cambio bajo o sea a una sobrevaluación del peso, no objetado por el FMI, la inmensa mayoría de esos fondos se fugó, terminando en muchos casos depositados en los mismos bancos extranjeros que habían otorgado los préstamos.
Esto ocurría mientras que a nivel internacional, la Junta Militar era el blanco de todo tipo de críticas por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Resulta inverosímil que las entidades de crédito desconocieran esas circunstancias perpetradas por el gobierno de facto.
Es sabido que el FMI tiene funciones de consultor técnico de los países miembros, y son sobradamente conocidas sus ingerencias en temas de política interna so pretexto de monitorear la capacidad de pago del país.
Sorprende que el FMI fuera llamativamente flexible con el gobierno militar a punto tal que no solo consintió en silencio su desproporcionado nivel de endeudamiento, sino que puede decirse que fue el autor intelectual del mismo, por su exigencia en los acuerdos que firmó con Argentina, de que no se limitara el movimiento de capitales, al mismo tiempo que se establecía un tipo de cambio oficial sumamente bajo, contra lo preceptuado por el FMI, junto otras medidas conexas recomendadas por este.
Esta combinación de medidas inconexas y contradictorias, sumada a una crisis bancaria de proporciones, cuya responsabilidad también recae en el FMI, precipitó a la postre una enorme fuga de divisas, que evaporó las reservas que Argentina había acumulado mediante endeudamiento externo, dejando así al país endeudado hasta el límite de su posibilidad de endeudamiento, sin que le haya quedado activo alguno en contrapartida.
En su informe la OEI, se refiere a dicho periodo aseverando: “A comienzos de la década –del ’80- los crecientes desequilibrios fiscales originaron una alza en las tasas de interés reales, una serie de quiebras empresariales, un aumento de la insolvencia del sistema bancario y una pérdida de confianza. Un tipo de cambio sobrevaluado había creado un elevado déficit acumulado en la balanza de pagos, lo cual ocasionó serias dificultades para atender el servicio de la deuda y una eventual pérdida de acceso a los mercados. La inflación se aceleró, y el PIB real disminuyó en casi el 10% entre 1980 y 1982. (p. 137)
Sin embargo el informe de la OEI soslaya que las recetas del FMI fueron el huevo de la serpiente que originó esa crisis y posibilito ese ruinoso proceso de endeudamiento, al exigir este en sus acuerdos de los años 1976 y 1977, según se puede ver en el anexo I (Criterios de Ejecución Estructurales Acuerdos Stand-by 1976 y 1977), que Argentina:
- Liberara los controles al movimiento de capitales
- Unificara y liberara el tipo de cambio, exigencia que luego mudo en que el mismo se ajustara en base a la inflación interna y externa.
- Tuviera un crecimiento moderado de la deuda externa
- Contrajera deuda con la sola autorización del ministro de Economía y el presidente del Banco Central; y que se implementara un mecanismo de control del endeudamiento del sector público
- Reorganizara el sistema financiero
- Eliminara los aranceles de importación
¿Qué pasó con estas magistrales recetas del FMI?
Se liberó el control de capitales. En 1977 el ex director del FMI y Presidente del Banco Central Adolfo Diz reorganizó el sistema financiero, desregulándolo totalmente, pero manteniendo la garantía del Estado por los depósitos de los ahorristas, lo cual era un absoluto contrasentido, al trasladar al fisco el costo de las aventuras de los financistas.
Al mismo tiempo con la excusa de acumular divisas y con la sola autorización del ministro de Economía y el presidente del Banco Central, se produjo un desaforado endeudamiento externo.
Luego en 1978 se abandonó el ajuste del tipo de cambio por inflación, reemplazándolo, con la excusa de luchar contra la inflación, como un anticipo de la convertibilidad de los ´90, por una “tablita cambiaria” que prefijaba el valor del dólar, día por día en los años futuros, con el objeto de lograr que la inflación “convergiera” con esa tablita.
El efecto combinado de estas medidas incoherentes, unas impuestas por el FMI; y las otras totalmente contrapuestas a las impuestas por el FMI, sin que este las cuestionara, fue letal.
| El verdadero origen y naturaleza del déficit fiscal de los 80’
En ocasión de la presentación del proyecto de ley de Reforma de la carta Orgánica del BCRA (30/8/90), Roque Fernández entonces director de esa entidad y luego Ministro de Economía, en un balance sobre los costos de la década del ’80 sostenía: “Las siguientes cifras, que presentan algunas de las pérdidas más notables del BCRA en los últimos años, ilustran como ha sido utilizado el poder discrecional de la emisión de dinero en nuestro país: (la suma del monto trepa a 94.742 millones de dólares) Perdidas del BCRA al 31 de diciembre de 1989, millones de dólares Por Política Monetaria y Cambiaria 37.902 MU$S |
El dólar barato combinado con al baja de aranceles produjo una avalancha de importaciones, que destruyo a la industria nacional. Y el dólar barato combinado con la libertad al movimiento de capitales, aunado a la liberalización del sistema financiero y combinada con la garantía estatal de los depósitos; desató una desenfrenada especulación y fraudes financieros, que remataron finalmente en el crack bancario de 1980, en el que más de un centenar de entidades financieras fueron liquidadas a costa de las reservas de divisas del Banco Central.
O sea que como consecuencia en ese sangriento interregno que soportó el país, se “esfumaron” 30.000 desaparecidos; y 30.000 millones de dólares; e indudablemente, no podría haber sucedido una cosa sin lo otro, y esto última sin el auxilio intelectual y el aval del FMI. La dictadura no se hubiera perpetrado en el poder, sin el auxilio de la deuda externa; y no hubiese sido posible ese descomunal aumento de deuda, en un contexto que no fuera una dictadura, y si esta no hubiese contado con la inspiración y el “autorizado” aval intelectual del FMI. No había Deuda sin Dictadura, ni Dictadura sin Deuda, y esta no se habría perpetrado sin el aporte del FMI.
Así el resultado final es que a la tragedia humana irreparable que produjo la “guerra sucia”, hay que sumarle el irreparable vaciamiento económico y financiero del país que produjo la “deuda sucia”; habiendo estos dos terribles procesos, desencadenado efectos de vastas proporciones culturales, políticas, económicas y sociales, que hasta hoy siguen presentes.
Los autores argentinos de la descomunal fechoría de la “guerra sucia” han sido condenados por la Justicia y por el oprobio de la sociedad. Sin embargo los autores de la descomunal fechoría de la “deuda sucia”, ni se sabe quienes son, e incluso muchos de ellos continúan en los más altos estamentos nacionales e internacionales. Y a su vez los partícipes necesarios de esa fechoría, el FMI y el Banco Mundial, han pasado a incidir notablemente en la vida de los argentinos, e imponernos recomendaciones, como si esto fuera lo más natural.
| La doctrina de la deuda odiosa
Pero aparte del análisis político, cabe analizar el aspecto jurídico de dicho endeudamiento, a la luz de la conocida y aceptada doctrina de la “Deuda Odiosa”. Alexandre Nahum SACK escribió en 1927 “Si un régimen déspota celebra un convenio de deuda que no se pone al servicio de las necesidades y los intereses del Estado, sino para fortificarse a sí mismo como régimen o para oprimir una sublevación popular, etc., esa es, entonces, una deuda odiosa para el pueblo de ese Estado. Esa deuda no une a la nación; es la deuda de un régimen, la deuda personal del conductor político y como consecuencia cae con la abdicación de ese régimen”. (A. SACK, Les effets des trasnformations de Etats …”, París, 1927. Pág. 157). En términos generales, se ha caracterizado como “deuda odiosa” a aquella que:
Todas estas premisas se cumplen acabadamente en el caso argentino, pero aún no existen las vías internacionales jurídicas para este planteo. Sin embargo en Noviembre del 2004 junto con la colaboración de dos ONGs Jubileo y ATACC Alemania interpusimos ante la Corte Constitucional de ese país un recurso para que se introdujera esta cuestión, ante en una causa que tramitaba debido al default del 2001. |
En el libro escrito por el periodista Ernesto Tenembaun, “Enemigos – Argentina y el FMI: la apasionante discusión entre un periodista y uno de los hombres clave del Fondo en los noventa“, el ex directivo del FMI, el argentino Claudio Loser, que fue uno de los grandes responsables de la crisis argentina del 2001, expresa:
“En los años setenta se produjo un gran robo en la Argentina. El capital financiero inundó al país, como parte del proceso del reciclaje de los petrodólares. Cuando eso se terminó apareció la crisis de la deuda. Se había invertido todo mal. Y no había una contraparte productiva. El país estaba quebrado” (p. 269).
La denuncia penal contra el FMI ante la Corte Suprema
La abrumadora mayoría de la deuda externa que hoy agobia a nuestro país, aún cuando aparezca constituida en cabeza de nuevos acreedores, representada por documentos más o menos recientes o sustentada en causas que aparentemente poco tienen en común, reconoce su génesis en la Dictadura 1976-1983.
El tiempo transcurrido fue consolidando la impunidad de sus autores, cómplices y encubridores a la vez que, al erosionar sus rasgos de manifiesta ilicitud de origen, la fue cubriendo con una falsa apariencia de legalidad.
Subyace una puja entre quienes, al amparo de una malentendida “seguridad jurídica”, cierran toda posibilidad de análisis. Sostienen que aun cuando aquella deuda fuera ilegítima, hoy, sea por omisión, reconocimientos tácitos o por sucesivas novaciones, se ha extinguido y, sea como fuere resulta imperioso respetar los derechos de los actuales titulares en tanto terceros de buena fe (aun cuando algunos de ellos son los mismos acreedores de entonces).
Mucho se ha escrito sobre la nulidad insanable de nuestra deuda externa. A esta concepción se le antepuso siempre el remanido argumento de su convalidación explícita o implícita por parte de los gobiernos democráticos posteriores y la necesidad de respetar los compromisos internacionales adquiridos. Los mejores esfuerzos, por bien intencionados que fueron, condujeron hasta ahora, a una discusión estéril y así proseguirán en tanto no se visualice la deuda como un delito inescindible de los restantes cometidos por aquella Dictadura.
Si sus crímenes de lesa humanidad han sido acabadamente demostrados y condenados tanto por Tribunales nacionales como extranjeros, se ha recorrido un tramo muy importante. Resta analizar de qué modo ese desmesurado endeudamiento fue parte necesaria del plan genocida y e hizo a su propia supervivencia (valga la penosa paradoja)
¿Por qué al estudiar la Deuda Externa se centra la discusión en un análisis financiero de derecho comercial – internacional? ¿Por qué reservar el ius cogens para perseguir a los exterminadores y dejar al margen a los cómplices y encubridores? Reservar su estudio a los economistas es una manera de alejar la cuestión de los Tribunales.
Algunos delitos pueden ser declarados prescriptos pero este no es el caso de los crímenes de lesa humanidad y menos aún cuando sus consecuencias se siguen produciendo y reproduciendo hoy en día. Podríamos refinanciar un crédito pero no un delito. Los créditos originados en delitos no son susceptibles de novación, quita, espera, remisión, pago o cualquier otra forma de extinción de las obligaciones. Ello así porque el delito solo genera la obligación de resarcir los perjuicios y nunca puede convalidarse.
Desde la óptica de las violaciones a los derechos humanos, así como ningún gobierno tuvo nunca facultades para amnistiar o indultar, tampoco pudo sanear los efectos de esos delitos. No es un problema de Derecho Comercial o de Derecho Internacional. Es un tema de Derechos Humanos, de Derecho de Gentes.
Es francamente insólito que habiendo investigado a los autores y coautores, no hayamos reparado en los financistas cómplices que le dieron sustento al régimen. Para aquellos valió la aplicación del derecho penal internacional, para éstos el solo el derecho comercial. Ni la Dictadura fue un solo hombre ni tampoco el grupo que la comandaba podía ejecutar su plan siniestro sin el apoyo y la participación de otros que también merecen ser juzgados. Tienen al menos el derecho a defenderse que les fue negado a sus víctimas como se dijo hace años.
Nuestro país adhirió a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Esta convención tiene rango constitucional por la ley 25.778. Luego de definir los crímenes de lesa humanidad y de declarar su imprescriptibilidad en el art. I, en su Artículo II afirma que:
“Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración”.
Estos “cómplices” no han sido juzgados y no pueden ampararse en la prescripción.
Por otro lado la repotenciación de esos efectos dañosos, perdura hasta nuestros días ya que los sucesivos gobiernos, amén de tener un impedimento de derecho internacional para convalidar las consecuencias dañosas apuntadas, han sido y son víctimas de presiones y hasta de coacción por parte de las corporaciones que pretenden eximirse de la responsabilidad civil emanada de la intervención de sus representantes durante aquellos hechos aciagos.
Peor aún, algunos de aquellos copartícipes han retornado en varias oportunidades al poder para asegurar tanto su impunidad como la de otros implicados logrando con su accionar ocultar o dificultar los rastros causales que vinculen los delitos aludidos con la realidad presente. Esto no es ni más ni menos que la comisión de delitos “criminis causa”, vale decir la perpetración de nuevos ilícitos (aun de naturaleza distinta) para asegurar los resultados de los anteriores y/o lograr la impunidad para sí o para terceros.
Finalmente, desde esta perspectiva propuesta se lograría restablecer el orden jurídico de una manera casi completa puesto que no solo se concluirá con la sanción que el derecho prescribe para este tipo de acciones, sino que incluso se podrían cubrir las obligaciones con acreedores tanto externos como internos actuales y de buena fe. Me refiero básicamente y especialmente a personas físicas, a quienes se les debe una justa reparación que debe emanar de los verdaderos responsables y que sus mandantes también deban afrontar.
La Deuda Externa actual también tiene un ADN. Si se descifrara, se advertirá que hay un código genético que se remonta al período 1976-1983 con tenues mutaciones posteriores.
Asistidos por estas razones, con un grupo de diputados colegas hemos hecho una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia Argentina (Ver Anexo “Denuncia al FMI ante la Corte Suprema de Justicia”), para que investigue la actuación del FMI y los organismos multilaterales de crédito durante ese sangriento proceso, al entender que la asociación ilícita y la comisión de delitos imprescriptibles de lesa humanidad no quedó solo circunscripta a los integrantes de las Juntas Militares.
Consideramos que también fueron partícipes quienes, por sus conocimientos, vinculaciones nacionales e internacionales, y otras condiciones de las que el personal militar carecía, prestaron un grado de colaboración sin el cual algunos objetivos del gobierno militar no se hubieran cumplido o por lo menos no se hubieran desarrollado de la manera planeada.
En particular el elenco de ministros, secretarios y subsecretarios, especialmente en el área de economía y finanzas, cumplió un rol de participación necesaria toda vez que permitió por vía de sus vinculaciones, influencias e incumbencias profesionales, gestionar y obtener fondos provenientes de préstamos en el exterior.
De esta manera, se contribuyó sustancialmente al financiamiento del Estado represivo, al reequipamiento del aparato militar, a solventar gastos del sistema sin ningún tipo de contralor serio y eficaz, como no fuera la propia voluntad de los gobernantes.
El injustificado y desmesurado endeudamiento alcanzado en aquel período estuvo vinculado directamente con los objetivos nefastos de ese proceso militar, dada la necesidad de proveer las divisas que requirió financiar una suerte de burbuja especulativa y aparente crecimiento económico, que caracterizó los primeros años subsiguientes al golpe. Como se supo luego, de manera similar al régimen de convertibilidad que se implementó en el año 1991, esto fue solo un espejismo sustentado en base al absurdo y delictivo endeudamiento externo, y no al crecimiento real de la economía.
Por lo tanto el recurrente crédito externo se transformó en un medio para solventar la continuidad de los excesos. Está claro que una Dictadura que perpetró tantos crímenes bien podía sostenerse por el simple expediente de continuar elevando hasta el paroxismo la tortura y la desaparición forzada de personas. Tal es así que no dudó en acometer la aventura bélica de la guerra de Malvinas, cuando el efecto de “plata dulce” había mermado.
Y aunque no se concuerde con esta apreciación, es inocultable que el poder de las armas requirió del poder económico y financiero, y que este fue aportado por los bancos prestamistas, por los cultores de la escuela de Chicago, y por los funcionarios de Organismos Internacionales que lisa y llanamente decidieron apoyar con fondos frescos a un gobierno cuyas violaciones a los derechos humanos resultaron tan públicas y notorias, que fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos con una embargo comercial y financiero, que la gran banca privada se encargó de contrarrestar.
Anexo: Acuerdos firmados por la Dictadura Militar
| Fecha de Aprobación | Acuerdo | Criterios de ejecución cuantitativos | Criterios de ejecución estructurales | Referentes estructurales | Condicionalidades generales | Política Cambiaria | Deuda Externa |
| 09/08/1976 | Stand By | Límite al Déficit de caja del Tesoro. Límite a los Activos Internos Netos (AIN). Límites Reservas Internacionales Netas (RIN). | Eliminar seguro de cambio para préstamos de corto plazo principal causa de la expansión monetaria .Los salarios deben aumentarse por productividad y los precios deben ser libres. Inhibirse de imponer tipo de cambio múltiple, de limitaciones al comercio y movimiento de capitales imponer mas restricciones a importaciones, acuerdos bilaterales de pago con miembros del Fondo | Reducir transferencias a provincias y empresas públicas. Aumento impuestos provinciales. | Compromiso de consulta con el FMI de toda medida que resulte apropiada a iniciativa de Argentina o cada vez que el Director Gerente lo requiera. | Unificar y liberar el tipo de cambio | Crecimiento moderado de la deuda externa y sin necesidad de reestructuración |
| 19/09/1977 | Stand By | Límite al Déficit de caja del Tesoro. Límite a los AIN. Límites RIN | Bajar aranceles de importación para permitir la competencia externa. Los salarios deben aumentarse por productividad y los precios deben ser libres. Inhibirse de imponer tipo de cambio múltiples, de limitaciones al comercio y movimiento de capitales imponer mas restricciones a importaciones, acuerdos bilaterales de pago con miembros del Fondo | Reorganización del sistema financiero. Bajar aranceles a la importación | ídem | Ajustar el tipo de cambio en función del incremento de los precios internos y externos | Implementar un mecanismo de control del endeudamiento del sector público. Decisión del Presidente de la Nación que todo endeudamiento externo requiere de previa autorización del ministro de Economía y del PTE del Banco Central |
Anexo : Los acuerdos con el FMI y la evolución de la debacle argentina
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