La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) está por cometer una de las decisiones más polémicas y cuestionables de los últimos años. Se trata de declarar como profesor emérito al profesor y empresario José Luis Palazzo, ahijado de Luciano Benjamín Menéndez -el máximo represor que tuvo la provincia de Córdoba durante los años setenta-, sindicado de haber sido partícipe de la desaparición de personas durante la última dictadura.

Según los Estatutos Universitarios, un profesor se considera emérito cuando al arribar a su jubilación, se le reconoce “haber revelado condiciones extraordinarias tanto en la docencia como en la investigación y/o extensión universitaria”. Para alcanzarlo, requiere tener la propuesta avalada por el rector de la Universidad, o el Consejo Directivo de la facultad donde ejerció su profesión, para luego ser aprobado por mayoría de votos en el Consejo Superior, integrado por  los representantes tripartitos (docentes, egresados, y estudiantes) de la Universidad.

El pedido para declarar a Palazzo como un docente “extraordinario”, por parte de la Facultad de Derecho, avalado por unanimidad por su Consejo Directivo, fue presentado en el estamento superior a principios de noviembre, y ahora tendría su tratamiento en la sesión del 15 de diciembre.

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En el año 2013, Palazzo fue mencionado en las audiencias públicas del mega-juicio de la causa La Perla, el proceso por crímenes de lesa humanidad de mayor duración que hubo en el país. Señalándolo como colaborador de la última dictadura cívico-militar, a partir de su desempeño como gerente de Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), cuyo sindicato había liderado el sindicalista combativo y una de las cabezas del Cordobazo, Agustín Tosco.

Tras el golpe militar, Palazzo fue designado en ese cargo por orden de su padrino, el general del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Y en el ejercicio de ese estratégico cargo, abolió la actividad gremial, derogó el convenio colectivo de trabajo, y llenó de soplones la empresa. Así el gremio de Luz y Fuerza padeció el secuestro y asesinato de otros tres emblemáticos dirigentes: Hernán Vives, José Brizuela y  Tomás Di Toffino.

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La acusación contra Palazzo fue realizada por la hija del tercer dirigente desaparecido, Silvia Di Toffino. Aportando una nota manuscrita, con fecha de octubre de 1980, escrita y firmada con puño y letra por Menéndez, dirigida al coronel Oscar Joan, que era en ese entonces ministro de Gobierno de Córdoba. En la que al enterarse que un servicio de inteligencia había efectuado una “objeción” hacia su ahijado por tener “inclinaciones ideológicas izquierdistas”, en su epístola expresaba taxativamente:

“Quiero desvirtuar de plano semejante calumnia. Conozco al Dr Palazzo desde hace muchos años por ser sobrino de una tía política mía. Tenemos pues parientes comunes y además lo he tratado permanentemente. No sólo el doctor (Palazzo) no tiene simpatías ideológicas izquierdistas sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa de Energía de Córdoba. Allí, en EPEC, desactivó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco”.

Hoy, ese manuscrito es de acceso libre, a partir de la reciente noticia de tratar de declarar “emérito” a Palazzo, tal como lo publicó el portal cba24n.com.ar, paradójicamente la página web que pertenece al multimedio de la misma universidad.

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https://www.cba24n.com.ar/sociedad/funcionarios-de-la-dictadura-y–profesores-emeritos-_a5fc92829ee35054fc67299ae

La carta fue noticia en los medios locales, no solo porque se trata de un docente universitario, sino también por ser un recordado funcionario del gobierno del presidente Carlos Saúl Menem; de ser el padre del productor del famoso festival Cosquín Rock; y haber ejercido además diversos roles en importantes empresas, ya sea como integrante de sus directorios, o como su letrado.

A raíz de esa durísima acusación, el fiscal federal Facundo Trotta solicitó una investigación que hasta ahora, no ha generado resultados. Y a pesar de ella, con prueba material en mano, el ex – interventor de EPEC siguió ejerciendo la titularidad de la cátedra de Derecho Procesal Administrativo, en la Facultad de Derecho de la UNC. Que funciona como una suerte de cueva que alberga a renombrados abogados con oscuros prontuarios.

Ahora, a la mitad de diciembre, en pleno inicio de vacaciones veraniegas, las máximas autoridades de la Universidad de Córdoba tendrán que definir la propuesta de honrar a este inefable personaje, por supuestamente “haber revelado condiciones extraordinarias”.

Palazzo y otros académicos non santos

El actual rector de la UNC es el cirujano Hugo Juri, de extracto radical y ex ministro de Educación de la presidencia de Fernando de la Rúa. Proveniente de la Facultad de Ciencias Médicas, una de las tantas donde campea el núcleo duro conservador en la Casa de Trejo, Juri asumió su primer mandato rectoral en 2016, trayendo por detrás a otros referentes del academicísimo cordobés conservador. Que van desde el sector más rancio como es Pedro Yanzi Ferreyra, el vicerrector, a otros más juveniles como el joven Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, interesado en ser la renovación del oficialismo, en su afán de ser elegido el nuevo rector.

Conrero cuenta con el apoyo de la línea de la UCR liderada por el ex intendente y referente de Cambiemos Córdoba, Ramón Javier Mestre. También es recordado por ser el que intentó, en 2014, ayudar a la cuestionada multinacional Monsanto a instalar su ambiciosa fábrica de procesamiento de semillas de maíz en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Mediante un convenio donde los propios estudiantes confeccionarían el estudio de su impacto ambiental, luego de que el primero fuera rechazado por las autoridades provinciales de Ambiente. La ayuda a ese negocio de Monsanto fue frenada por el activismo estudiantil.

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Mientras que Yanzi Ferreyra también es recordado en el actual estudiantado, por ser el que presentó una denuncia contra 27 estudiantes, uno por uno y con nombre y apellido, acusándolos de “usurpación”, por una toma realizada en el principal establecimiento de la UNC, el Pabellón Argentina, en el marco de los reclamos estudiantiles y docentes del año 2018.

Se espera un inédito juicio grupal contra esta cuasi treintena de jóvenes, cuya cuantía se asemeja a los procesos contra las grandes organizaciones mafiosas, o incluso a las mega causas contra represores. Solo que aquí la “purga” va contra estudiantes que salieron a protestar. Por ende, no sorprende que Yanzi Ferreyra como decano de Derecho, sea el responsable de haber mantenido a José Palazzo, acusado de ser cómplice de la Dictadura, ocupando las aulas de esa facultad y dictando cátedra en ellas.

Siniestros negocios en democracia

Repasar la historia de José Palazzo en democracia, nos permite entender cómo logró mantenerse en la academia, y acomodarse y hacer negocios de una manera camaleónica, según la ocasión. Tal como lo trasuntaba el informe del servicio de inteligencia al que se refirió su padrino el difunto general Menéndez. Conocido como el “Cachorro” o la “Hiena de la Perla”, y considerado como el militar más joven en llegar al generalato, y el que más condenas recibió por crímenes de lesa humanidad.

Todo empezó en los años noventa, cuando militó en el partido UCEDE de Álvaro Alsogaray, aliado al presidente Menem. Por ello fue designado en 1992 interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), bajo las órdenes del subsecretario de comunicación Germán Kammerath.

Tras destituir a todo el directorio de la CNT, Palazzo promulgó una serie de resoluciones para expandir el incipiente negocio del cable en la Argentina, que beneficiaron a Samuel Liberman, amigo de Menem y dueño de la empresa Video Cable Comunicaciones SA (VCC). En 1993, Palazzo abandonó la CNT, y pasó a ser apoderado y director de VCC en Córdoba, donde se dedicó a comprar pequeñas empresas de cables del interior provincial. Hasta que a comienzos de 1997, Liberman vendió VCC en partes iguales a Multicanal (Grupo Clarín) y Cablevisión, empresa que luego también fue absorbida por el multimedio de Héctor Magnetto.

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Inmediatamente después, en junio de 1997, Liberman compró la mitad de las acciones de Canal 12 de Córdoba (Telecor SA) y designó como miembro del directorio a Palazzo. Quien no bien arribó, rememorando sus años mozos en EPEC, inició una durísima purga de decenas de históricos trabajadores, con considerable antigüedad y afiliaciones gremiales. Tras esa limpieza laboral, Canal 12 fue inmediatamente vendido al Grupo Clarín. Y el hijo de Palazzo, José Domingo Palazzo, pasó a ser parte de la programación con su programa Rockódromo.

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En el 2001, Palazzo padre e hijo arrancaron con Cosquín Rock, mediante la productora Nueva Tribu SRL, cuyos únicos socios eran ellos, contando con el apoyo del productor Héctor Emaides. Y de Costantino Carrara, empresario de la noche, y ex asesor de Ramón Javier Mestre en su etapa como senador nacional.

El Cosquín Rock duró en la ciudad homónima hasta 2004, cuando se trasladó a un predio en la localidad de Santa María de Punilla. Siendo denunciados por usurpación por parte del verdadero dueño del lugar. Luego de los fallos judiciales en su contra, los Palazzo disolvieron Nueva Tribu en 2010, vendiéndola por unos míseros veinte mil pesos a personas desconocidas, Las que cambiaron su denominación social,  y ocho meses después la declararon en quiebra, en lo que parece ser una típica maniobra de insolvencia fraudulenta.

Siguiendo con las aventuras vinculadas con la tierra, el ahijado de Menéndez incursionó en los grandes negocios inmobiliarios como presidente de la desarrollista Euromayor. Cuyos actuales integrantes están imputados por estafas perpetradas contra sus clientes, por utilizar sus fondos para fines desconocidos, en lugar de construir los inmuebles pactados. Y nuevamente como en el caso de Nueva Tribu, Palazzo se tomó el palo antes que viniera la debacle, lo que parece ser una habilidad innata en él.

En esa empresa también participó la actual senadora nacional del PRO, Laura Rodríguez Machado, amiga de Palazzo desde que militaron juntos en la UCeDé. Quien también se desempeñó como vocal del Tribunal de Cuentas, durante la cuestionada intendencia de Germán Kammerath en la capital cordobesa, tras haberse desempeñado en la secretaría de Comunicaciones nacional, con Palazzo bajo sus órdenes.

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Euromayor también fue dirigida por el financista Eduardo Rodrigo, condenado penalmente por maniobras fraudulentas en CBI Cordubensis, una gran cueva financiera que funcionaba en la city cordobesa. Cuyo titular Jorge Suau murió violentamente incendiado en su camioneta, a la que la justicia federal cordobesa calificó como suicidio, lo que fue puesto en duda por sus familiares y por Rodrigo. Dicha financiera tenía como clientes a renombrados emprendimientos de Euromayor, y un mes antes de su creación, Rodrigo figuraba en el directorio de esta firma, palo a palo con Palazzo.

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Esta firma integraba el holding Ecipsa, responsable del country trucho “Valle Escondido”, comercializado fraudulentamente como si fuera un country o barrio cerrado, cuando las ordenanzas municipales prohibían este tipo de urbanizaciones en el lugar. Pero afortunadamente en el 2010, durante la intendencia del kirchnerista Daniel Giacomino, el Concejo Deliberante de Córdoba lo declaró como “urbanización especial con acceso restringido y controlado”, para salvar al proyecto en el que participaba Palazzo, en el que aun figura como director.

Al año siguiente asumió la intendencia el radical Ramón Javier Mestre, quien contrató a Palazzo como parte de un equipo de juristas para reformar el código de faltas municipal. En la actualidad, Palazzo con su hijo rockero y su sobrino Francisco Marchiaro, que fue secretario de Cultura de Mestre en sus ocho años de gestión, detentan la “Fundación Cultura Contemporánea”, dedicada a emprendimientos educativos y culturales.

Su sede está en el edificio de la Plaza de la Música, explotado por su hijo y frustrado rockero José Palazzo, que es el concesionario de esa propiedad de la Provincia, por la que el organizador del Cosquín Rock paga un irrisorio canon. Mientras Marchiaro es actualmente director de Promoción de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, a cargo actualmente del peronista schiarettista Martín Llaryora. Mostrando esto nuevamente la capacidad acomodaticia de los Palazzo y sus parientes.

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Este cambio camaleónico tiene su explicación en que el estudio jurídico Capdevilla & Palazzo, asesoró a la empresa local Britos SA, la constructora del ex funcionario  Horacio Miró. Sindicado de ser el testaferro o “Lázaro Baez” del tres veces gobernador y difunto José Manuel de la Sota. Además figura entre sus clientes la constructora brasilera Andrade Gutierrez, condenada en Brasil en el escándalo del Lava Jato.

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También figura “Andrade Gutiérrez – IECSA” de los Macri, quienes habían conformado una UTE (Unión Transitoria de Empresas) con la Britos de Miró, en el frustrado primer proyecto de grandes gasoductos. Orquestado por el gobernador Juan Schiaretti durante su primer mandato, que por falta de financiamiento quedó trunco.

Cuando esa UTE atendida por el estudio de Palazzo se disolvió, en un mismo día ocurrió la misteriosa muerte de dos personas vinculadas con ese mega emprendimiento, y un asalto a la familia Britos, que había vendido su empresa constructora a Miró. Eventos de un enorme tufillo mafioso, que remonta a las épocas más oscuras de nuestro país, cuando un joven Palazzo intervenía la EPEC.

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Hoy, a punto de jubilarse como docente, José Luis Palazzo está esperando recibir su premio de profesor emérito, para culminar su notable cursus honorun camaleónico. Que le ha brindado cargos y honras por parte de dictadores, y los estados municipal, provincial y nacional en tiempos de democracia. Poniendo así otra mancha más en la cuatro veces centenaria universidad, cuna de la Reforma Universitaria y co impulsora del Cordobazo.-

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