Un video implica a la familia Merino, integrantes del cartel de la obra pública de la ciudad y la Provincia de Córdoba, en el robo de tierras en las sierras cordobesas. En el material, un matón a mano armada amenaza a productores rurales, mientras ingresa a la propiedad con un camión de la firma, Ciar SA, que aparece nuevamente en una polémica de tintes penales. Se trata de la empresa denunciada por pagar coimas en las gestiones municipales del radical Ramón Mestre y del peronista Rodrigo Rufeil, ex ministro de Schiaretti y actual legislador oficialista. El papel de Carina Cravero, denunciante de los Merino y ahora implicada en el caso. Y los vínculos de los Merino que llegan hasta los Macri.
Por Lea Ross | @LeandroRoss
Sábado 14 de abril pasado. Sierras de Córdoba. Daniel Ahumada es un criador de vacas, poseedor de un campo de 500 hectáreas. Se entera por un llamado telefónico que un grupo de desconocidos se han apropiado de sus tierras, ingresando tras cortar un tramo del alambrado.
Al dirigirse al lugar, junto con un abogado y un pariente directo, ven que, efectivamente, sus terrenos están cercados y con presencia de camiones. Al entrar a su campo, aparece velozmente una chata dirigiéndose hacia ellos. Rápidamente, toman un teléfono celular y empiezan a filmar. Los primeros segundos del material parecen la previa de un western.
“Cuando llego, me encuentro con una entrada nueva y con gente laburando. Entro a mi campo, y aparece el tipo que me encaró con su chata; decí que el portón no se abrió. Y sale montando con un arma dispuesto a matar”, relató Daniel Ahumada, el damnificado que estuvo a punto de ser blanco de ese revólver.
En comunicación telefónica con Striptease del Poder, Ahumada prosigue explicando que quien se baja de la Pick-Up Amarok, desenfundando de manera intimatoria su Glock calibre 9 milímetros, es Guillermo Gorrochategui. “Vos entrás y yo disparo”, desafió al propietario y al resto de los presentes que lo acompañaban.
.Al percatarse de un celular prendido que lo estaba filmando, reemplaza su arma con una carpeta colorada con papeles donde aduce contar con documentación que respalda la compra del campo. Y agrega: “tengo tiempo, tengo huevos, tengo 14 camiones y tengo mucha espalda”.
El terrible registro ocurrió en la zona montañosa de Los Gigantes, a unos 15 kilómetros al sur de la Estancia Jesuítica La Candelaria. “Mejor prueba que ese video, no hay. La forma que encaró éste tipo a la situación fue una locura. Lo sigo mirando al video, y realmente es una locura”, describió el productor agropecuario. Su familia hace uso de esas tierras durante el último medio siglo: “Tenemos la escritura, estamos ahí desde el año 1962, ni siquiera estamos peleando por la posesión, somos los dueños”.
Conocido el hecho, la Federación Agraria Argentina expresó su repudio mediante un comunicado donde estableció “su total apoyo a la familia Ahumada y solicitamos a la justicia que intervenga para la seguridad física y legal de nuestros representados ya que esas tierras son su medio de supervivencia”.
Según comenta Ahumada, refiriéndose al pistolero Gorrochategui, “el tipo dice haberle comprado el campo a una pareja de vecinos de enfrente, pero el número de cuenta que tienen no coinciden con el número del inmueble. Estuve revisando el catastro, y es un campo que está más allá del norte”.
El productor pone en duda que se trate de una mera confusión, ya que en las sierras es moneda corriente la aparición de extraños que dicen ser los dueños de determinados campos, intimidando a familias que habitan ahí pero no cuentan con la comunicación tecnológica, ni el amparo económico, para poder responder o buscar apoyo. “Es todo una mafia esto”, sentenció.
Detrás de las “espaldas” que dice tener Gorrochategui, se esconden intrincadas líneas que nos llevan a la cartelización de obra pública, coimas y cuentas offshore. Básicamente, una mafia como dice Ahumada.
La balada del pistolero
En el material fílmico, se observa la presencia de por lo menos un camión de la empresa constructora CIAR S.A. junto con empleados de la firma, realizando tareas a costa de la familia poseedora.
La empresa, contratista de obra pública tanto a nivel provincial como en distintos municipios cordobeses, fue iniciada por Carlos Merino, conocido directivo del Club Atlético Talleres. Actualmente el directorio está integrado también por sus tres hijos: Luciano, Sebastián y Leandro Merino.
El productor vacuno Ahumada le aseguró a Striptease del Poder que tomó contacto con ‘los Merino’, en particular con Luciano y Sebastián, y que los hermanos reconocieron que conocen a Gorrochategui, pero que jamás habían habilitado que parte de su personal y sus camiones trabajen en ese campo, que la invasión de la propiedad se realizó sin su consentimiento.
En base al video, se pudo constatar también que en la maniobra interviene la ex esposa de uno de los Merino, Luciano. A quien denunció hace tres años por integrar una banda delictiva que pagaba coimas a funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, en el marco de las obras públicas en la ciudad que llevaba a cabo la gestión de Ramón Mestre (h).
Ahora Cravero aparecería facilitando uno de los vehículos que usurparon la propiedad de Los Gigantes. La patente de la camioneta Amarok, estrellada contra la tranquera con el pistolero al volante, cuenta con la titularidad de Carina Cravero según los registros de la Dirección de Rentas de la Provincia.
En la denuncia sobre la corrupción en la obra pública del gobierno de Mestre, la señora Carina Cravero aseguró que funcionarios de “la Muni” habrían cobrado coimas por el 20% del valor de la construcción del “Nexo cloacal de la avenida Duarte Quirós”, que es la ampliación de la red de cloacas en barrio Alberdi, financiada con fondos nacionales. La denuncia se realizó por una controversia familiar por presunto desapoderamiento de bienes, en el marco del divorcio.
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En ese mismo año, la denunciante había sido entrevistada por Striptease del Poder, que dijo: “yo escuchaba en las conversaciones familiares que ellos [los Merino] pagaban coimas a funcionarios importantes de la Municipalidad, pero llamándolas bajo el eufemismo de ‘aforos’”.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=3lZUxJZEUKY&feature=emb_logo
Cravero apuntó en ese entonces al actual diputado nacional Hugo Romero, que se desempeñó como secretario de Economía de la Municipalidad y habría sido quien recibió las coimas para que CIAR resultara contratista de la obra denunciada. Romero sigue siendo uno de los paladines de Mestre.
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Tres meses después de la denuncia, se ordenó el allanamiento en la Municipalidad de la capital. Y en diciembre, previo a fin de año, la fiscalía imputó al empresario Luciano Merino y al funcionario Marcelo Lescano, jefe del área de Mantenimiento de Calles de la División de Obras Viales de la Municipalidad, bajo la carátula de cohecho agravado.
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En el organigrama municipal de Mestre, las funciones de Lescano se encontraban bajo la órbita de la Dirección de Obras Viales, que en ese entonces estaba a cargo de Fernando Elías Antonio Llaryora, tío del actual intendente del municipio Martín Llaryora, quién forma parte del frente “Hacemos Por Córdoba” encabezado por el gobernador Juan Schiaretti. Lo cual, abre un interrogante sobre el papel de la Provincia en el entramado corrupto.
Pero ahora Cravero parece haber tomado otros rumbos, dejando de lado sus denuncias sobre corrupción y sumándose, tras un posible acuerdo de partes con el clan Merino según las versiones que circulan en Tribunales, a los negocios ilícitos que la empresa Ciar SA estaría llevando adelante en las serranías cordobesas. Stripteasedelpoder se comunicó con Cravero para acceder a su versión de los hechos, sin obtener respuesta alguna.
El Lava Jato cordobés
El Lava Jato de Brasil destapó que las empresas de la construcción como Odebrecht establecieron acuerdos para repartirse los triunfos de las licitaciones, simulando ser competidores. En el caso de la ciudad de Córdoba, se hace más evidente por la repetición de nombres en sus directorios, y los lazos familiares y laborales.
Además de CIAR, los Merino tienen otras empresas contratistas de obra pública como Cavicor S.A. y MEK CONSTRUCCIONES VIALES SA. También está REDCOR S.A., cuya titular, según Cravero, sería una ex empleada de CIAR y entre sus socios aparece Daniel Tabarés, condenado a cuatro años de prisión por la mega causa del Registro de la Propiedad.
La sentencia data de 2012, donde 16 personas fueron encontradas culpables por la venta fraudulenta de un loteo en Villa del Dique, en el Valle de Calamuchita. Entre ellos, el entonces intendente, Ricardo Scoles, que el año pasado ganó nuevamente la comuna.
Cualquier similitud con las andanzas con robo de tierras en las sierras de Córdoba no será pura casualidad.
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En octubre de 2018, Striptease del Poder revisó las planillas presupuestarias del segundo mandato del intendente Ramón Mestre (desde el inicio en 2015 hasta que se publicó el informe). Allí se estimó que estas empresas se quedaron con contratos de 1.725 millones de pesos, con lo cual el pago de retorno del 20% habría sido de 345 millones de pesos, efectuadas como coimas.
De las sierras cordobesas a los Cuadernos y los Panamá Papers
Mención aparte merece el caso de CAVICOR SA, ya que enlaza a los Merino directamente con sociedades offshore en paraísos fiscales y en el pago de coimas a funcionarios nacionales. Sus socios fundantes son EMCONAR S.A., CIAR S.A. de la familia Merino, Rodrigo Salazar y Sebastián Merino. Incluso, el primer domicilio de CAVICOR es el mismo que la dirección particular de CIAR, en calle de Duarte Quirós 395, piso 8.
Curiosamente, en el 2016, se incorporó como director titular en representación de EMCONAR S.A César de Goycoechea, hermano de Juan Carlos Goycoechea, ex CEO de Isolux-Corsán, el primer empresario de la causa de los CuadernoGate en admitir el pago de sobornos y en presentarse como arrepentido. Y lo hizo en reemplazo de Sebastián Merino, el hermano de Luciano.
Tanto César como su hermano Juan Carlos aparecen mencionados de puño y letra en los cuadernos del chofer Omar Centeno. El primero, como “un tal Cesar”.
Además, César de Goycoechea está mencionado en el caso los Panamá Papers como accionista de las empresas Makstar Finance SA y Silville INC en Panamá. Utilizó como domicilio propio la calle Pedro J. Frías 489, piso 2, barrio Paso de los Andes, ciudad de Córdoba. Es el mismo edificio donde funciona CAVICOR S.A., empresa donde los De Goycoechea y los Merino son socios.
Las espaldas del pistolero Gorrochategui llega hasta los Macri
A su vez, EMCONAR, la firma de los De Goycoechea socia de CAVICOR, tiene registrado como domicilio la calle Maipú 741 de la Ciudad de Buenos Aires. Según los cuadernos del chofer Omar Centeno, ese sería el domicilio donde el ex funcionario nacional Roberto Baratta habría cobrado coimas. Incluso, cuando declaró como arrepentido, Juan Carlos de Goycoechea reconoció en la siguiente fotografía a Baratta, en la calle Maipú al 741.
Como si eso fuera poco, hace pocos días el juez federal Sebastián Casanello procesó a Juan Carlos de Goycochea, de Isolux, y el ex CEO de Iecsa Héctor Sánchez Caballero, junto a otros tres representantes de la UTE Isolux- IECSA, la empresa de los Macri, por considerarlos partícipes necesarios de administración fraudulenta.
En relación con las obras de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, de las que era contratistas la mencionada. Que les habían sido adjudicadas por la empresa estatal ENARSA durante el gobierno kirchnerista, cuyos funcionarios participantes también fueron procesados.
Además, Isolux-Corsán y el Grupo ODS, el holding de las empresas de los Macri, con la participación como directores de Goycoechea y Sánchez Caballero, son socios en la empresa Corpus Energía, dedicada precisamente a la construcción de grandes centrales eléctricas. Estos vínculos explicarían porqué el pistolero Gorrochategui trataba de intimidar a la familia Ahumada, diciendo que tenía “muchas espaldas”.
La mafia que se expande en otros lados de la provincia
En el material audiovisual aportado por el productor Daniel Ahumada, se observa a un empleado con una prenda roja, que se trataría de un capataz de CIAR. Esta identificado como Alejandro Ramos, que incluso también está involucrado en otros negociados oscuros de la empresa.
Así lo aseguró Carina Cravero, en un artículo que publicó Perfil en 2018, incluso advirtiendo que había “personas violentas” dentro del clan Merino, como podríamos caratular al pistolero Gorrochategui.
En este caso, la denunciante afirmó que también hubo coimas en la ciudad cordobesa de La Calera, para la construcción del puente General Cabrera. Quien habría recibido el dinero sucio fue el intendente en licencia y ministro provincial de ese entonces Rodrigo Rufeil, actual legislador oficialista del gobernador Schiaretti, nuevamente poniendo la sospecha sobre el rol de la gestión gubernamental provincial en todo éste entramado.
Bajo la pregunta de la colega periodista sobre quién era el “valijero”, es decir el encargado de entregar las coimas a los funcionarios, Cravero respondió:
“Mi excuñado, Leandro Merino, tenía muchos contactos en La Calera porque jugaba al rugby, era muy conocido. Iba acompañado por una persona que hace el trabajo ‘duro’ en la empresa. Se llama Alejandro Ramos y vive en La Calera. Ahora es presidente de una empresa. Así se manejan, asciende el que hace ese tipo de trabajo. Luciano me contó que el encargado de llevar era Leandro, el hermano menor, una persona violenta, a quien le han sacado las acciones de la empresa por esa razón”.
La entrevista de Perfil.com fue publicada el 25 de marzo de 2018. Justo dos días después que Rufeil difundiera desde sus redes sociales el testimonio de un tal “Alejandro” como parte del equipo constructor de CIAR, durante los trabajos del puente.
Como puede observarse, un simple video expone que detrás de los hermanos Merino, que junto con los De Goycoechea que han tenido mayor exposición mediática por el escándalo de los Cuadernos, se encuentra un enorme entramado que conecta negocios espurios con el Estado mediante cartelización de obras y coimas, con cuentas offshore. Y que no conformes con esto, también se dan cita a la apropiación de tierras, con la muy probable finalidad de la especulación inmobiliaria, basada en su revalúo a partir de posibles trazados de ruta a futuro. Negocios que se planifican a puertas cerradas y que se ejecutan a cielo abierto y en las lejanías de las montañas.-
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