La tragedia de María Soledad Morales, Clarín, y el oro minero de Andalgalá a Suiza

El 8 de septiembre se cumple el 30 aniversario de la muerte de la estudiante catamarqueña María Soledad Morales. Simultáneamente, el diario Clarín y La Nación publicaron el 4 de septiembre pasado sendas notas al respecto. El primero lo hizo con una nota firmada por Norma Morandini “El poder de María Soledad”. Mientras que el segundo con la firma de Hernán Cappiello, se despachó  con una larga nota con título “A FONDO – MARÍA SOLEDAD MORALES – Un misterio y muchas heridas abiertas a 30 años del asesinato”.

No obstante ambas notas llenas de lugares comunes, están lejos de revelar tanto el poder como el misterio de dicho caso, que cambió “radicalmente” el orden institucional en dicha provincia feudal. La que de ser dominada por la familia peronista Saadi, pasó a manos de la familia radical Castillo. Y la explotación de la minería estatal de los metales preciosos y nobles, pasó a manos extranjeras. Y la refinación de ellos pasó de Andalgalá a Suiza  concretando un mega contrabando de 200 mil millones de dólares. Dejando en su trayecto una enorme contaminación ambiental, que ha motivado diversos reclamos ante la justicia.

En momentos en que en el orden nacional, el presidente Carlos Menem, en contra lo que había prometido electoralmente, llevaba adelante una feroz privatización de los recursos del país de toda índole. Lo que era resistido por el pensamiento nacionalista peronista ortodoxo de la familia Saadi, que detentaba un poder feudal aparentemente inconmovible en Catamarca, afianzado durante décadas. Al que no obstante el “poder” del caso María Soledad Morales, convertido en un acontecimiento nacional por parte del grupo Clarín, lo derribó.

Cappiello apunta que “por el asesinato, fueron condenados, a 21 años, Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, y a nueve años, Luis Tula, acusado de haber sido quien entregó a María Soledad para que terminara sus días en una fiesta sexual de drogas y alcohol, en la que hubo otros participantes que nunca fueron identificados ni alcanzados por la Justicia. Todavía hoy la sociedad catamarqueña desconfía de esa sentencia y cuestiona que no se haya llegado a un total esclarecimiento del caso.”

“Tula, que estudió Derecho en la cárcel, y Luque, dedicado a administrar los bienes de su familia, hoy están en libertad y ambos juran que son inocentes. “Mirá, amigo, ya fue. A mí me han violado todos los derechos”, dijo Tula a LA NACION. “Esto era político. De Carlos Menem para destruir a sus adversarios ¿Qué tengo que ver yo? Acá anduvo la SIDE. Que los políticos se vayan a hinchar los huevos a otro lado, capo, yo no tengo nada que ver”… Luque, que no quiso hablar con LA NACION, el día que salió de prisión declaró: “Fui un inocente preso”.

https://www.lanacion.com.ar/politica/maria-soledad-morales-un-misterio-muchas-heridas-nid2439626

Tras sucesivos percances judiciales, ocho años después, en febrero de 1998, con la acusación por parte del fiscal Gustavo Taranto importado desde Córdoba, un tribunal oral dictaminó que María Soledad, de 17 años de edad, había muerto en una fiesta negra entre las 11 y las 24 hs del 8 de septiembre de 1990, por asfixia provocada por una ingesta de cocaína, inhalada e introducida por vía endovenosa o vaginal, habiendo sido violada y penetrada con un objeto de puntas redondeadas, y sometida a tareas de reanimación. Su cuerpo apareció tres días después en un descampado de la ruta nacional 38, a siete kilómetros de la capital de Catamarca, semienterrado, cubierto solamente por el corpiño, golpeado, y con rastros de haber sido comido por roedores.

Por esos hechos su novio Tula, acusado de haberla entregado a Guillermo Luque, fue condenado a nueve años de prisión, como partícipe secundario de violación y asesinato. Mientras que Guillermo Luque, el hijo del entonces diputado nacional Angel Luque, como autor del crimen, fue condenado a veintiún años de prisión.

Siendo también sindicados como supuestos partícipes de dicha fiesta, Diego Jalil (hijo del Intendente de la ciudad en ese entonces) Arnoldito Saadi (primo del gobernador de Catamarca) y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de Policía). Pero finalmente los únicos imputados, procesados y condenados fueron Luque y Tula.

Según la justicia Tula llevó a María Soledad a Clivus, una megadisco donde esa noche había una fiesta del Liceo de Señoritas y elegían a la reina. Lo que ocurrió allí fue objeto de controversia por las contradicciones entre los testigos, siendo finalmente claves para la condena los relatos de la cajera de Clivus, Rita Furlán, y el de Jesús Muro, el barman de Clivus.

Quien finalmente reconoció tras negativas previas, igual que Furlán, que esa noche Luque estuvo en Clivus, y que después de cerrar el mismo hubo una fiesta de la que participaron María Soledad, Tula, y otros personajes de la noche local. Y que al finalizar le gritó esa noche Luque a Tula: “a la Flaca la llevo yo, vos anda después”.

Este fue el fundamento de la condena de quienes hoy, tras cumplir la pena, siguen insistiendo que son inocentes. Tula salió libre el 22 de abril de 2003, con cinco años de su condena cumplidos. Mientras que Luque salió en libertad el 11 de abril de 2010, tras desempeñarse como un preso ejemplar. Mientras que la madre de María Soledad Ada Morales, reclamaba que los dos debían cumplir la totalidad de la pena.

La construcción del acontecimiento y su remate por Clarín

María Soledad estaba por terminar el bachillerato en el Colegio del Carmen y San José, cuya rectora era la monja Marta Pelloni. Quien narró que “después del entierro de María Soledad las alumnas decidieron ir a rezar a la Catedral. Con los centros de estudiantes de otros colegios se habían unido en una radio comunitaria, donde informaban las actividades por la semana del estudiante. Y allí hubo una invitación para acompañar al Colegio del Carmen a rezar a la Catedral. Se fueron sumando grupos y fue conmovedor. Se sumaban en silencio, nadie hablaba. Así fueron, una, dos marchas”, en medio de la indiferencia general.

Hasta que apareció allí un móvil de TN, y bajo el título de las “marchas del silencio”, las transformó en un acontecimiento nacional, que se realizaba la tarde de todos los jueves, manteniendo en vilo a la opinión del país respecto la evolución del caso y sus implicancias políticas.

En total fueron 66 marchas del silencio, a lo largo de más de año, hasta que en las elecciones de diciembre de 1992, el clan feudal de los Saadi fue desplazado definitivamente por el clan feudal de los Castillo. Llegando a reunir más de 33.000 personas en cada marcha, más de un tercio de la población de la capital provincial. Las  que ante las cámaras de TN avanzaban con velas en las manos y carteles, cantando “¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!”.

Las tapas del diario Clarín, dan cuenta de esa construcción del acontecimiento por parte de este multimedio. En la del viernes 2 noviembre de ese año, resaltaba la concurrencia de 30 mil personas a la “marcha del silencio”. Y el 13 de noviembre anunciaba en ella, que Tula había sido acusado del asesinato.

Luego el 20 de noviembre, en un reportaje a Tula en la cárcel, anunciaba que este se quejaba porque “sospechosos importantes no han sido arrestados”. Despachándose dos días después, el 22 de noviembre, con un “Informe exclusivo – Como murió la estudiante de Catamarca”. A continuación el foco informativo estuvo centrado en el intento de golpe de estado por parte del Tte. Coronel Mohamed Seineldín, el envío de tropas argentinas a la guerra contra Irak, y el ascenso de Domingo Cavallo como ministro de Economía. Pero no obstante el 11 de enero de 1991, Clarín informaba desde su tapa que para el caso se había nombrado un nuevo juez.

A continuación el 13 de febrero, Clarín anunció en su tapa el pedido de captura de Luque. El 23 de febrero daba cuenta en ella, de graves desordenes en Catamarca. El 26 de febrero informaba de la indagatoria a Luque, y el desdicho de un testigo. El 2 de marzo anticipaba que el juez Ventimiglia consideraba que Luque había participado del crimen. Y el 3 de marzo, anunciaba que el comisario Luis Patti  había acabado sus investigaciones al respecto en Catamarca.

A la par del lanzamiento con bombos y platillos del plan de convertibilidad de Cavallo, que tanto daño hizo al país, en marzo Clarín siguió con sus tapas “morales”. El 5 de ese mes anticipaba en ella que el diputado Angel Luque, padre de Guillermo, culpaba a los Saadi, y afirmaba que los participantes en la fiesta negra eran “mayores de 30 años y vinculados al poder”.

Seguidamente el 8 de marzo daba cuenta de la aparición de otro testigo clave. El 10 de marzo trasmitía la impresión de los padres de María Soledad, que Patti había ido a Catamarca a  “cubrir a alguien”. El 12 confirmaba que Maria Soledad había muerto por una sobredosis de cocaína. Y el 25 informaba que cuatro detenidos más.

A continuación en abril de ese año, la construcción del acontecimiento por parte de Clarín tomo un curso decisivo. El 4 de ese mes, daba cuenta en su tapa de la prisión preventiva de Luque. Quien trabajaba en el Congreso Nacional y residía y estudiaba en  la ciudad de Buenos Aires. Y era hijo del diputado homónimo, que se había desempeñado como una especie de guardia espaldas del patriarca del clan, Vicente Saadi. Quien se había desempeñado dos veces como gobernador y senador por Catamarca.

Ese mismo día el presidente Carlos Menem, dispuso la intervención federal de la justicia catamarqueña, declarando en comisión a sus jueces. Y por su parte Clarín, insatisfecho con esa medida a medias, dio comienzo a un resonante escándalo, al afirmar que Luque padre había afirmado ante sus cronistas, que contaba con todo el poder, como para que el cadáver de María Soledad nunca apareciera, si su hijo Guillermo la hubiera asesinado. De esta manera el 9 de noviembre Clarín anticipaba en su tapa que por esas declaraciones, se iba a pedir el desafuero de Luque.

A día siguiente 10 de abril, Clarín daba cuenta en su tapa de la expulsión de Luque del Partido Justicialista. Y el 11 anunciaba que se analizaba en la Cámara de Diputados sanciones contra él. Y el 12 de abril anticipaba que sus cronistas iban a brindar sus testimonios contra Luque.

Tras clavar esas picas, como si Héctor Magnetto fuera el Gran Manolete, el torero más importante en la historia taurina, Clarín le asesto la estocada final al clan Saadi. El 16 de abril dio cuenta que ese día sus cronistas, iban a ratificar las manifestaciones del diputado Luque. En consecuencia al día siguiente, 17 de abril, anunció que los diputados peronistas reclamaron la renuncia de Luque. Al mismo tiempo que al presidente Menem no le quedó otra que decretar la intervención de los tres poderes catamarqueños. Expulsando así al clan Saadi, que hasta ese momento había sido su aliado, del poder.

Así triunfalmente, al día siguiente 18 de abril, Clarín daba cuenta de la intervención a la provincia. Y al otro día, 19 de abril, del envió de Gendarmería a Catamarca, para hacer cumplir esa medida, pese la resistencia de los Saadi. Para finalmente anunciar el día subsiguiente, 20 de abril, que el “gordo” Luque, padre del imputado por el crimen de María Soledad, ya no era más diputado. Con 25 tapas a lo largo de seis meses, Clarín logro derribar el imperio feudal que a los Saadi les había costado décadas conseguir.

La intervención a Catamarca

Como interventor federal el presidente Menem designó al cordobés Luis Prol, quien casualmente se desempeñaba como secretario de Minería. Un ex montonero que había sido detenido durante la dictadura, cuyo padre escribano logró su liberación, y sus ex compañeros lo describían por entonces como un socialista que se convirtió en un liberal ortodoxo.

Horacio Verbitsky en su libro “Robo para la corona”, lo describe como un malhumorado, que para disimular su fastidio “enrojecía la hebilla de sus zapatos de rico nuevo”. Y quizás por ello murió tempranamente de cáncer, dejando no obstante una fortuna para su familia. Detallando que era primo de Daniel Montamat, el último presidente de YPF durante el mandato de Raúl Alfonsín, y ostensible lobista de los intereses petroleros y mineros.

Apuntando que “luego de tres lustros de relación con el Estado, como preso de la dictadura, ministro provincial de Economía en Formosa, e integrante del equipo de Erman González, Prol reunió el dinero suficiente para mudarse al suntuoso piso de Carlos Grosso en la calle Arroyo”.

El diputado provincial Rubén Ceballos, al presentar en el año 2015 un proyecto de ley para indemnizar a los empleados públicos despedidos masivamente por el interventor Prol, hace una semblanza de esa corta intervención, que duró hasta fines de 1991. Afirmando que Prol, dividió al peronismo, y trabajó para que en la elección de las nuevas autoridades en diciembre de ese año, se impusiera el Frente Cívico y Social, liderado por la UCR y el clan Castillo.

Entregando así a fines de 1991 la gobernación en manos de Arnoldo Castillo, el eterno rival de los Saadi. Quien durante la dictadura militar del Gral Lanusse, se había desempeñado como interventor en la intendencia de la capital provincial. Y durante la dictadura del Gral Videla, como interventor federal en la provincia. Apuntando también Ceballos en su informe, que:

“no fueron pocos los que opinaron que esta medida servía para llevar adelante proyectos mineros que se firmarían al poco tiempo”.

El oro

No parece casual que al mes siguiente de la trágica muerte de María Soledad, y la subsecuente construcción del acontecimiento por parte del grupo Clarín, en octubre de 1991, el YMAD haya abierto un Concurso Público para la realización del Estudio de Factibilidad Definitivo con Opción a Explotación,  del yacimiento minero de Bajo de la Alumbrera.

El YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), es un ente tripartito, creado por ley nacional, cuyo presidente es designado por el presidente de la Nación. Y cuyos cuatro directores por partes iguales, son designados por las provincias de Catamarca y Tucumán. El yacimiento se encuentra enteramente en Catamarca en el departamento de Hualfín, pero quien exploró sus enormes riquezas mineras metalíferas a principios del siglo pasado, fue el farmacéutico porteño radicado en Tucumán, Abel Peirano, recibido con medalla de oro en la Universidad de Buenos Aires.

Quien para sus exploraciones catamarqueñas, obtuvo el apoyo del Instituto de Geología de  la Universidad Nacional de Tucumán, y por eso en compensación le donó a esta sus derechos exploratorios, obtenidos conforme el anterior código minero. La posterior estatización por parte del peronismo de esos recursos, llevaron a un entredicho con la Nación, que se solucionó en 1959 durante la presidencia de Arturo Frondizi, con la creación del YMAD.

En consecuencia el YMAD es el concesionario minero del enorme área que le da el nombre. Donde existen riquezas auriferas vetiformes, como las de Farallón Negro, en explotación desde hace muchos años. Y riquezas auríferas diseminadas, como las de Bajo de la Alumbrera, cuyas enormes posibilidades se constataron a fines de los ’80, con las exploraciones concretadas por cuenta del YMAD y Fabricaciones Militares.

Conforme puntualizo el diputado nacional por Catamarca Eduardo Pastoriza, en diversas notas publicadas en el diario catamarqueño El Ancasti, en el año 1978 el YMAD contrató por 46 millones de dólares un estudio de prefactibilidad de explotación de Bajo de la Alumbrera, con Kaiser Engineers International, Latinoconsult, y la Universidad Nacional de San Juan. El estudio determinó que el yacimiento contenía unas 300 millones de toneladas de mineral de cobre, hierro y azufre con oro, plata y molibdeno, explotables a cielo abierto, y otro tanto explotable de modo subterráneo bajo el fondo de la cantera resultante.

Esto lo hacía uno de los yacimientos más grandes del mundo, que podría proporcionar unos 50 millones de toneladas de pellets de hierro, 12 millones de toneladas de ácido sulfúrico, 3 millones de toneladas de cobre, 25 mil toneladas de molibdeno, 590 toneladas de plata y 350 toneladas de oro. Para su aprovechamiento integral se proponía que se hiciera en el yacimiento la concentración de cobre y magnetita (óxido de hierro magnético) y luego se lo transportara 76 km por tubería o mineraloducto hasta la población catamarqueña de Andalgalá.

Allí se procesaría en plantas de fundición de cobre (con costo de instalación de unos 100 millones de dólares) de refinación electrolítica y de peletización del hierro (con costo de unos 40 millones de dólares). Se proponía una extracción de 33.340 toneladas diarias de mineral en el yacimiento, equivalente a una anual de 12 millones de toneladas. Se consideraba viable una producción anual de 1 millón de toneladas de magnetita, 200.000 de ácido sulfúrico, 60.000 de cobre refinado, 11 de mobdileno, y 8 de oro y plata.

Se llevaba así la cadena productiva, hasta el valor primario más alto posible de todas las sustancias existentes, con una inversión total (incluyendo caminos, provisión de servicios, etc.) estimada en 660 millones de dólares, casi la mitad hecha en Andalgalá. Se construirían así instalaciones que podrían seguir procesando minerales de otros lugares de la provincia y del país, creando puestos de trabajo que perdurarían cuando el yacimiento se agotase.

Se pretendía hacer un proyecto minero integral, en pos de un desarrollo genuino de la provincia norteña. La que al finalizar la década de los ‘80, contaba ya con una planta de refinación de oro y plata. Y en vez de emitir bonos como las restantes provincias, emitía monedas de oro y plata, a las que denominaba Esquiú y Corona.

Y era gobernada por una familia de rancia estirpe peronista, los Saadi. En la cual Ramón acababa de suceder los dos mandatos previos de su padre, el fundador de la dinastía, Vicente Leonidas Saadi. La cual, más allá de sus inconductas y sus lacras, no era en absoluto permeable a una rifa y extranjerización de las enormes riquezas constatadas en Aguas de Dionisio; en especial las del Bajo de la Alumbrera. Y mantenía además una postura crítica recalcitrante respecto los supuestos cambios “copernicanos” en la economía y la sociedad, que estaban introduciendo Carlos Menem y Domingo Cavallo.

La adjudicación del oro a Minera Alumbrera

De esta manera el llamado a concurso en octubre para la realización del Estudio de Factibilidad Definitivo con Opción a Explotación, aparece redundante frente el estudio realizado por  Kaiser y otros.  No pareciendo tampoco casual que su apertura se haya concretado en febrero de 1991, en pleno escándalo del caso María Soledad, y los denodados esfuerzos del grupo Clarín para tumbar a los Saadi. Apareciendo como único oferente  Musto Explorations Ltd, radicada en las islas Bermudas, que después se comprobó que era una empresa fantasma controlada el 100 % por la mega compañía canadiense Goldcorp Corporatión.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/71824/000110465919038304/a19-12073_4ex21.htm

Tampoco parece casual que el 15 de enero de 1992 se haya adjudicado el concurso a Musto, apenas asumido a la gobernación Castillo, y tras haber designado el presidente Menem al economista  cordobés Luis Manuel Alvarez como presidente del YMAD. Quien luego sin empacho alguno pasó a presidir la Cámara de Empresas Mineras en Catamarca.

A toda máquina a fines de 1993, Musto concluyo el estudio de factibilidad -que ya se había hecho previamente- y en los primeros meses de 1994 ejerció  el derecho a la explotación del yacimiento. En total por esos derechos de exploración y explotación, Musto pago 12 millones de dólares, en doce cuotas mensuales. Y poco después transfirió esos derechos a la UTE Compañía Minera Alumbrera Ltda por 363 millones de dólares. Operación que ganó el premio anual al «mejor negocio minero».

La UTE estaba integrada  por la suiza Xstrata Plc, dueña del 50% del paquete accionario, mientras que las empresas canadienses Goldcorp Inc, controladora de Musto, y Northern Orion Resources Inc, detentaban el 37,5% y el 12,5%, respectivamente. La que para encarar el proyecto contó con un crédito del Eximbank de 1.200 millones de dólares, con garantía de la Nación Argentina. El que luego pasó a ser operado por la compañía suiza Glencore, que en Argentina también tiene negocios en común con el hoy caído grupo Vicentín.

Así con toda pompa, el 27 de abril de 1994, en el Cine Teatro Catamarca, se firmó el convenio entre Minera Alumbrera y el YMAD, con la presencia del presidente Menem, el gobernador Castillo, los embajadores de Australia, Richard Hugh Wyndham, y de Canadá, Robert Rocher; y el presidente de Musto Adolf Lundin, entre otros.

Por el cual el YMAD pasó a quedarse con el 20 % de las utilidades liquidas que produzca el yacimiento, y a detentar tres directores sobre un total de ocho, sin facultad siquiera para impedir el quórum. Con la obligación de  que “cualquier dato o información, sea cual fuere su especie o naturaleza, será tratado por las partes y el representante como estrictamente confidencial, en el sentido de que su contenido no será revelado total ni parcialmente a terceros, sin previo consentimiento por escrito de la otra parte.”

Ver PRO, K, PJ, FR, UCR, ARI y CC, todos unidos para encubrir el contrato con Chevron

Cumpliéndose así lo que advertía el presidente Juan Perón, respecto las empresas mixtas, donde “el estado pone la vaca y el privado el pollo, y luego el estado se queda con el pollo, y el privado con la vaca”.

Por razones nunca aclaradas, se descartó el proyecto de refinamiento de los metales, la producción de pellets de hierro, y la de ácido sulfúrico. Y directamente se fue a la crema del negocio de los metales nobles y preciosos, el cobre, la plata, y el oro, con una extraña disposición adicional. Dado que en vez de los 76 km de mineraloducto inicialmente propuestos para su refinación en Andalgalá, se cambió enteramente su destino, para su refinación en ¡Suiza¡ y otros lugares del mundo.

A esos efectos se hicieron 317 km de mineraloducto hasta Tucumán, desde donde el material se transporta por ferrocarril a un puerto en las inmediaciones de Rosario. Desde donde se embarca al exterior el concentrado de mineral, cuya ley sólo se conoce por declaración jurada de Minera Alumbrera.

Una vez que se agote el yacimiento las únicas instalaciones útiles que quedarán serán la línea eléctrica (ya se verá para qué) el camino a la mina y algunas mejoras a la ruta 40. Quedará en cambio un pozo de más de 500 m de profundidad con más de 4 billones de litros de agua contaminada, que habrá que rebombear continuamente para evitar la catástrofe ambiental que sería su libre salida al río Vis Vis. Siempre y cuando no se produzca un movimiento sísmico que abra la fractura que aparentemente existe debajo de él.

https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php?title=Bajo_de_la_Alumbrera&mobileaction=toggle_view_desktop

El acompañamiento con la legislación nacional

A fines de 1992 Menem y Cavallo enviaron al Congreso el proyecto de ley de inversiones mineras. En cuyo texto, además de brindar la estabilidad impositiva y tarifaria a los mega inversores mineros, se impedía acceder a las empresas estatales a esos beneficios. Obligando así a la asociación del YMAD con Minera Alumbrera.

Este proyecto fue rápidamente aprobado por el Congreso, a mediados de 1993, gracias a la acción del lobista minero sanjuanino, el diputado José Luis Gioja, quien posteriormente pasó a desempeñarse reiterada veces como gobernador de San Juan.

Ver Gioja: El lobista de oro de Barrick Gold

Y como se puede ver en el siguiente cuadro, ínterin la legislación nacional siguió amoldándose a los requerimientos de Minera Alumbrera. Con el Acuerdo Federal Minero, que facultaba a las provincias a concretar los convenios al que llegó el YMAD. Y con sucesivas modificaciones a  la ley sancionada poco antes, los efectos de otorgar aún más beneficios a la megaminería privada.

De esa manera en 1995 se pusieron en marchas las obras, y en 1997 comenzó la explotación de lo que fue la primera mina a cielo abierto en Argentina, estando exenta por cinco años del pago de todo impuesto. Y al mismo tiempo comenzó la disputa por las regalías, en una provincia minera altamente sensibilizada por ellas, dado que la ley la fijaba en un 3% del valor del producido, y Minera Alumbrera lo pretendía fijar en bocamina. O sea tras deducir los gastos concretados para obtenerlos, lo que llevaba el valor de la regalía a poco más del 1 %.

Al gobernador Castillo, quién con un pacto espurio para llegar al poder, habría consentido en el negociado, le pareció que eso era una exageración. Y tras renovar su mandato en 1995, siguió insistiendo en su postura de cobrar el 3 %. Y como  buena provincia feudal, en 1999 entregó la gobernación a su hijo Oscar Castillo, quien insistió con lo mismo.

Por su parte el senador catamarqueño Pedro Villarroel, denunciaba el ejercicio del poder mediático contra la provincia por parte de lobby minero, que se reflejó en las páginas de los diarios CLARIN y LA NACION, en relación con las regalías mineras, entre los años 1997 y 2000. Presentando a Catamarca como una provincia de políticos vivillos, que querían estafar a ingenuos y honestos inversores extranjeros.

Pero en 1999 el lobista Gioja intervino nuevamente, y logró la sanción por parte del Congreso Nacional de una ley, que definió el concepto de “mineral boca mina” (Nº 25.161 modificatoria de la Nº 24.196 de 1993) y estableció prolijamente las deducciones que podía hacer el concesionario. Dándole de esta manera enteramente la razón a Minera Alumbrera.

Finalmente Castillo hijo, acosado por la crisis del 2001, se vio obligado a sacar adelante una ley provincial, con la que Catamarca se allanó a las pretensiones de Minera Alumbrera, en cuanto al pago de las regalías. Las que de allí para atrás y adelante se calcularon tal cual lo estableció el lobista minero  y varias veces diputado y gobernador de San Juan, Gioja.

El megacontrabando minero

Las roturas y derrames de concentrado que se produjeron en el extenso mineraloducto de 317 Km hasta Tucumán, además de la contaminación que se señala seguidamente, permitieron conocer de qué estaba compuesto  el mismo. El sitio ECYT-AR “Enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina” reveló que de los 23 minerales que se exportaban con el concentrado, Minera Alumbrera solo declaraba tres, el oro, el cobre, y el molibdeno. Existiendo otros 20 minerales raros cuyo valor en boca mina estimó en 90,59 dólares por tonelada.

De tal manera, considerando una exportación promedio anual de 91,25 millones de toneladas,  estimo que los minerales raros exportados de contrabando como barro concentrado por Minera Alumbrera desde Rosario, entre 1997 y el 2009, fecha del cálculo, montaron un total de 99.196 millones de dólares, estimando en 40.175 mil millones de esa moneda las participaciones e impuestos evadidos.

Cifras que habría que duplicar si se la refiere hasta el año 2018, equivaliendo la primera de ella a casi dos tercios  de la deuda pública de Argentina. En dicho año la mina cesó momentáneamente su explotación a cielo abierto, para pasar a partir de 2019 a ejecutar una explotación subterránea, teniendo además la pretensión de extender sus actividades al vecino yacimiento de Agua Rica.

Esta situación de mega contrabandos de productos de minerales, se repite aunque no tan gravemente, en los emprendimientos de Cerro Veladero en San Juan, y Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Que exportan el oro y plata fundidos en metal doré, cuya composición sin mayor análisis, se registra con una simple declaración jurada.

Con el agravante de que en el caso de Cerro Vanguardia, a los efectos de cobrar reintegros por exportar desde puertos patagónicos, se efectuaba una simulación de exportación marítima. Cuando en realidad la mercadería era llevada a la vecina Punta Arenas en un barco pesquero de menor porte, para su traslado en avión a Zurich. Lo cual dio lugar a un curioso episodio en el año 2009, cuando la pequeña embarcación naufragó llevándose al fondo del Mar Argentino siete toneladas de oro y plata.

Recién en el 2007, el gobierno de Néstor Kirchner impuso efectivamente retenciones de un 5 % sobre el valor exportado por la megamineras. Que a poco de asumir fueron llevadas a cero por el presidente Mauricio Macri. Quien a la par, por la estabilidad tarifaria consagrada por la ley de inversiones mineras de 1993, eximió a las megamineras de los megatarifazos de la energía eléctrica. Siendo esta uno de sus principales insumos para poder moler los miles de millones de toneladas de la roca inmortal, y así extraerle sus riquezas.

Ver Barrick Gold y megaminería ilegal: protegidas tanto por el kirchnerismo como por el macrismo

La cuestión ambiental

Darío Aranda, periodista especializado en medio ambiente y autor de los libros Tierra Arrasada y Argentina Originaria, escribió las siguientes líneas respecto el mega emprendimiento minero a cielo abierto en suelo catamarqueño, precursor de tanto otros.

Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los primeros quince de oro. Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su consecuente contaminación.

La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometían la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y que, de forma indirecta, creó 8.200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá.

A quince años del comienzo de las obras, existen decenas de acusaciones en contra de la actuación de la empresa. Vecinos que vivían a dos kilómetros del dique de colas, a la vera del río Vis Vis, tuvieron que abandonar sus tierras por la contaminación del agua, y están en juicio con Alumbrera. Y vecinos de Belén se quejan de la caída de la producción hortícola y frutícola, por la carencia de agua y la contaminación del aire, por el polvo de las explosiones arrastrado por los vientos.

El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la Justicia de Tucumán, acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí – Dulce que comparten ambas provincias. La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducuto.

El fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.

Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004; el 10 de junio de 2006; y dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto y último: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén.

Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de agua de 1.100 litros por segundo. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litro por día. Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería.

“Se debe solicitar una reunión urgente con el Gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales”. Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del INTA, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.

Alumbrera es el caso testigo de que las promesas mineras no se cumplen. Con un agravante: en 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, y a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región.

Los pueblos de Andalgalá, Santa María y Belén (entre otros) ya no creen en las promesas mineras. En diciembre de 2009 cortaron el camino de acceso a Agua Rica. El 15 de febrero de 2010 sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo era que la maquinaria de Yamana Gold, no pudiera avanzar con Agua Rica. El Poder Judicial frenó el proyecto.

En enero de 2012, en paralelo a la pueblada riojana contra la megaminería, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera. El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas. Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén, y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron. El viernes 10, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.

El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Todo registrado por el canal TN y relatado por Radio El Algarrobo, comunitaria de Andalgalá. Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización.

“La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.

https://darioaranda.wordpress.com/2012/02/10/mineria-o-derechos-humanos/

La justicia tarda y a veces llega

En marzo de 2017 los hermanos Carlos y Miguel Aranda, obtuvieron una sentencia a su favor por parte del juez civil de Concepción Eduardo Dip Tártalo, que luego fue confirmada en segunda instancia por la Cámara Civil  y Comercial de Concepción, en la demanda que habían entablado en el 2010 por la contaminación causada por las roturas y derrames del extenso mineraloducto de Minera Alumbrera, en el agua de las localidades de Alpachiri y Concepción.

Recomendando a su vez la justicia al Poder Ejecutivo, que realice  “un relevamiento actualizado de los impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona, para detectar las enfermedades y/o patologías que guarden relación directa con la contaminación de la los acuíferos de la zona. Sabemos de muchos  casos de  pobladores que están enfermos con cáncer de hígado, intestino, leucemia, etc” afirmó Carlos Aranda.

Quienes además exigen que la Corte Suprema de Justicia tucumana, se expida respecto la apelación planteada por Minera Alumbrera, que está en manos del actualmente cuestionado vocal Daniel  Leiva, y de Antonio Estofán.

A su vez en julio de ese mismo año, la Cámara Federal de Tucumán, dispuso a través de una medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad de las mineras Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno, hasta tanto se realicen informes periciales para medir el alcance de la contaminación y degradación del medio ambiente producidas.  Exigiendo adicionalmente que Minera Alumbrera Limited e YMAD, contraten un seguro de cobertura con capacidad suficiente para garantizar la reparación del posible daño, tal como lo prevé la Ley General del Ambiente.

Medida que fue revertida dos semanas después, por la presentación que concretó Minera Alumbrera. La que poco después anunció el cierre de la mina en el año 2018, decisión que revirtió poco después, al anunciar la prosecución de la actividad en forma subterránea a partir del 2019, con vistas a intervenir en la explotación de Agua Rica.

Quedando así en la actualidad 23 años después de haber comenzado su actividad, en una situación indefinida, acosada por los reclamos por los daños ambientales que produjo, y las posibles derivaciones por el contrabando que perpetró con la exportación del mineral concentrado. Y presta a ausentarse del país si esos daños se reflejan en sentencias judiciales definitivas, por enormes montos, como ha sucedido en otros países.

Epílogo

El efecto político que produjo el caso María Soledad Morales, construido por el multimedio CLARIN, cuyos alevosos métodos de Periodismo & Negocios luego se pusieron en la picota publica, fue sustituir una corrupta dinastía feudal, aurífera y estatizante; por otra corrupta dinastía feudal, aurífera y privatizante, que se encargó de dilapidar la riqueza colectiva de los catamarqueños.

Y así hoy por el supuesto “poder” de María Soledad, mencionado por Morandini, o el supuesto “misterio” del caso mencionado por Cappiello, Catamarca tiene un enorme socavón que hiere sus montañas, ý el daño ambiental se ha esparcido alrededor del mismo, a cientos de kilómetros más allá, por efectos de las roturas del mineraloducto y sus derrames de concentrados, hasta llegar a otras provincias. Pero los catamarqueños siguen tan pobres como siempre, o más aún.

Por su parte el denostado clan Saadi, en el 2011 regresó al poder, a través de la ex gobernadora Lucia Corpacci Saadi. Estando ahora gobernada Catamarca por un Jalil, uno de cuyos familiares fue sindicado como cómplice de la tragedia de María Soledad. Y otro Jalil ha sido recientemente designado por el presidente Alberto Fernández, como presidente del YMAD. Todo está políticamente como era entonces, pero no la naturaleza depredada por la codicia de las multinacionales, que a cambio de sus enormes ganancias, solo dejaron un poco de empleo que hoy se ha terminado.-