Si el presidente Alberto Fernández propusiera al Procurador del Tesoro Carlos Zannini como Procurador General de la Nación, se armaría en Buenos Aires un cisco de aquellos que nos tiene acostumbrado la grieta. Pero en Córdoba eso no pasaba, porque el cordobesismo, aprovechando la crisis existencial de la gran prensa tradicional, se encargó de domesticarla con la pauta publicitaria.
Gracias a la cual el grupo Clarín que detenta el principal diario, La Voz del Interior; el principal canal de televisión, Canal 12; y la principal radio, Radio Mitre, y otros medios colegas, pueden cerrar sus cuentas a fin de mes. Comiendo mansamente de la mano del gobernador Juan Schiaretti y el vicegobernador Manuel Calvo.
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Por eso se animó a proponer al Poder Legislativo que domina a su voluntad, para el cargo vacante de Fiscal General de la Provincia a su Procurador del Tesoro, Juan Manuel Delgado. Un abogado especialista en el derecho comercial, estrechamente vinculado con el peronismo, la Bolsa de Comercio local, los negociados de los desarrollistas urbanos, y la iglesia Católica.
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Conforme el sistema “acusatorio penal” inventado por los cordobeses, que se ha difundido ampliamente en las provincias, y ahora se está implementando en la Nación, dicha Fiscalía General es la que puede incidir estratégicamente en los procesos penales, como la venido haciendo hasta ahora. Y a la luz de lo sucedido en Córdoba, se ha verificado que es absolutamente idóneo para garantizar la impunidad de los que gobiernan, hagan lo que hagan.
La opinión extendida es que Schiaretti incumplió deliberadamente con sus deberes de funcionario público, al demorar dos años en tratar de designar un nuevo Fiscal General -cuyo mandato dura cinco años- para tener bien cubiertas sus espaldas cuando se retire del gobierno en diciembre de 2023.
Siendo el punto delicado de su gestión, las contrataciones de obras públicas faraónicas, con empresas altamente cuestionadas e investigadas judicialmente en el país y en la región, con Odebrecht a la cabeza. Al punto tal que fueron las que se llevaron puestas el gravoso endeudamiento externo que contrajo su gobierno para hacer obras.
Ver Los sospechosos de siempre se llevaron puesta la deuda externa de Córdoba
Los truenos en una siesta apacible
El gobernador Schiaretti se tiró a la pileta con la designación de Delgado, porque creía que seguía llena de agua, ya que ese tipo de zambullidas las había hecho otras veces. Como por ejemplo al haber designado como magistrados del Tribunal de Justicia a su ministro de Justicia, Luis Angulo; y a su Director General de Asuntos Judiciales, Sebastián López Peña.
Además de otros de notable filiación peronista, por lo que bien puede decirse que tanto Schiaretti como el difunto ex gobernador Juan Manuel de la Sota, contaban con su “mayoría automática” en el Tribunal Superior. Como en los mejores tiempos de Carlos Menem en relación con la Corte Suprema nacional.
Pero imprevistamente se encontró conque que la pileta estaba vacía. Y así, como si fueran inesperados y potentísimo truenos en una larga y apacible siesta cordobesa, los líderes de opinión cordobeses de los medios propiedad de Héctor Magnetto, Lalo Freire, de Canal 12; “Petete” Martínez, de Radio Mitre; y Mariano Bergero, de La Voz del Interior, como modernos savonarolas salieron a cuestionar inesperadamente esa designación.
Con críticas a cual más tonante, del estilo antiperiodístico opinativo y cargado de adjetivos que solo suelen emplear con el kirchnerismo, cuando hasta el día anterior eran genuflexos servidores del cordobesismo. Tal como se puede apreciar en los siguientes links.
https://www.facebook.com/Radiomitrecba/videos/285729136230952
https://www.lavoz.com.ar/politica/mucho-mas-que-un-nombre-en-fiscalia-general
Instando incluso a la oposición de radicales y Cambiemos a que se plieguen a la algarada, en defensa de la división de poderes. Que no es precisamente lo que les interesa, dado que también se han visto beneficiados con el sistema de impunidad política absoluta instalado en Córdoba con el sistema acusatorio.
¿A qué se debe ese notable cambio de un día para el otro?
Al respecto cabe recordar que el grupo Clarín mantenía una notable empatía con Luis Juez. Quien como intendente de Córdoba llegó a ponerle el nombre “La Voz del Interior” a la avenida de ingreso a la ciudad desde el aeropuerto. Y por eso estuvo a punto de llegar a Gobernador en el año 2007, siendo impedido de ello por lo que muchos consideran un fraude escandaloso. Al suspenderse el recuento de votos durante largas horas, cuando encabezaba la elección.
Pero poco después en el 2009, en una situación parecida a la de ahora, las mieles de Juez con el grupo Clarín se transformaron súbitamente en vinagre. Con motivo de la notable alianza que el ex gobernador De la Sota estableció ínterin con el grupo Clarín, motivada por la crucial “ley de medios”. Que tenía por objeto por un lado, el control del voto del ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, un hombre del riñón del delasotismo. Y por el otro lado afianzar las eternas aspiraciones de llegar a la presidencia de la Nación, por parte de De la Sota.
Llegando incluso a desempeñarse una de las hijas de De la Sota, Candelaria, en dicho multimedio. Por su parte Maqueda no defraudó esa alianza, dado que en su voto convalidó la constitucionalidad de esa ley. Pero no con efectos retroactivos, salvándole así la ropa a Magnetto y el grupo Clarín.
Y a partir de allí, en base la debacle económica del grupo Clarín en Córdoba, por la novedosa competencia de las redes sociales, la alianza se afianzó servilmente. Por la indispensable necesidad de contar con la pauta oficial para poder cerrar mensualmente sus cuentas por parte del multimedio.
Magnetto vs CFK
La novedad es que en estos momentos el gobierno liderado por CFK, y Héctor Magnetto Clarín, están llegando un climax en el conflicto existencial que mantienen desde el 2009. Que se observa rotundamente, en la desobediencia en solitario por parte de Telecóm y Cablevisión del grupo Clarín -no así de sus competidores- de no respetar los aumentos tarifarios dispuestos por el Gobierno.
Agarrándose de los pelos de una cautelar ordenada a favor de una pequeña empresa, por el inefable juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro, quién desde el rebalanceo telefónico del 2005, es un experto en esas jugadas. Mientras que el Gobierno respondió con un sustancial aumento en las multas, como para que le cuesten más estas, que el mayor ingreso que el grupo Clarín pretende conseguir.
Claramente se observa entonces que el centro de gravedad de ese conflicto existencial, se ha trasladado desde la Corte Suprema, al Congreso Nacional, cuya composición depende de las próximas elecciones legislativas. Donde ambos bandos deben contar, además de una mayoría, con una propia tropa absolutamente leal, sin “borocotos” de por medio, que salten de un bando al otro.
En ese esquema, es notable que la lista de peronistas que pueda armar el gobernador Schiaretti, no garantiza ello. Además en la actual situación económica agravada sustancialmente por la pandemia, el gobernador Schiaretti se encuentra en un estado de debilidad notable. Susceptible en consecuencia de ser presionado económicamente y cooptado desde el gobierno central, como ya ha sucedido con algunos asuntos últimamente.
Y por eso para el general en Jefe Magnetto, Schiaretti habría dejado de ser un aliado confiable. Y en su reemplazo tendría que impulsar un notable triunfo de Cambiemos en Córdoba. Para que flanqueados por los talibanes la “Pato” Bullrich y el diputado Fernando Iglesias, engrosen la propia tropa para la batalla final que se apresta a librar en el Congreso.
Perspectiva ante la cual se avizora un posible “destape cordobesista”, como sucedió con el “destape kirchnerista” a partir del 2008. Después de que Magnetto y los Kirchners compartieron durante cinco años el mismo lecho, igual que ahora lo ha hecho durante once años con el cordobesismo.
Semblanza del candidato a Fiscal General Juan Manuel Delgado
El candidato a Fiscal General Juan Manuel Delgado desde el inicio del actual mandato de Schiaretti, se desempeñó como su Procurador del Tesoro. Y además fue abogado del ex yerno del fallecido gobernador De la Sota, Carlos Laje, cuando este como funcionario fue denunciado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por prácticas fraudulentas , por cobrar coimas a las consultoras que contrataba, con generosos estipendios.
De hecho el presidente de la Coalición Cívica de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, expuso en Twitter que el inefable abogado comercial está afiliado a un partido político. Preguntando irónicamente “¿Podrá ser al ‘peronismo republicano’ de Córdoba?”, señaló el representante de Elisa Carrió.
Ver Biografía no autorizada de la eterna diputada Lilita Carrió
Lo que el “lilito” no se esperaba, era que según reveló el periodista Dante Leguizamón, Delgado aportó 48 mil pesos para la campaña de Mauricio Macri en las elecciones de balotaje contra Daniel Scioli de 2015. Asegurando quienes lo conocen en el mundillo de los abogados, que es un anti kirchnerista acérrimo.
Esta aparentemente notable confusión se explica por la dupla que conformaron Schiaretti y Macri desde los años noventa, con el contrabando de vehículos de SEVEL, donde el cordobés hizo la vista gorda como secretario de Industria nacional. Y continuaron con los negocios de obras públicas, en alianza contra el kirchnerismo.
Ver Macri y Schiaretti: unidos por el contrabando
Además resultan notables los lazos que mantiene el candidato a Fiscal General, con inmobiliarias y financieras mediterráneas, que aparecen también imbricadas con el financiamiento de la política. Estando involucradas en ellas personalidades notables, como el presidente de la Bolsa de Comercio, Horacio Parga, presidente también de la mayor inmobiliaria provincial: Edisur.
Tal como lo reveló Stripteasedelpoder.com, Edisur efectuó aportes encubierto a la campaña electoral del 2019 de Hacemos Por Córdoba, en la que Schiaretti obtuvo por tercera vez la gobernación. A través de dos de sus ignotas filiales: “Urbanizaciones Residenciales SA” y “Emprendimientos Urbanos S.R.L.
Ver Córdoba: ¿Cómo se “construyeron” las campañas de De la Sota y Schiaretti?
Del Opus Dei a Edisur
Delgado, apodado “el Negro”, se recibió como abogado y escribano en la Universidad Católica de Córdoba en 1995. Luego, obtuvo un magíster en derecho empresarial en la Universidad Austral en 2010, que se presenta en su portal web como “una obra de apostolado corporativo de la Prelatura del Opus Dei”.
Casualidad o no, la iglesia Católica otorga alegremente sus bendiciones al gobierno provincial, por sus sustanciales subvenciones para las escuelas privadas católicas. Siendo la provincia que mayor porcentaje destina a ese fin, lo que le permite además de generar un ahorro fiscal en el gasto de la educación, al liberarse de esa manera de los gastos de infraestructura.
Ver EDUCACION: El Cordobesismo lidera su privatización
Su formación como magíster en la Universidad Austral, le permitió a Delgado entrar a la Bolsa de Comercio de Córdoba. Donde según su página oficial, llegó a desempeñarse como uno de los vocales titulares, en representación del estudio de abogados Pereda, González Leahy, Delgado y Arroyo.
La buena sintonía que tuvo Delgado en la Bolsa, le permitió hacer buenas migas con Horacio Parga. Quien lo sumó a sus emprendimientos inmobiliarios, llegando a desempeñarse como síndico suplente en su nave insignia EDISUR, por lo menos en el año 2014.
También el futuro Procurador del Tesoro cordobés, estuvo a cargo de la sociedad de garantias reciprocas, impulsada por la Bolsa, Avales del Centro. La firma fue creada en el año 2016 y, según el Boletín Oficial, tuvo como presidente al “Negro” Delgado, participando además en las reuniones asamblearias Horacio Parga, de Edisur.
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/11/3_Secc_24112016.pdf
Edisur y el desarrollismo urbano de corsarios
La principal actividad de estos corsarios del desarrollismo urbano, ayudados por las políticas públicas lanzadas por los gobiernos de De la Sota y Schiaretti, fue la captura de tierras fiscales, a través de los remates de la hoy extinta agencia Corporación Inmobiliaria Córdoba o “Corincor”.
Cuyo presidente Carlos Presas, funcionario y operador delasotista, fue sindicado de haber pagado coimas cuando era legislador provincial, para sacar adelante la famosa “Ley Bodega”. Con la que se autorizó la privatización o concesión de empresas públicas, y las ventas de terreno públicos a mansalva.
En marzo de 2006, tres terrenos fueron vendidos a precio vil. Uno de ellos, de casi 1.600 m2 al frente de la Terminal de Ómnibus, se lo quedó Edisur. Allí se encuentra la “Torre Duomo”, considerada como el “edificio más importante de la ciudad”, con 28 pisos de alto. Fue construido por una unión transitoria de empresas entre las inmobiliarias Edisur y Betania, bajo el nombre de “Emprendimientos Urbanos S.R.L.”. La que luego figura como una de los aportantes por parte de Edisur, para bancar al schiarettismo.
La otra firma de Edisur aportante al schiaretismo, “Urbanizaciones Residenciales SA”, figura como partícipe del “Fideicomiso Manantiales”. Tal como lo señala el contrato del Convenio Urbanístico de uno de los proyectos inmobiliarios más polémicos, ubicado en la zona sudoeste de la ciudad de Córdoba.
Manantiales es un complejo que engloba una treintena de barrios privados, dentro de una zona de 60 hectáreas que, previamente, había sido declarada por la Provincia como espacio y reserva verde. Pero gracias al gancho del ex intendente Luis Juez, actual dirigente de Juntos por el Cambio, pasaron a ser miles de lotes de 5.000 metros cuadrados, destinados a countrys.
Luego el sucesor de Juez, Daniel Giacomino, que se decía “un soldado de Cristina”, con el cuento de la concertación público privada para hacer ciertas obras, lo redujo a 1.500 metros cuadrados. Y seguidamente Ramón Mestre de Cambiemos, con una nueva concertación publico privada los redujo a lotes de 250 metros cuadrados, que previo a la pandemia valían unos 72 mil dólares cada uno.
Una verdadera sucesión de escándalo que la concejal peronista Olga Riutort, ex esposa del fallecido De la Sota, calificó como “las 60 hectáreas de la corrupción”.
Sacar a los pobres para darles a los ricos
Desde antaño, la zona estaba poblada por familias de bajos recursos, que conformaron la llamada Villa de las 7 cascadas. Pero desde el año 2006, a la par que el Corincor se la pasaba rematando tierras fiscales a lo loco, se realizó una política de traslado a esas familias, y de las que habitaban villas céntricas como la Villa El Pocito, La Maternidad, etc., a las periferias de la ciudad.
En denominadas “ciudades satélites”, de pomposos nombres como “Ciudad Evita”, “Ciudad de mis sueños”, etc, que en realidad son guetos que han profundizado enormemente la exclusión y la marginalidad. Y luego el Corincor remataba sus tierras a vil precio, entregándoselas en bandeja a los desarrollistas urbanos corsarios, entre ellos Edisur. Estando ahora conformada por distintos y coquetos barrios, que han extendido la mancha urbana hasta tocar la ciudad de Alta Gracia.
“En nuestra ciudad, la política destinada a atender este problema de la vivienda, se fundamentó en una primera instancia en una decisión política que consideraba que la erradicación de las villas dentro de la ciudad, terminaría con la pobreza urbana. En segundo término, proponía un “Plan de Remediación Ambiental” que recuperara grandes extensiones de espacios verdes para la ciudad. Lamentablemente, ninguno de estos dos objetivos se cumplió.”
“Detrás de este programa, se desocuparon tierras con importante valor inmobiliario o estratégico para la ciudad, donde los sectores sociales de medianos y altos ingresos serán a la corta o a la larga, los beneficiarios del desalojo de los grupos más pobres. Lo que consolida, claro está, lson as condiciones desiguales de apropiación de la ciudad”, señala el arquitecto Pablo Senmartín, de la Universidad Nacional de Córdoba, en una de sus exposiciones sobre el caso Manantiales.
También Senmartín afirmó que Edisur firmó en el 2009 un ruinoso convenio con el Banco de la Provincia de Córdoba, propiedad del Estado Provincial. Que permitió que la empresa desarrollista facilitara a sus clientes acceder a una línea hipotecaria, pero sin contar con una escritura, ya que la propia empresa pondría la garantía durante la construcción del emprendimiento:
“Ese producto del banco provincial ofrece préstamos de hasta 50 y 70 mil dólares a 30 años de plazo y a tasa fija en pesos, condiciones mucho más favorables a las que en general ofrece el mercado actual, asegurando de esta manera el éxito comercial del emprendimiento”.
Diez años después, en 2019, una agradecida Edisur, a través de “Urbanizaciones Residenciales SA” y “Emprendimientos Urbanos S.R.L, aporto un millón de pesos, apostando al triunfo de Schiaretti para Gobernador. Apareciendo así su asesor legal y financiero, el “Negro” Delgado, como Procurador del Tesoro, que ahora dando una nueva voltereta, pasará a dirigir a los fiscales de la Provincia.
¿Justicia para los desarrollistas corsarios?
Los desarrollistas urbanos corsarios, están agrupados en Córdoba en la CEDUC (Cámara Empresarial Desarrollistas Urbanos Córdoba) liderada por Edisur. Pero más de las andanzas de esta, en los últimos años, se han abierto un simpar de causas judiciales contra empresas de ese rubro inmobiliario. Involucradas muchas de ellas en estafas reiteradas, mediante complejos ardides, y con centenares de clientes damnificados sin poder acceder a la casa propia.
Algunos ejemplos: en 2017, la Cámara de Acusación confirmó el juicio contra Esteban Brouwer de Koning, sobrino del papa Francisco, acusado junto con otras personas de vender departamentos en el pozo, que nunca fueron entregados. Un año antes, fueron detenidos los directivos de la firma Derante SA, por hechos muy parecidos. Algunos edificios quedaron abandonados, sin terminar, y fueron vendidos en remate judicial el año pasado, frustrando las esperanzas de mucha gente.
En 2018, fueron imputados Jorge Ribeiro y su familia, de la empresa Ribeiro Construcciones, por no haber entregado los inmuebles a sus clientes. En 2019, fue condenado el empresario Marcelo Fleurquin, por haber estafado a decenas de familias, a las que nunca les entregó escritura de los lotes que les había vendido. Un año después, apareció en la televisión local aseverando que no lo hizo, porque recibía presiones de la Municipalidad de Córdoba, a cargo del radical Ramón Mestre, para pagar coimas.
A la vez, la fiscal Valeria Rissi lleva a cabo las investigaciones por irregularidades en la urbanización Campo de Vuelo, al noroeste de la ciudad de Córdoba. Y respecto los negocios ocultos de los directivos de Euromayor, que en 2019 fueron detenidos de manera sorpresiva. En cuyas staff figuraba la actual senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado.
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Por último, en septiembre pasado el fiscal Franco Mondino solicitó la elevación a juicio oral y público, del CEO del Grupo PROACO, Lucas Salim, por el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados. Pero una semana después, con un acuerdo de partes de por medio, el juez Anticorrupción Gustavo Hidalgo, famoso por no haber imputado a ningún funcionario como fiscal Anticorrupción, lo sobreseyó de culpa y cargo.
Ahora, con el “Negro” Delgado a cargo de la Fiscalia General, la justicia se encargará de poner orden en este desorden inmobiliario, manejando las delgadas líneas de la negra justicia cordobesista.-
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