Las cifras actuales del pago de intereses de la deuda son pavorosas. Alcanzó en el 2019 a casi un billón de pesos, siendo casi la mitad de la recaudación tributaria de dos billones de pesos, e igual a los aportes y contribuciones de Seguridad social por otro billón de pesos, representando el doble del medio billón de pesos que se destina al funcionamiento del estado nacional. Siendo así el causante del enorme déficit presupuestario, cercano también al billón de pesos. Su monto solo es superado por los más de dos billones de pesos destinados a las jubilaciones y prestaciones sociales, lo que explica la aguda tensión existente entre deuda y jubilaciones. Tema que ademas de sus trapisondas, como la de la suspensión de la fórmula de reajuste para perpetrar una quita de las jubilaciones que se perpetúe en el tiempo, ha servido para múltiples propósitos, avizorándose que detrás también está la desregulación laboral.
Por Javier Llorens – 5/3/19
Para el desconcierto de la City financiera, el Gobierno recibió un inesperado espaldarazo por parte del FMI, con la “Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina” efectuada el 19 de febrero, en la que en síntesis expresó:
“…el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible.”
“En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda.”
Llegó a esa definición, tras los consabidos circunloquios efectuados para tratar de salvar su responsabilidad, después haber sostenido siete meses atrás, en julio del 2019, en el contexto de la Cuarta Revisión del Acuerdo Stand-By:
“En esa ocasión la evaluación general fue que la deuda pública de Argentina era sostenible, pero no con una alta probabilidad, dados los riesgos sustanciales, que incluían: (i) problemas en refinanciar la deuda por el aumento de nuevas emisiones de corto plazo; (ii) vulnerabilidad de la trayectoria de la deuda pública a la volatilidad del tipo de cambio, dado que una gran parte está denominada en moneda extranjera; y (iii) grandes necesidades de financiamiento externo, variable que por lo general es buen un predictor de crisis en economías emergentes.”
En consecuencia sostiene que: “Desde entonces, esos riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han materializado. De hecho, desde julio de 2019, el peso se ha depreciado en más del 40 por ciento, el riesgo soberano ha aumentado cerca de 1100 puntos básicos, las reservas internacionales han disminuido alrededor de US$ 20 mil millones y el PIB real se ha contraído más de lo que había sido proyectado. Como resultado, la deuda pública bruta aumentó a cerca de 90 por ciento del PIB a fines de 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección en el momento de la Cuarta Revisión”.
La deuda
Ms allá de ese concepto de sustentabilidad de la deuda, con baja o alta probabilidad de cumplirse que sostiene el FMI, o de que se trata de un problema de iliquidez y no de insolvencia como sostienen muchos gurúes de la City, un principio básico en las finanzas dice que una deuda es insustentable y un deudor es insolvente, cuando este ni siquiera puede pagar los intereses de la deuda.
Y este es el caso de Argentina, que en el 2019 tuvo un enorme déficit de 0,85 billones de pesos, que es equivalente al 22 % del total de ingresos, y al pago del 92 % de los intereses de la deuda. O sea que solo se pagó el 8 % de los intereses con recursos genuinos, necesitándose nuevos préstamos o emisión del Banco Central para solventar el 92 % restante.
Lo cual si no se solventa con emisión que acarrea más inflación, lleva a un incremento continuo de la deuda, por la capitalización de los intereses. Hasta que el endeudamiento se hace insoportable y los prestamistas dicen ¡BASTA! Tal como sucedió repetidas veces, entre ellas en el año 2018.
Lo cual de entrada era predecible para cualquier observador honesto y lúcido de la realidad, ante la inviabilidad de un plan económico, que a la par de sostenerse con un descomunal endeudamiento con dinero caliente de corto plazo, registraba un enorme déficit en la balanza de pagos, que preanunciaba el default.
Ver Porqué no arranca ni arrancará la economía, e incluso retrocederá peligrosamente
Ver DEMENCIAL: el 39 % del presupuesto 2020 excluida la SS va al pago de intereses de la deuda
Las jubilaciones
La única forma de hacer sustentable la deuda en marco de la ortodoxia económica de los gurúes de la City, es el ajuste. Que necesariamente debe recaer sustancialmente en la porción de impuestos destinada al pago de las jubilaciones y prestaciones sociales. El que como se puede apreciar en el siguiente gráfico, confeccionado en base los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) es el único gasto que supera el pago de intereses.
Al montar las Prestaciones sociales 2,29 millones de pesos, contra una recaudación por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social por 1,05 billones, equivalentes casi al pago de los intereses de la deuda. O sea que hay 1,24 millones dedicados a las Prestaciones Sociales que se costean con impuestos u otros ingresos del fisco. Y que si pasaran a destinarse al pago de los intereses de la deuda, eliminarían el déficit del presupuesto, dejando incluso un superávit.
No es casual en tal sentido, que el actual Gobierno haya decretado un default parcial de las jubilaciones ordinarias, al derogar retroactivamente la ley de ajuste de ellas, para evitar en un principio declarar el default con los acreedores externos.
Proclamando a esos efectos una supuesta solidaridad, que representó un leve aumento, superior al que correspondía, para las jubilaciones y pensiones mínimas y beneficiarios de planes sociales. Más otros beneficios como el pago de los bonos de diciembre y enero, y la devolución del 15 % por la compra de alimentos. A costa de una reducción de las jubilaciones superiores a la mínima.
Mediante el otorgamiento de aumento de haberes con sumas fijas, que lógicamente achatan la pirámide de ingresos. De igual manera que hizo el kirchnerismo entre el 2003 y el 2009. Lo cual sumado al congelamiento de haberes durante la convertibilidad, produjo un avalancha de cientos de miles de demandas judiciales, que literalmente estuvieron a punto de hacer colapsar el edificio de los juzgados, por el peso de ellas.
Hasta que finalmente los fallos que dictó la justicia al respecto (Badaro, Ellif, etc) obligó a la presidenta Cristina Fernández a establecer en el 2009 un sistema de reajuste por ley, que operara mas allá de la discrecionalidad del gobernante de turno. Al que ahora paradojalmente se ha vuelto con la reciente ley de Emergencia y Solidaridad Social sancionada por el Congreso.
Por su parte el presidente siguiente Mauricio Macri, aprovechó la masiva existencia de esos reclamos judiciales, para dictar apenas asumió la ley de Reparación histórica de los jubilados. La que a su vez escondía una quita en sus haberes, una amnistía y blanqueo de capitales a favor de quienes habían fugado masivamente divisas por cientos de miles de millones de dólares, y la posibilidad de que las empresas que se habían financiado colocando sus acciones en las AFJP – ANSES, pudieran rescatar módicamente las mismas sin haber distribuido los beneficios obtenidos ínterin. Lo cual muestra que el tema jubilaciónes puede servir para cualquier cosa, situación que ahora se repite, como se verá mas adelante.
Ver El engaño de la reparación histórica a los jubilados (I) para ocultar dos gravísimos affaires
Ver El engaño a los jubilados (II) para robar las acciones de la ANSES
Ver El engaño a los jubilados (III) que esconde una amnistía ultra secreta para los súper ricos
Ver El engaño a los jubilados (IV) con el sebo puesto a los gobernadores famélicos
El que da y reparte se queda con la mayor parte
El centro CEPA de raíz kirchnerista, dirigido por el contador Hernán Letcher, presidente actualmente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo, publicó información muy interesante en relación a esa desigual política de incrementos de las jubilaciones.
Llevadas a cabo en nombre de la solidaridad, pero que no obstante le ha brindado un importante ahorro al fisco, ya que en promedio el aumento de ellas se redujo a un 7,9 %, en lugar del 11,56 % que arrojaba el sistema de reajuste sancionado a fines del 2017, en medio de una gran convulsión social.
Lo cual representa un ahorro para la ANSES y el fisco de un 31 %. Ya que en lugar de un monto adicional de 52.347 millones de pesos a pagar durante el trimestre de abril a junio, este se redujo a 35.890 millones de pesos, con un ahorro fiscal de 16.457 millones.
El siguiente gráfico elaborado con los datos de CEPA, muestra que si bien las jubilaciones menores de los quintiles 1 a 3 percibieron un aumento promedio superior al 11,56 %, los dos restantes quintiles 4 y 5, por contrario soportaron una quita, con un aumento promedio del 7,5 % y 4,8 %.
La equidad de esa quita es altamente cuestionable, con solo observar que el quintil 4 corresponde a haberes jubilatorios de entre $ 26.437 a $ 33.786, montos que se encuentra muy por debajo de la canasta familiar. Por su parte el quintil 5, con remuneraciones promedio de entre $ 33.786 hasta un máximo de $ 405.433, solo tiene un haber promedio de $ 63.444. Que se encuentra muy lejos de lo que perciben los altos funcionarios del estado, y para que hablar de los magistrados judiciales.
La justificación de este recorte por parte del actual gobierno, además del supuesto ejercicio de la solidaridad, se remite a aspectos puntuales subjetivos, como el congelamiento momentáneo de las tarifas, la suspensión momentánea del cobro de los préstamos, la provisión de algunos remedios gratuitos. etc.
La perversidad en la suspensión del reajuste de las jubilaciones
Escondiendo que se trata de un recorte estructural, mucho más grave del que aparenta a primera vista. Dado que la suspensión de la fórmula de reajuste que con gran conmoción social implemento el presidente Mauricio Macri con la notable ayuda del senador Miguel Pichetto a fines del 2017, se produjo precisamente cuando esta estaba por empezar a corregir los perversos efectos que ella produjo durante los años 2018 y 2019.
Por efecto de que el reajuste establecido a fines del 2017, en base a un 70 % del Costo de Vida y un 30 % del RIPTE (Remuneración trabajadores en blanco) se practica con entre nueve y seis meses de atraso. Lo cual en el marco de una inflación creciente, y una caída de los salarios formales, hizo que los haberes jubilatorios consumidos por la inflación en tiempo real, y reajustados con la inflación del pasado y el RIPTE, se redujeran hasta un 24 %.
Por contrario, previendo un efecto inverso, con una inflación futura decreciente, el entonces presidente Macri se animó temerariamente a pronosticar que “el año que viene los jubilados van a cobrar más. Las jubilaciones van a crecer entre 4 y 6 por ciento más que la inflación. Y el otro año, de vuelta. Y el otro año, de vuelta”.
Ver Las mentiras jubilatorias de Macri y Pichetto y el gran bache en los haberes de los jubilados
Ahora con la caída de la inflación futura que prevé el actual Gobierno, se produce un efecto inverso. Dado que los haberes jubilatorios se verían incrementados al ser reajustados con la inflación más alta del pasado, respecto la que está transcurriendo. Dejando eso si, un bache irrecuperable en el ingreso de los jubilados, como se puede apreciar en la imagen.
Lo que ha hecho perversamente el actual Gobierno, por supuesto declamado todo lo contrario, fue cortar de cuajo ese ciclo de recuperación de las jubilaciones, al suspender la aplicación de esa fórmula de ajuste. Con la presumible intención de que ese bache momentáneo, se transforme en un escalón hacia abajo definitivo, o quita permanente. Cosa que los agudos críticos del Gobierno no parecen haber advertido, o no quieren advertir, compartiendo ese mismo objetivo.
Mediante la implementación de una nueva fórmula de reajuste, que tome la inflación inmediata atrás, o la esperada para adelante. O el incremento de la recaudación del RIPTE. Tal como dispuso el Gobierno en relación con el ajuste de las jubilaciones de los investigadores científicos (Resolución 139/20). Tomando en este caso la variación del RIPTE en el último trimestre del 2019, que resultó de un 9,38 %, por debajo de la inflación del periodo de un 11,72 % según el INDEC.
O efectuando una combinación de ambos factores, tal como era el método antes del cambio producido a fines del 2017. Quitando seguramente la progresividad que establecía el empleo alternativo del índice salarial del INDEC (que abarca también a los trabajadores en negro) y el incremental de un 3% anual sobre los ingresos totales de la ANSES, que regía como tope.
Las jubilaciones y la desregulación laboral
En rigor de verdad, la insustentabilidad del actual sistema jubilatorio, cuyos aportes y contribuciones a la Seguridad Social solo representan el 50 % del gasto, tiene su principal raíz en la alta informalidad laboral. Con la mitad de la población activa que trabaja en negro o como cuentapropista, o está desempleada. Y en consecuencia no efectúan aportes en la edad activa, pudiendo no obstante obtener beneficios jubilatorios mínimos al pasar a la situación pasiva.
A su vez la alta informalidad laboral tiene como principal causa por parte de pequeños y medianos empleadores, evitar el pasivo económico creciente que les representa la indemnización por despido de la actual ley de relaciones laborales.
Que crece año a año, y solo se extingue con la jubilación. Pero ínterin es un pasivo contingente, que obliga al empleador ante la eventualidad del cierre, reducción, o cambio de actividad o de dueños de la empresa.
Por esta razón junto con la reforma jubilatoria, el anterior Gobierno encabezado por el presidente Macri propuso una reforma laboral, por la que se eliminaba la indemización por despido a cargo de la patronal.
Sustituyéndola con un fondo de desempleo con aportes mensuales por parte del empleador, en proporción al salario, cuya administración pasaba a manos de los sindicatos. Pretendiendo de esta manera sobornar a los “gordos” dirigentes sindicales, para que la aceptaran sin chistar.
Ver Reforma laboral: la MEGA BANELCO del Gobierno para que los gordos de la CGT la apoyen
De la misma manera que hizo el dictador general Juan Carlos Ongania, quien logró la adhesión de estos al golpe de estado de 1966, con la creación de las obras sociales sindicales. Pasando de esta manera a detentar enormes masas de dineros, como nunca habían soñado, como mecanismos para corromperlos definitivamente. A costa de quebrantar el sistema de salud pública, implementado en tiempos del primer peronismo.
A esta altura resulta indudable que algo hay que hacer con un régimen laboral que ha expulsado a la mitad de la población activa de la formalidad laboral. Lo cual no solo repercute directamente en los números de la ANSES, sino también en cada uno de sus integrantes, al estar de esa manera excluidos de los sistemas de salud sindicales y privados, de la bancarización de la economía, y del crédito. Siendo de esta manera también expoliados por la usura.
Enfrentando así el actual gobierno el dilema existencial de ser o no ser, de deuda o jubilaciones, que implica también una reforma laboral. Pero la solución de manera alguna puede consistir en otorgar nuevamente una enorme masa de dinero, equivalente a la de las obras sociales, a manos sindicales.
Que si de una cosa se han distinguido, es en la opacidad de sus administraciones, en el enriquecimiento de una y mil formas por parte de los administradores, y en la perpetuación en sus cargos. Como una clara manifestación de que no tienen interés alguno en abandonar sus satrapías.
Las jubilaciones sirven tanto para un ahorro fiscal como un barrido judicial
A esta altura resulta evidente que la cuestión de las jubilaciones como contraparte de la deuda, recién empieza, y que además ella sirve tanto para un fregado como para un barrido. Dado que ante el reclamo de la oposición de que la suspensión de la fórmula de reajuste, no tocaba las jubilaciones especiales o de privilegio, finalmente el Gobierno envió un proyecto de ley respecto las jubilaciones del Poder Judicial y de los diplomáticos.
En el que claramente el principio de solidaridad ante la emergencia no existe. Dado que en nada modifica la situación actual ni los desproporcionados haberes actuales que perciben esos jubilados, ya que solo rige para las jubilaciones futuras. Así el esfuerzo solidario solo lo harán los jubilados de menores ingresos, que no gozan de los derechos adquiridos que parecen ser intocables para los que perciben enormes haberes jubilatorios.
Salvo un mayor aporte por parte de los magistrados activos, de un 7 % adicional, hasta totalizar un 18 %. Lo cual plantea la cuestión de que si las remuneraciones de los jueces son intangibles, y por eso no pagan ganancias, tampoco estarán obligados a ese mayor aporte que recortaría sus intangibles remuneraciones. Quedando así estos con ese rulo, a cargo del mismo estado.
No obstante resultar más que dudoso, más allá de lo que dictamino la Corte Suprema menemista con su mayoría automática, de que la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces para garantizar su independencia, también se debe hacer extensiva a los jueces jubilados.
Máxime al suprimir la nueva ley el “estado judicial” de estos, que los obligaba a desempeñarse como jueces subrogantes en caso de vacancias. Por lo que bien la ley podría haber dispuesto un esfuerzo solidario, con un recorte al menos simbólicos de esas enormes jubilaciones, que llegan a superar los 700 mil pesos mensuales, cincuenta veces más que las jubilaciones mínimas.
El proyecto evidencia ser en consecuencia, un puente de plata para impulsar a los actuales magistrados judiciales a que se jubilen velozmente, como otra pieza de la reforma de la Justicia que procura llevar adelante el flamante gobierno. Para no perder los beneficios y prebendas actuales, entre ellas a título de ejemplo, la pensión que recibe el cónyugue o familiar, sin quita alguna.
Como si también corriera a su favor la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, para supuestamente garantizar su independencia. Cuando mas bien, como si estuvieran encerrados en una jaula dorada, parece garantizar su subordinación y dependencia, dado que difícilmente en la actividad privada podrían obtener esos mismos ingresos y prebendas. Y por eso fiscales y jueces generalmente no se meten con los gobernantes de turno, y solo lo hacen cuando han vuelto al llano.
Mientras que por el lado de las jubilaciones de los diplomáticos, dispone además que los nuevos ingresantes a esa actividad pasaran a aportar al régimen de jubilaciones ordinario. Suprimiendo el cómputo doble de servicios durante el desempeño en zonas supuestamente riesgosas.
La cuestión de las jubilaciones recién empieza
El siguiente gráfico confeccionado en base a los datos de la mencionada OPC, pone en evidencia por un lado la razón del poco interés puesto por el actual Gobierno, en obtener una rebaja “solidaria” en los haberes de los jubilados de la justicia y la diplomacia.
Cuyos regímenes, no obstante sus desmesurados haberes, tiene muy poca incidencia en el déficit previsional total. Entendiendo este como la parte no cubierta con los aportes y contribuciones por parte de empleados y empleadores, sino con recursos tributarios, que es el punto que desvela a los acreedores de la deuda.
Las columnas rojas del gráfico, visualizan en el eje izquierdo el porcentaje del déficit previsional que corresponde a cada sistema. Mientras que las columnas azules más delgadas superpuestas, reflejan en el eje derecho el haber medio.
Como se puede apreciar en él, los haberes medios de la justicia y diplomacia descuellan entre todos los otros restantes, con un nivel entre 272 mil y 353 mil pesos. Pero el déficit que generan ambos sistemas solo trepa a un 2,5 %. Razón por la que fiscalmente plantear su reforma no era un objetivo muy rentable, pero bien pueden servir para otros menesteres.
Por otro lado resulta indudable que el sistema General, no obstante tener el menor haber medio promedio, de solo $ 20.480, era fiscalmente el más rentable, al detentar un tercio del déficit total. Pero hay otros regímenes que le andan cerca, como el de los docentes no universitarios, que con un haber medio de $ 54.836, detenta el 25 % el déficit.
Y otro tanto sucede con las Fuerzas y de Seguridad, sin datos del haber medio, pero con otro 25 % del déficit. Y seguidamente aparece las Policías provinciales, también sin datos en el haber medio, con un 8,3 % del déficit.
Estando continuación los trabajadores de Luz y Fuerza, con un haber medio de $ 60.314, que triplica el del sistema General, y con un déficit de un 7,5 %. Abarcando todos estos regímenes el 99,1 % del déficit que desvela al Gobierno y a los acreedores externos. Mientras que al final del gráfico aparecen los docentes universitarios, con un haber medio de $ 71.233 y un virtuoso superávit de 1,7 %.
Regímenes todos estos que tienen la particularidad de que su haber se reajusta en base al nivel de las remuneraciones de los empleados activos. Cuyos integrantes, hablando figuradamente en términos masculinos, pero que alcanza a todos los géneros, autopercibidos o no, deberían poner las barbas a remojar, al ver el recorte de la barba que está haciendo el gobierno en el régimen General. Y lo mismo deberían hacer los trabajadores activos, dado que antes o después, también pasarán a ser jubilados, con su barba y haberes recortados.
Esta tensión entre deuda y jubilaciones, sumada a la aparentemente blonda negociación encarada por el actual gobierno con el FMI y los lobos de Wall Street, que lleva a la perplejidad si se trata de una supina ingenuidad o una genialidad, cuyos resultados positivos o negativos no tardarán en llegar, justifica la transcripción de la última parte de una nota publicada recientemente por Stripteasedelpoder, bajo el título Qué esconde la ley de gestión de deuda externa, el tercer beso del gobierno a los acreedores, con el siguiente contenido:
Las cifras actuales del servicio de la deuda son pavorosas
Según informo la Oficina del Presupuesto del Congreso, en el año 2019 las cifras correspondientes al servicio de la deuda ascendieron hasta el punto de ser pavorosas, como se puede ver en el siguiente cuadro emitido por dicha oficina.
El pago de intereses de la deuda pasó de 0,54 billón de pesos a 0,92 billones, con un aumento del 70 %. Representando nada menos que el 44 % de la recaudación tributaria, que trepó a 2,07 billones de pesos.
Equivalente al 87 % de los aportes y contribuciones a la seguridad social, que trepó a 1,05 billones de pesos. Lo que explica la tensión existente entre el régimen de jubilaciones y la deuda. Cuyo servicio en intereses represento un 62 % más que los 0,56 billones de pesos destinados la funcionamiento del estado nacional.
Se trata en consecuencia de una situación terminal. Y al respecto hay algo demencial en la dirigencia argentina en relación con la deuda, propio de una vieja dama histérica. Que primero le dio al “messi de las finanzas” Toto Caputo una tarjeta de crédito, para que hiciera lo que quisiera.
Y cuando eso estalló como era de esperar, buscó a un ignoto desconocido que había hecho una análisis estrictamente económico, respecto el fracaso de las reestructuraciones de deuda, para tirarle el fardo encima. Diciéndole “toma este cheque en blanco, y arregla la cuestión como sea, no quiero saber nada de esto”.
Por esa razón el enfoque ahistórico y estrictamente economicista adoptado por el actual gobierno, resumido en la frase, “ni amistosos ni agresivos, sino sustentable”, deja la duda si es una actitud propia de un pánfilo, o de un botarate como la del ex presidente Macri, o propia de un genio que se hace pasar por tonto.
Haciendo como que no sabe nada de la enorme profundidad y trascendencia histórica que tiene la cuestión de la deuda externa. Que viene desde el reconocimiento de nuestra independencia en 1824 por parte del Reino Unido. Con la que nos ató al carro del imperio inglés y el área de la libra esterlina durante un siglo.
Luego el segundo ciclo de endeudamiento externo en el área el dólar, que sobrevino con la sangrienta dictadura militar y con “Joe” Martínez de Hoz en la década de los ’70, se puede decir que fue la fuerza elemental que llevó a nuestro país a la debacle actual. He hizo que en el mismo estallara la pobreza, la indigencia, y el desempleo estructural, al atar nuestros designios primero al Comité de Acreedores o Steering Committee de los banqueros privados.
Y luego al FMI y el Banco Mundial, y al Consenso de Washington, para pagar parte de la deuda con la privatización y extranjerización de nuestros bienes colectivos, y el acervo de las jubilaciones. Aunado con el establecimiento de la convertibilidad de un peso por un dólar, que les permitía llevarse enormes utilidades, a cambio de lo que antes era el servicio de la deuda.
Cuya baja paridad cambiaria, completó la desindustrialización de Argentina que había iniciado Martínez de Hoz, transformándola en una fábrica de pobres, desempleados, y cuentapropistas. Llevándola a la crisis terminal del 2001, en la que hoy estamos nuevamente, como si ni la dirigencia ni la ciudadanía nada aprendiera de las experiencias pasadas.
La pobre intelección del problema por el actual gobierno
Ante ello la intelección del problema por parte del novel presidente Alberto Fernández, no parece estar a la altura de las circunstancias. Como candidato dijo a través de Twiter: “Necesitamos ganar tiempo y no hacer quitas. Diferir las obligaciones en el tiempo y que suban de un modo más amesetado, no exponencialmente”. No obstante que los expertos de distinta laya decían que sin quita no ha hay solución.
Luego en Córdoba, en la Fundación Mediterránea fundada por el mago “Mingo” Cavallo, propuso avanzar con un “reperfilamiento” similar al realizado por Uruguay en el 2003. Afirmando que “por las condiciones internacionales, no va a ser difícil hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay, lo he hablado con inversores internacionales. No va a haber dificultades para lograr eso. Es ganar tiempo y no hacer quitas”.
No obstante de nuevo en Twitter afirmó que “el endeudamiento es el mayor problema que hoy encuentra la Argentina. Es un condicionante enorme y cuesta entender cómo fue que nos pasó… hoy la deuda representa el 100 por ciento del PBI mientras que en 2015 representaba el 38 por ciento y la deuda en dólares el 18 por ciento. Es realmente impresionante que en tan poco tiempo se haya generado semejante endeudamiento”.
https://www.pagina12.com.ar/221257-senales-de-alberto-fernandez-sobre-que-hacer-con-la-deuda
Sin vislumbrar que además de un notable y cuasi criminal endeudamiento, la depreciación del peso que el mismo propugna, hace subir los servicios de la deuda en divisas, y reduce el PBI aparente en dólares. Lo que explica la magnitud de esa cifra.
Apareciendo así el conflicto insoluble entre la depreciación del peso, indispensable para que reanimar la actividad económica interna e impedir la invasión de los bienes importados. Y su apreciación, que facilita el pago de la deuda, y disminuye su ratio respecto el PBI, pero atenta contra la actividad interna y la generación de empleo.
El gran error del presidente Fernández
Pero el mayor error del candidato y actual presidente lo cometió al decir: “debemos asumir las responsabilidades que el Estado tomó. La deuda que nosotros discutíamos, que entró en default en 2001 y sacamos adelante con una negociación, se había acumulado desde la dictadura”.
“Ahora, “no podemos decirles a los acreedores: “Esta deuda la tomó la dictadura”. La tomó un Gobierno democrático. Nosotros nunca dijimos que no íbamos a pagar o que iba a haber una quita. Sí les dijimos que para poder pagar, tienen que dejarnos crecer”.
Sin advertir que ese fue el precisamente el gran error, gran falla, o pecado original del reciente ciclo democrático. Al ponerse al hombro como un Atlas de la mitología moderno, una deuda sucia, que no había dejado ningún activo en contrapartida para los argentinos. Y que fue demoliendo a todos los gobiernos democráticos que se fueron sucediendo luego.
Con los finales anticipados de los presidentes Ricardo Alfonsín y Fernando de la Rua, que no pudieron “sostener” la deuda, como reintenta hacer ahora el presidente Fernández. Y el estancamiento y cerco financiero del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Al que se sumó el desastre terminal del presidente botarate Mauricio Macri, que casi duplicó la deuda externa, y multiplicó por seis el precio del dólar.
Como una paradoja histórica, demostrativa de la continuidad inapelable de la deuda externa, más allá de quienes la hayan generado, sea democracia o dictadura, lo que hizo en concreto el presidente Macri, es llevar la deuda externa pública al mismo nivel real que tenía al final de la dictadura.
Dado que los 45 mil millones de deuda externa pública de entonces, actualizados con el índice de precios al consumidor de EEUU -que arroja un incremento en los cuarenta años que van desde 1979 al 2019 del 278 %- equivalen a los 171 mil millones de dólares que dejó ahora como herencia el presidente Macri.
Teniendo así esto la virtud, más allá del estrago que representa, de mostrar la perfecta continuidad de la calamidad de la deuda externa, que su sucesor el presidente Fernández no quiere aceptar.
Y por contrario con la misma torpeza de quienes le precedieron y los llevó a dificultades inmensas, pretende hacerse cargo de ella procurando su insostenible “sostenibilidad”. Que como dijo el presidente Nicolás Avellaneda hace un siglo y medio, solo puede ser sostenible con “sangre, sudor, y lágrimas”, por parte de un pueblo que está harto de eso.-
Ver DEUDA: Guzmán insinuó una quita del 30 % e interés del 4 % y los acreedores le cortaron el rostro
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