La educación revive. El retorno de las clases presenciales ha comenzado en gran parte del territorio argentino, y en particular en la provincia de Córdoba. Frente a la presión social para que las aulas vuelvan abrirse, el Gobierno de la Provincia, al mando del gobernador Juan Schiaretti, ordenó que se desempolvaron las llaves para abrir las puertas de los colegios que estuvieron cerradas durante casi todo el año pasado.
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Ante el riesgo de una mayor expansión del coronavirus, se espera de una política que cuente con una logística y materiales de insumos para evitar que ningún establecimiento educativo se convierta en un foco de infección, algo que tristemente ha ocurrido en hospitales y geriátricos de la provincia.
Mientras se redacta este informe, acaba de ser noticia la primera escuela en donde un docente se contagió de Covid-19, luego de tener una reunión en el establecimiento donde trabaja. Sabiendo que las aulas estuvieron cerradas casi todo el año 2020, se trataría del primer contagio que ocurrió en un ámbito educativo en ejercicio, en la Escuela Juana Azurduy en el Barrio Zepa.
La infraestructura escolar en mal estado
Además de la necesidad de armados de aulas burbuja, insumos de protección, suplencias de los docentes, etc., también se le suma las condiciones paupérrimas que se encuentran los colegios en los barrios más carenciados de la provincia, una realidad preexistente al inicio de la pandemia, y el poder adquisitivo de los docentes en plena disputa contra la impredecible inflación. Como si la búsqueda de la “nueva normalidad” no altera todas esas condiciones.
Al respecto Lucía Fernández, docente del colegio Rodolfo Walsh del barrio El Marqués, dijo que no hay baños para varones, ni lavamanos para que los alumnos se higienicen. “Nos encontramos con un panorama desolador, no nos imaginábamos el estado en el que iba a estar la institución para comenzar el ciclo 2021 después de pasar la pandemia y los meses sin ir al trabajo… No existe baño de varones habilitado. Sólo está el de mujeres con una sola bacha para lavarse las manos”, detalló.
Por su parte la directora del IPEM (Instituto Provincial Enseñanza Media) 332 de Villa Santa Cruz del Lago, en Carlos Paz, Ana Álvarez, presentó su renuncia por el mal estado en que se encuentra el edificio, en el que resulta imposible dar clases. Aseguró que la estructura del edificio no está apta para recibir a los 387 alumnos y por tal motivo, decidieron suspender la presencialidad por tiempo indeterminado. “Estamos con graves problema edilicios y no obtenemos respuestas de ningún lado, ni de la Municipalidad ni de la Provincia. Me cansé de todo esto”, afirmó la docente. “No están dadas las condiciones para seguir en la dirección de la escuela”.
Al respecto la legisladora provincial del bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Luciana Echevarría, se despachó diciendo: “desde la docencia lo denunciamos hace mucho, la falta de inversión en infraestructura significa un riesgo permanente para los trabajadores de la educación y para nuestros estudiantes. En este caso, el edificio tenía filtraciones y goteras desde el día en que fue inaugurado y, para colmo, tenía pérdidas de energía, por lo cual corrían peligro de electrocución los casi 400 estudiantes del establecimiento y los docentes”.
“Esto muestra que los establecimientos no sólo se deterioran sino que desde un primer momento están mal construidos y es imposible educar así”, se quejó. Sobre el particular, consideró que “estos problemas son el producto de una política deliberada de desfinanciamiento de la educación. La partida de infraestructura escolar se ha sub ejecutado sistemáticamente. En los últimos 10 años hay 1.000 millones de pesos que deberían haber ido a las escuelas y no sabemos dónde están”.
“Esos 10 años, el ministro de Educación fue siempre (Walter) Grahovac. Es él el que tiene que renunciar y no las directoras y docentes que con tanto esfuerzo sostienen la escuela pública”, arremetió la parlamentaria luego de conocerse la decisión de la directora con 18 años de trayectoria docente. Finalmente, anunció que insistirá en la Unicameral “para que se trate el proyecto de emergencia edilicia y sanitaria escolar que ponga en marcha un plan de inversión serio en las escuelas de toda la provincia”.
Córdoba la provincia que más beneficia a las privadas
Lo curioso del caso es que los fondos públicos que entrega el Estado para la cartera educativa, son destinados tanto para el ejercicio de la educación estatal como para la privada. Todo esto con el aval de las leyes nacionales que federalizaron las subvenciones nacionales para que sean gestionadas por la propia Provincia. Así Córdoba, donde la mayoría de los colegios privados son católicos, es la que destina a la educación privada la proporción más importante en comparación con el resto de las provincias.
La Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, perteneciente al Estado Nacional, tiene una base de datos que computa las erogaciones corrientes que realizan las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en materia educativa.
Dicha información es utilizada por distintos organismos para conocer la distribución federal de fondos, destinados a la educación tanto de gestión estatal como privada. Por ejemplo, en el año 2017, el Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), realizó la siguiente comparación gráfica, donde aparece Córdoba como distrito que más porcentaje de plata le entregó a los colegios privados, en comparación con el total de sus gastos educativos.
Se trata de un porcentaje que alcanza el 21,9%, en segundo lugar aparece Santa Fe con 19,5%, seguido por Misiones con 17%, y CABA por 16,9%. Pero el promedio nacional es del 9,7%, ya que hay otras provincias con realidades muy distintas como Formosa (3%), Chubut (4%) y La Rioja (4,1%). Nótese que la provincia de Buenos Aires (PBA), cuya población es la más numerosa, tiene un porcentaje de 12,5%.
Al año siguiente, en el 2018, otro observatorio denominado “Argentinos Por la Educación” realizó el mismo análisis, con los números actualizados del año 2017. Nuevamente Córdoba figuró a la cabeza con una cifra similar 21,6%, seguido otra vez por Santa Fe (19,6%), Misiones (17,7%) y CABA (16,8%). PBA es de 12,5%, igual que el promedio nacional. Mientras que los más bajos siguen siendo La Rioja, Chubut y Formosa.
Por su parte Stripteasedelpoder.com utilizó esos mismo datos que brinda el Estado Nacional, que van desde el 2001 hasta el 2018, para comparar los cuatro distritos con mayor tamaño demográfico CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Apreciándose que Córdoba es la provincia que a lo largo de inicio del siglo XXI, ha otorgado más fondos a la gestión privada educativa, en comparación con sus erogaciones totales dedicadas a la educación.
Así lo vemos representado en las columnas azules, que resaltan las enormes diferencias que la separan del promedio nacional, representada por las diminutas columnas naranjas. Le sigue en segundo lugar Santa Fe, con las columnas bordó, aunque nunca alcanzando el nivel de Córdoba.
Por su parte la CABA con sus columnas amarillas, registra un gran salto a partir del 2007 en el primer gobierno de Mauricio Macri, a punto de que casi se equipara con Santa Fe, para caer posteriormente. Y finalmente, en los últimos años, el promedio de gasto en la provincia de Buenos Aires va cayendo desde el 2002 en adelante, para alinearse con el promedio nacional, mostrando una realidad muy lejana a la de Córdoba.
Córdoba y Santa Fe lideran la privatización de la educación
La tendencia de Córdoba y Santa Fe a la cabeza, expone una realidad de dos provincias que tienen características demográficas similares. Al respecto otra data que tiene el ministerio de Educación Nacional, denominada Relevamientos Anuales actualizada al año 2019, permite observar la cantidad de estudiantes que conforman la matrícula en las escuelas primarias y secundarias, tanto estatales como privadas, de dichas provincias.
https://drive.google.com/file/d/1BGhxdG71SBt4CqAACX1br8nRiHqObhuZ/view
En base a esos datos, en el siguiente graficó se comparan las dos provincias. En donde las columnas azules representan el total de la educación primaria, y las anaranjadas el total de la educación secundaria. Mientras que las columnas celestes corresponde a la educación estatal, y ocres a la educación privada.
En cuanto la cantidad de alumnos primarios en escuelas estatales (columnas azules) se puede observar que Santa Fe supera levemente a Córdoba. Sin embargo la cantidad de esos alumnos en las escuelas privadas resultan casi iguales (columnas anaranjadas). Pudiéndose observar que a la inversa, hay una mayor cantidad de alumnos secundarios en las escuelas estatales en Córdoba que en Santa Fe (columnas celestes). Y lo mismo se observa en relación con las escuelas privadas (columnas ocre)
Y que además en Córdoba, el número de alumnos en secundarios privados (columnas ocre) es mayor que los que estudian en las primarias privadas (columnas naranja). Una realidad que es opuesta a lo que expone Santa Fe. Lo cual señalaría que en Santa Fe hay una mayor deserción escolar, al pasar de la primaria a la secundaria que en Córdoba.
Y que en Córdoba, parte de los alumnos de las escuelas primarias estatales, tienen una tendencia a pasarse al ámbito privado para su formación secundaria. Semejante efecto fue advertido por numerosos estudios críticos respecto la Ley Federal de Educación, promulgada en los años noventa durante la presidencia de Carlos Menem. Un ejemplo de ello lo señalan Alicia Herbón, Claudio Román y María Eugenio Rubio, en un ensayo publicado por la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH):
“Haciendo uso de un discurso que anuncia la descentralización de las decisiones y estructuras educativas, el Estado construye un sistema que termina produciendo el efecto opuesto: se descentralizan las obligaciones de mantenimiento de la infraestructura educativa mientras que se centraliza aún más, el control de fondos, el contenido programático, la formación docente, y las evaluaciones del alumnado.
El corolario de esta engañosa situación evaluativa es un estado de competencia entre las escuelas, que lleva a la fragmentación del sistema educativo, da como resultado el incremento de las diferencias entre las escuelas que se anuncian como “las mejores” y el resto de los institutos educativos.
Esto hace que los padres redirijan sus recursos hacia dichas escuelas “mejores” y dejen aún más desprovistos a los otros institutos educativos. Así se produce un sistema que predetermina el acceso al conocimiento en base al poder adquisitivo del grupo familiar. Lo que ha sucedido, en resumidas cuentas, es el desmantelamiento de la educación como derecho social, y la consideración de la misma como mercadería a la cual sólo tienen acceso quienes cuentan con los medios económicos”.
https://www.apdh-argentina.org.ar/ley.federal.de.educacion
Los generosos subsidios cordobeses
Retomando el informe de la Universidad Pedagógica Nacional, que cuenta con datos del año 2014, se puede apreciar que la distribución de subsidios totales para la educación primaria, la encabezan Santa Fe y Córdoba, muy arriba del promedio del Total País, seguidas por la CABA y la PBA. En cuanto a los subsidios parciales se da un sentido inverso, la encabeza CABA y PBA, seguidas de Santa Fe y Córdoba.
Sin embargo, si nos trasladamos a las escuelas secundarias, vemos un panorama totalmente distinto. Ya que “Córdoba subvenciona de manera total los salarios de docentes que atienden al 48% de la matrícula secundaria privada, y parcialmente de aquellos que atienden al 9%. Solo el 2% de la matrícula de secundaria privada no recibe subvención. La mitad de los estudiantes secundarios de la CABA asiste a una escuela privada cuyos tramos de subvención son: 16%, total; 27%, parcial; y 7%, sin subvención”. Es decir, que Córdoba es la provincia donde los colegios privados secundarios reciben mayores subvenciones por parte del Estado.
El negocio para el fisco de privatizar la educación
Profundizando el análisis para tratar de entrever la voluntad de sus actores, resulta muy interesante averiguar qué ahorros o beneficios le depara al fisco cordobés la privatización de la educación. Tomando para para ello los datos del Estudio de Costos de los subsidios, y Relevamientos Anuales de las matrículas, del Ministerio Nacional de Educación. En los cuales el primero tiene como últimos datos los del año 2018, y los segundos los del año 2011 como los de mayor antigüedad.
De este modo, para el período 2011-2018, a partir de la relación de las subvenciones por alumno en colegios estatales y privados, y la relación entre ambos, vemos que en la década pasada, Córdoba viene teniendo un ahorro de entre el 39% y el 46%, por derivar a los jóvenes a las aulas de las entidades privadas, en lugar de hacerlo en las del Estado.
Es decir, que en la actualidad, un alumno en una escuela privada cordobesa le ahorra al fisco casi la mitad de lo que le cuesta un alumno en una escuela pública. Concretamente en el año 2011, un alumno en una escuela pública tenía para el fisco cordobés un costo de $ 11.583, mientras que su costo en una escuela privada era de $ 7.067, reportan un ahorro de un 39 %. Que se elevó al 46 % en el año 2018, con un costo por alumno en la escuela pública de $ 74.441 contra uno de $ 40.522 en una escuela privada.
Como el subsidio consiste en solventar el salario docente, que suele abarcar incluso la totalidad del mismo, el ahorro de gastos lo logra sustancialmente a partir de desprenderse de la necesidad de mantener las infraestructura escolar, acorde con las necesidades del tamaño de la matrícula. Ya que como dijeron los tres autores mencionados, para la administración pública se “descentralizan sus obligaciones de mantenimiento de la infraestructura educativa”.
Estamos hablando de un verdadero negocio público-privado, ya que si por un lado el Estado no gasta para mantener la capacidad de contención de los colegios, las entidades que ejercen la educación privada obtienen lucros seculares, mediante el cobro de los aranceles. A esto se le suma que las escuelas privadas son consideradas como establecimientos sin fines de lucro, y por lo tanto exentos de pagar una variedad de impuestos, empezando por el IVA.
Adicionalmente ha comenzado una fuerte presión de expertos y comunicadores, para que el gasto en educación privada hecho por los particulares, se puedan descargar del impuesto a las Ganancias. Siendo un ejemplo de ello el proyecto que al respeto presentó el diputado nacional Emiliano Yacobitti (UCR- CABA) del interbloque de Juntos por el Cambio. Lo que en la práctica llevaría a que prácticamente el Estado tenga que soportar todo el costo de las escuelas privadas, concretando así una tercerización de la educación.
En Córdoba, donde una parte importante de las escuelas privadas son administradas por la Iglesia Católica, dichos ingresos permiten el financiamiento del culto, en una población cuyos feligreses son renuentes a pagar el diezmo con que se sostienen otras religiones.
No existen datos oficiales al respecto. Pero según estimaciones del diario La Voz del Interior de un par de años atrás, de las aproximadamente 600 escuelas privadas que están bajo la lupa de la Dirección General de Enseñanza Privada, perteneciente al Ministerio de Educación de Córdoba, se calcula que un 70% de los mismos son establecimientos de católicos.
https://www.lavoz.com.ar/politica/iglesia-catolica-y-estado-la-fuerte-ayuda-la-educacion-privada
Al respecto en el informe trabajo de la mencionada Universidad Pedagógica Nacional, también se advierte que: “Diversos estudios han señalado la arbitrariedad o la poca transparencia que caracteriza la asignación de subvenciones a las escuelas privadas en nuestro país (…). Las jurisdicciones no siempre publican los listados y los criterios que rigen para hacerlo, práctica que sería importante para abonar a la transparencia en el uso del presupuesto educativo”.
Córdoba, pionera de la doble “autonomía” educativa
Dentro de las ambivalencias que tiene Córdoba, se encuentra en ser la promotora del doble sentido de la autonomía educativa. Por un lado, fue en 1918, donde el estudiantado de la Universidad Nacional de Córdoba impulsó la gesta de la Reforma Universitaria, que permitió tener autonomía propia en la designación de autoridades y contenidos curriculares, en detrimento de los intereses de una jerarquía tradicional y eclesiástica, con contenidos apegados a conceptos teleológicos.
Sí durante el colonialismo en nuestro continente, la Iglesia Católica era quien ejercía el monopolio de la educación, todo fue cambiando con el impulso de los estados nación. En nuestro país, por ejemplo, el presidente Julio Argentino Roca oficializó en 1884, mediante la Ley 1.420, la educación común, gratuita y obligatoria. Y un año después, con la sanción de la Ley Nº 1.597, o Ley “Avellaneda”, se dispuso que toda enseñanza universitaria estuviera en manos del Estado Nacional.
Diez años después de la Reforma cordobesa del 18, los efectos de la crisis financiera mundial de 1929, empujaron a la Argentina a abandonar el modelo agroexportador, para profundizar la matriz industrial de sustitución de importaciones. Así en 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se sancionó la Ley 13.031, o Ley Guardo, que dispuso que el Estado Nacional designara a los rectores de las Universidades, y otras medidas en detrimento del gobierno tripartito propuesto por la reforma cordobesa.
También dispuso el otorgamiento de becas para los hijos de las familias obreras en las universidades. Y posteriormente dispuso la creación de la Universidad Obrera Nacional, que luego se transformó en la Universidad Tecnológica nacional (UTN) y la gratuidad de los estudios universitarios.
Luego del golpe de Estado contra Perón en 1955 –que dicho sea de paso, tuvo como epicentro a la provincia de Córdoba, con sus levantamientos civiles y militares- y con el comienzo de la dictadura denominada Revolución Libertadora (1955-1958), se emitió el Decreto-Ley 6.403/1955, que habilitaba la creación de las universidades privadas.
El ministro de Educación que firmó esa normativa fue Atilio Dell’Oro Maini, un abogado reconocido en el ámbito católico, que en su etapa estudiantil fue un ferviente opositor a la Reforma del 18. No sería casualidad que uno de los primeros establecimientos creados bajo el amparo de ese decreto-ley, fue la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
Dentro del articulado de dicha norma, el Artículo 28 establecía que a las distintas carreras de cada universidad se les otorgaba la habilitación de títulos y diplomas, bajo la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional. La dictadura de esos tres años, optó por que esa decisión la ejerciera el presidente electo en los comicios de 1958.
Así, cuando Arturo Frondizi llegó a la Casa Rosada, su gestión quedó marcada por las caldeadas discusiones conocidas bajo el lema “Libre o Laica”, marcando la tensión si habilitar o no el dichoso artículo. De esta manera, se realizaron concentraciones callejeras por parte de estudiantes del ámbito público (“laica”) y otras ligadas a corrientes liberales y de las iglesias (“libre”).
Finalmente, luego de caldeados debates en el Congreso de la Nación, se aprobó la iniciativa bajo la Ley Nº 14.557 conocida como “Ley Domingorena”. En referencia al diputado y presidente del bloque oficialista Horacio Domingorena, que tuvo posiciones ambivalentes sobre la cuestión. A partir de allí, el Estado dejó de tener el monopolio de la educación universitaria.
Lejos de terminar todo allí, en marzo de 1962, luego del golpe de Estado contra Frondizi, asumió la presidencia de facto el abogado José María Guido, cargo que ocupó hasta octubre de 1963. Tres meses después de su asunción, Guido ordenó la intervención a la provincia de Córdoba, poniéndola bajo el mando de su colega abogado Rogelio Nores Martínez, de origen cordobés. Quien además era vicepresidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y co-propietario del diario “Los Principios”, en referencia a los principios católicos con el respaldo del arzobispado local.
En su corta gestión, en paralelo a la de Guido, el interventor cordobés firmó el Decreto Ley Nº 928, que reglamenta la enseñanza privada en la provincia, mediante la creación del Consejo General de Enseñanza Privada, y autorizando a los colegios privados a estructurar sus propios planes de estudio. Además de eso, la normativa estipulaba la proporcionalidad de los recursos estatales destinados entre públicos y privados.
Es decir Nores Martínez sentó las bases para que las propias escuelas privadas, con notorio privilegio por parte de las católicas, no solo tuvieran su propia “autonomía”, para confeccionar sus contenidos curriculares, sino también que vean beneficiadas con la entrega de fondos públicos. De ésta manera, el Estado Nacional comenzó a descentralizar cada vez más su responsabilidad respecto la educación, concretándose en los años noventa durante el mandato del presidente Carlos Menem, la culminación de ese proceso con la Ley Federal de Educación.
El siguiente gobernador electo, el radical Justo Pérez Molina, trató en la medida de lo posible de poner un freno al decreto ley de Nores Martínez, mediante la Ley Provincial 4.733 del Régimen de Enseñanza Privada. Que dispuso que los contenidos curriculares los fijaba el Estado provincial, y que la docencia en esos ámbitos educativos solo lo podían ejercer los que portaban algún título o diplomatura, y no alguien con sotana. Manteniendo no obstante los subsidios a las escuelas privadas.
Una década después del fin de la dictadura, en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, la Ley Federal de Educación creó las categorías de “educación pública de gestión estatal” y “educación pública de gestión privada”. Esto habilitó que lo que comúnmente se denomina “educación pública o estatal” y “educación privada” pasaron todos a la órbita pública, y con ella la obligación de solventar total o parcialmente a esta última. Dejando a criterio de las provincias las obligaciones que asumieran al respecto. De allí que en la actualidad, hay en las distintas provincias situaciones muy distintas en cuanto al reparto de los subsidios por parte Estado.
Esto amplio marco normativo llevó a que Córdoba y el cordobesismo, gobernada por contadores públicos, cuyo único afán parece ser el de hacer costosísimas obras públicas, sea quien lidera la promoción de la educación privada, con tal de concretar sustanciales ahorros fiscales en la infraestructura escolar. Cuyo monto, en base los 230 mil alumnos en escuelas privadas que había en el 2108, con un ahorro por alumno de $ 34.000, actualizados por el Costo de Vida Córdoba, se puede estimar que actualmente supera los 20 mil millones de pesos.
Lo cual lógicamente resulta muy del agrado del arzobispo Carlos Ñañez, quien fue compañero del gobernador contador Juan Schiaretti en el Liceo Militar. Y que por eso ha estado muy lejos de ser un crítico de las desmesuras del cordobesismo, que ya va para un cuarto de siglo en el gobierno, con un férreo unicato, que ha logrado el control de la Legislatura unicameral, la Justicia, y la Prensa. Salvo en cuanto a las restricciones que ha puesto la pandemia a las misas y celebraciones religiosas.
Ver La “esforzada” vida política del senador Carlos Caserio y su nepótica familia
Muy contento con la ampliación del dicho “Dad al César los que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios”, con el agregado “Dad a los colegios de Dios lo que es del César”. Que el contador Schiaretti como representante del César se lo brinda gustoso, porque más allá de la calidad de la educación, le permite sustanciosos ahorros al fisco, para destinarlos a faraónicas obras públicas en búsqueda de votos.-
Ver El gobernador Juan Schiaretti amo y señor de Córdoba
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