Fusión Telecom Cablevisión: la abogada Liliana Zabala pidió su nulidad

29 de junio de 2018. Esa fue la fecha en que el gobierno de Mauricio Macri habilitó la mega-fusión empresarial entre Cablevisión -empresa de televisión por cable del Grupo Clarín- y la de telecomunicaciones Telecom. Se trata de una de las mayores concentraciones empresariales mediáticas de todo el continente. Y se realizó mediante la Resolución 374 de la Secretaría de Comercio, a cargo en ese entonces de Miguel Braun.

Una semana después, Striptease del Poder publicó un artículo titulado Escándalo: La fusión de Cablevisión con Telecom fue aprobada por asesores de Cablevisión y Telecom y esconde un fraude, que como dice su título, expuso un conflicto de intereses en la función pública sobre éste aval. Allí se reveló que Braun confirmó un dictamen que emitió la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) avalando esa concentración.

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Pero resulta que el director de la CNDC en ese entonces era Esteban Greco, quien junto con una de sus vocales, Marina Bidart, trabajaron juntos en la consultora GPR Economía SA. La que durante años tuvo como clientes al Grupo Clarín, Cablevisión y Telecom, incluso en los momentos más álgidos de las discusiones de la Ley de Medios Audiovisuales. Normativa cuyos artículos antimonopolio fueron anulados por Macri, apenas asumió como presidente, mediante un decreto de necesidad y urgencia.

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Greco fue director de GPR, hasta que renunció el primero de febrero de 2016. 16 días después, asumió el cargo de dirección de la CNDC. También Stripteasedelpoder.com reveló que Bidart confeccionó de manera simultánea informes para GPR, por lo menos hasta la fecha en que puso su firma para avalar la unión entre Cablevisión Telecom.

GPR tenía una página web, donde publicaba los trabajos de consultoría que venía llevando a cabo. Donde reconoció que en el 2017, aconsejó a Telecom Argentina SA con el “Asesoramiento en operación de concentración entre Telecom y Cablevisión”. Epoca en la que su ex director ejercía la función pública en la CNDC, al igual que su colega Bidart, donde literalmente estaba simultáneamente en los dos lados del mostrador.

Curiosamente, dos semanas después que Mauricio Macri perdiera las elecciones generales para renovar su mandato en octubre de 2019, y con ello el cambio de gobierno, GPR resolvió mediante asamblea cambiar su nombre a una denominación a BA ECON SA. Una maniobra típica de las empresas que cambian su denominación para “quemar papeles”, ante el inicio de una investigación judicial en su contra.

Liliana Zabala es la abogada que encabeza distintas presentaciones judiciales y administrativas contra la fusión Cablevisión y Telecom. Hace 22 largos años que viene peleando para que Telefónica y Telecom cumplan con los pliegos de licitación por la adquisición de ENTEL, empresa estatal de teléfonos que fue privatizada por el menemismo. En una entrevista con Stripteasedelpoder.com, puntualizó las irregularidades de esa mega fusión, los antecedentes espurios de Telecom, y las expectativas del presente.

Los dos lados del mostrador

-Justo en el comienzo de la pandemia y la cuarentena, habías hecho una presentación en la Oficina Anticorrupción referido a la fusión Cablevisión Telecom. ¿En qué consistió esa presentación?

-Nosotros en marzo de este año, pedimos la apertura de la investigación que había hecho la Oficina Anticorrupción (OA), y denunciamos a Roberta Marina Bidart por haber incumplido las normas de ética pública y de incurrir en el conflicto de intereses, ya que ella era empleada en ese momento de la empresa GPR Sociedad Anónima, que contaba entre sus clientes a Cablevisión y Telecom. En el momento en que se aprueba la fusión Cablevisión-Telecom, Roberta Bidart era vocal del directorio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que la aprobó.

-¿Hablamos de la Comisión que emitió el dictamen favorable para esa fusión, y que le sirvió a la Secretaría de Comercio para aprobarla en nombre del Poder Ejecutivo?

-Claro. La Oficina Anticorrupción ya había hecho una investigación de oficio muy valiosa, cuando tomó conocimiento de nuestra denuncia en sede penal contra Esteban Greco, que era el presidente de CNDC, y a su vez, dos años antes, se había desvinculado de GPR, donde trabajaba junto con Bidart. Pero debo reconocer, y agradecer, el trabajo de Striptease del Poder que nos informó de este vínculo entre Bidart y Greco con una consultora, cuando estaba impedido. Es esencial el trabajo del periodismo para que podamos llevar esto a la justicia y podamos lograr que se concrete esa luz que ustedes pusieron sobre la mesa.

-En ese sentido, el informe de STDP aportó sobre el caso Bidart, y otros. Previamente hubo señalización hacia Greco.

-Claro, en marzo nosotros ampliamos la denuncia, porque la Oficina Anticorrupción trabajó, investigó y dictaminó únicamente con Esteban Greco. Fue muy interesante y probó, que a mí me hubiese costado lograrlo en sede judicial, que Telecom le había dado poder a Petrecolla, para que lo represente en la fusión con Cablevisión.

-¿Quién es Petrecolla?

-Diego Petrecolla es el presidente de GPR. Y que asumió como tal cuando Esteban Greco se retira de la consultora para asumir como presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Laura Alonso lo exculpa a Greco, porque supone que él tenía elementos como para confundirse y creía que Petrecolla actuaba a título personal, y no por la empresa que él había formado parte.

-¿Laura Alonso menciona cuáles eran esos “elementos” que la hacían creer que Greco “creía” que Petrecolla actuaba por motu propio y no en nombre de GPR?

-No, no los menciona. Pero está probada la factura en el expediente, que GPR hace a Telecom por sus honorarios. Telecom dice que contrataron a GPR, es decir, reconoce el vínculo.

-¿O sea que Greco deja la consultora para asumir en la Comisión y cede su puesto a Petrecolla, y esta pasa a representar a Telecom para su fusión con Cablevisión, y Greco dice que no sabía que su ex socio estaba actuando en nombre de la consultora como representante de Telecom?

-Eso dice Laura Alonso.

Fragmento donde Alonso considera “posible” que Greco creía que Petrecolla asesoraba de manera independiente a Telecom, y no mediante GPR.

-Es una conclusión muy ingenua. Esteban Greco es alguien que se formó en temas ligados a la libre competencia y, por ende, conoce los temas ligados al tráfico de influencias o las sospechas sobre nombres y empresas, que figuran en “los dos lados del mostrador”. Qué Alonso crea que Greco, con semejante formación, no se percate esas cuestiones, parece una conclusión con muy poco sustento.

-No, no creo que sea ingenua la conclusión de Laura Alonso. Yo creo que lo protege. Porque en esta supuesta ingenuidad, le hace un severo llamado de atención, porque dice que un funcionario público no debe generar sospechas ante la sociedad, pero no insta a la acción penal. Entonces, lo beneficia. Ahora, con esta presentación en marzo, nosotros pedimos la reapertura de la investigación, porque ya no es solo Esteban Greco, sino también Roberta Bidart. Esto cambia la situación. Porque si los dos integraban la Comisión, y uno mantenía un vínculo con GPR, no puede haber ningún tipo de confusión “a título personal”, como supone Laura Alonso.

-¿Y entonces qué debería hacer la Oficina Anticorrupción? ¿Ordenar que se declare nula la fusión?

-No, no sería la nulidad, sino la revisión y la acción penal que permita condenarlos por el delito que han cometido.

-¿Cuál sería ese delito? ¿Cuál sería la carátula?

-Conflicto de intereses. Además, al margen de la acción penal, nosotros también estamos por la vía civil, que es la nulidad de la fusión Cablevisión-Telecom. La Ley de Ética Pública plantea que si un funcionario dicta a favor de una empresa con la cual estuvo vinculada comercialmente antes de los tres años de su desvinculación, corresponde que sea declarada la nulidad absoluta del acto jurídico que se otorgó. Y la empresa es responsable por los daños y perjuicios ante la sociedad que genere esa fusión.

La pelea contra la fusión

-Dijiste que la intervención de Laura Alonso fue de oficio. ¿Pero en qué contexto se explicaría el hecho que la titular de aquella oficina haya decidido analizar este caso?

-Bueno, yo soy abogada de trabajadores telefónicos. Y estamos tratando que la empresa Telecom cumpla con los pliegos de la licitación, que la obligaba a pagar la participación en las ganancias de su personal. Y no lo hizo. Hemos tenido que hacer juicios y hemos ganado en la Corte Suprema de Justicia, pero la empresa obliga a sus trabajadores a reclamar judicialmente, lo cual no corresponde.

Por esa línea, nosotros impugnamos la fusión. Cuando lo hicimos, armamos un colectivo de distintas agrupaciones políticas, gremiales, estudiantiles, universitarias y de la cultura, que nos opusimos a la fusión. Incluso, con un proyecto de ley que presentó [la diputada nacional] Romina del Plá, que firmó Leopoldo Moreau, Fernanda Raverta, y Pino Solanas apoyó. Y fuimos intercambiando información; entre ellas, el tema de Greco y Bidart, que en este caso nos informamos por el medio de ustedes. Ahí, iniciamos una acción penal sobre este tema y al tener tanta difusión, la Oficina Anticorrupción lo tomó de oficio.

-¿Cuándo se realizó esa presentación judicial?

-Lo hicimos en junio de 2018. Porque nosotros veíamos que la fusión ya estaba operando. El 29 de junio de 2018 se aprueba por el Gobierno, pero en diciembre del año anterior, el ENACOM aprueba la fusión y se lo manda a Defensa de la Competencia. Pero el primero de enero de 2018, la fusión ya estaba operando. Por eso dijimos: ¿dónde va a estar la acción policía del Estado, si la fusión ya es un hecho? ¿Cómo se vuelve atrás? Era imposible. Por eso iniciamos la acción penal y después la ampliamos por el tema de Greco y Bidart.

-¿Y la presentación civil cuándo se hizo?

-En el 2019. Pero en el 2018, nosotros impugnamos la fusión, fundada en tres causales. Una, que Telecom no puede estar habilitada como contratista del Estado. Dos, que Greco tendría que haberse abstenido de firmar el dictamen, por el conflicto de intereses que lo involucra. Y tres, fundado en el voto negativo del dictamen del vocal Pablo Trevisan.

-¿Trevisan es el único de la Comisión que votó en contra de la fusión?

-En contra. ¿Cuáles fueron sus fundamentos? Resulta que Telecom, como era tan enorme la concentración que iba a realizarse, debía descomprimir y para eso nombran una sociedad llamada Universo Net. ¿Qué dice el vocal Trevisan? Que este Universo Net, que servía para remediar los efectos de la concentración, no era una empresa independiente de Telecom y de Cablevisión.

Porque sus directores, los hermanos Valentini, compartían el directorio de otra sociedad, Berazategui SA; con Cablevisión. No solo compartían el paquete accionario, sino que además ocupaban cargos en el directorio de Cablevisión y Telecom. Con cual, esta empresa Universo Net, era de la misma empresa que supuestamente iba a descomprimir la fusión.

-¿O sea que no descomprime nada?

-No. Es una apariencia jurídica. Por eso vota en contra.

Ver Córdoba: asediados por el grupo Clarín, Cablevisión y Telecom

-¿Y el resto de los vocales no dijeron nada sobre eso?

-No, no. Lo aprobaron. De los cuales, dos están cuestionados: Greco y Bidart.

-¿Cómo están en la actualidad todas estas demandas?

-La impugnación todavía no ha tenido dictamen del Ministerio de la Producción, que es donde está. Y la causa de nulidad, estamos esperando el traslado de la demanda.

Telecom, de ENTEL a Citibank

-Mencionaste que Telecom no cumplía con los requerimientos como contratista del Estado. Me gustaría que profundicemos eso. ¿Cómo es que esa empresa mantiene ese incumplimiento?

-Cuando se vende ENTEL, el pliego de licitación le impone a Telefónica y a Telecom abonar la participación de las ganancias a su personal. ¿Qué pasa? Telefónica y Telecom inician un expediente administrativo que deriva en un decreto [Nº 395] del año 1992, que exime a las dos empresas de cumplir con esta obligación legal. Esta exención es sin nada a cambio. No dan ninguna razón. No está fundamentada en el decreto. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad de este decreto, porque es una norma de jerarquía menor a una ley, que le imponía la obligación de pagarle la participación de ganancias al personal y, además, de cumplir con los pliegos de licitación.

-¿Quién firmó ese decreto?

-Este decreto lo firmó Menem. Y ganamos en la Corte Suprema de Justicia, en el 2008, con el fallo “Gentini”, que declara la inconstitucionalidad. Y también hemos obtenido tres dictámenes favorables del fiscal Federico Delgado, en la causa “Aguad”, que tiene a cargo [el juez federal Sebastián] Casanello, por la cual piden indagatoria de todos los funcionarios que no controlaron ese incumplimiento de Telecom y Telefónica.

Este decreto no sale por azar. Paralelamente, hay una vieja investigación, que no ha tenido trascendencia actual, y que no ha sido proyectada en consecuencias penales, de la comisión anti-lavado de dinero, que trabajó con el Senado de los Estados Unidos, y detectaron pagos ilícitos de las empresas Telefónica y Telecom en la época de la privatización. Eso justificaría o aclara la vigencia de este decreto.

-¿Hablamos de la época del 2001, de aquella comisión del Congreso Nacional donde participó, entre otras, Elisa Carrió?

-Claro. En realidad fue una investigación del Senado de los Estados Unidos. Ellos deciden tomar el tema de la corrupción en Argentina. ¿Y qué se descubre? Citibank, que era un accionista importante en ese entonces de Telefónica, mandaba dinero al Banco República de [Raúl] Moneta [considerado como “el banquero favorito de Menem”]. Éste lo mandaba al Federal Bank, que era un Banco de Bahamas, y de ahí al Citibank de los Estados Unidos. Lo curioso fue que en Estados Unidos salen los nombres de las transferencias de dinero.

Lamentablemente, la diputada Carrió no siguió el caso. No sabemos bien porqué, a pesar que hubo una causa penal, que inició [el abogado y diputado] Manuel Garrido, cuando estaba en la Oficina Anticorrupción, y fueron citados a indagatoria [Enrique] Petracchi, que fue ministro de la Corte Suprema, el presidente de Telefónica, y Carrió fue citada a declarar dos veces y no se presentó. O sea, todo esto tiene un antecedente turbio que no fue porque un funcionario decidió porque sí liberar una obligación legal. Y que trae muchas consecuencias al país. Porque invariablemente el Estado es condenado. Entonces, es un tema que no se termina.

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-Llama la atención que aún con un fallo de la Corte Suprema, Telecom continúe trabajando, llegando a participar en concentración como la que acaba de tener con Clarín.

-Sí. Nosotros denunciamos hace dos años este tema en la OCDE, planteando el incumplimiento de las líneas directivas de la OCDE. Y justo esta semana, hemos tenido el dictamen con el cual se le recomienda a Telefónica y Telecom que cumplan con la normativa interna del país. Veremos cuánto le afecta este llamado de atención de un organismo internacional.

-Sabiendo que llevas muchos años metida en este tema sobre cómo se manejan de manera inescrupulosa las empresas de comunicación, ¿cómo explicarían a la sociedad que consideren que esto debe ser importante?

-Porque es una vergüenza y porque todo está mal. Un monopolio comunicacional es perder independencia. En algún lugar, la sociedad tiene que rebelarse y decir que hay que hacer las cosas bien. Estamos reclamando el cumplimiento de una ley [de Medios] que fue votada por el Congreso, discutida e informada en toda la sociedad, hasta en las iglesias se discutía. Se cerró una discusión en la Corte Suprema sobre si era constitucionalidad. Entonces, ¿qué vamos hacer? ¿Vamos a dejar que pase, que nos pisen, que no hay derechos, que todo es ficción? ¿Que estos temas no se pueden hablar? Por eso yo agradezco mucho la entrevista y la difusión de estos temas.-

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